Derecho Procesal

REFORMA A LA JUSTICIA CIVIL

Escrito por correalex 04-03-2006 en General. Comentarios (0)

REFORMA JUSTICIA CIVIL EN CHILE

REFORMA PROCESAL CIVIL: ¿POSIBLE Y NECESARIA?

Jorge Danilo Correa Selamé

Abogado

Profesor de Derecho Procesal y Derecho Penal

Magíster en Criminología

Introducción

Es sabido que el hombre civilizado renunció a la posibilidad de ejercer justicia por mano propio y, aún más, sanciona a aquél que, salvo calificadas excepciones, recurre a métodos personales para hacer lo que él estima su “justicia”.

Como consecuencia de lo anterior, se ha entregado a un tercero imparcial la solución de las distintas controversias jurídicas, mandato que ha recaído en los Tribunales de Justicia.

Ahora bien, como en aras de una convivencia civilizada el hombre ha renunciado a utilizar su propia fuerza y ha encomendado la solución de sus controversias a un tercero independiente, cual es el tribunal, él tiene derecho a exigir que ese tercero le brinde un servicio acorde a sus necesidades.

En esta virtud, los problemas de la justicia han recibido amplia atención en diversos ámbitos, los que tienen su origen en el aumento de la población, la gran cantidad de litigios y el desmedido incremento de la competencia de los tribunales sin crear, como contrapartida, nuevos órganos jurisdiccionales que conozcan de los diversos conflictos.

A título de prueba, basta analizar lo sucedido con la Justicia Penal y las décadas que debieron transcurrir para que, de una vez por todas, el Estado abordara el tema de una forma seria y que proporcione la seguridad jurídica que la población espera.

En caso contrario, cuando el Estado abandona la trascendental misión de la administración de justicia, pierde legitimidad, los órganos jurisdiccionales o no funcionan o lo hacen malamente, se desprestigian las instituciones y se crea una peligrosa situación de inseguridad. Por lo tanto, la necesidad de encontrar formas más rápidas y efectivas de justicia resulta evidente, no solo en el campo penal, sino que, en todos los demás en que las personas requieren la solución de los conflictos que las afectan.

En Chile, existe unanimidad en todos los sectores, en demandar un esfuerzo profundo de mejora y modernización de nuestro sistema judicial en todos sus ámbitos.

A las carencias tradicionales, se suman nuevas exigencias de una sociedad cada vez más dinámica y compleja y el incremento de los conflictos. Se persigue una Justicia que actúe con rapidez, calidad y eficacia, con métodos más modernos y procedimientos menos complicados; que cumpla satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica y, en fin, que actúe como un verdadero poder y no como un servicio público más.

Ninguna duda cabe que la justicia civil debe ser reformada de una manera global afrontando el fondo de los problemas y estableciendo un nuevo modelo que trascienda intereses coyunturales y excluyentes, y se asiente sobre soluciones integrales y perdurables, con la mira puesta en las necesidades de los ciudadanos y en los desafíos de una sociedad avanzada y democrática, como es la del siglo XXI.

En Chile, se han efectuado numerosas reformas judiciales de carácter parcial y que han pretendido solucionar determinados problemas. Sin embargo, ello no es suficiente. Se precisa una reforma íntegra.

Situación existente en materia procesal civil

Ya en 1893, en el Mensaje con el que el Presidente de la República don Jorge Montt remitió al Congreso Nacional el Proyecto del Código de Enjuiciamiento Civil se señalaba que a las leyes substantivas faltaba darles "un campo de acción expedito y obtener de ellas todo el fruto que deben rendir, dotándolas de procedimientos adecuados para el ejercicio y salvaguardia de los derechos que con mayor interés procuran amparar. Esta es la necesidad que se trata de llenar por medio del presente Código, uniformando las reglas de tramitación diseminadas hoy en leyes numerosas y no pocas veces contradictorias, y estableciendo procedimientos nuevos en armonía con las necesidades creadas por los otros Códigos ya en vigencia".

Y se añadía: "En las leyes de procedimiento, se hace preciso conciliar el interés de los litigantes, que exige una pronta solución de los pleitos, y el interés de la justicia, que requiere una concienzuda y acertada apreciación del derecho sobre que debe recaer el fallo. En obedecimiento a este doble propósito, se ha creído necesario, por una parte, simplificar en lo posible la tramitación y adoptar al mismo tiempo una serie de medidas encaminadas a hacer ineficaces los expedientes dilatorios a que apela la mala fe para retardar la solución de los pleitos; y, por otra parte, dar a los magistrados mayor latitud en sus atribuciones a fin de que puedan hacer sentir en mayor grado que hasta ahora su acción en la formación y marcha de los procesos".

A su turno, en el Mensaje con que el Presidente de la República don Juan Antonio Ríos acompañó al Congreso Nacional el Proyecto de Ley sobre modificaciones al Código de Procedimiento Civil, a fines de 1942, se recordaban expresiones vertidas por el mismo en las que se advertía "que la función de administrar justicia era la más delicada de todas las que puedan ejercitarse en una democracia; que poner una buena justicia al alcance de todos era el más alto ideal a que pudiera aspirar un gobernante; que la justicia, por definición, tenía que ser expedita y rápida, porque de lo contrario degeneraba en una mera función burocrática; que la justicia jugaba un rol importante como auxiliar en la producción de la riqueza y en la paz social, y que el signo más auténtico de evolución en una sociedad organizada era el que cada ciudadano tuviera la conciencia íntima de que en cualquier momento podía hallar amparo oportuno a sus derechos".

Ahora bien, con el transcurrir de los años podemos advertir que tan loables fines, lisa y llanamente, no encuentran aplicación en nuestros días.

Así, nos encontramos con una situación caótica en la que se destaca, para comenzar, un sinnúmero de procedimientos especiales pues, el legislador, en vez de dar aplicación a los ya numerosos procedimientos existentes, ha ido creando otros para las más diversas materias. A modo ejemplar, numerosos son los procedimientos para hacer efectivas las distintas clases de prenda, para reclamar de las diversas situaciones que se producen con motivo de las expropiaciones, para reclamar en contra de los distintos actos de las autoridades, etc., procedimientos todos que, además, en muchos casos, escapan a la competencia normal de cada tribunal.

Como contrapartida, en cambio, los tribunales no han aumentado, salvo la composición de la Corte Suprema la cual, por evidentes razones políticas de cada momento, ya va en 21 miembros.

A las Cortes de Apelaciones, se ha atribuido una excesiva competencia en virtud del establecimiento de leyes especiales transformándolas en verdaderos tribunales de única o de primera instancia, lo que ha motivado, dado que la necesidad crea al órgano, que estos tribunales desatiendan sus funciones principales para dedicarse al conocimiento de esa gran cantidad de causas que, en la mayoría de los casos, gozan de preferencia para su vista y fallo.

Una mayor preocupación merece la circunstancia consistente en que tales Tribunales de Alzada, con la finalidad de aumentar el ya grave “congestionamiento” que presentan, han debido utilizar dudosos mecanismos procesales para evitar el conocimiento de determinadas acciones como ocurre, por ejemplo, con la acción de protección, en que la inadmisibilidad del recurso o de la apelación han pasado a ser la regla general.

A nivel de tribunales inferiores, la situación no es menos preocupante: existe un grave “congestionamiento” de causas, un excesivo retraso en la dictación de cada resolución y, lo que es más, de las sentencias definitivas.

El excesivo e irracional trabajo al cual son sometidos los jueces, ha producido, también en materia civil, una peligrosa delegación de funciones lo que se advierte, sin disimulos, en los tribunales civiles cuando exhiben un listado informativo acerca de cuáles son los respectivos “proveedores”.

El círculo se cierra con una serie de personajes que, careciendo del ius postulandi, pululan por los tribunales civiles “tramitando”, pidiendo expedientes, encargando gestiones, etc., lo que ha llevado a dejar de lado a quienes en un futuro próximo serán abogados.

Reforma necesaria y posible

La descripción anterior, unida a un sinfín de críticas y comentarios personales de cada lector, sin dudas que nos proporcionan una sola respuesta, cual es, que la reforma a la justicia civil es necesaria y posible y bien haría cualquier Gobierno en preocuparse de ello.

En las Conclusiones de las Jornadas de Estudio efectuadas por la Corte Suprema entre los días 9,10 y 11 de mayo de 2003, puede leerse:

“Entre las garantías a los derechos esenciales que asegura la Constitución Política de la República, conforme al N° 3 de su artículo 19, se encuentra el acceso de todas las personas a la justicia, la que está a cargo de los tribunales que deben contar con la independencia que les reconoce el artículo 73 del mismo cuerpo constitucional”.

La Corte Suprema, a su vez, participó en la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada el año 2002 en Cancún, México, cumbre en la que se aprobó una Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el ámbito iberoamericano, para lo cual se tuvieron en vista las siguientes consideraciones:

"Que es un derecho fundamental de la población tener acceso a una justicia independiente, imparcial, transparente, responsable, eficiente, eficaz y equitativa”.

“Que todas las personas tienen derecho a recibir una protección adecuada de los órganos jurisdiccionales a objeto de asegurar que comprenden el significado y trascendencia jurídica de las actuaciones procesales en las que intervengan por cualquier causa”.

“Que la dignidad de las personas y los derechos que le son inalienables demandan la institucionalización de los principios básicos que protejan a las personas cuando demanden justicia".

En la VI Cumbre de la misma organización, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, en el año 2001, se tuvo especialmente en consideración "que el Poder Judicial debe evolucionar hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces sino como derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho que asegure una justicia accesible, eficiente, y previsible". 1

Ahora bien, sin perjuicio de las diversas medidas mínimas, que humildemente compartimos, a que ha hecho referencia el Presidente de la Corte Suprema, don Marcos Libedinsky Tchorne, en el Discurso de Inauguración del Año Judicial 2004, relativas a las autonomías operativa, financiera, funcional, de generación, retributiva, y estructural, estimamos imprescindible una reforma integral a la Justicia Civil basada en los siguientes pilares:

1.- Desjudialización de determinadas materias, queriendo significar con esto, la eliminación de muchas actuaciones de naturaleza netamente administrativa de que deben conocer los Tribunales Civiles como, asimismo, la eliminación del rol actual de los juzgados de “cobradores” de la banca y otros organismos, que, desde luego, poseen bastantes más recursos que los que anualmente se asignan al Poder Judicial.

En cuanto a lo primero, un buen avance lo constituye la Ley Nº 19.903, publicada en el Diario Oficial de 10 de octubre de 2003, “Sobre procedimiento para el otorgamiento de la posesión efectiva de la herencia y adecuaciones de la normativa procesal, civil y tributaria sobre la materia”;

2. Principio de la Oralidad, en que todas las actuaciones procesales serán orales, salvo determinadas situaciones muy excepcionales, llevándose un sistema de registro de las actuaciones orales, al igual como sucede en materia de procedimiento penal.

3.- Principio de la Concentración, consistente en el desarrollo del procedimiento en audiencias continuas.

4.- Principio de la Inmediación, en que las audiencias y las diligencias de prueba se realicen siempre con la presencia del juez, quedando prohibida, bajo sanción de nulidad, la delegación de funciones.

5.- Principio Dispositivo, en virtud del cual el juez deba adoptar, de oficio, todas las medidas necesarias para llevar a término el asunto con la mayor celeridad.

6.- Promoción de Negociación, que permita durante la tramitación del procedimiento la búsqueda de vías alternativas de solución entre las partes privilegiando las soluciones acordadas por ellas.

7.- Simplificación de la tramitación, que evite actuaciones engorrosas, innecesarias y dilatorias; y

8.- Sistema recursivo limitado, que impida que un gran número de resoluciones puedan ser objeto de apelaciones las más de las veces dilatorias.

Conclusiones

Como lo sostiene el jurista Osvaldo Gozaíni, “En cuanto a los orígenes, el derecho procesal latinoamericano no se ha renovado. Apenas ha conseguido repetir con algunas instituciones el modelo conocido de la ley de enjuiciamiento civil española. Esta condición histórica nos coloca sobre bases preparadas e identificadas con una cultura y con un devenir particular que no tiene, necesariamente, que ser igual a nuestra idiosincrasia. Vano sería descartar de plano el antecedente en razón de nuestra propia historia, pero el derecho procesal que hemos recibido germinó sobre resonancias europeas y apenas lo hemos modificado en reformas parciales, importantes y oportunas, pero sin fuerzas para ir al corazón del problema”.

“Esta forma de llegar a nuestros pilares fundacionales cercenó la creación. Los móviles sociales y políticos fueron los recibidos desde España (en realidad de toda Europa) y hemos glorificado la conquista del control de constitucionalidad americano cuando, adscripto a nuestros sistemas, pensamos se habían resuelto los problemas del equilibrio entre poderes del Estado”.

“Continuar con la línea trazada nos obliga a insistir con un procedimiento muy similar al romano del siglo III; en cambio, si mostramos los errores del pasado, lo increíble de la incertidumbre actual, la función equívoca de algunas instituciones pensadas para otra cosa, etc., podremos bosquejar un piso de marcha propio, adecuado a nuestras necesidades, adaptado al tiempo que transcurre y sujeto a las flexiones del mismo”. 2

Concluyamos sosteniendo que, así como la Justicia Penal requería de una reforma urgente, hoy en plena etapa de nacimiento y desarrollo, la Justicia Civil no puede ser menos, pues, nuestro deber como abogados es luchar por el Derecho, pero, cuando encontramos en conflicto el Derecho con la Justicia, nuestra tarea es luchar por esta última, la que, dentro de nuestra humanidad podríamos alcanzar, si nos desenvolvemos en un sistema que proporcione las herramientas para ello.

FALLOS DISPARES. LA SEMANA JURÍDICA 113, DE 2003

Escrito por correalex 04-03-2006 en General. Comentarios (0)

Señor Director:
Algo más sobre "jurisprudencia dispar"
Jorge D. Correa Selamé. Abogado. Profesor de Derecho Procesal

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    Señor Director:

    A propósito de otras cartas sobre "Jurisprudencia dispar", deseo referirme a los siguientes fallos de la Corte Suprema para que cada uno extraiga sus propias conclusiones.

    Los fallos son los siguientes:

    Caso 1

    1.- El 12° Juzgado del Crimen de Santiago condenó a una persona por manejar en estado de ebriedad señalando que ella se "negó a practicarse la alcoholemia" y agregando como fundamento lo expuesto en el parte policial.

    2.- Apelada la sentencia, la Corte de Apelaciones de Santiago la confirmó en el ingreso N° 52.327-2000.

    3.- Se recurrió de queja de tal fallo pues, a pesar de lo dicho, consta en el expediente que se extrajo la muestra para la alcoholemia y, aún más, ésta rola a fojas 44 y arroja un porcentaje inferior a 1 gramo por mil de alcohol en la sangre. El recurso de queja, único que procedía en la especie, ingresó a la Corte Suprema con el N° 4528-02.

    4.- La Corte Suprema, en cuenta, "rechazó" el recurso por pretenderse discutir lo resuelto en dos sentencias y por "no aparecer revestido de fundamento plausible", a pesar de basarse las sentencias de las instancias en la inexistencia de la alcoholemia.

    Es decir, a pesar de existir alcoholemia, de arrojar un porcentaje menor al que se estima ebriedad e ignorándose en base a qué facultades, la Corte, lisa y llanamente, no conoce del recurso. El Código Orgánico de Tribunales señala, expresamente, los casos en que el recurso es inadmisible y no contempla la posibilidad del rechazo en cuenta.

    Caso 2

    1.- También en una situación de manejo en estado de ebriedad, la defensa del inculpado recurrió de casación en el fondo, la que ingresó con el N° 2.277-98.

    2.- Sucedió que la Corte Suprema, a pesar de declarar improcedente el recurso, de oficio , absolvió a un inculpado, a pesar de registrar una alcoholemia de 2,43 gramos por mil de alcohol en la sangre.

    Ese inculpado, también había sido condenado en 1a. y 2a. instancia, es decir, por fallos idénticos (salvo un voto de minoría en segunda instancia).

    En conclusión, nos encontramos en presencia de dos sentencias diametralmente opuestas. Una, que rechaza un recurso a pesar de la existencia de una alcoholemia, que las instancias se negó, y, en todo caso, inferior a 1 gramo por mil de alcohol en la sangre. Otra, en cambio, absuelve, de oficio, a un inculpado, condenado en primera y segunda instancias, y que tenía una alcoholemia de 2,43 gramos por mil de alcohol en la sangre y que para la Corte, no fue bastante.

    Como lo sostuvo, hace poco, en un artículo de prensa el profesor de Derecho Constitucional, don Arturo Fermandois: "Un fallo modelo es aquel que es capaz de sobreponerse al tamaño, prestigio o influencia pública de una de las partes, para socorrer al más débil si sus derechos fundamentales aparecen comprometidos".

    RECURSOS PROCESALES CIVILES EN BIBLIOTECA CONSEJO DEFENSA DEL ESTADO

    Escrito por correalex 04-03-2006 en General. Comentarios (0)

    UbicaciónTítulo
    347.9 C824rRecursos Procesales Civiles
    AutorMaterias
    Correa Selamé, Jorge D.DERECHO PROCESAL;RECURSOS PROCESALES;RECURSOS PROCESALES CIVILES
    EditorialAño de Edición
    LexisNexis Conosur2002
    Lugar de EdiciónColección
    Santiago, Chile
    NúmeroVolumen
    1
    Nº de páginasNotas
    206Incluye una extensa bibliografía
    ISBN 
    956-238-318-0 
    Contiene 

    El autor analiza con la mayor amplitud, los recursos que son objeto de examen en el mismo y enriqueció la obra con suficiente doctrina y jurisprudencia. Trata el recurso de casación en el fondo abordando los diversos sistemas de apreciación de la prueba y los problemas que son de diaria ocurrencia frente a las leyes reguladoras de la prueba o a la apreciación, conforme a la sana crítica o en conciencia.

    ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO. LIBRO EN CONSEJO DEFENSA DEL ESTADO

    Escrito por correalex 04-03-2006 en General. Comentarios (0)

    Descripción del Documento
    UbicaciónTítulo
    347.9 C824aEl abandono del procedimiento
    AutorMaterias
    Correa Selamé, Jorge D.DERECHO PROCESAL;INCIDENTES;ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO
    EditorialAño de Edición
    LexisNexis Chile2001
    Lugar de EdiciónColección
    Santiago, Chile
    NúmeroVolumen
    1
    Nº de páginasNotas
    127
    ISBN 
    956-238-232-X 
    Contiene 

    El libro comprende el análisis de la naturaleza jurídica del abandono, sus orígenes, campo de aplicación, requisitos de procedencia, formas de alegarlo y oportunidad para hacerlo, su tramitación y los recursos que, en cada caso, resultan procedentes, para concluir con un capítulo destinado a sus efectos y al incidente frente al Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica. Cabe mencionar los parráfos dedicados a la aplicación del incidente en los procedimientos del Trabajo, de Menores, de Policía Local y de la Ley General de Bancos como, asimismo, la situación del demante reconvencional, de 4l feriado judicial y de los efectos de la cláusula de aceleración cuando se declara el abandono.

    LIBROS PROF. CORREA EN BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE

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    1.
    Recursos procesales penales Ver detalles
    Correa Selamé, Jorge Danilo
    Santiago de Chile : LexisNexis, 2005.
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    UbicaciónNro. de pedido
    Sede Valparaíso343.1(83) C824r 2005
     
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     2.
    Curso de derecho procesal Ver detalles
    Correa Selamé, Jorge Danilo
    Santiago de Chile : Eds. Jurídicas de Santiago, 2005-
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    Sede Valparaíso347.9 C824c 2005-
     
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     3.
    Curso de derecho procesal penal Ver detalles
    Correa Selamé, Jorge Danilo
    Santiago de Chile : Eds. Jurídicas de Santiago, [2003?].
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    Sede Valparaíso343.1(83) C824c [2003?]
     
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    Juicio ejecutivo : doctrina jurisprudencia Ver detalles
    Correa Selamé, Jorge Danilo
    Santiago de Chile : LexisNexis, 2003.
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    Sede Valparaíso347.952(83) C824j 2003
     
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    Recursos procesales civiles Ver detalles
    Correa Selamé, Jorge Danilo
    Santiago de Chile : LexisNexis Chile, 2002.
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    UbicaciónNro. de pedido
    Sede Valparaíso347.955(83) C824r 2002
     
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    El abandono del procedimiento Ver detalles
    Correa Selamé, Jorge Danilo
    Santiago de Chile : Jurídica ConoSur, 2000impr.
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    Sede Valparaíso347.91/.95 C824a 2000