Derecho Procesal

EDUARDO J. COUTURE

Escrito por correalex 04-03-2006 en General. Comentarios (7)

Revista EL FORO Julio – Diciembre • Año 1956

 

EDUARDO JUAN COUTURE

 

(24 de mayo de 1904 - 11 de mayo de 1956)

 

DISCURSOS PRONUNCIADOS EN LA SESION SOLEMNE QUE CONJUNTAMENTE CELEBRARON, EN HOMENAJE A LA MEMORIA DEL ILUSTRE JURISTA URUGUAYO DOCTOR DON EDUARDO J. COUTURE EL 16 DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO, LA BARRA MEXICANA, LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO Y EL ILUSTRE Y NACIONAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MEXICO

 

 

DISCURSO DEL LIC. MANUEL G. ESCOBEDO

 

Nos encontramos reunidos en este recinto gracias a la hospitalidad de la Escuela Libre de Derecho, en un acto espontáneo de ella, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y de la Barra Mexicana, a rendir cumplido homenaje a la memoria de Eduardo J. Couture, fallecido el 11 del pasado mes de mayo, prócer del derecho, cuyo nombre rebasó los límites de su patria y aun de nuestro continente.

 

No me voy a detener en analizar su personalidad en estas breves palabras, esta misión corresponde a su excelencia el señor embajador del Uruguay y al señor licenciado don Daniel Escalante, profesor destacado de' derecho administrativo en la Escuela Libre de Derecho.

 

Me quiero limitar a hacer un ligero bosquejo de la tierra que vio nacer al doctor Couture y a la cual le dedicó su vida, su amor y su ciencia.

 

Es Uruguay, "La República Oriental del Uruguay", uno de los más pequeños países americanos desde un punto de vista meramente geográfico y demográfico, pues apenas mide 187,000 km.2 y sólo cuenta con 2.540,000 habitantes, pero, desde 'otros puntos de vista, ciertamente más importantes que la extensión territorial, no cede en tamaño a ninguna de las otras repúblicas iberoamericanas.

 

Vino al mundo como la última creación social de la colonización española; por eso se le ha llamado "el Benjamín de España".

 

Todo su territorio se encuentra fuera de los trópicos, es plano, sin montañas que dificulten sus comunicaciones, su tierra es fértil, muy propicia para la ganadería y la agricultura, bien regada por numerosos ríos, entre los que se cuentan los muy caudalosos que lo separan de la República Argentina en toda la extensión de su frontera con dicho país: el río Uruguay al poniente y el río de La Plata al sur.

 

El río Uruguay es no sólo importante como vía de comunicación y como fuente de riqueza agrícola, ha sido un factor determinante en la historia del país, al grado que el propio Couture ha podido decir refiriéndose a su historia política: "es la historia de un río epónimo del país y por ende historia líquida que corre hacia el mar, historia que a veces ha parecido ser la de un río de sangre cuando Hudson la llamó The Purple Land, pero que después de cada crisis reverdecerá en sus prados naturales".

 

Así se expresa Couture, porque Uruguay no pudo escapar de las convulsiones revolucionarias que constituyeron el destino común de las antiguas colonias españolas, no obstante que el Uruguay no tenía los problemas derivados de las diferencias de razas, del choque de diversas culturas ni de conflictos ocasionados por la diversidad de religiones. Sus habitantes eran, desde la época de la colonización española, todos de raza blanca, y la in migración admitida después de la independencia fue también de raza blanca de origen latino, lo cual le dio unidad de cultura y de religión.

 

Sin embargo, vivió un largo y penoso período revolucionario que se inicia con la guerra de independencia que tuvo caracteres peculiares a ese país, porque Uruguay tuvo que obtener una triple independencia; ya que, además de romper sus ligas coloniales con España, tuvo a su vez que independizarse de Argentina y evitar la sumisión que en alguna ocasión pretendió Portugal.

 

La guerra de independencia se inicia el 28 de febrero de 1811 con el "grito de Asencio" y a partir de esa fecha de la revolución emancipadora se pasa a la de la provincia oriental y no bien ésta termina, sufre primero la invasión y luego la ocupación portuguesa que se prolonga hasta 1825. Después viene la revolución que tiene por finalidad la formación del estado oriental; fue durante esta revolución cuando Uruguay se dio su primera Constitución en el año 1830, que tuvo el defecto de casi todas, si no es que de todas las constituciones de los países latinoamericanos, que no son un producto del país mismo; son copias o por lo menos trasuntos de constituciones extrañas que no vienen al organismo social al que se les quiere aplicar, son como vestidos hechos para cuerpos totalmente diferentes; por eso Herrera Obés dijo de esa Constitución lo que nosotros y tantos otros países latinoamericanos podríamos decir de nuestras respectivas constituciones: "el mal de la Constitución está en que no se cumple".

 

La Constitución de 1830 no trajo la anhelada paz, vino en seguida la llamada gran guerra que se prolongó hasta 1851 y después vienen una serie de revoluciones que Pivel Devoto clasifica en los siguientes períodos históricos: la política de la fusión y la defensa de la soberanía (1851, 1865). La lucha entre el caudillismo y la política de principios (1865, 1875). El militarismo (1875, 1886). El régimen civilista y la libertad política (1886, 1899).

 

Con el siglo termina el período convulsivo del Uruguay, y el siglo XX encuentra a Uruguay con una conciencia nacional ya formada, la cual se impone a los dos partidos políticos que con diversos nombres continuarán hasta nuestros días constituyendo los pilares del estado: los blancos y 19s colorados. "Cuando preguntéis a la mayoría de los uruguayos, dijo el decano Couture al inaugurar la séptima Conferencia Interamericana de Abogados, por qué pertenecen a su partido, os dirán que pertenecen a él porque a él pertenecían su padre y su abuelo y a él pertenecerán sus hijos. Ellos son conservadores o radicales, republicanos o demócratas, torys o whigs. Pueden ser cualquiera de esas cosas dentro de su propio partido, sin dejar de ser blancos o colorados, porque habréis de saber que tales partidos no llevan ni siquiera un nombre, pues se distinguen principalmente por su color. ¿Por razonamientos? No. Por sentimiento. En el recinto en que nos hallamos se sientan diariamente diputados católicos, socialistas, comunistas; pero la mayoría de ellos pertenece a esa división histórica que se divide en colores y que al venir a nosotros por los ríos misteriosos de la sangre, es siempre el partido de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nuestros hijos". Uruguay ha encontrado ya su paz orgánica.

 

"Hacia fin del siglo, dice el tratadista Manuel Fraga, Uruguay, sin modificar su Constitución de 1830 ha ido creando en torno de ella una serie de instituciones que dan trabazón al estado."

 

Y desde entonces Uruguay se nos presenta como, un estado que puede servir de modelo a las demás repúblicas hermanas; su progreso es constante en todas las actividades humanas, ya sean científicas, filosóficas, artísticas, jurídicas, económicas o sociales. Entonces los hombres de estado se dan cuenta de que la Constitución ha envejecido y se inicia un nuevo período en la historia del país que se caracteriza por las reformas constitucionales.

 

Al terminar su primer período presidencial, el señor José Batlle y Ordóñez visitó Suiza, en donde le admiró que los habitantes, por lo general, ignoraran el nombre del jefe del estado, lo cual le infundió la idea de que el sistema suizo de un poder ejecutivo colegiado podría ser el remedio a los males que los presidentes fuertes hacen sufrir a las repúblicas hispanoamericanas; y desde que regresó a su país se empeñó en que éste adoptara un sistema semejante al suizo. No fue de fácil realización su propósito. Hasta 1917 logró una reforma constitucional que sin adoptar de lleno el sistema suizo, algo se le aproxima, fue una reforma de transacción con la oposición que encontró aún dentro de su mismo partido.

 

El sistema de un verdadero ejecutivo colegiado sólo fue adoptado en la Constitución de 1952 que ahora rige.

 

Cuáles sean sus resultados, aún no se sabe. Los colorados temen que el sistema favorezca a los blancos que durante muchos años han estado alejados del poder y éstos temen que sirva a los colorados para perpetuare en el poder.

 

Mientras tanto, Uruguay sigue su marcha ascendente en todos sentidos.

 

Ha producido valores intelectuales de reputación mundial.

 

Alfredo Vázquez Acevedo, rector de la Universidad de Montevideo es, como nuestro Gabino Barreda, el expositor máximo de la escuela positivista, pero a diferencia de éste, sigue la escuela de Herbert Spencer en lugar de la de Auguste Comte.

 

José Enrique Rodó, que marca el fin del positivismo y el principio del idealismo. Y tantos otros nombres ilustres en el campo de la filosofía que sería prolijo enumerar.

 

En la literatura básteme recordar al autor del delicado poema Tabaré: Zorrilla de San Martín.

 

Y en la ciencia del Derecho, un solo nombre los resume todos: Eduardo J. Couture.

 

En cuanto a su desarrollo político, aparte de la paz no interrumpida por convulsiones armadas en lo que va del siglo, quiero destacar, por los ataques que en la actualidad sufre en muchas partes del mundo, la libertad individual de que goza todo habitante del Uruguay y como un corolario de ésta, la libertad de expresión, que trae aparejada la libertad de prensa.

 

No resisto a citar nuevamente parte del discurso del decano Couture a que antes me he referido, porque con muy fundado orgullo dice, en relación con las libertades de que gozan sus conciudadanos: "nuestro pueblo está convencido de que sólo se le puede gobernar con el más amplio margen posible de libertad compatible con el orden. No creemos en el gobierno fuerte, porque la teoría del gobierno fuerte no es sino la teoría del individuo débil. Gobierno fuerte e individuo fuerte son incompatibles, y nosotros hemos preferido respetar la libertad aunque para ello, más de una vez, haya habido que sacrificar un poco la autoridad. En la eterna lucha entre el individuo y el poder, nuestra historia se ha inclinado más frecuentemente del lado del individuo que del poder. Pero para que pudiéramos apreciar el significado de ese profundo fenómeno desde los bancos de la escuela se nos ha enseñado que la libertad no es un privilegio que se recibe, sino un bien que se conquista y que sólo la merecen aquellos que la saben defender en la lucha de cada día. No hay libertad, como dice el precepto, sin una eterna vigilancia. Es este, señores, un pueblo que ha montado su guardia junto a sus libertades y con ellas, como reza uno de sus escudos, ni ofende ni teme".

 

Estas palabras de Couture deberían ser grabadas en tablas de bronce que se colocaran a la entrada de los palacios de los ejecutivos de todos los países y deberían hacerse que los aprendieran de memoria todos los niños de las escuelas.

 

En cuanto a la libertad de prensa que impera en esa feliz república, básteme citar la contestación dada por el gobierno del Uruguay a una queja presentada en 1945 por el encargado de negocios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con motivo de algunos artículos publicados por la prensa de Montevideo que el encargado de negocios ruso consideró ofensivos para su país.

 

La contestación contiene los siguientes párrafos:

 

"El gobierno no es árbitro de los pensamientos que se exteriorizan en los diarios, radios, etc. No tiene competencia para dirigir la propaganda política de la prensa. Ni para imponerle conceptos. Ni para vedarle temas. Una intervención de esa naturaleza, prohibida en el derecho, sería juzgada por la opinión pública nacional, que sabe lo que es teoría y práctica de la democracia, como un acto de tiranía... en nuestro país el gobierno no tiene el monopolio de los medios de expresión. . .".

 

Ojalá, señoras y señores, que haya yo logrado pintar, aun cuando haya sido con rasgos desdibujados, la fisonomía de un país en el que, desgraciadamente, jamás he estado y por el cual todos los mexicanos sentimos la afinidad y el cariño que se tiene a un hermano que vive en lejanas tierras; país que fue el lugar de nacimiento, de la vida y de la muerte de Eduardo J. Couture, cuya obra os será expuesta esta noche por las doctas palabras de su excelencia el señor embajador del Uruguay y las del señor licenciado don Daniel Escalante.

 

Concluyo, señoras y señores, dedicando un angustioso pensamiento a nuestros colegas que privados en lo absoluto de las libertades tan caras al maestro Couture, se encuentran en la actualidad con sus pechos expuestos a la metralla extranjera y amenazados de ser deportados por manos extrañas a un inhóspito país.

 

 

 

DISCURSO DEL LIC. DANIEL ESCALANTE

 

 

Señor Presidente de la Barra Mexicana;

Señor Rector de la Escuela Libre de Derecho;

Señor Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados;

Excelentísimo señor Embajador del Uruguay;

Señores abogados, señoras, señores:

 

Movidos al impulso de los méritos extraordinarios que durante su vida supo acumular el doctor don Eduardo J. Couture, el distinguidísimo abogado uruguayo, catedrático eminente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, escritor esclarecido de Derecho Procesal Civil, brillante orador y hombre de letras, nos hemos reunido hoy para evocar su recuerdo y para rendirle el homenaje que su valer merece. Cumple así nuestro Foro, tan dignamente representado por las tres ilustres corporaciones que han patrocinado esta ceremonia, la Barra Mexicana, la Escuela Libre de Derecho y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, un deber indeclinable y, a la vez, abre el cauce del más hondo sentimiento de aflicción que ha producido en nosotros la prematura desaparición de tan destacado jurista, honra del Foro latinoamericano, que fue conocido y admirado por todos sus colegas de este Continente y del Viejo Mundo.

 

De uruguayo tan conspicuo debo trazar ante vosotros una semblanza, y de su obra extraordinaria y abundante he de haceros una breve reseña, cual corresponde al tiempo, necesariamente limitado, de esta exposición, entre tanto se pronuncia el juicio de la posteridad y se aquilata y pondera por la crítica, su doctrina depurada.

 

Para llevar a cabo tan noble y, a la vez, tan dolorosa empresa, no tengo títulos propios: ocupo esta tribuna en observancia de la honrosa designación de que fui objeto, confiado en que la benevolencia de este distinguido auditorio suplirá las grandes deficiencias de mi discurso.

 

Fue en la hermosa ciudad de Montevideo, al pie del cerro que el navegante percibió en el horizonte al descubrir la ribera septentrional del río de la Plata, que en ese lugar separa con su ancho estuario al Uruguay de la Argentina, en donde nació Eduardo Juan Couture el 24 de mayo de 1904; ahí mismo vivió siempre este hombre, que al andar del tiempo se habría de convertir en una de las más altas autoridades sociales de su país; allí vivió, digo, en medio del respeto que su saber y su acendrado patriotismo le alcanzaron; y fue ahí en donde murió el 11 de mayo de este año (1956), poco antes de cumplir los cincuenta y dos años de edad, esto es, en pleno vigor intelectual, consagrado, admirado y querido de sus conciudadanos y, en particular, de sus colegas catedráticos y abogados.

 

Eduardo Juan Couture sustentó examen de ingreso a los doce años de edad y terminó sus estudios de Secundaria el año 1917; durante su tercer año de Liceo, a los quince años, empezó a trabajar en el Centro Odontológico del Uruguay, el 21 de junio de 1919, sin duda ante la imperiosa necesidad de costearse sus estudios, pues carecía de fortuna ni, que yo sepa, la heredó de sus padres. Terminó sus estudios preparatorios en 1921, pero no inició los de abogado sino hasta el 10 de marzo de 1923, fecha esta de su ingreso a la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo.

 

A la vez que llevaba a cabo sus estudios, desarrollaba una intensa labor gremial estudiantil y fue uno de los fundadores de la "Revista del Centro de Estudiantes de Derecho", en 1927. Simultáneamente, y demostrando así su extraordinaria capacidad intelectual y el dinamismo de toda su vida, hacía crítica musical. El 29 de diciembre de 1927 se recibió de abogado.

 

Al año siguiente empezó su profesorado, en el que tanto habría de destacar, como aspirante en la asignatura de Derecho Procesal Civil; tres años después se convirtió en Profesor Agregado presentando para ese efecto su primera obra titulada "El divorcio por voluntad de la mujer. Su régimen procesal", que mereció del tribunal su aprobación unánime y el calificativo de "estudio meritorio", que fue publicada por la Facultad de Derecho.

 

En 1932 el doctor Couture fue nombrado Profesor Ordinario y, por último, en 1936 alcanzó a llegar a la cúspide de su carrera magisterial, por haber sido nombrado Catedrático Titular en aquella asignatura de su predilección, que habla venido impartiendo, el Derecho Procesal Civil, que dictó durante veintiocho años hasta su muerte, con devoción, recogimiento y fervor, propios del ánimo entregado a la exposición de la idea profundamente concebida, exponiendo la asignatura metódica y claramente a todos quienes fueron sus discípulos.

 

Fue el doctor Couture un maestro verdadero en las aulas como lo fue, según veremos más adelante, en sus libros, gracias al estudio tesonero y disciplinado, a su exposición rigurosamente didáctica, a su profundo saber y a la brillantez del estilo, y gracias, por último, al entrañable amor que profesó siempre a la juventud estudiosa.

 

En el año 1937 asumió la dirección de la "Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración", en la que publicó abundante colaboración y que dirigió hasta su muerte. En esa fecha ya habían aparecido, según mis noticias, otros libros del doctor Couture: la "Teoría de las diligencias para mejor proveer", publicada en Montevideo el año 1932, "La acción declarativa de la prescripción. Bases para un estudio", y el "Curso sobre el Código de Organización de los Tribunales", que aparecieron en 1936. En 1939 salió a la luz pública el "Curso sobre la abreviación de los juicios" y, por último, el doctor Couture publicó el año 1942, en Buenos Aires, su obra más conocida: "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", cuya doctrina fue adoptada, por lo menos en lo que hace a varias instituciones procesales, en varias legislaciones de otros tantos países latinoamericanos, entre otros de la República Argentina.

 

Es este el lugar y el momento de decir que el mérito de ese libro del doctor Couture, así como el del conjunto de su obra, le valieron múltiples elogios, tales como aquella expresión del señor licenciado don Virgilio Domínguez, entonces Director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia: para él, el doctor Couture fue "uno de los más grandes procesalistas de los países de habla española".

 

Don Niceto Alcalá-Zamora Castillo, a quien debo y cumplidamente agradezco una buena parte de mi información, en la nota bibliográfica relativa al "Proyecto de Código de Procedimiento Civil para el Uruguay", elaborado íntegramente por el doctor Couture por encargo especial de la Comisión oficial redactora, se expresa en la siguiente forma: "Por mi parte agregaría que, si no en profundidad, sí en amplitud de horizonte y en agilidad para la captación de temas sugestivos, en diafanidad para su desarrollo y en extensión de cultura general, es -el doctor Couture- el más completo de la lista"; y agrega el doctor Alcalá-Zamora: "no es fácil encasillar a Couture dentro de una escuela, como tampoco dentro de un estilo, salvo el suyo. Sin duda el moderno procesalismo italiano ha ejercido sobre él poderoso y saludable influjo, pero sin llegar al monopolio del pensamiento ni a conseguir etiquetarlo como afiliado a una tendencia exclusivista. En el primer sentido, junto a la influencia italiana se perciben en su labor estas otras inclinaciones y corrientes: una a la vez sentimental y nacional, hacia su viejo maestro Pablo de María (maestro reconocido y eminente de varias generaciones de abogados uruguayos de alto relieve), cuya dispersa obra está compilando un destacado jurista uruguayo, Lorenzo Carnelli; otra, también afectiva de índole genealógica, hacia la cultura francesa, si bien superado hace mucho tiempo su procedimentalismo, que culminara a mediados del siglo XIX con Garsonnet...; en tercer lugar, un perfecto conocimiento del Derecho y Literatura procesales hispánicos, en los que ha buceado con singular fortuna, para mostrar su trayectoria, destacar el acierto de algunas de sus fórmulas -como el régimen de apelación o el criterio valorativo de la prueba-...; en fin, temperamento independiente y exento de fobias, ha sabido estimar por igual la profundidad del dogmatismo procesal germánico y las excelencias de la justicia inglesa, asociarse a procesalistas argentinos en el esfuerzo superador de los últimos años, e incluso detenerse en la con frecuencia inefable producción jurídica de los Estados Unidos".

 

Ahí está, por último, señores, el juicio de Piero Calamandrei, el eminente procesalista italiano, vertido en la Rivista di Diritto Processuale, correspondiente a julio y septiembre de este año, quien, en tono de sincera consternación dice del doctor Couture, entre otras cosas, estas: "Con Eduardo J. Couture, fallecido inesperadamente. .. como una estrella que se oscurece de repente en el más alto fulgor de su ascensión, ha desaparecido no solamente un jurista de fama mundial, sino también una de aquellas mentes soberanas que dominan con igual agilidad en todos los campos de la ciencia y el arte; una de aquellas almas ardientes y comunicativas para las cuales la vida no puede ser entendida sino como un continuo afán y al mismo tiempo, como una continua y generosa ofrenda de comprensión y amistad. Su virtud más encantadora, que conquistaba desde el primer encuentro, era aquella que yo llamaría "cercanía humana". Aun viviendo en lejanos continentes separados por el océano, tuvimos la sensación, desde nuestro primer conocimiento, de pertenecer a una misma patria de pensamientos y afectos, en la cual la común vocación y las comunes esperanzas nos acercaban en continua identidad espiritual. Precisamente por vivir ardiendo y no sentir el mal, Couture ha desaparecido antes de tiempo: por no haber escuchado al mal que lo amenazaba y por haber preferido prodigarse sin tregua, hasta el último aliento, para dar y enriquecer de sí mismo a los amigos de todo el mundo. Desde los veinte años profesor de Derecho Procesal Civil en la Facultad jurídica de Montevideo; Decano en estos últimos años en la misma Facultad, había llegado a ser rápidamente' la personalidad de más alto relieve entre los juristas sudamericanos; después su fama cruzó el Océano y se difundió más allá de los países de habla española: en América del Norte, en Alemania, en Francia, en Italia. Sin embargo, en el campo de los estudios procesales, la voz inconfundible de Eduardo Couture era la de un gran maestro. No es posible -sigue diciendo Calamandrei-, en este breve recuerdo, tratar de hacer un análisis de su obra, que consiste en decenas de volúmenes y en monografías que tal vez excedan de un centenar, que aparecieron en las más importantes revistas jurídicas americanas y europeas, en las colecciones de escritos formulados en honor de viejos maestros de los dos Continentes, pues Couture estuvo siempre presente para rendir tributos, verdaderas, aportaciones sobre muy variados temas, palabras nuevas, luz de personal genialidad... Todas sus obras, mayores o menores, tienen el valor común de inspirarse en fundamentos concretos de derecho positivo; sus conclusiones teóricas tienen siempre base en un conocimiento minucioso y atentísimo de las legislaciones procesales vigentes, no solamente en los países de la América Latina, sino en el mundo anglosajón y en Europa continental. La legislación comparada le permitía dominar en forma más segura la teoría; tenía la posibilidad de conocer directamente leyes y autores extranjeros en los idiomas originales. De esta su atenta y, se diría, humilde fidelidad de los textos legislativos, son testimonio muchas de sus obras de juventud, de fondo exegético, hasta llegar a aquella paciente reelaboración del "Código de Procedimiento Civil uruguayo", que llevó a cabo en 1952. Pero de esta honestidad exegética venía la límpida universalidad de sus síntesis, entre las cuales quedan como memorables su manual de los "Fundamentos del Derecho Procesal Civil" y, sobre todo, sus conferencias en francés sustentadas en la primavera de 1949 en la Facultad de Derecho de París, y publicadas bajo el modesto título de "Introduction a l'étude de la procédure civile". Se trataba en realidad de una visión sintética de los principios fundamentales. Aún más, frente a un auditorio de procesalistas franceses, notoriamente contrarios a las abstracciones teóricas, él logró entonces no sólo hacerse escuchar sino recoger entusiastas aplausos, disimulando bajo un tono elegante de discurrir, una especie de suma de las ideas fundamentales de cada proceso, allí donde se cruzan los caminos teóricos del pensamiento latino con el alemán y las sistemáticas europeas con la pragmatística angloamericana. Pero su actividad de investigador, prosigue expresándose Calamandrei- no queda restringida al campo procesal: se puede decir más bien que fue más que un procesalista, un constitucionalista, en cuanto consideró el Derecho Procesal Civil como un capítulo fundamental del Derecho Constitucional. Tuvo la suerte de nacer y de vivir en un país que fue siempre y es en la América del Sur, un centro de libertad y de democracia: fue llevado por el aire que respiraba a sentir en el proceso en la Administración de Justicia, sobre todos los aspectos del Derecho Público; la garantía de las libertades individuales del ciudadano. Su estudio magistral, de 1946, sobre "Las Garantías Constitucionales del Proceso Civil", es fundamental, aun para nosotros los italianos. Si Eduardo Couture hubiera querido, habría podido subir a las cumbres del Gobierno de su país; no obstante, prefirió servirlo con su obra de hombre de ciencia..."

 

Ingresó don Eduardo J. Couture al Colegio de Abogados de Buenos Aires el 12 de mayo de 1944, y en esa y otras ciudades de Argentina dictó conferencias y cursillos: entre las primeras sólo tengo anotada la que pronunció invitado por la Asociación de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, el 5 de julio de 1945, sobre el tema "Procedimiento sucesorio extrajudicial en el proyecto de Código de Procedimiento Civil para el Uruguay" -proyecto al que me referiré en breve-, en la ciudad de La Plata, y que fue publicada en la "Revista de Derecho Procesal" de Argentina, que dirigía el doctor Hugo Alsina.

 

La publicación de su "Proyecto de Código de Procedimiento Civil para el Uruguay" dio ocasión para la nota bibliográfica del doctor Alcalá-Zamora Castillo que ya mencioné, y en ella se agrega que "el proyecto Couture... es el texto legislativo de mayor jerarquía producido en América... ". y que el "influjo que está llamado a ejercer en la renovación de los códigos procesales americanos justifica la considerable extensión de la reseña".

 

El doctor Couture también dictó conferencias y cursillos en las universidades Mayor de San Marcos de Lima, de Tulane de Nueva Orleáns, en la que dio veinte lecciones, de Viena, de Roma, de San Pablo, de Río de Janeiro. En la Facultad de Derecho de la Universidad de París, el año 1949, Couture pronunció cuatro conferencias que versaron, respectivamente, sobre la acción, la excepción o defensa, el proceso y la sentencia, que son en buena parte, según el doctor Alcalá-Zamora, un compendio actualizado de los "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", combinado con ideas posteriormente expuestas en uno de sus mejores ensayos, "Las garantías constitucionales del proceso civil" (escrito para los estudios de Derecho Procesal en honor de Hugo Alsina) y en el más discutible de sus trabajos, o sea, "El proceso como institución", escrito a su vez para los Estudios en honor de Enrico Redentí en su XL año de enseñanza". Las conferencias a que me vengo refiriendo fueron publicadas en francés por el Recueil Sirey, de París, con el título de "Introduction a l'étude de la procédure civile", en 1950.

 

En México recordamos con particular agrado las visitas de don Eduardo J. Couture a principios de 1947 y en septiembre de 1952. En la primera ocasión dictó un interesante ciclo de conferencias en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma, sobre el tema general de la "Interpretación e integración de las leyes procesales" y con estos en particular: "Líneas generales de una teoría de la buena fe en el proceso civil"; "El deber de decir la verdad en el proceso civil"; "La lealtad y la probidad en la producción de las pruebas"; "El concepto de fe pública" "Contribución del Derecho Notarial al Procesal Civil", y "La revocación de los actos procesales fraudulentos". Acerca del último tema ya había disertado antes el doctor Couture el año 1940, en el Centro de Estudios Jurídicos de La Plata, que presidía el doctor David Lascano, y el desarrollo del estudio apareció en la "Revista Jurídica Argentina". "El concepto de fe pública. Introducción al estudio del Derecho Notarial", antecedente del tema desarrollado en otra de las conferencias mencionadas, apareció en la Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Montevideo, el año 1947.

 

Durante esa visita del doctor Couture a nuestra capital, el distinguido catedrático uruguayo tomó parte en la Mesa Redonda organizada en la Facultad de Derecho para estudiar el tema ya mencionado de sus conferencias, y en ella participaron los abogados don Virgilio Domínguez, don Roberto A. Esteva Ruiz, don José Castillo Larrañaga, don Eduardo García Máynez, don Gabriel García Rojas, don Ignacio Medina, don Emilio Pardo Aspe, don Alberto Trueba Urbina, don Luis Recasens Siches, don Niceto Alcalá-Zamora Castillo y don Rafael de Pina.

 

No podrá tampoco olvidarse la segunda visita del doctor Couture a México, en 1952. Entonces nuestro personaje desarrolló dos series de conferencias, también en la Escuela Nacional de Jurisprudencia: la primera, en forma de monólogo, sobre "Panoramas del Derecho Procesal contemporáneo", disertando en primer lugar sobre "Los grandes sistemas procesales contemporáneos", y en segundo sobre "El pensamiento procesal desde el fin de la guerra hasta nuestros días". La segunda serie, titulada "Diálogos sobre iniciación en el ejercicio de la abogacía", debió ser de tres sesiones: "De la vocación de la abogacía", "Nuestros clientes" y "Nuestros jueces". Desgraciadamente el adelanto de las vacaciones escolares impidió la celebración de la última. Entonces también, y patrocinada por el Ateneo Español de México, pronunció el doctor Couture interesante conferencia en el aula "Jacinto Pallares" de la Facultad de Derecho, el 9 de septiembre de 1952, sobre "La reforma constitucional uruguaya", acontecimiento legislativo este que, como sabéis, fue de la mayor importancia en el país hermano, pues entonces se creó en el Uruguay el Poder Ejecutivo colectivo, encomendándose al Consejo Nacional de Gobierno las funciones de ese Poder del Estado. En una amable convivialidad que fue ofrecida en esos días por el distinguido huésped de hoy, el señor Embajador Mac Eachen, digno representante del Uruguay ante nuestro Gobierno, tuvimos la oportunidad de apreciar las ideas de don Eduardo J. Couture en materia de Derecho Público, al explicarnos el control de la constitucionalidad y de la legalidad uruguayas, a través del procedimiento contencioso-administrativo, así como los sólidos conocimientos que poseía sobre nuestro juicio de amparo.

 

El doctor Couture tomó a su cargo un cursillo de seis lecciones acerca de la "Ley 10,783 sobre los derechos de la mujer. Sus aspectos procesales", en el que se organizó colectivamente por la Facultad de Derecho de Montevideo, como servicio de esta Facultad hacia la divulgación y conocimiento de nuevas leyes.

 

Don Eduardo J. Couture fue admitido a la Academia Nacional de Letras del Uruguay el 3 de octubre de 1947, por su alto valer literario, aspecto este de su obra que no puede olvidarse y al que habré de referirme esta noche. Era también Profesor Honorario de las Universidades de México, de San Marcos de Lima y de Tulane de Nueva Orleáns.

 

Electo Presidente del Colegio de Abogados del Uruguay para el período de 1950 a 1952, el doctor Couture tuvo la magnífica oportunidad de pronunciar aquel que puede llamarse magnífico discurso de bienvenida a los participantes de la Séptima Conferencia Interamericana de Abogados, que se reunió en Montevideo a principios de 1952, pieza brillantísima de su oratoria excepcional como maestro del buen decir que era, que fue publicada en el órgano de la Barra Mexicana y de la que se conserva memoria, además, por las circunstancias que rodearon a la ceremonia, de lugar y de momento histórico del Uruguay, por haber sido una cabal exposición de doctrina y sociología políticas uruguayas. Trazó el doctor Couture en su discurso un bosquejo de su país y de su pueblo, ante las más altas autoridades políticas, universitarias y académicas y ante los juristas del continente. Entre otras, pronunció frases como las siguientes, que es menester recordar: "En el Uruguay . . . los hombres no creen en los hombres providenciales. Prefieren que las cosas providenciales las siga haciendo, como ocurre desde antiguo, la misma Providencia. Las cosas de este mundo, prefieren que las realicen hombres como nosotros, con nuestros mismos errores, extraídos de disputas comiciales realizadas con cierta necesaria puntualidad".

 

Convencido de la dignidad de la persona humana, agregaba entonces el doctor Couture estas palabras:

 

"Nuestro pueblo está convencido de que sólo se le puede gobernar con el más amplio margen posible de libertad compatible con el orden. No creemos -subrayaba con el dedo puesto en más de una llaga- en el gobierno fuerte, porque la teoría del gobierno fuerte no es sino la teoría del individuo débil. Y nosotros hemos preferido respetar la libertad aunque para ello, más de una vez, haya habido que sacrificar un poco de autoridad".

 

Declaración tan importante y tan clara tenía para el doctor esta, que es una suficiente explicación:

 

"Pero para que pudiéramos apreciar el significado de este profundo fenómeno, desde los bancos de la escuela se nos ha enseñado que la libertad no es un privilegio que se recibe, sino un bien que se conquista y que sólo la merecen aquellos que la saben defender en la lucha de cada día. Este, señores, es un pueblo que ha montado guardia junto a sus libertades y con ellas, como reza uno de sus escudos, ni ofende ni teme. Pero también nos liemos persuadido de que la libertad frente a la mesa sin pan y al hogar sin fuego, es un cruel engaño".

 

No se crea, sin embargo, que don Eduardo J. Couture haya sido un político, no: nunca lo fue; pero como ciudadano ejemplar y, por añadidura abogado cabal, no se despreocupó de la cosa pública, y por eso y por su autoridad indiscutible e insospechable, ejerció considerable influencia en las esferas gubernamentales más elevadas de su país, fuera de la lucha de los partidos políticos, por encima de ellos. Tengo noticia de que alguna vez, en tiempos no remotos se mencionó su nombre y su persona para llevar a cabo alguna transacción política, de la que se apartó cuidadoso, con la íntima convicción de que mejores y más eficaces estaba llamado a prestar a su patria si permanecía al margen de tales componendas y combinaciones.

 

Permaneció, pues, invariablemente, al margen de las reyertas de los políticos, entregado a sus tareas de catedrático y escritor, de abogado postulante, recogido en su estudio profesional, pero sin olvidar sus arraigadas convicciones democráticas, que son, las del pueblo que formaba parte. Por eso, en otro pasaje del discurso que he mencionado, insistió sobre las ideas políticas de los uruguayos, en estos términos: Hay un punto sobre el cual existe conciencia formada. Ese punto es la convicción de la democracia como forma superior de convivencia humana. Podrá haber sobre este punto desacuerdos de detalle, incluso sobre la forma de entender la democracia. Pero sobre lo esencial hay unidad de opinión".

 

Un buen número de sus estudios y ensayos fueron recogidos en los tres volúmenes que se publicaron con el título de "Estudios de Derecho Procesal", en los que figuran cincuenta y dos títulos, todos; ellos sugestivos  dada la personal disposición de Couture para seleccionar los temas de mayor interés; contribuyó con sendos estudios jurídicos a los homenajes tributados a sus colegas y amigos Carnelutti y Redenti; sus obras llegaron a ser más de cien, entre las cuales debo citar, para terminar, un "Vocabulario de Derecho Procesal, que dejó preparado, no sé si inconcluso todavía.

 

Varias veces formó parte del Directorio del Colegio de Abogados del Uruguay, así como del Consejo de la Facultad de derecho de la Universidad de Montevideo, de la que fue Decano -Director- desde 1953. Además): perteneció a la Academia Argentina de Derecho Procesal y a la Academia de Linces, de Roma. Fue honrado con la medalla de oro del Ministerio de Instrucción Pública de su país, que es la más alta distinción que allá se otorga a quienes más se destacan en el campo de la cultura; Francia lo hizo Caballero de la Legión de Honor.

 

A mediados de octubre del año pasado se reunió en la ciudad de Montevideo un Seminario Internacional de Administración Pública, del cual el doctor Couture fue Primer Vicepresidente; no obstante su enfermedad, pronunció el discurso de apertura de los trabajos en el Paraninfo de la Universidad, ante las autoridades políticas y universitarias, ante los representantes de la Organización de las Naciones Unidas y ante los delegados extranjeros; dirigió los trabajos de organización y despidió a los participantes con hermoso discurso en el banquete final. Fruto de ese Seminario fue para el Uruguay la creación de la Comisión Asesora sobre Administración Pública, creada por decreto del Consejo de Gobierno, a iniciativa de la delegación uruguaya encabezada por el doctor Couture, que tiene por objeto emprender la tarea ingente del mejoramiento de la función pública en todos sus aspectos.

 

Profundamente sensible a las manifestaciones del arte -recordemos que el doctor Couture fue en su juventud crítico musical-, no se desentendió del don de la palabra, al que se consagró en la cátedra y en la tribuna. Por tanto, inspirábase al hablar en todo aquello que despertaba en él emoción artística y hacía con frecuencia adecuadas y hermosas citas, con primor y prestancia. Fue por eso un artista de la palabra y de la pluma.

 

Esto me mueve a mencionar su libro "La comarca y el mundo", de publicación relativamente reciente: obra de carácter literario y de impresiones de viaje. Es el libro de un uruguayo que describe amorosamente a su pequeño país en lo geográfico y en lo humano, sin vanas exaltaciones; es la descripción colorida de aquella comarca de nuestro Continente, en la que no surgen panoramas majestuosos ni impresionantes, sino llanuras apenas onduladas, abundantemente regadas por numerosas corrientes de agua, que han llegado a ser agrícolamente ricas y en las que pacen los ganados en grandes cantidades; es la hermosa y sincera revelación del carácter de aquellas pacíficas gentes sólidamente arraigadas por el señorío de la tierra, conscientes de ello, celosas de sus parcelas, no grandes en general y dando la cara al sol durante el día y a la Cruz del Sur maravillosa, durante la noche.

 

Sale después el escritor uruguayo de su pequeña tierra patria y recorrer el mundo para visitar los grandes centros de población y de cultura con sus mensajes jurídicos, como hemos visto, atraído por su vocación por el derecho, y se deja impresionar por lo que en todas partes impresiona a su exquisita sensibilidad. Todo lo recoge en sus anotaciones de viaje y lo vierte después al libro, y de todo se vale para convertirlo en imágenes vivas y luminosas, con una prosa atildada, pulida y, a la vez, nítida y espontánea, sin amaneramientos ni artificios. En ese libro dedicó el doctor Couture varios capítulos a nuestro país: a nuestra capital, a Tasco, a Puebla...

 

En marzo de 1954 el doctor Couture produjo otra de sus piezas oratorias de gran categoría, en la inauguración de la Octava Conferencia Interamericana de Abogados, reunida en San Pablo, Brasil, y a la que hizo referencia al distinguido catedrático don Guillermo Gallardo Vásquez, en el discurso que pronunció con motivo de la celebración del aniversario de la Escuela Libre de Derecho, en este lugar, en julio de este año.

 

Con el espíritu siempre atento, como he dicho, a todas las manifestaciones artísticas, empezó así el doctor Couture su discurso:

 

"Cada tanto tiempo vuelve obstinadamente al recuerdo de los viajeros que han visitado Italia, el Bautisterio de Pisa. En la contemplación de esa obra de arte del Renacimiento, ocurre que el viejo hombre que acompaña al viajero se aleja prudencialmente de él y lanza la sencilla voz de un canto gregoriano. De inmediato, por la sola acción mágica del arte arquitectónico, la cúpula empieza a repetir una y otra vez la voz del cantor, prodigiosamente multiplicada, en un coro que inunda el ámbito. Este extraño fenómeno, no exento de poesía, constituye lo que podríamos llamar la responsabilidad de la voz. Cada una de nuestras palabras tiene validez universal, insospechadas y misteriosas resonancias, que son la proyección diferida de nuestro propio acento: una verdadera magnificación, con todas sus lejanas proyecciones de nuestro humilde canto. Así acontece -agregaba- en este instante. En una convocatoria de los Abogados de América, cada una de nuestras palabras tiene, por ese motivo, una redoblada responsabilidad... ¿Cuál ha de ser hoy nuestra palabra, que pueda, como en la cúpula del Renacimiento, multiplicarse en su importancia y responsabilidad y adquirir en el tiempo validez universal?..."

 

Desde lo alto de aquella tribuna continental de los abogados, el doctor Couture hizo la grave advertencia de que ". ... En la lucha contra las fuerzas que propugnan la revolución ya no nos estamos deteniendo ante las ideas. De la represión de los hechos estamos pasando a la represión del pensamiento. Para prevenir el delito de conspiración estamos instituyendo uno nuevo, por un imperceptible plano inclinado, el delito de opinión". Y terminaba ese capítulo con la afirmación imperativa siguiente: "Digamos hoy, . . . que somos fieles a la vieja voz del respeto a todas las ideas, respetables por ser tales y recordemos que la plenitud de la libertad sólo se conquista el día en que hemos aprendido a amar a aquel que no piensa como nosotros".

 

Fue en esa ocasión en la que el doctor Couture rechazó toda idea de crisis del derecho en este Continente, afirmando que la crisis del derecho es una idea esencialmente europea, opuesta a la mejor concepción americana del mundo y de la vida... Para un americano ... la nación, el derecho, el arte, la civilización, los estamos haciendo cada día. No podemos, pues, pensar, en una idea de crisis, sino con referencia a tiempos inmediatos y a ciclos breves, carentes de significación histórica. En América no puede haber crisis del derecho, porque no hubo nunca apogeo anterior. Hasta mediados del siglo pasado fueron la colonia y la esclavitud los dos soportes del derecho en el orden político y en el orden social. A ello sucedió la revolución interna y la lucha fratricida. Vinieron luego las dictaduras, las opresiones y los imperialismos. Los enormes esfuerzos que este Continente realiza para emanciparse de todos sus males no son la crisis. La crisis es el pasado, no el presente. Nuestra tradición es el futuro. Pero aun contemplando el derecho en su dimensión universal, la idea de crisis se halla herida de transitoriedad histórica. Hay motivos para pensar, pues, que el derecho se encuentra en su aurora, acaso en los comienzos de su trayectoria, justamente en el punto inicial en que la experiencia de los siglos nos ha permitido abolir la esclavitud y luchar contra sus formas residuales y colocar al hombre en su dignidad de tal, como efectiva razón de ser del derecho".

 

En medio de una breve exploración por el campo de la teoría general del derecho, el doctor Couture pensaba que ". . . acaso la afirmación de nuestra convicción en este orden de cosas es que el derecho es un fenómeno muy importante de la vida humana... pero no es más que el derecho... En último término -decía- el derecho es sólo un instrumento. Sin la justicia que lo ilumina, sin el orden que lo consolida, sin la educación que le da vida, sin la paz que lo impulsa, sin la equidad que lo atempera, sin la misericordia que lo suple, sin el amor que lo rebasa, sin el heroísmo que lo glorifica, ¿qué es el derecho? El homo juridicus -agregaba citando al filósofo- aquel que ajusta todos los actos de su vida a la rigurosa norma jurídica, es un prodigio de lógica y una caricatura de hombre". Y concluía con estas palabras de Pascal, que mi auditorio sabrá ponderar mejor que yo: "El saber jurídico de la especie humana es, en cierto modo, una ciencia de las razones de la inteligencia dadas de la mano con las razones del corazón. Todo un mundo brota de este pensamiento. No lo perdamos de vista en la lucha de cada día. Que la ciencia del derecho no oscurezca nunca en nosotros la conciencia del derecho". En otra ocasión, también solemne, el doctor Couture había dicho que "donde reinan el amor y la virtud, el derecho bien- poco tiene que hacer.

 

Como arte y política, ética y acción al mismo tiempo, consideró el doctor Couture a la abogacía: arte de las leyes, sustentado, antes que nada, en la exquisita dignidad de la materia confiada a las manos del artista; disciplina de la libertad dentro del orden; como constante ejercicio de la virtud; como constante servicio a los valores superiores que rigen la conducta humana; todas ellas contenidas dentro de la mayor diversidad de formas que ofrece el ejercicio profesional, y cada una de ellas con su propio estilo. Desde estos puntos de vista formuló "Los Mandamientos del abogado" el doctor Couture; admirable decálogo, del que conozco, por lo menos, cuatro ediciones; hermoso libro preceptivo de la conducta del abogado. Cada uno de los diez mandamientos aparecen, dentro de las reducidas paginas de la obra adecuada, breve y, a la vez, profundamente desarrollados y puntualizados; por lo mismo, todos y cada uno son de diaria aplicación y de permanente vigencia durante la vida del abogado que ame, según el último de dichos preceptos, a su profesión y que la considere "de tal manera -dice textualmente- que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea abogado".

 

Señores: mucho más de lo que yo he podido esta noche podría decirse acerca de la obra jurídica y literaria del eminente don Eduardo J. Couture, de su alta calidad humana, de ese su paso por la vida transire benefaciendo, en exaltación de su saber acumulado y reverentemente difundido. Para terminar permitídme, por ser justo y adecuado, recordar estas palabras de las Excelencias de la Sabiduría, que se leen en Libro de los Proverbios:

 

"Bienaventurado el que alcanza la sabiduría.., porque lleva en la diestra la longevidad".

 

Ciertamente su obra no pereció con la muerte de su cuerpo: le sobrevive en los frutos de su talento y de su exquisita sensibilidad.

 

 

 

CURRICULUM VITAE JORGE CORREA

Escrito por correalex 04-03-2006 en General. Comentarios (7)

JORGE D. CORREA S.

Abogado, Mg.

Huérfanos N° 1044,  Of. 1 EP

Fonos 688 7786 – 671 3550 Cel. 09-238 60 94

E-Mail: correalex@terra.cl

SANTIAGO DE CHILE

 

ANTECEDENTES PERSONALES

 

          NOMBRE                                         : Jorge Danilo Correa Selamé

 

             NACIONALIDAD                          : Chileno

 

             PROFESIÓN                                   : Abogado

            

  POSTGRADO                                 :Magíster en Criminología, Seguridad Ciudadana y Derecho Penal

            

             FECHA NACIMIENTO               : 17 de septiembre de 1953

 

             DOMICILIO PROFESIONAL   : Huérfanos Nº 1044, Oficina 1      EP

            

             TELÉFONOS OFICINA              : 688 77 86 – 671 35 50

 

             E-MAIL                                            : correalex@terra.cl

 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

 

Estudios Básicos y Secundarios

            

Colegio Particular “Larraín Vial”

 

Colegio “San Pedro Nolasco”

 

Instituto Nacional

 

Liceo de Hombres N° 26

 

Liceo de Hombres N° 6 “Andrés Bello”

 

 

 

 

 

Estudios  Universitarios y Post Grado

     

 

Cursa sus estudios de Derecho en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile

 

Recibe su Título de Licenciado en Derecho el 17 de julio de 1979, siendo aprobado con dos votos de distinción (nota seis)

 

Recibe su Título de Abogado otorgado por la Excma. Corte Suprema el 31 de julio  de 1979

 

Magíster en Criminología, Seguridad Ciudadana y Derecho Penal, aprobado con distinción máxima, Universidad Central de Chile

 

 

ANTECEDENTES PROFESIONALES

                                    

Procurador del Departamento de Investigación de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos (1978-1979)

            

Abogado asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social  (1979-1980)

 

Abogado asesor de la Cámara Nacional de Comercio (1980-1983)

 

Abogado asesor de la Asociación Gremial de Fabricantes de Avisos Luminosos (1980-1983)

 

Abogado asesor de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (1980-  1983)

 

Ejercicio libre de la Profesión (1979-1983)

 

Juez de Letras de Mayor Cuantía de Panguipulli (1983-1984)

 

Relator titular de la  Corte de Apelaciones de Talca (1983-1986)

 

Relator titular de la Corte de Apelaciones de Santiago (1986-1992)

 

Relator titular de la Corte Suprema (1992-1997)

 

Abogado contratado a honorarios por la Municipalidad de Renca (octubre de 1997 a diciembre 1999)

 

Abogado municipal de la Municipalidad de Renca (febrero de 1999 a diciembre de 2000)

 

Secretario Abogado del Juzgado de Policía Local de Renca (2000)

           

Director Jurídico de la Municipalidad de San Miguel (marzo de 2001 a noviembre de 2004)

 

Alcalde Subrogante de la Municipalidad de San Miguel (varios períodos desde marzo de 2001 a octubre de 2004)

 

 

 

ACTIVIDADES DOCENTES

 

 

Profesor Ayudante de la Cátedra de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (1988)

            

Profesor de la Cátedra de Introducción al Derecho en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1980-1983)

    

Profesor de la Cátedra de Derecho del Trabajo en la Escuela de Derecho de la Universidad La República (1991)

    

Profesor titular de la Cátedra de Derecho Internacional en la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez Del Campo (1996-2001)

    

Profesor titular de la Cátedra de Derecho Procesal en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Chile (1990 a la fecha)

 

Profesor titular de la Cátedra de Derecho Penal en la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás (2003 a la fecha)

 

Profesor titular de las Cátedras de Introducción al Derecho y Derecho de la Empresa en la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad La República (2004 a la fecha)

 

Profesor titular de la Cátedra de Derecho Procesal en la Escuela de Derecho, Sedes Maipú y República, de la Universidad de las Américas (2005 a la fecha)

 

Profesor titular de la Cátedra de Derecho Procesal en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma del Sur (2005 a la fecha)

 

Profesor titular de las Cátedras de Derecho Procesal y Criminología  en la Escuela de Criminalística del Instituto Profesional Santo Tomás (2005 a la fecha)

 

 OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EFECTUADAS

 

Participación en las “XVI Jornadas Ibero-Americanas de Derecho Procesal”, 10 a 14 de agosto de 1998, Brasilia,  República Federativa de Brasil

  

Diplomado  en “Sistema Acusatorio o Juicio Oral”, impartido por la Escuela de Derecho de la Universidad Finis Terrae, entre septiembre y noviembre de 1998, Santiago, República de Chile

 

Diploma “Jornadas Prácticas de la Reforma Procesal Penal”, 5 y 6 de julio de 2002, Universidad Central de Chile e Instituto Chileno de Derecho Procesal, Santiago, República de Chile

 

Participación en el Coloquio Preparatorio del XVII Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Derecho Penal, 22 a 25 de septiembre de 2003, Santiago, República de Chile

 

Participación en el V Congreso Iberoamericano de Psicología Jurídica, Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y Policía de Investigaciones de Chile, 28 al 31 de octubre de 2003, Santiago, República de Chile

 

Participación en la “Jornada de Capacitación en la Reforma Procesal Penal para funcionarios municipales”, 30 de septiembre de 2004, Ministerio Público, Santiago, República de Chile

 

Diplomado “Taller de la Reforma Procesal Penal”, 28 de septiembre a 4 de noviembre de 2004, Asociación de Abogados de Chile y Universidad Andrés Bello, Santiago, República de Chile

 

Participación en el Seminario Interamericano “Claves para una reforma a la Justicia Civil”, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), 10 y 11 de diciembre de 2005 Santiago, República de Chile

 

Participación en el Seminario Interamericano “Modernización de la Persecución Penal en América Latina”, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), 5 y 6 de diciembre de 2005 Mar del Plata, República Argentina

 

OBRAS PUBLICADAS

 

“El Abandono del Procedimiento”.  Editorial Jurídica Cono Sur. Santiago de Chile, 2000

     

“Los Recursos Procesales Civiles”.  Editorial Lexis Nexis Chile. Santiago de Chile, marzo de 2002

     

“El Juicio Ejecutivo. Doctrina y jurisprudencia”. Editorial. Lexis Nexis Chile. Santiago de Chile, marzo de 2003

 

“Curso de Derecho Procesal Penal. Código Procesal Penal”. Ediciones Jurídicas de Santiago. Santiago de Chile, noviembre de 2003

 

“Recursos Procesales Penales”.  Editorial Lexis Nexis Chile. Santiago de Chile, junio de 2005

 

“Curso de Derecho Procesal, Tomo I”. Ediciones Jurídicas de Santiago. Santiago de Chile, octubre de 2005

 

 

CRIMINOLOGÍA

Escrito por correalex 04-03-2006 en General. Comentarios (18)

C R I M I N O L O G Í A

 

Jorge D. Correa Selamé

Abogado, Mg

Profesor de Derecho Procesal

 

I UNIDAD

 

FUNDAMENTOS DE LA CRIMINOLOGÍA

 

INTRODUCCIÓN

 

CONCEPTOS

 

En 1958 se decía que la Criminología era la ciencia que estudia los elementos reales del delito: el comportamiento del delincuente y los efectos de ese comportamiento en el mundo exterior.

 

En la actualidad, se dice que la Criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la personalidad del infractor, de la víctima y el control social del comportamiento delictivo.

 

Fenómenos como el alcoholismo, la prostitución, la asociabilidad, son susceptibles de estudiarse por la Criminología dado que son comportamientos que pueden desembocar en delitos.

 

El conocimiento criminológico ha de referirse a hechos observables que han de analizarse de forma sistemática y ordenada.

 

OBJETO

 

En sus inicios, la Criminología, como ciencia, que nace del positivismo, analiza al criminal, ya como producto biológico o social.

 

La Criminología contemporánea deja atrás el positivismo encauzándose en el sociologismo funcional, es decir, centrándose en la desviación social que supone el delito.

 

La Criminología más actual e integradora tiene por objeto tanto a la persona infractora como a la infracción en sí misma, y también a la víctima y el control del componente antisocial. La intención es esclarecer el fenómeno criminal.

 

MÉTODO

 

El estudio y elaboración de cualquier disciplina precisa de un método que lleve al investigador al logro de la verdad.

 

En lo que conocemos por ciencia moderna del Derecho Penal, encontrarnos constantemente enfrentados dos clases de métodos:

 

a) El lógico abstracto o deductivo; y

 

b) El inductivo o experimental.

 

En el método lógico abstracto o deductivo, se toma como punto de partida un principio general y de él saca las consecuencias lógicas pertinentes.

 

Por su modo de formular una proposición determinada, el método deductivo debe admitir necesariamente un “a priori”, es decir, un presupuesto del que hace derivar las proposiciones sucesivas.

 

En el método inductivo o experimental, se parte de la observación de los datos particulares y de ellos se remonta a una proposición general que comprende los supuestos observados y todos los demás que están en relación con aquellos.

 

El método inductivo parte de los datos objetivos que la experiencia ofrece, extrayendo conclusiones, por inducción, de la generalización de los hechos observados. Mediante este método solo es posible formular proposiciones a posteriori.

 

La Criminología, como ciencia empírica, (experimental) su método es el inductivo, pues se basa en la observación, en la experimentación y en la cuantificación, contrariamente a las ciencias apriorísticas, que utilizan el método deductivo (matemáticas).

 

CLASES DE CRIMINOLOGÍA

 

I.- Atendiendo al delito:

 

-Criminología Clásica. Beccaria.

 

II.- Atendiendo al criminal:

 

-Criminología Positiva. Escuela Positiva Italiana: Lombroso, Garofalo, Ferri.

 

III.- Atendiendo a los estudios de la Criminología y a la procedencia:

 

-Criminología local o nacional.

     

-Criminología comparada (entre países).

 

IV.- Atendiendo a la variedad de los estudios:

 

-Criminología victimológica.

 

-Criminología individual y colectiva.

     

-Criminología de las toxicomanías.

 

V.- Atendiendo a la prevalencia otorgada a las distintas ciencias que conforman el estudio criminológico:

 


-Criminología biológica.

 

-Criminología psicológica.       

 

-Criminología sociológica.

                                                              

Criminología General / Criminología Clínica.

 

Es la clasificación más importante y actual:

 

-General o Sintética: unifica el saber de las Criminologías especializadas.

 

Es un conjunto ordenado o sistematizado de conocimientos relacionados con los acontecimientos anteriores al delito y con sus consecuencias sobre el propio delincuente, sobre la víctima y sobre la realidad.

 

-Clínica: aplicación integrada de todo el saber criminológico y de las técnicas médicas de diagnóstico (diagnóstico delincuencial) a casos concretos con fines terapéuticos.

 

La Criminología clínica y la clínica médica coinciden en:

         *Emitir una opinión fundada.

         *Elaborar un diagnóstico y un pronóstico.

         *Considerar la necesidad de un tratamiento.

     

 


A.- CONCEPTOS Y ALCANCES DE LA CRIMINOLOGÍA

 

El estudio del delito, de su autor y de los medios de lucha contra ambos, no puede llevarse a cabo por una sola disciplina.

 

Designamos el conjunto de todas las disciplinas que se dedican al estudio del delito, autor y medios de lucha contra ambos con la denominación de Enciclopedia de las Ciencias Penales y que comprende, básicamente, a la Criminología, a la Penología y a la Política Criminal.

 

Una contemplación del panorama doctrinal de la Criminología permite distinguir:


1.- Un sector doctrinal que concibe la Criminología como una suerte de "constelación criminológica"  de la que formarían parte todas las Ciencias que se ocupan del crimen.


2.- La orientación norteamericana mantenida últimamente por criminólogos alemanes, que incluyen en la Criminología las materias que integran lo que llamamos Penología, esto es, ejecución de las penas y medidas de seguridad. Es la orientación predominante en la actualidad. 


3.- La Escuela Austriaca.- Fundada por Gross y continuada por Seeling y Belcavic, que ensancha aún más que la posición anterior el ámbito de la Criminología haciéndola abarcar también la Política Criminal y la Criminalística.


4.- Una Orientación Restringida que reduce el ámbito de la criminología a la investigación de los factores de la criminalidad. Hurwitz, Mezger, Exner y P. Peláez.


En todo caso, puede señalarse que:

 

La Criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del crimen, del delincuente, de la víctima y del control social del comportamiento desviado.

 

La criminología es una ciencia empírica pues se basa en la observación y, además, es una ciencia interdisciplinaria.

 

El objetivo de la Criminología es el delito, el delincuente, la víctima y el control social.

 

En una acepción restrictiva, la Criminología se limita a la investigación empírica del delito, la personalidad del autor y la ejecución de la pena.

 

En consecuencia, se produce una catalogación de los delincuentes y, la acepción restrictiva, no se centra en el estudio del control social.

 

Una acepción extensiva, en cambio, tiene en cuenta las transformaciones del concepto de delito, la criminalización y el control del comportamiento desviado.

 

La palabra Criminología se utiliza en 1879 por el antropólogo francés  Pablo Toppinard. A partir de 1885, hay otros vocablos: en 1792 se habla de psicología criminal, en 1882 se habló de sociología criminal y en 1883 de biología criminal.

 

La criminología nace de la antropología, pero también nace de la psicología, de la biología y de la sociología. A partir de aquí se crea un núcleo de términos sólidos, será la ciencia que aglutinará el conocimiento de todas estas ciencias.

 

La palabra Criminología deriva del latín criminis y del griego logos, que significa el tratado o estudio del crimen y el delito-delincuente.

                                                                               

Las definiciones, incumbencias, divisiones y alcances de esta Ciencia, fueron variando de acuerdo a los distintos autores, criminólogos y lugar geográfico  de nuestra tierra, según los diversos enfoques y encuadres teóricos, como asimismo de acuerdo a la época en las que fueron expresadas.

 

Según Rafael Garófalo a fines de 1885 menciona que la Criminología es la ciencia del delito y  edita un primer libro llamado precisamente  Criminología.

 

Garófalo la definió como la ciencia general de la criminalidad y de las penas.

 

Vont Lizt y Mezger la definen como la ciencia que tiene por objeto de indagación la etiología criminal.

 

Quintanilla Saldaña en el año 1929 la define como la ciencia del crimen o estudio científico de la criminalidad, sus causas y medios para combatirla.

 

Es una ciencia que tiene un objeto claro: el crimen, el delincuente, la víctima y el control social.

 

B.- LA CRIMINOLOGÍA COMO CIENCIA EMPÍRICA E INTERDISCIPLINARIA

 

1.- La Criminología es una ciencia: aporta una información válida, fiable y contrastada sobre el problema criminal, información obtenida gracias a su método empírico que descansa en el análisis y observación de la realidad.

 

En consecuencia, la cientificidad de la Criminología significa que esta disciplina, por el método que utiliza, está en condiciones de ofrecer una información viable y fiable sobre el complejo problema del crimen, insertando los numerosos datos obtenidos del examen de éste, en un marco teórico definido.

 

 

 

2.- La Criminología es una ciencia Causal-Explicativa, Empírica e Interdisciplinaria, cruzada por ciencias distintas y fundamentalmente por la Biología Criminal (Antropología y Psicología criminal), y la Sociología Criminal.

 

Esta ciencia utiliza un método empírico y los problemas que plantea la Criminología nunca deben ser investigados desde el punto de vista de una de las  ciencias que integra la Criminología, pues, en caso que así ocurriese, se arribaría a un resultado parcial.

 

La Criminología, entonces, es una ciencia del “ser”, empírica; el Derecho, en cambio, es una ciencia cultural del “deber ser”, normativa.

 

El que la Criminología pertenezca al ámbito de las ciencias empíricas significa, en primer lugar, que su objeto (delito, delincuente, víctima y control social) se inserta en el mundo de lo real, de lo verificable, de lo mensurable y no en el de los valores.

 

La naturaleza empírica de la Criminología implica, ante todo, que ésta descansa más en hechos que en opiniones, más en la observación que en discursos.


Por otra parte, cuando se dice que la Criminología es una ciencia interdisciplinaria, se quiere decir que está compuesta por varias disciplinas y su éxito pasa porque no haya una supremacía de una ciencia con otras.

 

Si preponderase una ciencia, estaríamos ante resultados parciales ya que sólo el problema se vería desde un enfoque.

 

El principio interdisciplinario, por tanto, es una exigencia estructural del saber científico, impuesto por la naturaleza totalizadora de éste, y no admite monopolios, prioridades ni exclusiones entre las partes o sectores de un tronco común.

 

C.- ETAPA PRE CIENTÍFICA DE LA CRIMINOLOGÍA

 

Se trata de examinar las tesis criminológicas mantenidas en la etapa previa al positivismo, esto es, hasta la consagración de la Criminología como disciplina científica, hecho que se produce a finales del siglo XIX.

 

Los aportes, en esta etapa, provienen de dos fuentes:

 

1ª. Las de carácter filosófico, ideológico o político; y

 

2ª. Las de naturaleza empírica (perteneciente, relativo o fundado en la experiencia) y el aporte desde otros campos empíricos, como la fisonomía. Orientaciones empíricas

 

1ª. Directrices de carácter filosófico, ideológico o político

 

A.- Tomás Moro es el representante fundamental de este pensamiento, desarrollando su labor a finales del siglo XV y principios del siglo XVI.

 

Tomás Moro, probablemente, fue el primero en resaltar la conexión del crimen con los factores socio económicos y con la estructura de la sociedad.

 

Para Moro, el crimen responde a una serie de factores, tales como, déficit cultural y educativo, guerras, el ambiente social o la ociosidad, etc., pero, entre todos ellos, destacan los factores socio económicos.

 

Por ello, Moro sostenía que el Estado, al margen de la represión penal, debía neutralizar las verdaderas causas del crimen, como la miseria o la desigualdad.

 

Moro aportó a la Criminología la tesis de la conexión del crimen con la estructura de la sociedad: el crimen responde a una serie de factores y el factor que más destaca es el económico, destacando la pobreza. Moro, criticó abiertamente la dureza y la desproporción de los castigos, abogando por una labor preventiva por parte del Estado y pensaba que los poderes públicos tenían que establecer los medios necesarios para que el delincuente pudiese satisfacer, con su trabajo a la víctima a título de compensación.

 

B.- En segundo término, aparece la filosofía política de la Ilustración, analizando el problema criminal.

 

Las corrientes fundamentales de la Ilustración reaccionaron en contra de la sola idea de la prevención general o intimidación, que tomaba al delincuente como un ejemplo para los demás.

 

En efecto, la Teoría de la Prevención General, ve “el fin de la pena no en la retribución ni en actuar sobre el autor, sino en la influencia sobre la generalidad, a la cual se le debe enseñar a través de las amenazas penales y de la ejecución de las penas lo relativo a las prohibiciones legales.”

 

Se la denomina Teoría de la Prevención General porque no actúa en forma especial sobre el condenado, sino, en general, es decir, sobre la generalidad.

 

C.- Criminología Clásica

 

La Escuela Clásica o Criminología Clásica completa el cuadro de ideas sobre el problema criminal que tienen su origen las ciencias del espíritu.

 

Bajo la etiqueta de "clásicos" se han agrupado autores y tendencias divergentes en muchos puntos de vista, incluso contradictorias en algunos, pero que presentan una serie de concepciones comunes sobre postulados fundamentales, que es precisamente lo que permitió a los positivistas reunirlas con propósitos dialécticos.

 

Hay algo muy significativo en la escuela clásica, como es, la defensa de las garantías individuales y su reacción contra la arbitrariedad y los abusos de poder.

 

Francisco Carrara, es considerado el padre de la Escuela Clásica del Derecho Penal.

 

Carrara sostiene que el Derecho es connatural del hombre. La Ciencia del Derecho Criminal es un orden de razones emanadas de la ley moral, preexistente a las leyes humanas.

 

El delito es un ente jurídico que reconoce dos fuerzas esenciales: una voluntad inteligente y libre y un hecho exterior lesivo del Derecho y peligroso para el mismo.

 

Postulados de la Escuela Clásica

 

1º. Normalidad del delincuente: nada distingue al hombre delincuente de aquel no delincuente, pues todos los hombres son iguales.

 

2º. Irracionalidad del crimen: el crimen es un acto irracional e incomprensible ya que el hombre con su libertad y capacidad de decisión no ha sabido elegir el camino que más le convenía.

 

3º. Establecen una prioridad del hecho sobre el autor: el delincuente sólo aparecerá como el sujeto activo del delito y no se le prestará mayor atención.

 

4º.Explicación situacional del hecho delictivo: no existe una etiología del crimen, sino que, el crimen es consecuencia de un mal uso de la libertad y todos  los ciudadanos son criminales en potencia porque todos son libres. Son situaciones específicas las que pueden explicar, caso a caso, la opción del hombre a favor del crimen.

 

5º. La aportación penológica ha sido su mayor éxito. Fundamentan la legitimación y delimitación del castigo y sacan conclusiones sobre el cuando, el cómo y el porqué se castigan los delitos. La respuesta al comportamiento delictivo se efectúa con una pena justa, proporcionada y útil.

 

6º. Aportación en el ámbito de la política criminal, donde la escuela clásica sí legitima el uso sistemático del castigo como instrumento del control del crimen.

 

2ª. Las de naturaleza empírica (perteneciente, relativo o fundado en la experiencia) y el aporte desde otros campos empíricos, como la fisonomía. Orientaciones Empíricas

 

Aquí, se consigna a un conjunto de contribuciones heterogéneas que no son meramente filosóficas o políticas, sino que, cuentan con algún respaldo empírico.

 

Destacan los pioneros de la ciencia penitenciaria, basados en la observación directa y en el rico conocimiento de la realidad carcelaria; y la experiencia empírica y criminológica que los cultivadores de sus respectivas disciplinas acumulan en torno al delito y al delincuente, como la fisonomía.

 

En la ciencia penitenciaria, destaca Howard, que dio prioridad al método de trabajo del contacto directo con el hombre delincuente.

 

Destaca, también, Bentham, como pionero de la ciencia penitenciaria y como teórico de la concepción utilitaria de la pena.

 

Bentham, propone un nuevo diseño para la arquitectura carcelaria en aras del control y del tratamiento de los reclusos: el panóptico. *

 

El nuevo establecimiento debe ser circular, con una torre de vigilancia en el medio, desde la que un guardián ejerciera el control total y permanente de los reclusos. Para su buen régimen y funcionamiento, deben seguirse tres criterios: (a) ausencia de sufrimiento corporal; (b) severidad, pues el recluso no puede encontrarse mejor que en libertad; y (c) economía, es decir, evitando gastos innecesarios.

 

En cuanto a la pena, Bentham formuló la teoría utilitaria del castigo: el delincuente debe comprobar como de su delito derivan consecuencias más negativas que positivas para el mismo.

 

En el campo de los aportes de otros campos empíricos, cabe señalar que antes de Lombroso ya se habían llevado a cabo las más diversas investigaciones sobre el delito y el hombre delincuente.

 

Así, existen campos del saber que, por su método y algunas hipótesis, deben ser considerados como antecedentes del positivismo criminológico.

 

Uno de ellos, es la Fisonomía, que versa sobre la apariencia externa del individuo y la interdependencia de lo somático y lo psíquico; el cuerpo y la personalidad; lo interno y lo externo.

 

Se trata de una vieja idea: alma y cuerpo se hallan en íntima relación, de modo que las deformidades somáticas se corresponden con vicios y defectos anímicos. Se asocia la belleza física con la bondad y la maldad, con la fealdad corporal.

 

El origen de la palabra “malhechor” puede significar no sólo a una persona que hace el mal, sino también, a persona mal hecha.

 

Algunos elaboraron toda una técnica de la observación, señalándose algunos caracteres como de índole criminal: anomalías en la cabeza, frente, orejas, nariz, dientes, etc.

 

La fisonomía permitió en el siglo XVIII decir: “cuando tengas dudas entre dos presuntos culpables, condena al más feo”; o decir a un juez napolitano, “Oídos los testigos de cargo y de descargo, y vista tu cara y tu cabeza, te condeno a...”

 

c) Escuela Cartográfica, Estadística Moral o Física Social

 

Los precursores de esta Escuela son Lambert Adolphe Jacques Quetelet y Andre Michael Guerry.

 

Para esta escuela, el delito es un fenómeno colectivo y hecho social, regido por leyes naturales, como cualquier otro suceso y requerido de un análisis cuantitativo. No es un acontecimiento individual.

 

El delito es una magnitud regular y constante. Tiene periodicidad producto de leyes sociales que el investigador debe descubrir y formular. No interesa averiguar las causas del delito, sino observar su frecuencia.

 

El delito es un fenómeno normal, inevitable, constante, regular y necesario. El único método adecuado para la investigación del crimen como fenómeno social y magnitud es el Método Estadístico.

 

Quetelet dice que los hechos humanos y sociales se rigen por las leyes que gobiernan los hechos naturales, por leyes físicas, y propugna una nueva disciplina; la mecánica social, y un nuevo método, el método estadístico, para analizar dichos hechos humanos.

 

Quetelet, aplicando la estadística a los fenómenos sociales en (1835) originó la Antropometría y se ocupó de obtener datos acerca del número de suicidios, delitos, etc.

 

Formula, también, las Leyes Térmicas, que son la interdependencia entre los factores térmicos y climáticos y las diversas clases de criminalidad y que son válidas solo para el hemisferio Norte:

 

1.- En verano hay mas delitos contra las personas: ya que la gente en esta estación suele salir con mas frecuencia, existe un relacionamiento con sus congéneres. En los países nórdicos el día dura casi 23 horas, las playas y las o piscinas están casi siempre llenas.

 

2.- En invierno hay mas delitos contra la propiedad: esto se debe a que las noches son mas largas, además existe gran excitación por Navidad, por las compras, etc.

 

3.- En primavera hay mas delitos de tipo sexual: esta sería la época de apareamiento, quizá el influjo del tiempo eleve las pasiones.

 

En conclusión, la Escuela postula que:

 

a) El crimen es un fenómeno social de masas, no es individual.

 

b) El crimen es regular y constante.

 

c) La normalidad del delito, pues, el delito es normal en la sociedad y sólo se lo debe investigar cuando sobrepase los índices normales.

 

Esta Escuela ha sido criticada por su método ya que los datos estadísticos son solo presupuestos del crimen y no siempre reflejan la realidad.

 

Andre Michael Guerry, es otro precursor de esta Escuela y fue fundador de la escuela cartográfica franco-Belga e intentó establecer una geografía de la criminalidad. Realizó los primeros Mapas de la Criminalidad en Europa, concediendo importancia al factor térmico.

 

D.- ETAPA CIENTÍFICA DE LA CRIMINOLOGÍA

 

La Criminología ha sufrido, desde sus inicios, una serie de cambios vinculados a la concepción que se tenía en cada momento histórico sobre el delito y la conducta del delincuente.

 

Así, se vivió la etapa de la Criminología Clásica, la etapa del Revisionismo Neoclásico y la  etapa de la revolución positivista.

 

De la Escuela Clásica, ya mencionamos algunas características. En cuanto a la segunda, sustenta la revisión de algunas de las concepciones clásicas, como por ejemplo, la aplicación de medidas penales universales sin tomar en consideración las diferencias individuales entre los delincuentes y la incorporación al ámbito de la criminología de especialistas de otras disciplinas ajenas al derecho penal como el psiquiatra y posteriormente el trabajador social.

 

En cuanto a lo que concierne al paradigma positivista, el cual actualmente sigue teniendo amplia vigencia en algunos contextos, éste se fundamenta en la aplicación a los fenómenos sociales, en general, y al comportamiento humano, en particular, de los instrumentos y técnicas que se estipulan como fundamentales y eficaces para el estudio del mundo físico.

 

a) Escuela Positiva

 

La Escuela Positiva se presenta como la superación del liberalismo individualista, en demanda de una defensa de la sociedad.

 

La Escuela fundamenta el derecho a castigar en la necesidad de la conservación social y no en la mera utilidad, anteponiendo los derechos de los hombres honrados a los derechos de los delincuentes.

 

La Escuela Positiva nace en el siglo XIX.  Su creador fue Cesar Lombroso como una reacción contra la Escuela Clásica.

 

La Escuela positiva es un cuerpo orgánico de concepciones que estudian al delincuente, al delito y su sanción, primero en su génesis natural, y después en sus efectos jurídicos, para adaptar jurídicamente a las varias causas que lo producen los diversos remedios, que por consiguientes serán eficaces. (Ferri)

 

La escuela criminal positiva no consiste únicamente, en el estudio antropológico del criminal, pues constituye una renovación completa, un cambio radical de método científico en el estudio de la patología social criminal, y de los que hay de más eficaz entre los remedios sociales y jurídicos que nos ofrece.

 

La Escuela hizo de la ciencia de los delitos y de las penas una ciencia de observación positiva, que, fundándose en la antropología, la psicología y la estadística criminal, y así de como el derecho penal y los estudios penitenciarios, llega a ser la ciencia sintética que Ferri llamó sociología criminal.

 

Los postulados de esta Escuela son:

 

1º. Ius puniendi: el derecho a imponer sanciones pertenece al Estado a titulo de defensa social.

 

2º. El método es inductivo – experimental: la escuela Positiva se caracteriza por su método científico.

 

3º. El delito es un hecho de la naturaleza y debe estudiarse como un ente real, actual y existente.

 

4º. El delincuente es aquella persona que comete delitos por influencias del medio en que vive. La Escuela busca la readaptación del delincuente y, para estos, establece los sustitutivos penales.

 

5º. Determinismo. La voluntad del hombre no juega ninguna papel en sus actos. El hombre no tiene libre albedrío. El ser humano esta determinado a cometer delitos.

 

6º. La responsabilidad penal. Sustituye la responsabilidad moral por la responsabilidad social, puesto que el hombre vive en sociedad y será responsablemente social mientras viva en sociedad.

 

7º. El concepto de Pena se sustituye por el de sanción: la sanción va de acuerdo a la peligrosidad del criminal. Las sanciones deben durar mientras dure la peligrosidad del delincuente y por eso son de duración indeterminada.

 

8º. Proporcionalidad de la pena. Busca la proporcionalidad de la pena, no se debe castigar conforme a lo que dicen los Códigos, sino que tiene que haber sustitutivos penales. Por ejemplo, un menor que comete asesinato no se lo puede sancionar con 30 años de reclusión, sino que, antes se debe estudiar sus antecedentes, las causas por las que cometió tal acto, las atenuantes, etc. y se debe buscar su readaptación.

 

Substitutivos penales. Mas importante que las penas son los sustitutivos penales.

 

9º. Tipos de delincuentes.  Acepta "tipos" criminales.

 

10º. Legislación penal. La legislación penal debe estar basada en los estudios antropológicos y sociológicos.

 

11º. La ley penal. La ley penal no restablece el orden jurídico, sino que tiene por misión la de combatir la criminalidad considerada como fenómeno social.

 

DIFERENCIAS CON LA ESCUELA CLASICA

 

Para la Escuela Positiva la pena debe ser útil. La Escuela Clásica no habla de utilidad.

 

La Escuela Positiva busca la readaptación del criminal.  La Escuela Clásica solo ve el delito y sanciona; no ve al delincuente.

 

La Escuela Positiva busca e investiga las causas del delito. La Escuela Clásica no busca las causas del delito, ya que el delincuente actúa en base a su libre albedrío.

 

La Escuela Positiva, algunas veces, no sanciona al delincuente, solo le aplica medidas de seguridad. La Escuela Clásica siempre sanciona al delincuente ya que no ve las causas que llevaron al delincuente a cometer actos delictivos.

 

b) Escuelas Intermedias

 

La Escuela Ecléctica

 

Esta escuela tiene su fundamento teórico basado en el mismo que el de la Escuela Clásica, que es el contrato social. Esta escuela no es una escuela en sí, sino la reunión de varias escuelas reunidas en esta corriente.

 

La diferencia entre la Escuela Clásica y Positiva está en que éstas tenían una serie de normas con las que si no se estaba de acuerdo con una, se rompían todas las demás. Era un esquema casi perfecto.

 

El objetivo de la Escuela Ecléctica, era la de romper con esas reglas o esquemas monolíticos y crear algo diferente.

 

El presupuesto operante de esta Escuela, es la igualdad material y como en la Escuela clásica, radica su responsabilidad en lo individual, pero, le agrega el concepto de situación, referente al medio físico y social.

 

Escuela Social

 

Está apoyada por el filosofo Durkheim y esta escuela no tiene su fundamento en el contrato sino en la dialéctica.

 

Esta escuela tiene antecedentes en la cartográfica y en la de interpsicología. Las sociedades tienen los criminales que se merecen y el medio social es el caldo del cultivo de la criminalidad mientras que el microbio es el criminal.

 

Para la escuela social, el presupuesto operante es el de la desigualdad material y la división del trabajo.

 

Su sistema jurídico busca ante todo una justicia social y tiene un criterio político que busca la comprensión y mejoras sociales.

 

Esta escuela permite un fuerte avance de la criminología y favorece la maduración de la misma hacia una posterior integración, todavía inexistente, con el Derecho Penal.

 

El mérito principal de la escuela social radica en introducir el concepto de "función social del derecho", en el cual, la ley aparece como el mejor mecanismo para lograr una justa composición y un equitativo desarrollo de la sociedad.

 

Escuela Anómica

 

Su fundamento teórico esta basado en la anomia, que es una situación en la cual el desarrollo social desborda al control institucional.

 

El presupuesto está fundamentado en la desigualdad material y una mayor división del trabajo. Sigue la responsabilidad en el campo individual pero aparece la tendencia a socializarla.

 

El principal aporte fue víctima de las peores criticas y rechazos: interpretación de la delincuencia proletaria, estadísticamente muy representada en las cifras policiales de criminalidad.

 

Teorías Ambientales

 

Su presupuesto está basado en la desigualdad material y la muy grande división del trabajo. La responsabilidad deja de ser individual y se convierte en social y grupal.

 

El principal aporte de esta Escuela Ecológica, con sede en Chicago y producto de la inmigraciones incontroladas de europeos, es la interpretación de la delincuencia de la mafia.

 

 

II UNIDAD

 

EL OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA

 

A.- DEFINICIÓN CRIMINOLÓGICA DEL DELITO

 

El objeto de estudio de la Criminología es el delito y el delito presenta dos aspectos claramente identificables: Concepto Penal o Normativo y el Criminológico o Real.


Al primero, pertenecen los valores y el deber ser y, al segundo, todo lo físico y psíquico.

 

El objeto de la Criminología se circunscribe al aspecto real o criminológico.


Desde el nacimiento de la Criminología se ha polemizado sobre cual es el concepto del delito del que esta ciencia debe partir: si del mismo que ofrece el ordenamiento jurídico-penal o si puede darse un concepto distinto, propio de la Criminología.


Garófalo se propone encontrar un “delito natural” hasta los ensayos de los criminólogos norteamericanos que tratan de hallar un concepto sociológico.


El criminólogo estudia la descripción del hecho criminal (fenomenología criminal), los factores que lo producen (Etiología Criminal), la personalidad de su autor (el delincuente) y la víctima del delito, tanto en su personalidad como en su posible condición de factor o estímulo del hecho criminal.

 

2.- CONCEPTO PENAL Y CONCEPTO CRIMINOLÓGICO DE DELITO

 

La Criminología se ocupa del delito, pero, el delito, interesa, también, a otras ciencias, disciplinas y ramas del saber: la Filosofía, la Sociología, el Derecho Penal, etc. , por lo que procede delimitar el concepto de delito que utiliza la Criminología, por dos razones: porque no existe un concepto único de delito y porque la autonomía científica de la Criminología debe permitir a ésta la determinación de su propio objeto, sin someterse a las definiciones de delito que procedan de otros ámbitos o instancias.


Existen, en efecto, numerosas nociones de “delito”. El Derecho Penal, por ejemplo, se sirve de un concepto formal y normativo, impuesto por exigencias ineludibles de legalidad y seguridad jurídica: delito es toda conducta prevista en la ley penal y solo aquella que la ley castiga.


La Filosofía y la Ética acuden a otras pautas e instancias más allá del Derecho Positivo: el orden moral, el natural, la razón, etc.


Pero ninguno de estos conceptos de delito puede ser asumido completamente por la Criminología.

 

El concepto penal constituye su obligado punto de partida pero nada más, porque el formalismo y el normativismo jurídico resultan incompatibles con las exigencias metodológicas de una disciplina empírica como la criminología.

 

La Criminología Clásica, dócil y sumisa a las definiciones jurídico formales de delito, hizo del concepto de delito una cuestión metodológica prioritaria.

 
No así la moderna Criminología, consciente de la problematización de aquél, que se interesa sobre todo por temas de mayor trascendencia, por ejemplo, las funciones que desempeña el delito como indicador de la efectividad del control social, su volumen, estructura y movimiento, el reparto de la criminalidad entre los distintos estratos sociales, etc.

 
Hasta tal punto ha pedido interés el debate academicista sobre el concepto criminológico de delito que un sector doctrinal sugiere utilizar el que más corresponda a las características y necesidades de la concreta investigación criminológica.


Para la Criminología el delito se presenta, ante todo, como “problema social y comunitario”, caracterización que exige del investigador una determinada actitud para aproximarse al mismo.

 

El delito es un problema de la comunidad, nace en la comunidad y en ella debe encontrar fórmulas de solución positivas.


El crimen no es un tumor o una epidemia social, ni un cuerpo extraño ajeno a la comunidad, ni una anónima magnitud estadística referida al irreal delincuente medio, sino que, un doloroso problema humano y comunitario.

 

3.- LA TEORÍA DEL DELITO NATURAL

 

Garófalo se propone encontrar un "delito natural".

 
El concepto de delito natural es un concepto valorativo que sustituye a las valoraciones legales por valoraciones socioculturales. La inexistencia de criterios generalizadores válidos y la imposibilidad de elaborar un catálogo cerrado, exhaustivo, de "delitos naturales" demuestran que esta categoría carece de operatividad; que no aporta un marco conceptual sólido y definido al quehacer criminológico.


La Teoría del Delito Natural apunta a una serie de conductas nocivas, para cualquier sociedad y en cualquier momento, con independencia incluso de las propias valoraciones legales cambiantes. Su definición, sin embargo, decepciona, ya que difícilmente puede elaborarse un catálogo absoluto y universal de crímenes.

 

4.- PROBLEMATIZACIÓN Y RELATIVIZACIÓN DEL CONCEPTO CRIMINOLÓGICO DE DELITO

 

Para la Criminología el delito se presenta, ante todo, como "problema social y comunitario", caracterización que exige del investigador una determinada actitud para aproximarse al mismo.

 

Los problemas sociales reclaman una particular actitud en el investigador, que la Escuela de Chicago denominó empatía, interés, aprecio, fascinación por un profundo y doloroso drama humano y comunitario.

 

Contraria a la empatía es la actitud indiferente, tecnocrática, de quienes abordan el fenómeno criminal como cualquier otro problema, olvidando su trasfondo aflictivo, su amarga realidad como conflicto interpersonal y comunitario.

 

B.- CONCEPTO DE DELITO UTILIZADO EN OTRAS CIENCIAS, SU INTERRELACIÓN

 

Derecho Penal y Criminología

 

El Derecho Penal es el origen de muchas ciencias y entiende que la Criminología estudia el delito como parte de la problemática interna de la sociedad y no tiende a lo normativo.

 

La criminología es una ciencia empírica, interdisciplinaria, que estudia el delito no desde la norma, sino, como fenómeno colectivo, atendiendo además a la personalidad del delincuente. Además, estudia la aplicación práctica y eficaz de la pena.

 

El delito es el objeto central de ambos, pero, lo estudian desde prismas diferentes.

 

La Criminología lo hace desde el punto de vista del delincuente, y el Derecho Penal para aplicar la norma. Ambas ciencias son complementarias. Las dos parten del hecho de que en la sociedad existe la delincuencia o conductas desviadas.

 

El Derecho Penal nace para proteger a la sociedad con normas imperativas a las que añade una consecuencia jurídica (la pena) con expectativas de prevención general y especial.

 

Derecho Procesal Penal y Criminología

 

El Derecho Procesal Penal, es también una forma de luchar contra la criminalidad, y la mejor manera de hacerlo es huyendo del excesivo jurisdiccionalismo incidiendo, en cambio, en el carácter preventivo.

 

A la Criminología le interesan los elementos fundamentales del Derecho Procesal Penal.

 

En éste se analiza el delito, es decir, el acto criminal, pero, para, luego determinar la responsabilidad penal  y, finalmente imponer una sanción.

 

Derecho Penitenciario y Criminología

 

El Derecho Penitenciario es el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas de seguridad. Es decir, actúa con posterioridad al delito y a su sanción.

 

Criminalística y Criminología

 

La Criminalística está constituida por una serie de conocimientos orientados a la indagación técnica del delito y a la identificación del delincuente.

 

Biología Criminal y Criminología

 

Se centra en la vertiente hereditaria de la delincuencia pues los factores genéticos empujan al delincuente a cometer actos antisociales. Además, existen peculiaridades biológicas (anatómicas, bioquímicas) en la persona del delincuente.

 

La Criminología, como ciencia multidisciplinaria, incorpora la Biología Criminal, que le indica el influjo de la herencia en el comportamiento desviado.

 

Psicología Criminal y Criminología

 

La Psicología Criminal estudia la inteligencia, el carácter y las aptitudes sociales y morales del delincuente, todo ello desde el punto de vista objetivo de la Psicología Experimental (tests).

 

Con el Psicoanálisis se estudia la vida profunda del delincuente: relación entre Motivos Inconscientes e inmediatas.

  

Actualmente la Psicología Criminal se ha extendido a la delincuencia de masas.

 

Sociología Criminal y Criminología

 

Ferri, en los comienzos de la Criminología, hizo prevalecer su punto de vista sociológico, en el que señaló el gran número de factores exógenos al delincuente que generan la conducta antisocial y que son en ocasiones prevalentes a la propia psicología del delincuente.

 

La Sociología Criminal es la única ciencia de la que la Criminología no puede prescindir.

 

C.- LA IMAGEN DEL DELINCUENTE

 

Tradicionalmente se ha considerado la delincuencia como fenómeno individual, pero en la actualidad se hace imprescindible aplicarle un enfoque social.

 

La extensión de la delincuencia hay que estudiarla en un periodo de tiempo determinado en una sociedad concreta.

 

Se analiza la intensidad, es decir, la calidad de la delincuencia desde el punto de vista criminológico. Es útil sobre todo a efectos de política criminal. Se distingue entre débil, media, elevada, menos grave, grave y muy grave.

 

La frecuencia, por su parte, es un índice de criminalidad en relación con la variación que sufre durante periodos de tiempo.

 

La frecuencia debe referirse sobre todo a largos periodos de tiempo. Ferri ya lo hizo en su día, concluyendo que el incremento de población conllevaba un incremento de la criminalidad general.

 

Los factores geográficos, son otros antecedentes que debe abordar la imagen del delincuente:

 

Desde el medio físico, en referencia a la frecuencia de determinados delitos.

 

La vida rural contra la vida urbana, pues la delincuencia urbana es cuantitativamente mayor, y cualitativamente distinta.

 

Los factores económicos, pues, unos dicen que el desarrollo disminuye la delincuencia, pero otros, sostienen que es al contrario al aumentar los conflictos y complejizarse las relaciones de interés.

 

Por último, influyen en la imagen del delincuente, los factores culturales. El grado de formación no hace disminuir la delincuencia, pero sí la hace menos brutal o primitiva. Produce especialidades delictivas (delitos informáticos).

 

Clases básicas de delincuencia

 

Convencional: en cualquier tipo de sociedad y son las que infringen las normas jurídicas oficiales de los distintos Estados contra la propiedad, contra las personas, contra la salud pública, contra la integridad física, contra la libertad general, contra la libertad sexual.

 

Características:

 

Modus operandi: Violencia.

 

Mejora de los medios de comisión.

 

Incremento de crímenes violentos.

 

Los grupos ultras son característicos de nuestras sociedades, de actividades revolucionarias ligadas a una ideología política normalmente.

 

También son características las dudosas maniobras económicas de grandes empresas, fundamentalmente, la de cuello blanco.

 

No convencional: aquella que lesiona bienes jurídicos tan importantes o más que los anteriores, pero no sancionados jurídicamente o bien sancionados desde hace poco tiempo. Ejemplo: genocidio.

 

Características:

 

Se altera el orden jurídico – penal de los valores. Ej.: el Estado es el delincuente, el agresor, no el protector.

 

Mantenimiento del poder a toda costa (movimientos militares) con la creación ficticia de muchos delitos comunes.

 

Figuras delictivas habituales de las sociedades post – industrializadas.

 

Aparecen por contradicción: se predica el estado de bienestar pero hay grandes bolsas de pobreza; se predica el pluralismo e igualdad pero hay más marginación.

 

Delincuencia organizada, incluso institucionalizada; Tráfico de estupefacientes, de divisas, comercio humano, fraudes de subvenciones, tráfico de armas, blanqueo de dinero.

 

Corrupción de funcionarios y tráfico de influencias.

 

Abuso de información privilegiada.

 

Manipulación empresarial, revelación de información.

 

Delitos informáticos.

 

Delitos ecológicos.

 

Fraudes con productos sanitarios.

 

Piratería audiovisual.

 

Estafas masa.

 

Abusos de crédito (fraudes en operaciones financieras).

 

Delitos fiscales.

 

Delitos contra la seguridad social.

 

Terrorismo.

 

D.- FACTORES PREDISPONENTES Y DETERMINANTES DEL DELINCUENTE

 

Nadie debiera arrogarse la verdad teórica en materia de criminalidad: el delito es un fenómeno complejo, variante y policausal. Las variables asociadas con la evolución de la actividad criminal pueden agruparse en factores, según su naturaleza y modo de operar sobre el nivel del delito, como se expone a continuación:

 

1.- Factor socioeconómico: los incentivos. La literatura ha comprobado que los ciclos económicos, el desempleo en grupos vulnerables (hombres jóvenes de nivel socioeconómico bajo y, fundamentalmente, la desigualdad social son variables fuertemente asociadas a aumentos o disminuciones en el nivel agregado de delito.

 

Estas variables obran como incentivos o desincentivos de la actividad criminal. Contrariamente a la creencia difusa, la pobreza no constituye una causa directa de la delincuencia.

 

2.- Factor demográfico y socio cultural: dentro de este factor se ubican variables que operan como incentivos, grado de urbanización y cantidad de hombres jóvenes. Y variables que obran como barreras de ingreso a la actividad criminal: familia, escuela y comunidad.

 

En efecto, dado que el crimen es un fenómeno típicamente urbano, incrementos bruscos de urbanización y migraciones internas se encuentran fuertemente asociados con incrementos en las tasas de delitos.

 

Las situaciones de exclusión social debidas a la cesantía o a la marginalización prolongada, al abandono escolar o al analfabetismo y a las modificaciones estructurales de la familia, parecen ser factores que se encuentran frecuentemente entre las causas sociales de la delincuencia.

 

Distintos estudios sobre el perfil del victimario han llegado a la misma conclusión: el delito es una actividad que involucra mayoritariamente  a hombres jóvenes, quienes constituyen el principal grupo de riesgo o vulnerable. Es por ello que incrementos en la proporción de hombres jóvenes sobre el total de la población coinciden con periodos en donde se observa un incremento en la tasa de delitos.

 

3.- Factor institucional: los riesgos y los costos. El Estado interviene sobre la sociedad (sistema de seguridad) en orden a proteger la vida, libertad y propiedad de su población y garantizar el orden público. Al intervenir, desde la perspectiva de la economía del crimen, está imponiendo riesgos y costos al accionar criminal. En efecto, un individuo incentivado a cometer delitos (factor socioeconómico y demográfico), y sobre el que existan frágiles barreras de ingreso a la actividad criminal (factor socio-cultural) para operar deberá sortear los riesgos (policía) y costos (justicia y cárcel) que impone el Estado al proteger los derechos de los ciudadanos.

 

Es evidente la responsabilidad institucional dada la inadecuación del sistema de justicia penal (policía, justicia y cárceles) a la delincuencia urbana y a su crecimiento.

 

4.- Factores que se refieren al entorno urbano y físico: entre las causas ligadas al entorno, señalamos la urbanización incontrolada, la carencia de servicios urbanos, la ausencia del concepto de seguridad en las políticas urbanas, el surgimiento masivo de espacios semi-públicos (mall, estaciones, etc.), la promiscuidad y la ilegalidad de barrios trasformados en zonas bajo el control de pequeñas mafias locales.

 

El crecimiento de la delincuencia urbana en muchas de las grandes ciudades del mundo durante los últimos 20 años ha llegado a constituir un problema serio. En los países del Norte, en los centros urbanos de más de 100.000 habitantes la criminalidad, en particular la pequeña delincuencia, ha crecido en entre el 3 y el 5% anual durante los años 70 a 90. A partir de los años 90, debido a políticas de prevención y de refuerzo de aplicación de la ley, la tasa de criminalidad urbana ha empezado a estabilizarse con excepción de la criminalidad de los jóvenes (12-25 años) y en particular la de los menores (12-18 años). Esta criminalidad se ha vuelto siempre más violenta y la edad de ingreso en la actividad delictual ha disminuido de 15 a 12 años.

 

En los países del sur, a partir de los años 80, la criminalidad común ha crecido y tiende a aumentar hoy en día, mientras, la violencia de los jóvenes crece de manera exponencial. Fenómenos como los niños de la calle, el abandono escolar y el analfabetismo, la exclusión social masiva, el impacto de las guerras civiles y el comercio ilegal de armas ligeras han acentuado este proceso.

 

Este aumento de la criminalidad se desarrolla en un contexto caracterizado por una parte por el crecimiento del tráfico y del abuso de drogas. Por otra parte coexiste con la globalización de la criminalidad organizada que contribuye a inestabilizar regímenes políticos, a incrementar los efectos de crisis económicas, como en Asia o en México en la década de los 90, y que incorpora algunos jóvenes delincuentes como mano de obra poco costosa.

 

E.- CARACTERÍSTICAS DE LA VÍCTIMA

 

La víctima sólo tuvo protagonismo cuando la venganza privada se aceptaba. Posteriormente se olvidó durante siglos. Hasta hoy.

 

Algunos autores piden que la víctima cobre más protagonismo en el proceso.

 

Una legislación futura debe estar más orientada a la víctima, y no ser considerada sólo como sujeto pasivo del delito, sino como agente provocador, interactivo.

 

Hasta ahora se tendía a la víctima como objeto de compensaciones. Ahora habría que considerar su papel como colaborador en la aparición del delito.

 

Para el Derecho Penal, la víctima es el sujeto pasivo del delito.

 

Criminológicamente, es un concepto parcial y también tiene un papel activo.

 

La Víctima  es la persona lesionada en un bien jurídico protegido.

 

El Congreso de la O. N. U. sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente (Milán, 1985), circunscribe el ámbito de la víctima a las condiciones legalmente penadas.

 

Sin embargo, desde el punto de vista criminológico existen daños no tipificados que pueden causar más daño que los tipificados.

 

Tipología de la víctima

 

El origen de la víctima puede ser múltiple y se señala la siguiente tipología (Landrove):

 

Víctimas no participantes: desconectadas previamente del victimario, son elegidas al azar. Ej.: tirón callejero o atentados en lugares públicos.

 

Víctimas participantes: la incitación de la víctima opera y desencadena, ya sea voluntaria o involuntariamente. Ej.; dejar a la vista cosas de valor.

 

Víctimas ocasionadas por relaciones próximas: familiares (malos tratos), sentimentales (asesinato por celos), laborales (explotación).

 

Víctimas sin conciencia de víctima: como, por ejemplo, en los delitos socio – económicos (estafas masivas de medicamentos, fraudes de seguros, especulación en bolsa). Afectan a la mayoría de la población, pero ésta actúa como si no fuera con ella.

 

Víctimas especialmente vulnerables o víctimas natas: las con gran probabilidad de convertirse en víctima en función de circunstancias de diversa naturaleza. Se distingue entre factores personales (edad, estado físico o psíquico, sexo, orientación sexual) y factores sociales (posición económica, ubicación de la vivienda, contacto con grupos marginales).

 

E.- VICTIMOLOGÍA Y VICTIMIZACIÓN

 

La victimología se ha definido en el simposio, en Jerusalén 1973. En este simposio se definió a la victimología como el estudio científico de la víctima.

 

Gulotta, 1976, entiende que la victimología es la disciplina que tiene por objeto el estudio de la víctima de un delito, de su personalidad, sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, sus relaciones con el delincuente y e papel que ha desempeñado en la génesis del delito.

 

La víctima siempre ha sido la gran olvidada, la Criminología siempre se ha centrado en estudiar al delincuente, la etología del crimen, la profilaxis del mismo, pero en ningún aso a la víctima hasta 1973. Incluso el Derecho Penal, todo el proceso penal gira alrededor del delincuente, pero la víctima aparece desprotegida cuando ésta necesita resocialización y reinserción.

 

A partir de la II Guerra Mundial, se produce la autoafirmación de la victimología. Esa desconsideración hacia la víctima tiene su razón de ser. La víctima había sido neutralizada ya que en momentos históricos la justicia punitiva se realizaba por la víctima, esta situación se ve superada a partir del siglo XVIII, cuando aparece el “Ius Puniendi” (derecho de castigar) por parte del estado. Esto supuso el enjuiciamiento de los delitos desde el punto de vista de la colectividad, es cuando la víctima cae en el olvido.

 

El delincuente despierta sentimientos de curiosidad, “ninguna víctima ha pasado a la historia”.

 

Los orígenes de este movimiento se deben a dos autores, Von Henting (alemán) y Mendelsohn (Israelita).

 

El mérito de Von Henting, es haber explicado de una manera clara la relación existente entre la víctima y el agresor, habla de “pareja criminal”. Es a partir de este concepto que se baraja la idea de que el hecho criminal no es más que una interacción entre el agresor y la víctima, hizo clasificaciones de las víctimas, también hizo un estudio psicológico de éstas.

 

Mendelsohn hizo también una clasificación y acuñó el término Criminología, divide a las víctimas en 5 grupos.

 

Víctimas totalmente inocentes: son aquellas víctimas que no han hecho nada para desencadenar la acción criminal, son totalmente ajenas a la actividad del delincuente.

 

Víctima provocadora: es la que con su conducta incita al hecho criminal.

 

Víctima por ignorancia: es aquella que da facilidades para su propia victimización sin saberlo.

 

Víctima voluntaria: pone de manifiesto una colaboración con el delincuente (eutanasia).

 

 

 

Víctima agresora: hay de dos tipos:

 

Simuladora, es aquella que acusa falsamente.

 

Imaginaria, inventa su propia condición de víctima cuando no se ha producido ninguna infracción.

 

Ahora bien, el interés por la victimología viene dado por tres factores:

 

1.- Se perfeccionan y proliferan las encuestas de victimización (encuestas que se realizan entre la población general). En el año 70 hay una proliferación de estas encuestas, permiten obtener datos reales sobre la población victimizada. Así disminuye la cifra negra de los delitos.

 

2.- Las feministas llaman la atención sobre la violencia que se dirigía hacia la mujer.

 

3.- Se debe a las aportaciones de la psicología social, que elaborará un conjunto de teorías que serán utilizadas para explicar determinados comportamientos y resultados victimológicos.

 

La victimología se preocupará por las indemnizaciones a las víctimas, elaborar y ejecutar programas de ayuda a las víctimas, realizará estudios para dar una mayor comprensión del fenómeno criminal, centrándose en la predisposición victimaria de determinadas personas, con el fin de elaborar programas de prevención.

 

Se habla de victimización primaria, secundaria y terciaria.

 

Victimización primaria

 

Es una experiencia individual, directa de la víctima en el delito. Esta experiencia supondrá diversas consecuencias en la víctima, de índole física, psíquica, económica, social, etc.

 

Tras la comisión del delito, los daños que pueda sufrir la víctima, no sólo pueden ser daños físicos, sino que también un severo impacto psicológico.

 

Tras una agresión, la víctima se siente impotente con miedo a que la agresión se repita (ansiedad, angustia o abatimiento), e incluso sentimientos de culpabilidad con relación a los hechos.

 

La respuesta de la sociedad no siempre es solidaria, en el mejor de los casos compasión.

 

Victimización secundaria

 

No es la relación víctima agresor, sino que, la relación de la víctima con el sistema jurídico penal.

 

Eso supone una segunda experiencia, puede ser más cruel que la victimización primaria, porque el contacto de la víctima con la administración de justicia, despierta sentimientos de índole variada (perder el tiempo, malgastar el dinero, ser incomprendida, no se le escucha, etc.)

 

En muchas ocasiones las víctimas tienen el sentimiento de convertirse en acusada (delitos de violación).

 

La victimización secundaria es más perniciosa que la primaria, es el propio sistema el que victimiza a quien solicita ayuda, justicia, protección.

 

Todo esto ha dado pie a diversos programas:

 

1.- Programas de asistencia inmediata: están dirigidos a paliar las consecuencias primarias del delito, los destinatarios son colectivos específicos (ancianos, niños, mujeres violadas). Suelen correr a cargo de la administración.

 

2.- Programas de reparación o restitución a cargo del propio infractor: es el infractor quien mediante el pago de una cantidad o la realización de una determinada actividad tratará de corresponder reparando el daño que ha causado. Este programa se introdujo en Gran Bretaña y en EE.UU., en el Código Penal  español de 1995, se introduce este programa pero de forma difusa.

 

3.- Programas de compensación a la víctima:  interviene la administración pública. Está basada en la idea de solidaridad social hacia la víctima inocente. Hay una necesidad de que el estado asuma unos costos, que tiene su origen en el fracaso del estado en la prevención del delito.

 

4.- Programas de asistencia a la víctima testigo: dirigidos a la víctima que ha de actuar como testigo en el proceso penal, se informa y asesora a la víctima testigo y al mismo tiempo se la protege de la coacción y del posible impacto negativo de los agentes del control social formal.

 

 

 

 

 

Victimización terciaria

 

Es una victimización del delincuente. En ocasiones el delincuente puede convertirse en una víctima institucional, en determinadas situaciones se le puede considerar víctima de unas estructuras injustas, circunstancias que le llevarán a la comisión del delito.

 

Esta marginación social es debida al interés de determinados grupos dominantes, con ello quieren seguir con esa posición de privilegio. Es con estos delincuentes con los que el Estado utilizará toda su fuerza.

 

Al hablar de victimización terciaria, se puede pensar que se produce una primera victimización debido a esas estructuras injustas, pero una vez que se entra en la prisión se produce la victimización penitenciaria, se produce fundamentalmente por el hacinamiento, sobrepoblación de los centros penitenciarios.

 

Al claro factor criminógeno de la cárcel, habría que añadir que también es un claro factor victimógeno. Al condenar a un individuo se le condena no sólo a la privación de libertad, sino que también se le condena a su propia victimización.

 

La victimización carcelaria, destaca por su crueldad, tratos vejatorios, dificultad laboral, la consecuencia es la ociosidad; el recluso tiene demasiado tiempo dedicado a la inactividad. Pero también hay agresiones sexuales, ley del terror y ley del silencio, existencia de mafias carcelarias, circulación de drogas.

 

Ante esta situación, no es de extrañar que el recluso recurra al suicidio o supuestos de anorexia. Hay una pérdida de interés, de iniciativa, de cualquier valor. No es de extrañar que los individuos estén dispuestos a matar, llegados a esta situación existe  una responsabilidad de la administración.

 

F.- INSTANCIAS FORMALES E INFORMALES DEL CONTROL SOCIAL

 

El Control Social es el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones sociales, que pretenden promover y garantizar el sometimiento del individuo a los modelos y normas comunitarias.

 

El uso originario del término Control Social se remonta a la segunda mitad del Siglo XIX en los EE. UU., encontrándose indisolublemente asociado a la impostergable necesidad de integrar en un mismo marco social las grandes masas de inmigrantes que como fuerza de trabajo acudieron a la convocatoria migratoria generada por el proceso de industrialización de la naciente potencia norteamericana.

 

La perentoria demanda organizativa de este cúmulo poblacional migratorio, caracterizado por su variada cosmovisión cultural, religiosa, etc., demandó la necesidad de localizar vías sociológicas de integración que superaran estas diferencias culturales y que a partir del desarrollo de normas comportamentales, garantizaran una convivencia social organizada.

 

A raíz de ello aparece el fenómeno del Control Social.

 

La paternidad científica de la expresión Control Social pertenece al sociólogo norteamericano EDWARD ROSS, quién la utilizó por primera vez como categoría enfocada a los problemas del orden y la organización de la sociedad, en la búsqueda de una estabilidad social integrativa resultante de la aceptación de valores únicos y uniformadores de un conglomerado humano disímil en sus raíces étnicas y culturales.

 

El sentido otorgado por ROSS a este nuevo concepto excluía, de cierto modo, los controles estatales, tanto legales como políticos, los que en la práctica demostraron su inoperancia para construir la necesaria armonía social. Desde esta perspectiva, la esencia controladora sería asumida por la sociedad a través de la interacción social persuasiva, de la cual se derivaba el modelamiento de la conciencia individual a las necesidades de su entorno, produciéndose entonces un proceso de asimilación e internalización individual de las normas culturales. El enfoque de este autor, radicó en una identificación única de las "necesidades culturales", concepción excluyente basada en la conocida cultura del W. A. S. P. (white-anglosaxon-protestant), constitutiva a su vez de los principios del "American way of life".

 

El control social es importante ya que en toda sociedad hay una lucha entre el individuo y la sociedad. La sociedad necesita ejercer su dominio sobre el individuo y despliega una gama de mecanismos que aseguren la conformidad del individuo a las normas sociales.

 

Hay dos tipos de control social:

 

Uno, de ellos informal que está constituido por la familia, escuela, trabajo, amigos, etc.

 

Y, a su vez, un control social formal constituido por policía, la justicia, por la administración penitenciaria.

 

El control social informal pretende, a través de sus agentes, condicionar la conducta del individuo a las normas sociales, pretende que el individuo interiorice unas pautas de comportamiento que son aprendidas y transmitidas de generación en generación, es cuando un individuo no aprende estas normas cuando entra el control social formal a través de la coacción.

 

El control social informal:

 

La familia: desde un punto de vista cultural, la familia constituye un grupo mínimo fuertemente organizado y está constituido por los cónyuges y los descendientes.

 

Se dan aquí dos tipos de relación, una relación entre cónyuges y una relación paternofilial, en la cual la figura del padre simboliza la autoridad y la dominación. Esta dominación y superioridad, se traslada al domino de las actividades económicas, junto con la relación conyugal, está la relación de los padres con los hijos, la madre es el elemento fundamental de las relaciones afectivas, el padre define el status familiar dentro de la sociedad, la madre como centro educativo y disciplinario. Para que este núcleo funcione uno de los dos miembros tiene que dedicarse a la organización.

 

El hombre desempeña una gran función, de esta manera atrae a la mujer y se reafirma su valor personal y su confianza en sí mismo.

 

La madre es el modelo de disciplina, quiere que sus hijos se conviertan en ciudadanos tolerantes que se adapten al mundo adulto. La madre tiene un gran problema, la niña, aprende directamente sus ocupaciones futuras, pero el niño no encuentra en el padre el modelo, el niño se da cuenta de la valoración interior de la mujer, descubre que se le está criando como mujer, eso explica que ante el hecho de que el niño observe los patrones de conducta de la mujer reaccione de manera violenta contra la disciplina de la madre. El padre ha perdido la capacidad de figura a imitar, aparecen otras instancias paralelas a la del padre (colegio, barrio, t.v., amigos...). El padre llega a ser una figura abstracta de autoridad que para mantener su status se ha de convertir en un “superpadre”, eso conlleva que el hijo acepte fácilmente toda forma de autoridad mientras sea presentada con fuerza.

 

La madre pasa de ser un ente amoroso, a planificar la educación de los hijos, racionaliza sus actitudes y el cariño que ha de dar a los hijos.

 

No es de extrañar que en el siglo XX el papel principal de la familia se centre en la función ideológica, en la transmisión de modelos de autoridad. La familia en el siglo XX ha formado para la sociedad una serie de individuos que desde la infancia están sometidos a la autoridad familiar, que en la época adulta valorarán la autoridad, la rigidez. Su visión de la sociedad se regirá con la convencionalidad, se valorará todo lo masculino, el poder y el poder de la propiedad.

 

Se produce la intolerancia hacia todos aquellos que no son igualmente fuertes y poderosos, se rechaza todo lo que es diferente, la mujer, las emociones, la pobreza, s rechaza la falta de conocimientos. De esta manera la fuerza del padre se realza.

 

La Escuela: es la segunda instancia de control social informal y reproduce la misma función autoritaria.

 

El maestro exige una serie de actitudes que han de ser aceptadas sin que el alumno pueda emitir ningún juicio de desaprobación y, si lo hace, será rebelde y esto es peligroso para los demás.

 

Plano laboral: sigue estando marcado por la autoridad, trascendencia que supone para el trabajador su  empleo (salario, posibles ascensos).

 

Se juntan dos puntos, que el trabajador se sienta útil y la posibilidad de recibir un salario. En el mundo laboral se dan criterios de autoridad, los intereses de las instancias productoras y los intereses del estado van paralelos. Cualquier exigencia laboral, pasa a ser un ataque al orden social, será en realidad una acción criminal.

 

Las mayores garantías de éxito, no pasan por un endurecimiento del control social formal, pasan sobretodo mediante una adecuada conjunción de las dos instancias del control social, no ha de haber una supremacía de una sobre la otra.

 

 

III UNIDAD

 

FUNCIONES DE LA CRIMINOLOGÍA

 

A.- LA CRIMINOLOGÍA COMO CIENCIA EMPÍRICA E INTERDISCIPLINARIA

 

La metodología interdisciplinaria de la Criminología permite además coordinar los conocimientos obtenidos sectorialmente en los distintos campos del saber por los respectivos especialistas, eliminando contradicciones y colmando las inevitables lagunas.

 

Psiquiatría

 

Se ocupa de lo psíquicamente anormal, de sus formas de manifestación, causas psíquicas y corporales y de la posibilidad de tratamiento físico y mental.

 

La psiquiatría tiene un campo de aplicación amplio, se ocupa del fenómeno criminal de una forma marginal, será un aspecto de los muchos que estudia la psiquiatría. Los criminales representan un pequeño porcentaje.

 

La aportación de la psiquiatría es importante sobretodo en psiquiatría forense, donde la aportación de estos en un proceso penal determinará la imputabilidad criminal.

 

Psicología

 

No puede hablarse de psicología criminal independiente, debido a la rivalidad entre psicología y psiquiatría, estos han dejado la Criminología en un segundo plano.

 

La psicología trata de la vida psíquica y llamada normal, también abarca una multitud de campos siendo el campo criminal uno de los muchos que trata. La psicología forense tendrá una aportación importante no sólo en materia penal sino también en materia civil.

 

Sociología

 

El delito es una vulneración de las normas sociales. A partir de la II Guerra Mundial las teorías sociológicas cobran importancia.

 

Se centrará en todos aquellos aspectos que van a tener repercusión en el hecho criminal, se mantendrá por algunos sociólogos (Durkheim) que criminalidad y delincuencia forman parte de toda sociedad sana.

 

Etología

 

Ciencia que estudia comparando el comportamiento animal y el comportamiento humano. El error en que los etólogos caen es el tratar de extrapolar, todos los conocimientos obtenidos de los animales al hombre. No obstante es interesante cuando explica fenómenos como el miedo o la agresión, elección de pareja, comportamiento sexual de las especies.

 

Relación con disciplinas que se ocupan del crimen

 

Derecho Penal

 

Conjunto de normas jurídico – positivas reguladoras del poder punitivo del estado que definen como delitos determinados presupuestos a los que asignan ciertas consecuencias jurídicas denominadas penas o medidas de seguridad, consecuencias accesorias.

 

El Derecho Penal aparece como una ciencia normativa (debe ser) mientras que la Criminología aparece como una ciencia del ser. Así el Derecho Penal va a utilizar un método deductivo mientras que la Criminología utilizará un método inductivo y empírico.

 

Estas dos ciencias han mantenido unas posiciones específicas, lo cierto es que son ciencias inseparables. El Derecho Penal debe regular la conducta humana externa, así mismo protegerá unos bienes particularmente importantes en la vida social, con esto el Derecho Penal evitará la auto justicia, al mismo tiempo el Derecho Penal ejercerá una función de garantía y que no sólo protegiendo determinados bienes relevantes, también protegerá al individuo de posibles ataques ilícitos por parte del Estado.

 

El Derecho Penal si prescindiera de la Criminología se convertiría en una ciencia teórica alejada de la realidad criminal, llevaría a tener leyes ineficaces.

 

A su vez la Criminología necesita del Derecho Penal, se delimita el objeto de la Criminología, también el inicio del estudio de la Criminología delimitará que conducta es o no delictiva, esto marcará el objeto inicial del estudio de la Criminología.

 

La primera dificultad, es el propio concepto de delito, decir que la Criminología es aquella parte de la ciencia que se ocupa del estudio empírico del delito no es decir mucho, si no se indica lo que se entiende por delito, es el Derecho Penal quien marca el concepto de delito, también es cierto que la Criminología no puede limitarse ni depender de las cambiantes normas penales. En un principio tanto el criminalista como el penalista están subordinados al concepto legal de delito, el criminalista si ha de partir de ese concepto legal, en un momento determinado puede rechazarlo y de ese modo proponer cambios en las definiciones legales.

 

Hoy en día se considera que el objeto de la Criminología es el estudio de la conducta desviada y dentro de ella también el delito o la criminalidad.

 

La Criminología también se ocupará del proceso de definición y de la sanción de la conducta desviada. A su vez, todos los conocimientos que la Criminología aporta, han de encontrar su reflejo en el Derecho Penal, ya que el Derecho Penal es el que impregna el tejido social, impondrá el cumplimiento de unas normas, si la Criminología no encontrase este reflejo, no sería más que una ciencia teórica, no una ciencia práctica como es.

 

Hay una necesidad de que esos conocimientos se transformen o pasen a un marco legal, se necesita una normativización de los conocimientos criminológicos. Será la política criminal quien enlace estos conocimientos con el Derecho Penal.

 

Política Criminal

 

Pretende la exposición sistemáticamente ordenada de las estrategias, tácticas y medios de sanción social para conseguir un control óptimo del delito. Propondrá y determinará reformas del sistema vigente, criticando aquellas instituciones que se consideran político criminalmente inadecuadas o intolerables.

 

Su razón de ser es la renovación del Derecho Penal, reforma de la administración de justicia y reforma del sistema de penas. Política criminal y reforma del Derecho Penal son sinónimos.

 

La Política criminal es el puente necesario entre el saber empírico y la concreción normativa que es el Derecho Penal, la política criminal busca y pone en práctica los medios y las formas más adecuadas para hacer eficaces los fines del Derecho Penal.

 

Esta eficacia se va a conseguir cuando la política criminal le indique cuales son las

 

Para él, la conducta criminal responde a estos dos mecanismos: Mecanismos de contención y mecanismos de presión criminógena.

 

C.- TEORÍAS DEL ETIQUETAMIENTO O REACCIÓN SOCIAL (LABELLING APPROACH)

 

Consideran que no se puede comprender el delito prescindiendo de la propia relación social, del proceso social de selección de ciertas personas y las conductas etiquetadas como criminales.

 

Desde la teoría del etiquetamiento se sostiene que el delito no se define por el acto, sino que es una consecuencia de la norma y sanción aplicada al sujeto llamado "delincuente"; "el desviado es una persona a quien el etiquetamiento le ha sido aplicado con éxito, por lo que el comportamiento desviado es el que se etiqueta como tal".

 

Otros dos elementos estudiados por Becker son los mecanismos sociales que tienden a consolidar al sujeto transgresor en el status de delincuente, así como la permanencia en ese rol: "carrera criminal".

 

Un elemento central de la teoría es el énfasis de considerar la dependencia y valoración de la sociedad en la construcción de la norma y el delito, ya que este no tiene una existencia ontológica, sino que evoluciona históricamente según coordenadas espacio-temporales. La criminalidad que existe en lo social es aquella surgida del establecimiento y aplicación de la norma.

 

Es ilustrativo el desarrollo práctico de la teoría del etiquetamiento que realiza Carlos Elbert diciendo que "un niño con malos antecedentes escolares, que luego es internado en un reformatorio y finalmente detenido por un delito, habría caído en esa situación como consecuencia de un proceso de etiquetamiento que le predisponía y conducía a alcanzar el rol delincuencial que le será asignado fatalmente". La asunción del rol atribuido puede derivar en la comisión habitual de delito, iniciando la carrera criminal.

 

En lo relativo al estigma que se crea sobre los adolescentes en conflicto con la ley penal, este es claramente selectivo ya que "funciona plenamente en los casos donde el delincuente pertenece a áreas marginadas, es difuso cuando se trata de los sectores medios pero se torna inexistente cuando pertenece a los sectores altos."

 

Por tanto, el delito y la reacción social aparecen como término interdependientes, inseparables, recíprocas.

 

La marca de la persona de conducta desviada no es nueva, y desde los inicios siempre se ha tratado de buscar en el criminal una marca que lo distinga.

 

El Derecho Penal clásico lo enlazaba con el hecho punible, y la antropología criminal lo centraba en la personalidad del autor. Las malformaciones cromosómicas serían como medio de conocimiento del delincuente.

 

La estigmatización sólo significa diferenciación, destacar de forma más o menos clara a determinadas personas y adscribir la explicación de su conducta.

 

El problema del control de la conducta se simplificaría si se pudiera conocer de forma clara el círculo de personas peligrosas socialmente  por características fácilmente identificables. La búsqueda de esas marcas ha producido grandes abusos (judíos, cristianos).

 

Cuando tiene lugar una estigmatización aparecen consecuencias destructivas para los afectados y para sus familias.

 

Para los autores más representativos, las conductas irregulares están repartidas con una gran igualdad entre todas las clases sociales de la población, pero posteriormente los mecanismos sociales conducen a una desigual distribución del riesgo de ser detenido, condenado posteriormente, y esos mecanismos sociales son los que etiquetan al individuo.

 

Una pequeña aparte de los autores opina que en la clase inferior no existe una criminalidad propia, pero ocurre que esta criminalidad es creada por los llamados “procesos de atribución”.

 

Las normas son reglas de comportamiento elaboradas por los grupos sociales, si una persona viola estas normas será considerada como desviada desde el punto de vista del grupo. No interesan las causas de desviación, son el proceso de criminalización. Una persona se convierte en desviada cuando otras personas más significativas la etiquetan como tal.

 

Se les critica que no se ocupasen de los orígenes de la criminalidad y sólo centran su estudio partiendo de que es el grupo social dominante el que etiqueta al individuo.

 

El control social es el que crea la criminalidad. El interés de la investigación se desplaza desde el desviado y su medio hacia aquellos grupos que lo definen como desviado. Van a analizar los mecanismos de funcionamiento del control social y las carencias no las buscan en los individuos controlados sino en aquellos que ejercen el control.

 

El individuo pasa a convertirse en víctima de los procesos de atribución y definición.

 

Un conducta no es delictiva por sí misma, ni su autor será un criminal por merecimientos objetivos, son que depende de ciertos procesos de definición y atribución y selección al mismo tiempo.

 

Los agentes del control social formal, no detectan o declaran el carácter delictivo de un comportamiento, sino que lo generan o producen al etiquetarlo así.

 

El control social es altamente discriminatorio y selectivo, esa etiqueta de criminal es repartida por los mecanismos de control con el mismo criterio de distribución que otros bienes (fama, riqueza...) y ese criterio es el status y el rol de las personas.

 

Las posibilidades de que un individuo pueda ser etiquetado como delincuente, no dependen tanto del delito cometido, son que más bien dependen de la posición que ocupa el individuo en la pirámide social.

 

Si en una sociedad alguien posee poder para establecer normas (que determinen la moralidad media), también tiene poder para escapar a esas normas.

 

Los procesos de aplicación de la ley penal constituyen los mecanismos de distribución de la propiedad negativa criminal.

 

8.- CONDUCTISMO

 

Los orígenes del conductismo se asocian a la escuela reflexiológica rusa y a su más conocido representante: Iván Pavlov.

 

Según este autor, si los reflejos no son únicamente congénitos, pues los hay adquiridos por aprendizaje, cabe concluir que todos los hábitos adquiridos son respuestas condicionadas.

 

Así, la conducta anormal es una respuesta inadecuada ante el medio.

 

a) Biológico conductual (condicionamiento del proceso de socialización)

 

Se trata de la Teoría Conductista la que achaca la etiología del crimen exclusivamente a factores externos, estímulos y refuerzos porque entienden que las pautas de la conducta habitualmente atribuidas a factores internos pueden inducirse, eliminarse y reestablecerse modificando las influencias externas del medio.

 

La mayor parte de los hechos delictivos constituyen conductas adquisitivas, que se adquieren, en esa adquisición no se requiere ningún tipo de técnica especial, lo que va a interesar es el porqué algunos individuos no inhiben ciertas conductas que son socialmente inhibidas.

 

Aparece como la consecuencia de fallos o deficiencias en el condicionamiento del proceso de socialización.

 

El comportamiento social se adquiere a través de un proceso de condicionamiento en el aprendizaje de las conductas de socialización, el niño aprende a inhibir las respuestas antinormativas mediante el establecimiento de una serie de repuestas emocionales condicionadas ante estímulos asociados a la conducta antisocial.

 

Como resultado de este aprendizaje, los actos antisociales se verán asociados con un estado aversivo de miedo producidos por el castigo. Serán los miedos condicionados los que van a constituir un freno a la conducta antisocial. El niño no llevará a cabo una conducta que ha sido previamente castigada. La falta de socialización ocurre en individuos a los que les alta la habilidad para adquirir respuestas condicionadas en general.

 

b) Socio conductual (aprendizaje social)

 

La Teoría del Aprendizaje Social es una variante del conductismo, muy próxima a las teorías sociológicas del aprendizaje por transmisión cultural.

 

Consideran que la adquisición de las pautas, modelos criminales se producen mediante el aprendizaje evolutivo que descarga en la observación e imitación del comportamiento criminal entre otros.

 

Freud en “Psicopatología de la vida moderna” dice que son meros actos o palabras fallidas, lapsus; cada acto tiene una explicación, las teorías del aprendizaje se oponen a las psicoanalistas, que sostienen que muchos actos obedecen al inconsciente.

 

Puntos de esta teoría:

 

Casi toda la conducta es aprendida.

 

Las leyes que gobiernan este aprendizaje pueden conocerse y medirse.

 

Tanto la conducta normal como la anormal, se adquieren mediante los mismos mecanismos normales de aprendizaje. El crimen representa un conjunto de actos aprendidos por el individuo.

 

Se dice que el sujeto no nace violento, sino que lo aprende a través de las vivencias diarias, de la interacción con los demás.

 

Un elemento que avala esta teoría es el acuerdo, por parte de los psicólogos, en la no conveniencia de que los niños vean programas violentos en la televisión, ya que contemplan como otros individuos consiguen alcanzar objetivos mediante la violencia, e incluso son recompensados. Si un niño asocia violencia con recompensa es fácil que aprenda a actuar violentamente.

 

Los factores biológicos y psicológicos pueden predisponer al individuo, pero el factor definitivo de las tendencias criminales se debe al entorno socio – ambiental.

 

En la conducta antisocial será muy importante el aprendizaje en base a modelos, no solo se aprende en base a recompensas y castigos sino también de lo que e observa en otros miembros de la comunidad, y así las respuestas punibles pueden aprenderse “viendo lo que les pasa a los otros”, se aprende, se adquiere una experiencia propia a través de los éxitos y equivocaciones que observamos.

 

El castigo produce una inhibición de posibles conductas cuando comprobamos las consecuencias negativas que les produce a los demás.

 

c) Factorialistas (rasgos y variables de la personalidad)

 

Estas Teorías pretenden explicar el contenido de ciertas conductas en base a rasgos de la personalidad, que se irán recogiendo en test y van a permitir comparar grupos y subgrupos de delincuentes.

 

Se señala que los delincuentes suelen presentar alguno de los siguientes rasgos:

 

Conciencia débil

Escaso sentimiento de culpa

Rechazo de la autoridad

Tendencia al agrupamiento con otros delincuentes

Impulsividad

Mínimo autocontrol

 

De todas las características que se pueden presentar hay una a la que se le ha prestado gran importancia, la inteligencia.

 

Al hablar de delincuencia e inteligencia se plantea la gran interrogante, ¿son los delincuentes menos inteligentes?.

 

No puede afirmarse que los delincuentes sean menos inteligentes, se constata la presencia de delincuentes brillantes. Es obvio que hay delitos que requieren para su comisión un alto grado de inteligencia.

 

9.- TEORÍAS DE LA FRUSTRACIÓN - AGRESIÓN

 

Estas teorías se elaboran sobre la base de la exploración de la reacción de los negros ante las frustraciones experimentadas en una comunidad del sur de Estados Unidos.

 

Las teorías son una combinación entre conceptos psicoanalíticos y principios conductistas y apuntan a la estrecha relación existente entre frustración y su consecuencia necesaria de agresión directa o indirecta.

 

El postulado básico es: la conducta agresiva siempre presupone la existencia de frustración y, por el contrario, la existencia de frustración siempre conduce a alguna forma de agresión.

 

 

Todo individuo podría actuar criminalmente pero se ve neutralizado por los vínculos sociales que le van a solicitar que tenga una actitud conforme a derecho, y servirán de dique a cualquiera. Cuando fracasan sus mecanismo de control, se produce un quiebre y ello conduce al crimen. Se plantea si todo individuo cuenta con el potencial necesario para violar las leyes y la sociedad ofrece varias opciones.

 

¿Por qué se obedecen las leyes? Según la escuela clásica la respuesta es por el miedo y por los vínculos existentes entre personas interrelacionadas íntimamente.

 

Aparece la teoría del arraigo social (representada por HIRSCHI), que pertenece a las llamadas de vinculación y consideran que ésta es lo que hace que el sujeto se ajuste a derecho. La consulta viene determinada por el vínculo emocional que une al individuo con personas significativas.

 

En este vínculo descansa el compromiso frente a los demás. Cuando se rompe el vínculo aparece la criminalidad. Piensan que el delincuente puede ocasionar más consecuencias dañinas en las relaciones con otras personas y también con instituciones y es el miedo el que frena al individuo. El crimen sería el resultado de un debilitamiento de las relaciones.

 

Hay cuatro factores que determinan el arraigo en la sociedad:

 

1.- Apego y  la consideración hacia personas. La falta de estos hacia determinadas personas (característica de la personalidad psicótica) va a conducir hacia una falta de respeto hacia los demás).

 

2.- Identificación y compromiso con los valores convencionales.

 

3.- La participación en actividades sociales. El ocio y la desocupación pueden potenciar una actitud delictiva. La vida social supone un alejamiento del delito.

 

4.- Las creencias suponen un importante freno al delito, ya que supone un respeto hacia los derechos de los demás.

 

El Control Social, por otra parte, puede analizarse desde dos puntos de vista distintos:


1.- Desde el punto de vista del individuo social, considerando en forma abstracta al hombre en su naturaleza social, pero alejado en el momento presente de la influencia del grupo. El hombre vive en grupos, interactúa con los demás individuos en el grupo e interactúa con los grupos.

 

Es así, durante su proceso de socialización, que se configura su naturaleza social. La sociedad nos "educa" para sus fines: nos dice cuáles son las metas que debemos buscar (metas sociales), y también cómo y por qué caminos lograrlas. Sabemos, por lo tanto, lo que la sociedad no comparte como metas y los caminos o vías proscriptas para sus fines.


Mediante el proceso de socialización, la sociedad busca encaminarnos al camino "correcto". Los alejamientos o desviaciones de ese camino, deben, por lo tanto, estar previstos por la sociedad o el grupo y, por supuesto, deben estar sancionados. Estas previsiones y soluciones componen también el proceso de socialización, de forma tal, que al igual que las normas, forman parte de nuestros pensamientos. Hemos asumido, hemos interiorizado, las pautas sociales (esto, por supuesto, en la gran mayoría.


Según la teoría de la interacción simbólica, el control social depende de la capacidad del hombre para ser objeto a sus propios ojos y para asumir el papel del otro.

 

Esta interacción propia y esta empatía hacen que el control social sea, excepcionalmente, una cuestión de dominio de sí mismo.


Debido a que la persona "asume el papel del otro", sabe lo que se espera de él. Al ser un "objeto de sus propios ojos" y capaz de interacción propia, puede detenerse y reflexionar, imaginar las probables reacciones de los otros a sus posibles acciones, reprimir sus impulsos y orientar su conducta. Obra para defender y realzar la propia imagen que ha sido formada en la interacción social. En la madurez, su conciencia incorpora para el otro generalizado como una serie de principios, y de este modo empeña su propia imagen.

 

Las sanciones internas han reemplazado al temor de ser castigado por haber violado los tabúes o normas de la sociedad.

 

2.- Desde el punto de vista del grupo, pues se sabe que un grupo está formado por un conjunto de personas que tienen fines o metas comunes, etc., pero, para este tema, dos de sus características son fundamentales: tiene o establece normas para sus integrantes, normas sancionadas, y es selectiva.

 

Todo grupo tiende a su perpetuación, a mantenerse a través del tiempo y las personas. Es por ello que escoge a sus componentes (siempre que sea posible) y trata de amoldarlos a sus exigencias, para lo cual establece normas o pautas de conducta que en caso de ser voladas acarrean una sanción más o menos grave (puede constituir en la expulsión del grupo.

 

Podemos decir, entonces, que el control social del grupo se realiza por medio de la enseñanza de esas normas y por la aplicación de las acciones correspondientes. Todo ello constituye la cultura: es el conjunto trabado u organizado, más o menos formalizado, de maneras de pensar, sentir, y obrar que son aprendidas y compartidas por una pluralidad de personas, sirven de modo objetivo y simbólico a la vez para constituir a esas personas en una colectividad particular y diferente.


Dentro de la cultura encontramos pautas ideales de comportamiento, modelos o metas, y por otro lado pautas reales de comportamiento, éstas constituyen la conducta común de los individuos, las costumbres. La distancia entre estas dos clases de pautas debe ser mínima y a eso contribuyen las sanciones. La gran distancia lleva a la anomia y a la desviación social.

 

La concepción que toda sociedad se configura como un sistema de relaciones sociales (Parsons 1959) no excluye y, por el contrario, enfatiza el papel que el derecho cumple en la integración social.

 

10.- INTERACCIONISMO SIMBÓLICO

 

Por otro lado el interaccionismo simbólico concibe al individuo como activo frente a la sociedad de la que es parte. La comunicación es un elemento central de la interacción individuo-sociedad, valiéndose de los símbolos como el lenguaje para interpretarla. Esta es una teoría de la "significación, conforme a la que los seres humanos buscan cosas según el significado que tienen para ellos, en medio de constante interacción social.

 

El interaccionismo simbólico plantea una idea de orden y progreso basada en el consenso que implica la comunicación para el autocontrol de la persona.

 

TIPOS DE DELINCUENCIA EN CHILE

 

En Chile encontramos al menos 5 tipos diferenciales de delincuencia:

 

(1) Un tipo de delincuencia urbana masculina extrema: característico de las grandes urbes industriales y comerciales. Este tipo de delincuencia concentra en la actualidad un 90% de los delitos contra la propiedad; presenta la más alta reincidencia y habitualidad delictual comparativa.

 

Es el único tipo de delincuencia que se caracteriza por sustentar una contracultura compleja, directamente asociada a una economía contractual, redistributiva violenta.

 

Presenta roles laborales bien definidos (para ellos robar es un trabajo, es decir, lo perciben como un trabajo) y una estratificación social alternativa a la normativa: un Código Ético, un Código Penal, un lenguaje diferencial (coa); una música específica, especialmente, la importada por los ladrones internacionales o europeos.

 

El 98% de ellos pertenece al estrato bajo y la mayor parte de ellos son jóvenes y solteros.

 

(2) Un tipo de delincuencia rural masculina no-mapuche: este tipo de delincuencia es característico de las áreas ecológicas rurales tradicionales y particularmente de aquellas con economías de cuasi autosubsistencia.

 

Concentra un 79% de delitos específicos predominantes, el homicidio y la violación en el marco de la subcultura rural tradicional.

 

En estas áreas ecológicas rurales tradicionales, el delito de homicidio se asocia a riñas con alta ingestión de alcohol enmarcadas en una subcultura machista y violenta, donde la ofensa es sancionada drásticamente con la venganza y la mancomunidad penal. Carecen de asociación diferencial, no presentan ningún tipo de contracultura y sustentan bajos grados de modernismo mental, bajísima reincidencia y habitualidad delictual.

 

(3) Un tipo de delincuencia rural masculina mapuche: este tipo de delincuencia concentra en términos similares al tipo de delincuencia rural masculino no - mapuche, un 74% de delitos contra las personas, la familia y la moral. Sin embargo, casi no presenta delitos sexuales, alcanzando la cifra más baja comparativa, de 4%, dada una mayor permisividad sexual existente en la cultura mapuche.

 

Los homicidios se relacionan predominantemente con las consecuencias del proceso de conquista, que asume diversas formas, entre ellas, la uti1ización del alcohol metílico durante la "pacificación" y en consecuencia la adquisición de conductas de consumo de alcohol patológicas, problemas legales e ilegales de pérdidas de tierras asociados, según ellos, a la usurpación histórica de éstas, problemas con la justicia relativos al acceso a ella (por problemas de dinero), al idioma (no le entienden al juez y éste no les comprende), al prejuicio (según ellos la justicia favorece al huinca) y a la acción inescrupulosa de algunos de sus representantes, etc. Se relacionan además situacionalmente con expresiones culturales propias (Código Penal) y radicalmente con problemas derivados del choque cultural. Muchos mapuches no entienden por qué están presos "si dieron su merecido al huinca ladrón" (Cooper. D. 1989).

 

(4) Un tipo de delincuencia urbana femenina: sujeta a un proceso de modernización que implica una creciente participación entre delitos contra la propiedad, los que fluctúan entre 50% y 79%, dependiendo del grado de urbanización e industrialización de la urbe.

 

Sin embargo, predominan aún como delitos específicos aquellos asociados directamente a la subcultura femenina, como los parricidios y homicidios (de cónyuges o convivientes por largos años de malos tratos físicos), infanticidios y abortos.

 

El comportamiento de la mujer en delitos contra la propiedad también adquiere en general la forma asociada a la subcultura tradicional femenina, participando particularmente como cómplice, señuelo o encubridora de varones autores, a los cuales las unen lazos efectivos o de convivencia.

 

Sin embargo, crecientemente la mujer se incorpora a la contracultura del hampa, participando activamente como ladrona y sustentando los mismos valores de los ladrones varones urbanos, como lo hemos podido detectar empíricamente en la investigación que nos encontramos desarrollando en la actualidad (1994). Nos ha sorprendido descubrir como la mujer - al igual que el hombre ladrón - se autodefine y autopercibe como "ladrona-ladrona", - con gran orgullo y sustenta especialidades delictuales que percibe como "trabajo".

 

Presentan en general baja reincidencia, baja habitualidad delictual y bajo modernismo psicosocial, salvo las ladronas profesionales. La participación en la contracultura es generalmente indirecta, a través de sus compañeros efectivos, pero todo indica que la mujer se moderniza e independiza crecientemente, incluyendo en este proceso la conducta delictual de las mujeres ladronas.

 

(5) Un tipo de delincuencia rural femenina: que concentra un 79% de delitos contra las personas, la familia y la moral, específicamente femeninos y que en zonas rurales tradicionales extremas llega a un 65% de delitos que implican matar.

 

Los delitos predominantes son el parricidio (del cónyuge) y el homicidio (del conviviente), por malos tratos físicos durante largos años de convivencia familiar. El tercer tipo de víctima corresponde a los hijos.

 

LA TOLERANCIA CERO

 

 

La seria preocupación creada en la ciudadanía y los medios políticos chilenos por el incremento tangible de la delincuencia, y la violencia que frecuentemente caracteriza los hechos delictivos, ha llevado a muchos a clamar por soluciones nuevas y diferentes para este problema. La más publicitada ha sido la llamada Tolerancia Cero.

 

Este sistema ha sido repetido en Inglaterra, Australia, Argentina, Brasil y otros países.

 

El creador de este método policial, es William Bratton, ex Comisionado del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) y que se ha transformado en un exitoso consultor internacional.

 

El término como actitud

 

Al examinar la reciente autobiografía de William Bratton, se describe su carrera de administrador policial y las estrategias que le permitieron hacer el "giro" total de la policía de Nueva York en su modo de operar y enfrentar la realidad delictiva.

 

El origen del término “Tolerancia Cero” parece estar dentro de la esfera de relaciones públicas del gobierno de Ronald Reagan. Este, puso esta frase en circulación en la década de los 80, para subrayar la actitud de intolerancia total dentro de su política antidrogas. Reagan, marcó así, un hito personal en la entonces última de muchas "guerras" antinarcóticos que desde Nixon los presidentes iniciaron.


La expresión "Zero Tolerance", con su resonancia fonética, se infiltra en otras áreas del quehacer público (como la educación y la administración laboral).

 

Eventualmente, el no suscribir una política de "zero tolerance" significa ser débil e incapaz de manejar tanto una escuela como un departamento de Policía. El término llega a ser la actitud: la actitud correcta es declararse intolerante.


Desde el ángulo académico, surge la otra vertiente de esta doctrina de intolerancia o mano dura dentro de los servicios policiales.

 

En 1982, se publica “Ventanas Rotas”, un artículo sobre el descalabro social y delictivo urbano norteamericano.

 

Sus autores, James Q. Wilson, un cientista político de derecha y George Kelling, un criminólogo, declaran que tolerar las conductas incivilizadas que se manifiestan en crímenes menores o faltas municipales (ebriedad pública, prostitución, mendicidad) es crear el miedo ciudadano. Las autoridades policiales, al no actuar, indican a la comunidad y a los delincuentes que la situación y condición del orden público dentro de ciertas áreas no tiene importancia para ellos.

 

Consecuentemente, aumenta el miedo y se envalentonan las acciones de los depredadores sociales.


Kelling, cree también que tanto el problema del crimen como el de las conductas antisociales que ocurren en las calles y espacios públicos, han sido objeto de un fenómeno que él denomina “depolicing”. Este es, básicamente, la aceptación de la anarquía urbana por parte del gobierno y la policía. Esta actitud, producto de una permisividad cultural extrema, proclama que las causas de la delincuencia tienen orígenes complejos sobre los cuales la policía tendrá poca o ninguna influencia.

 

La metáfora de “las ventanas rotas” sugiere, entonces, un proceso de deterioro que empieza cuando se permiten las ventanas rotas en un edificio. Este deterioro atraerá más vandalismo y pronto el edificio y luego el barrio entero se vendrán abajo.


Con esta nueva política impuesta por Bratton, primero a cargo de la policía del metro neoyorquino, y luego como Comisionado de Policía de la ciudad, de no ignorar, sino, por el contrario, atacar las faltas y los delitos menores con un arresto físico en lo posible, el policía promedio ya no ejercita la llamada "discreción policial".

 

Esta drástica reacción policial, es la que parece verse como la totalidad y la efectividad de la “Tolerancia Cero”.

 

Estrategia discriminatoria

 

Dos hechos sorprenden al examinar evaluaciones sobre la tolerancia cero. El primero, es que no existen estudios ni comentarios especializados o policiales que se pronuncien en forma positiva sobre esta doctrina.

 

Las evaluaciones especializadas concluyen, en forma casi unánime, que la táctica policial de responder con un arresto a las infracciones menores, tiene resultados negativos, a menudo discriminatorios, ya que frecuentemente conlleva acciones violentas por parte de los policías. Pero, más importante aun, la estrategia parece producir la separación antagónica entre la policía y la comunidad que todos, incluyendo la policía, ven como negativa.


El segundo hecho es que la tolerancia cero es, hoy día, una teoría huérfana. Sus creadores niegan una relación directa con ella.

 

Bratton señaló que "Nueva York nunca aplicó la tolerancia cero; lo que aplicó, fue una policía comunitaria".


John Kleinig, uno de los principales especialistas universitarios en ética y moralidad dentro del ámbito y misión policial, ha escrito recientemente sobre la necesidad de examinar los costos cívicos y morales asociados al crear lo que él llama "un medioambiente sanitizado y libre de molestias".

 

Para Kleinig, esta doctrina reforzará y exacerbará la estratificación social existente, sin proteger a la mayoría de la ciudadanía, la cual reside en los estratos menos protegidos y pudientes de la urbe. En lo que se refiere al crimen de "cuello blanco", este seguirá teniendo una baja prioridad.

 

CRIMINOLOGÍA CONTEMPORÁNEA

 

El surgimiento de las primeras discusiones relativas al término de peligrosidad social, se remontan a finales del siglo XIX y a principios del Siglo XX en Europa en el marco de las manifestaciones de la crisis del capitalismo liberal. El delito busca su complementación en el término peligrosidad social.

 

Concretamente, en Italia surge el concepto de peligrosidad social inspirada en la Escuela Positiva cuyo referente es el orden social natural; de allí la percepción de que los conflictos sociales constituyen problemas del individuo que, además, debe respeto al todo, en tanto el cumplimiento de las leyes y normas para garantizar la armonía de la sociedad.

 

Existen cuatro tendencias o enfoques en el pensamiento criminológico:

 

1.- La que se conoce como la corriente interaccionista o sociológica, que parte del precepto de que la sociedad selecciona los delincuentes;

2.- La tendencia clínica que como su nombre lo indica, se orienta al estudio clínico y, concretamente, en el tratamiento de los delincuentes en base a la investigación de la personalidad criminal, su tipología etc.;

3.- La política criminal identificada por el estudio de la criminología como ciencia de la defensa social; y

4.- Finalmente la corriente de la llamada criminología crítica que surge como respuesta a las anteriores partiendo del cuestionamiento a la criminología misma y promoviendo una nueva.

 

Las ideas que en torno a la criminología contemporánea o criminología crítica se han planteado son las siguientes.

 

La Criminología Crítica, es entendida como la tendencia jurídico - penal y de la sociología criminal desarrollada en los últimos veinte años como instancia crítica de la justicia penal vigente en el mundo occidental.

 

Se le atribuye a la criminología crítica haber promovido en el mundo académico una revolución científica; el giro al estudio de las causas de la criminalidad partiendo de la denuncia a la justicia penal marcada, desde esa perspectiva,  por su selectividad a favor de las clases pudientes así como el tratamiento político de lo delictivo, lo que le ha asignado, además, el carácter de ciencia política a esta corriente de pensamiento.

 

Esta tendencia tiene diversas expresiones en el llamado Neorrealismo de Izquierda, el Derecho Penal Mínimo y el Abolicionismo del sistema penal.

 

1º. En el Neorrealismo de izquierda se identifica a los promotores de la Criminología crítica o nueva, ubicando su nacimiento en Inglaterra y los Estados Unidos en el año de 1968 en el marco de la organización de la Conferencia Nacional de la Desviación.

 

Se destacan entre otros a Young, Lea, Taylor Kinsey, Mathews, Platt Tagaki y, en Latinoamérica, a la conocida y muy destacada socióloga venezolana Rosa Del Olmo.

 

Como su nombre lo indica, surge como una crítica al idealismo que caracterizaba a la disciplina, de allí el calificativo de neorrealismo, y, posteriormente, como respuesta a la tendencia neorrealista surgida en los años 80 coincidente con las campañas de "Ley y Orden" promovidas por el Presidente norteamericano Ronald Reagan y la Primer Ministro de Inglaterra Margaret Tacher.

 

Entre los Principios rectores del neorrealismo de izquierda se señala que:

 

A.- La criminología debe regresar al estudio de las causas del delito;

 

B.- Se resalta la necesidad de elaborar una Sociología de la Desviación concibiéndose al delito desde esta perspectiva, es decir como una manifestación de las injusticias sociales que promueven la exclusión responsabilizando al Estado de la marginación de amplios sectores de la población;

 

C.- La pobreza, el individualismo y la competitividad constituyen entre otros los factores que estimulan el delito; éste es definido, además, como "intraclasista" ya que enfrenta a los pobres entre sí "olvidando al enemigo principal como lo es la naturaleza injusta de la sociedad", contribuyendo a la "desintegración de la clase trabajadora, disminuyendo su capacidad de lucha".

 

2º. La corriente identificada como el Derecho Penal mínimo, surge en Europa y es la que mayor influencia ha ejercido en América Latina; se orienta hacia la reducción de la pena con intención de abolirla.

 

Plantea que las "clases subalternas" son las más criminalizadas y las más victimizadas.

 

Parte de una crítica al sistema penal y plantean su abolición, para unos, de la cárcel y, para otros, del sistema penal total, pero deberá transitar por un período en el que paulatinamente vaya reduciéndose al mínimo.

 

Se trata de identificar las causas del delito desde dos aspectos fundamentales: De una parte, del conocimiento de los procesos de criminalización y, por otra parte, la identificación de los comportamientos socialmente negativos.

 

Señalan la importancia y la necesidad de la interdisciplinariedad interna (propio de la sociología jurídico - penal) y de la interdisciplinariedad externa es decir, del tratamiento de lo penal desde otras disciplinas.

 

Consideran que una eficiente política criminal requiere de profundas transformaciones sociales e institucionales que garanticen la igualdad y la democracia.

 

En ésta corriente de pensamiento se encuentran Baratta, Ferrajoli, Melosi, Bergalli, Aniyar de Castro, Raúl Zaffaroni, Fernández Carrasquilla y Sandoval entre otros.

 

3º. Los llamados Abolicionistas del sistema penal, se oponen al manejo de los términos "delito" y "peligrosidad" ya que consideran que su utilización por el derecho y la justicia penal se hace en función de una concepción que considera estos hechos "como algo natural"; destacándose además, la utilización de éstos conforme a los intereses de clase y de quienes detentan el poder.

 

Se señala que los orígenes de esta corriente se ubican en el siglo XVIII en el marco del debate en torno a la prisión como pena; quienes abogaban por éste, lo hacían motivados a erradicar las prácticas de castigos físicos característicos de la época.

 

No obstante, no es sino hasta el año de 1983, cuando aparece como movimiento en el Congreso Mundial de Criminología celebrado en la ciudad de Viena.

 

Se destacan como representantes de esta corriente a Bianchi, Mathiesen, Christie, Hulsman y Steinert.

 

Como alternativa al sistema penal plantean:

 

A) El manejo de nuevos términos, tales como, implicados, situaciones, problemas, penitencia y deuda entre otros.

B) Justicia consensual en la que se reivindica valores propios de las sociedades primitivas.

C) Sistema que garantice la igualdad de condiciones en el marco de un proceso en donde las decisiones dependen de los implicados.

D) Justicia conciliatoria a fin de evitar las causas que reproducen la violencia.

 

Luego de este breve repaso en torno al debate planteado en los últimos años en el marco de la llamada Criminología crítica, conviene señalar que desde hace muchos años la ley y el delito, en tanto reglas sociales y sociedad, eran temas de interés de destacados filósofos y pensadores de la historia.

 

Platón desde el punto de vista filosófico consideraba al delincuente como un enfermo, y a la pena como una necesidad para su erradicación y salud social.

 

Otros como Tomás de Aquino(1225-1274), Hobbes y Beccaria (1774) también emitieron juicios en torno a estos términos.

 

No podemos dejar de destacar a Durkheim y a Marx. El primero de ellos, consideraba que la Ley era el reflejo de la conciencia social de una sociedad; en cambio Marx, como el instrumento de la burguesía para controlar el poder.

 

La visión del delito y la ley, como fenómeno político y de control social, no es exclusiva de estos pensadores.

 

Dahrendorff (1959) señalaba que la coherencia y el orden en la sociedad se fundamentan en la fuerza y la coerción, en la dominación de algunos y el sometimiento de otros.

 

A modo de reflexión se puede inferir, entonces, que los Códigos Penales que rigen hoy en nuestros países, son, por una parte, reflejo de nuestra sociedad y de su capacidad de asimilar las nuevas realidades, y por otra parte, de su voluntad de redefinir sus instrumentos y modernizar sus instituciones que hagan viable operar los cambios que deberán estar orientados a procurar la justicia social y garantizar el respeto a la dignidad humana.

 

 



* El filósofo Jeremy Bentham (1748-1832), se encuentra ligado a la cárcel de un modo diferente, sus aportes son la concreción de sus ideas utilitaristas.

El panóptico (toda visión) se muestra con dos rostros: el castigo y la educación. Ya que nuestro autor se pregunta por lo que es una prisión, contestándose que "...es una mansión en que se priva a ciertos individuos de la libertad de que han abusado, con el fin de prevenir nuevos delitos, y contener a los otros con el terror del ejemplo; y es además una casa de corrección en que se debe tratar de reformar las costumbres de las personas reclusas, para que cuando vuelvan a la libertad no sea esto una desgracia para la sociedad ni para ellas mismas".

Los problemas que busca resolver son: crear una cárcel barata, donde un número pequeño de personas, cuide de una comunidad grande. Se reforme la conducta  de los hombres y se les liquide su inclinación delictiva. El trato humano a los presos no implique un gasto excesivo. Los prisioneros sirvan de ejemplo a los hombres libres, y les alejen del delito. La inspección sirve a Bentham para configurar una mirada universal y constante sobre el preso, así, "...es el principio único para establecer el orden y para conservarle; pero una inspección de un nuevo género, que obra más sobre la imaginación que sobre los sentidos y que pone a centenares de hombres en la dependencia de uno solo, dando a este hombre solo una especie de presencia universal en el recinto de su dominio".

Unida a la idea de una presencia universal que inspecciona y domina, está la articulación de otras miradas; menos importantes pero que ayudan a la conservación del orden. En el Panóptico, cada uno, según su puesto, está vigilado por todos los demás, o al menos por alguno de ellos; se está en presencia de un aparato de desconfianza total y circulante porque carece de un punto absoluto. Otro de los puntos importantes en el panóptico es la aritmética de los placeres, tan característica del utilitarismo, y que podemos hallarla en las tres reglas para el funcionamiento del lugar, la "Regla de Dulzura", la "Regla de Severidad", y "Regla de Economía". La primera se refiere a una eliminación de daños corporales, la segunda a una condición de vida inferior a la de los hombres libres, y la última regla que prescribe un rechazo a todo gasto extra en castigos o indulgencias.

De manera esquemática, el panóptico se representa con la figura siguiente:

Donde el círculo más pequeño, puede representar la torre de vigilancia y el círculo mayor, el conjunto de celdas, donde habitan los presos.

A este sencillo esquema se puede agregar un cuadrado que rodee la panóptico y lo separe de otros edificios civiles, pero deberá conservar el carácter de economía en la vigilancia, es decir, sólo puede agregarse a ese cuadro, un vigilante por esquina.

La descripción de Bentham es la siguiente:

"Una casa de penitenciaría...debería ser un edificio circular, o por mejor decir, dos edificios encajados uno en otro. Los cuartos de los presos formarían el edificio de la circunferencia con seis altos [seis pisos o niveles], y podemos figurarnos estos cuartos como unas celdillas abiertas por la parte interior...Una torre ocupa el centro, y esta es la habitación de los inspectores...la torre de inspección está también rodeada de una galería cubierta con una celosía transparente que permite al inspector registrar todas las celdillas sin que le vean, de manera que con una mirada ve la tercera parte de sus presos...pero aunque esté ausente, la opinión de su presencia es tan eficaz como su presencia misma...Entre la torre y las celdillas debe haber un espacio vacío, o un pozo circular, que quita a los presos todo medio de intentar algo contra los inspectores...El todo de este edificio es como una colmena, cuyas celdillas todas pueden verse desde un punto central..."
En el mismo panóptico, se proyecta su edificación con respecto a la salida y puesta del sol, para que se iluminen las celdas y se facilite la mirada del inspector.

También se pone cuidado en le aspecto higiénico, pues hay obligatoriedad en la limpieza personal y en la limpieza de las celdas, la luz del ocaso o el levante, consideró Bentham, contribuiría en la buena salud de los internos.

 

* En noviembre de 1872, Lombroso realizó una autopsia en el cuerpo de Giuseppe Villella, un viejo calabrés que él había examinado ya en la prisión el año anterior.

 

La autopsia que Lombroso realizó en el cráneo de Villella reveló una anomalía en la estructura craneal, una concavidad lisa en el área occipital descrita como la foseta occipital mediana.

 

El descubrimiento de la foseta convenció a Lombroso que esta anomalía no estaba presente en individuos "normales", sino, solamente en los cráneos de locos y de criminales y esa es la "prueba" que los criminales llevan: insanos, criminales, individuos salvajes, humanoides y el comportamiento irregular de toda especie, criminal y psiquiátrico tiene una sola causa atavistica.

 

Los estudios en la causa del crimen y de la teoría del crimen atavistico se contienen en el volumen (hombre criminal) publicado en 1876, año en el cual Lombroso se movió a Turín para tomar la cátedra de medicina forense en la universidad.

 

Él instaló, más adelante, un laboratorio que debía convertirse en la fragua para el suyo. Investiga en medicina forense y antropología criminal.

 

Lombroso modificó posteriormente parcialmente su teoría original del hombre criminal.

 

Giuseppe Villella , viejo, sospechado de bandidaje y condenado tres veces por hurto y delito de incendio,fue examinado por Lombroso durante una visita que él pagó en la Penitenciaría en que Villella estaba.

 

Después que él muriera en la prisión, en noviembre de 1872, Lombroso realizó una autopsia en su cuerpo. La examinación anatómica del cráneo de Villella reveló una anomalía craneal que Lombroso describió como "foseta occipital mediana, un espacio ocupado normalmente por la cresta occipital".

 

Lombroso, muchos años después de su descubrimiento de la foseta, recuerda la manera que él se sentía en ese entonces: "la vista de ese fossette apareció repentinamente a mí como un amplio llano debajo de un horizonte infinito, la naturaleza del criminal fue iluminada, él debe haber reproducido en nuestros días los rasgos del hombre primitivo que iban detrás hasta los carnívoros."

 

Cesare Lombroso era un hombre famoso en el siglo XIX porque él demandó haber descubierto la causa del crimen. Publicaron su trabajo principal  El hombre criminal”, en 1876.

 

Lombroso demandó en estos libros que en investigaciones anatómicas los cuerpos post mortem de criminales revelaron que los criminales eran físicamente diferentes de la gente normal. Él mantuvo que los criminales tienen stigmata (muestra del Gr.) y que este stigmata consiste en las dimensiones anormales del cráneo y de la quijada.

 

Lombroso incluso demandó que diversos criminales tienen diversas características físicas que él podría discernir. Su libro, el hombre criminal, alcanzado seis ediciones. En un tiempo, y bajo la influencia de su yerno Enrique Ferrero, Lombroso incluyó la visión que los factores sociales causan mucho de crimen y que no es innato todo el crimen.

 

La teoría de Lombroso del atavismo  refiere al atava, que es la palabra latina para el antepasado.

 

Lombroso creyó que los criminales eran regresos a los hombres de Neanderthal, es decir, a nuestros antepasados primitivos.

 

El Neander es un río en Alemania. La palabra "tal" es alemana para el valle.

 

En el Neandertal, los arqueólogos encontraron algunos huesos de los hombres primitivos que resaltaron quijadas y que retrocedieron frentes mucho más que verdades de hombres modernos. Lombroso pensó que él encontró las mismas características entre criminales y por lo tanto que los consideraba los regresos a Neanderthals primitivos.

 

Durante la guerra Austro-Italiana de 1859, Lombroso sirvió como médico del ejército.

 

Después, fue profesor de la psicología y de jurisprudencia médica en las universidades de Pavía y de Turín. Aquí él condujo estudios antropomorfos (del griego “estructura del hombre”) detallados usando cadáveres para centrarse en la forma del cráneo como indicador de la anormalidad.

 

En cualquier caso, Lombroso continuó su carrera como director de un "asilo mental" (casa de la tuerca) en Pesaro. Allí él reescribió a su hombre criminal y en la edición discute las razones sociales del crimen junto con algunas penetraciones psicológicas.

A su yerno Ferrero lo influenció indudablemente, con quien él publicó el delinquente de la donna, es decir el delincuente femenino. Este libro es de naturaleza sociológica y psicológica. Además de Lombroso y de Ferraro, Garofalo y Ferri pertenecen al positivismo o a la escuela italiana de Criminología.

 

Lombroso también fue el primero en trabajar en una curación para el pellagra, una enfermedad de la piel causada por deficiencia de la vitamina.

 

* Alphonse Bertillon (1853-1914) era oficial de la aplicación de la ley y el investigador francés de la biométrica, que creó la antropometría, un sistema de la identificación basado en medidas físicas. La antropometría era el primer policía científico del sistema usado para identificar a criminales. Hasta este tiempo, los criminales podrían ser identificados solamente por el testigo presencial, que se sabe, no es fiable. El método fue suplantado por la huella dactilar. Alphonse Bertillon nació el 23 de abril de 1853 en Paris.

En 1882 presentó un sistema criminal de la identificación conocido como antropometría pero también conocido más adelante como bertillonage en honor de su creador. En este sistema, la medida del cuerpo de la cabeza y de cuerpo, de las marcas individuales - tatuajes, las cicatrices –y de las características de la personalidad identificó a la persona. Las medidas fueron hechas en un fórmula que se aplicaría solamente en una persona y no cambiaría. Él lo utilizó en 1884 para identificar a 241 delincuentes múltiples, y el sistema fue adoptado rápidamente.

Bertillon también estandardizó el tiro “criminal de la taza” y el cuadro de la evidencia. Él desarrolló la "fotografía métrica" que se prepuso utilizar para reconstruir la dimensión de un espacio particular y la colocación de objetos en ella. Los cuadros de la escena del crimen fueron tomados antes de que la escena fuera disturbada de cualquier manera. Él utilizó las esteras impresas con los marcos métricos que fueron montados a lo largo del lado de las fotografías. Las fotografías representaron vistas delanteras y laterales de un objeto particular.

Un tiro de la taza (o el mugshot) es un retrato fotográfico tomado inmediatamente después que se arresta  a uno. La mayoría de los tiros de la taza son bipartitos, con una foto de la lado-vista, y una delantero-vista.

Comúnmente, al acusado se pide para sostener una tarjeta con el su nombre, la fecha, y la otra información sobre él. El  término deriva de la taza, término estadounidense del argot para la cara. La frase también ha venido referir a cualquier cuadro pequeño de una cara usada por cualquier razón. Bertillon murió el 13 de febrero de 1914 en Münsterlingen, Suiza.

CHILE. TRATADOS DE EXTRADICIONES

Escrito por correalex 04-03-2006 en General. Comentarios (4)

 

TRATADOS EXTRADICIONES

 

BILATERALES CHILE Y PAÍSES DE AMÉRICA

 

1. Convención de extradición entre Chile y el Ecuador. Firmada en Quito, el 10 de noviembre de 1897. Ratificaciones canjeadas en Quito el 14 de junio de 1899. Promulgada el 27 de septiembre de 1899. Publicada en el Diario Oficial Nº 6471, de 9 de octubre de 1899.

 

2. Tratado de extradición celebrado entre Chile y la República Oriental del Uruguay. Suscrito en Montevideo el 10 de mayo de 1897. Publicado en el Diario Oficial de 30 de noviembre de 1909.

 

3. Tratado de extradición entre Chile y Bolivia. Firmado en Santiago el 15 de diciembre de 1910. Ratificaciones canjeadas en Santiago el 27 de abril de 1931. Promulgado por Decreto Nº 500 de 8 de mayo de 1931. Publicado en el Diario Oficial Nº 15.980 de 26 de mayo de 1931.

 

4. Tratado de extradición entre Chile y el Brasil. Suscrito en Río de Janeiro el 8 de noviembre de 1935. Ratificaciones canjeadas en Santiago el 9 de agosto de 1937. Promulgado por Decreto Nº 1180 de 18 de agosto de 1937. Publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto de 1937.

 

5. Tratado de extradición entre Chile y Colombia. Suscrito en Bogotá el 16 de noviembre de 1914. Ratificaciones canjeadas en Bogotá el 4 de agosto de 1928. Promulgado por Decreto Nº 1472 de 18 de diciembre de 1928. Publicado en el Diario Oficial Nº 15.266 del 7 de enero de 1929.

 

6. Tratado de extradición entre Chile y Paraguay. Suscrito en Montevideo el 22 de mayo de 1897. Ratificado y promulgado por Ley Nº 1018, de 22 de enero de 1898. Ratificaciones canjeadas en Asunción el 29 de mayo de 1928. Publicado en el Diario Oficial Nº 15.222 de 13 de noviembre de 1928.

 

7. Tratado de extradición entre Chile y el Perú. Suscrito en Lima el 5 de noviembre de 1932. Aprobado por el Congreso Nacional el 14 de agosto de 1933. Ratificaciones canjeadas en Lima el 15 de julio de 1936. Promulgado por Decreto Supremo Nº 1152 de 11 de agosto de 1936.

 

8. Tratado de extradición entre Chile y Venezuela. Suscrito en Santiago el 2 de junio de 1962. Promulgado por Decreto Supremo Nº 355, de RR. EE., de 10 de mayo de 1965. Publicado en el Diario Oficial de 1º de junio de 1965.

 

9. Tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal entre la República de Chile y la República de Nicaragua. Suscrito en Santiago el 28 de diciembre de 1993. Promulgado por Decreto Supremo Nº 411, de RR. EE., de 8 de junio de 2001. Publicado en Diario Oficial de 20 de agosto de 2001.

 

10. Tratado de extradición y asistencia jurídica mutua en materia penal entre el gobierno de la República de Chile y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Suscrito en Ciudad de México el 2 de octubre de 1990. Promulgado por Decreto Supremo Nº 1.011, de RR. EE., de 30 de agosto 1993. Publicado en el Diario Oficial de 30 de noviembre de 1993.

 

11. Tratado entre la República de Chile y los Estados Unidos de América para la extradición de los criminales y Protocolo Complementario. Suscrito en Santiago, el 17 de abril de 1900 y el 15 de junio de 1901, respectivamente. Ratificaciones canjeadas en Washington DC el 27 de mayo de 1902. Promulgado el 6 de agosto de 1902. Publicado en el Diario Oficial Nº 7318 de 11 de agosto de 1902.

 

BILATERALES CON PAÍSES DE EUROPA

 

1. Acuerdo entre Chile y Gran Bretaña relativo a la extensión del tratado de extradición de 1897 a algunos estados Malayos. Cambio de notas de 28 de junio y 13 de julio de 1934.

 

2. Acuerdo entre Chile y Gran Bretaña sobre extensión del Tratado de extradición de 1897. Concertado por cambio de notas, de 12 y 29 de marzo de 1937.

 

3. Convención de extradición entre Chile y Bélgica. Firmada en Santiago el 29 de mayo de 1899. Canjeada en Santiago, el 14 de enero de 1904. Promulgada el 13 de marzo de 1904.

 

4. Tratado de extradición entre Chile y Gran Bretaña. Suscrito en Santiago el 26 de enero de 1897. Ratificaciones canjeadas en Santiago el 14 de abril de 1898. Promulgado el 14 de abril de 1898. Publicado en el Diario Oficial Nº 5981 de 22 de abril de 1898.

 

5. Tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal entre la República de Chile y el Reino de España. Suscrito el 14 de abril de 1992. Promulgado por Decreto Supremo Nº 31, de RR. EE., de 10 de enero de 1995. Publicado en el Diario Oficial de 11 de abril de 1995.

 

BILATERALES CON OTROS PAÍSES

 

1. Tratado de extradición entre la República de Chile y Australia. Suscrito en Canberra el 6 de octubre de 1993. Promulgado por Decreto Supremo Nº 1.844, de RR. EE., de 27 de diciembre de 1995. Publicado en el Diario Oficial de 20 de febrero de 1996.

 

2. Tratado de extradición entre la República de Chile y la República de Corea. Suscrito en Seúl el 21 de noviembre de 1994. Promulgado por Decreto Supremo Nº 1.417, de RR. EE., de 1 de septiembre de 1997. Publicado en el Diario Oficial del 23 de octubre de 1997.

 

MULTILATERALES PANAMERICANOS

 

1. Código de derecho internacional privado (Título tercero, libro cuarto). Adoptado en La Habana el 20 de febrero de 1928. Países partes: Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela.

 

2. Convención sobre extradición. Suscrita en Montevideo el 26 de diciembre de 1933. Aprobada por el H. Congreso el 5 de febrero de 1935. Instrumento de ratificación depositado en La Unión Panamericana el 2 de julio de 1935. Promulgada por Decreto Supremo Nº 942 de 6 de agosto de 1935.

 

 

 

 

 

OTROS TRATADOS QUE CONTIENEN NORMAS SOBRE EXTRADICIÓN

 

1. Convención Interamericana contra la corrupción. Artículo XIII.

 

2. Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos. Artículos 7 y 8.

 

3. Convención de 1936 para la represión del tráfico ilícito de las drogas peligrosas. Artículos 7, 8 y 9.

 

4. Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Artículo 6.

 

5. Convención para la prevención y sanción del delito de Genocidio. Artículo VII.

 

RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL

Escrito por correalex 04-03-2006 en General. Comentarios (0)

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL

 

Jorge D. Correa Selamé

Abogado, Mg

Profesor de Derecho Procesal

 

            I.- MENSAJE DEL PROYECTO DE LEY SOBRE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL

 

 

En el Mensaje del Proyecto de Ley sobre Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley penal, S. E. el Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, señaló:

 

El Gobierno se ha propuesto, como un importante desafío, la completa reformulación de las leyes y políticas relativas a la infancia y la adolescencia de modo de adecuarlas a los nuevos requerimientos jurídicos y sociales del país y, en especial, a los principios y directrices contenidos en la Constitución Política de la República, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales vigentes en Chile.

Es por ello que junto al Proyecto de Ley sobre Tribunales de Familia, que se encuentra en el primer trámite legislativo en la H. Cámara de Diputados, se somete a su consideración este Proyecto de Ley relativo a la determinación de las consecuencias jurídicas de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes.  Igualmente, en el transcurso de la presente legislatura esperamos someter a consideración del Congreso Nacional una Ley que regule el régimen de Protección de Derechos del Niño y del Adolescente, que sustituirá a la actual Ley de Menores Nº 16.618.

Estas iniciativas legales forman parte de un conjunto integrado de reformas, que abarcarán también a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Menores y al sistema de financiamiento de la red de atención cooperadora de este organismo, cuyo objeto es concretar una completa modernización de la legislación y políticas que se orientan hacia garantizar y promover el desarrollo integral de la infancia.

El presente Proyecto de Ley tiene el propósito de reformar radicalmente la respuesta del Estado ante los actos que revisten carácter de crimen o simple delito cuando ellos son cometidos por personas menores de dieciocho años, introduciendo, por primera vez en Chile, un sistema de responsabilidad penal especial para los adolescentes mayores de catorce y menores de dieciocho años.

Desde un punto de vista jurídico, esta reforma se fundamenta en que la actual legislación de menores, en no pocas materias, entra en contradicción con disposiciones de la Constitución y de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y, en algunos casos, directamente vulneran estos cuerpos jurídicos.

La informalidad del sistema tutelar de menores, que se estableció en nuestra legislación con la intención de beneficiar a los niños y adolescentes, ha permitido el surgimiento de un sistema punitivo/tutelar, que no se somete a los controles constitucionales propios del sistema penal formal, y que es fuente permanente de vulneración de derechos constitucionales, tanto en el ámbito procesal, como en el de las garantías sustanciales.

Procesos sin forma de juicio; aplicación de medidas sin participación de abogados defensores y dictadas por tiempo indeterminado; sanciones privativas de libertad que vulneran el principio de legalidad a través de la utilización de fórmulas abiertas como la irregularidad, los desajustes conductuales o el peligro material o moral, son algunos ejemplos que demuestran que las leyes de menores adolecen de serias deficiencias para garantizar los derechos de los niños y adolescentes.

Se da la inconsecuencia que el sistema especial de menores, nacido para proteger los derechos de los niños, ha terminado por desmedrar su posición jurídica, situación que se ha hecho aún más evidente a partir del perfeccionamiento de la justicia penal de adultos con la entrada en vigencia del nuevo sistema de enjuiciamiento penal.

Asimismo, la actual legislación equipara el tratamiento jurídico de las infracciones a la ley penal con situaciones de amenaza o vulneración de derechos de los niños. Al no existir un sistema especializado destinado al juzgamiento y atribución de consecuencias de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, se genera una confusión entre la protección de los niños y las medidas sancionatorias.

Los resultados de este modelo son precarios tanto en el ámbito de la protección de los derechos de los imputados, como en el de la política criminal, por lo que existe un amplio consenso de la necesidad de reformularlo completamente. En efecto, diversos análisis nacionales e internacionales sostienen que estos sistemas son ineficaces para controlar la expansión de la delincuencia y a su vez favorecen la criminalización y estigmatización de los niños que sin haber sido imputados de delito alguno, son aprehendidos por la policía e incluso ingresados a recintos privativos de libertad para su supuesta protección.

Las más recientes tendencias y recomendaciones de organizaciones internacionales señalan que para prevenir el aumento de la delincuencia de los adolescentes es conveniente combinar un sistema que responsabilice a los adolescentes por los actos delictivos a través de sanciones adecuadas y proporcionales a los hechos y un amplio marco de políticas sociales que impida toda confusión entre protección de derechos y sanción de actos delictivos.

Por su parte, desde un punto de vista social, es evidente que la preocupación pública por la seguridad ciudadana y el perfeccionamiento de la Justicia penal en todos los ámbitos ha crecido. La actual justicia de menores es objeto de críticas no solo porque no se somete a los límites y controles que la Constitución establece para la jurisdicción criminal general, sino también, porque no satisface las exigencias de protección de los derechos de las víctimas de la delincuencia.

El Estado debe asumir una activa acción contra el delito y conducirla de modo que la política criminal se convierta en garantía de los derechos de todos los ciudadanos. Hay que desarrollar un completo sistema judicial y administrativo que asuma, en el ámbito de la delincuencia de los adolescentes, las tareas de la prevención del delito, la preservación de la paz social y la seguridad de los ciudadanos. 

Esta reforma fomentará el sentido de responsabilidad de los adolescentes y permitirá resolver graves conflictos interpersonales, derivados de las infracciones a la ley penal, a través de un sistema de justicia que garantice los derechos de los imputados y de las víctimas.

Asimismo, las consecuencias jurídicas que se derivan de la responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, unen a su carácter explícitamente sancionatorio, las funciones responsabilizadora y preventiva en un marco de respeto y resguardo de su desarrollo e integración social. 

La regulación legal vigente sobre esta materia es el resultado de una compleja evolución histórica en que se han entremezclado disposiciones que provienen de diferentes tradiciones jurídicas. Así, el sistema de discernimiento y de atenuación de la pena es un resabio de los códigos penales decimonónicos, mientras que el establecimiento de una Justicia de Menores y de medidas de protección, proviene de las tendencias tutelares que fueron dominantes desde comienzos del Siglo XX y que no consideraban al niño como un sujeto de derecho.

El actual sistema chileno es atípico en el derecho comparado, híbrido en relación a su orientación teórica y, como se expresó, ineficaz desde el punto de vista de los objetivos de prevención que persigue el sistema de justicia penal.

El Proyecto de Ley que sometemos a vuestra consideración, por el contrario, busca adecuarse a los avances del derecho comparado, ser consistente teóricamente, considerar al adolescente como un sujeto de derecho que debe ser protegido en su desarrollo e inserción social y lograr objetivos de prevención de delito.

Las disposiciones propuestas recogen las más recientes innovaciones legislativas, como las contenidas en la nueva ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor de España, que entró en vigencia el 13 de Enero del año 2001 y la experiencia positiva y negativa de la aplicación de leyes similares en el contexto de América Latina, especialmente la Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica de 1996 y el Estatuto del Niño y Adolescente de 1990 en Brasil.

Consideran, también, las normas de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, las Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, para la Protección de los Menores Privados de Libertad y las directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil; asimismo ha considerado las conclusiones de estudios de organismos internacionales especializados en el tema de la Justicia y los derechos de la infancia como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Instituto Interamericano del Niño (organismo especializado de la Organización de Estados Americanos) y el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

En el ámbito nacional, para elaborar esta propuesta, el Ministerio de Justicia realizó amplios estudios sobre la legislación, jurisprudencia y doctrina nacional, y desarrolló, desde 1994, diversas jornadas de reflexión y análisis sobre el tema en que participaron especialistas nacionales e internacionales, tanto del ámbito jurídico como de disciplinas sociales y psicológicas. Igualmente, se impulsaron investigaciones empíricas sobre el fenómeno de la criminalidad adolescente y se analizó el funcionamiento del sistema de justicia y de las medidas de protección que establece la Ley.

Una de las primeras conclusiones de estos estudios y consultas, fue la necesidad de poner término al sistema de imputabilidad basado en la declaración judicial sobre el discernimiento y su sustitución por un límite legal de edad en la que comienza la responsabilidad penal de adultos.

El denominado trámite del discernimiento, como sistema para determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad penal de las personas, es un criterio abandonado por la mayor parte de los ordenamientos jurídicos del mundo, en razón de que es un concepto impreciso y de muy difícil determinación, provocando decisiones jurisdiccionales excesivamente discrecionales. Es de notar que la legislación chilena carece de una definición de discernimiento y de una indicación acerca de cuáles son los elementos que el Juez de Menores debe considerar para fundar su pronunciamiento.

Esto ha dado lugar a que la doctrina y la jurisprudencia se encuentren divididas en cuanto al significado del discernimiento. Para unos, el discernimiento mantiene su contenido clásico destinado a precisar la concurrencia de una facultad humana tendiente facultad de distinguir lo justo de lo injusto y de actuar conforme a dicha distinción, es decir, remite a la idea de capacidad de culpabilidad. Otros, en cambio, sostienen que desde la dictación de la Ley Nº 4.447 de Protección de Menores de 1928, el discernimiento ha cambiado de significado y debiera ser entendido en cuanto capacidad de la persona de rehabilitarse o beneficiarse del sistema de protección de menores, característica que habitualmente se desprende de un juicio acerca de la peligrosidad del imputado.

Considerando que el actual régimen relativo a la edad penal consagra los dieciocho años como regla general, lo dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y en las normas internas sobre mayoría de edad civil, el Proyecto estableció en dieciocho años la edad de la exención de la responsabilidad penal de adultos, modificando en tal sentido el artículo 10 N 2 del Código Penal. Esta decisión es concordante con las tendencias observadas en el derecho comparado, tanto de América Latina como de Europa.

 

Contenido y Principios Generales del Proyecto.

Como señala en su artículo primero, el proyecto regula la responsabilidad de los adolescentes por la comisión de infracciones a la ley penal, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad y la determinación y modalidades de sus consecuencias.

El Proyecto define a los adolescentes como las personas mayores de catorce y menores de dieciocho años. Es decir, sus procedimientos y sanciones sólo se aplicarán en este rango de edad. Ello está de acuerdo a lo dispuesto por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40.3 letra a), que exige el "establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales". 

Se ha decidido fijar ese límite en los catorce años siguiendo las tendencias del derecho comparado y la posición de la doctrina que recomienda no fijar este límite a una edad muy temprana. Bajo los catorce años el Estado renuncia a toda forma de intervención coactiva en el supuesto de comisión de delito.

La propuesta se basa en el principio de responsabilidad según el cual el adolescente es un sujeto que, si bien es irresponsable como adulto, se le puede exigir una responsabilidad especial adecuada a su carácter de sujeto en desarrollo. De este modo, las sanciones que contempla esta Ley son la consecuencia de la declaración de responsabilidad por la realización de una infracción a la ley penal de las contempladas en esta Ley.

El Proyecto de Ley se estructura sobre la base de reconocer una estricta relación entre la verificación de la participación del adolescente en el hecho punible, la declaración de su responsabilidad y la atribución de la sanción que para el caso concreto autorice la Ley.

Con ello se reafirma la vigencia para los adolescentes del principio de legalidad que estructura nuestro ordenamiento constitucional y penal y se establece un sistema que sanciona la comisión de conductas punibles estrictamente definidas en la Ley y no conductas indeterminadas o situaciones de vida.

Se establece efectivamente un sistema de responsabilidad jurídica de carácter sancionatorio aunque limitado específicamente a la comisión de hechos tipificados penalmente como crímenes o simples delitos en el Código penal y las demás leyes penales a los que denomina infracciones a la ley penal. En este sentido, se asume el principio de tipicidad y se establece un criterio de intervención penal especial reducida o moderada, tanto en relación a los delitos, como a las sanciones.

Respecto a los tipos penales, se excluye a la mayoría de las faltas de la responsabilidad y sanciones contenidas en esta ley y se establece una categoría taxativa de infracciones de carácter grave que serán las únicas a las cuales se podrá aplicar, como último recurso, una sanción privativa de libertad.

La exclusión antes señalada y la creación de la categoría de infracciones de carácter grave, obedecen a que el proyecto busca equilibrar legalmente el principio de intervención mínima ante los adolescentes y el de protección de bienes jurídicos a través del criterio de gravedad de las conductas delictivas. Así, las sanciones que importan una mayor restricción de derechos deberían ser decretadas por el Tribunal frente a gravísimos atentados o amenazas a la vida o integridad física de las personas.

Para la determinación de la responsabilidad de los adolescentes, también deberán considerarse la concurrencia de alguna de las causas que eximen, extinguen o priven de sus efectos la responsabilidad penal según las normas generales.

Siguiendo la más moderna doctrina, el Proyecto recepciona todas las garantías penales y procesales propias de los adultos, agregando garantías específicas para los adolescentes. En particular, se establece un criterio flexible, a favor del adolescente, en la adjudicación de las sanciones; la posibilidad de dejar sin efecto o sustituir anticipadamente las sanciones por otras menos severas; facultades de control jurisdiccional de la ejecución que garanticen los derechos del condenado y el cumplimiento efectivo de las sanciones.

Se garantiza la existencia de un sistema de justicia especializado en todas las fases del procedimiento, y durante el control de ejecución de la sanción, que aseguren la capacidad e idoneidad de los operadores del sistema para hacerse cargo de las finalidades de esta Ley.

En el ámbito procesal se recogen los principios fundamentales del nuevo Código Procesal Penal, estructurándose un procedimiento acusatorio oral, que reconoce el principio de presunción de inocencia, el derecho a la defensa, abre espacios para acuerdos reparatorios entre la víctima y el delincuente y otorga facultades para aplicar ampliamente el principio de oportunidad en la persecución.

Se establece como garantía la consideración del interés superior del niño en todas las actuaciones judiciales y un recurso de habeas corpus que permitirá controlar judicialmente la legalidad de la privación de libertad y verificar las condiciones físicas en que se encontrare el adolescente.

Por primera vez en el ámbito de procesos seguidos contra personas menores de edad, se reconocen derechos procesales a las víctimas y se consideran sus intereses, aunque limitados por el principio del interés superior del adolescente especialmente en lo relativo a la persecución, reserva del procedimiento y a la aplicación de sanciones.

Las respuestas penales contenidas en esta Ley tienen por finalidad, precisamente, "sancionar los hechos que constituyen la infracción y fortalecer el respeto del adolescente por los derechos y libertades de las demás personas, resguardando siempre su desarrollo e integración social". En consecuencia, se considera que tienen una función responsabilizadora, preventiva y orientadora.

Se contempla una amplia gama de sanciones, las que se clasifican en privativas y no privativas de libertad. La privación de libertad, como se dijo, es una medida de último recurso y sólo se podrá aplicar a las infracciones graves taxativamente establecidas en la Ley.

El Proyecto ha optado por establecer un sistema equilibrado para el establecimiento de la sanción aplicable en cada caso. Por una parte, señala límites legales estrictos respecto de la procedencia de la aplicación de sanciones privativas de libertad en razón de la gravedad del delito y determina legalmente la duración y cuantía máxima de las sanciones.

Paralelamente, deja al Juez un razonable grado de libertad para imponer la sanción más adecuada para el caso concreto, no encontrándose obligado a aplicar la privación de libertad y pudiendo fijar su duración o cuantía dentro de los límites legales. El Juez siempre deberá determinar la sanción, su duración o cuantía, eliminándose así toda posibilidad de sanciones indeterminadas.

La Ley, además de estos límites, establece como criterios que el Juez considerará para determinar la sanción a imponer su duración y cuantía, el número de infracciones, la gravedad de ellas y la edad del imputado, así como la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal.

Dados los fines preventivos de este proyecto, la edad del imputado es muy importante al momento de determinar la sanción y su duración o cuantía. Si bien el Proyecto no establece una regla específica que obligue al Juez, es conveniente que éste considere, para los adolescentes del rango de edad menor, la aplicación de sanciones no privativas de libertad de modo de evitar los efectos nocivos que pudiera provocar en su desarrollo personal y social la privación de su libertad y de su contacto con la familia y la comunidad. En estos casos, de imponerse sanciones privativas de libertad, es recomendable la imposición de los regímenes menos restrictivos que contempla la ley, y por períodos no muy prolongados.

En cuanto a la duración o cuantía de las medidas, ellas deberán adecuarse a los fines de este Proyecto de Ley, debiendo el Tribunal reservar los rangos superiores de duración y cuantía para aquellas infracciones graves que han causado mayores daños o para los casos en que se imponen sanciones por la responsabilidad en más de una infracción grave. Este criterio es particularmente aplicable para el límite de cinco años de internación.

La incorporación de un amplio marco de sanciones no privativas de libertad permitirá que el Tribunal disponga de medios efectivos para la responsabilización, control y orientación del adolescente infractor. Para favorecer su cumplimiento efectivo se establecen normas especiales de quebrantamiento que permiten sustituir excepcionalmente una sanción por otra de mayor gravedad.

De esta forma, cada uno de los aspectos que involucra el tratamiento de un conflicto penal, aplicable en este caso a las infracciones de dicho carácter cometidas por personas que se encuentran en la etapa de adolescencia, cuenta con un marco claro de responsabilidad y con un conjunto de sanciones que serán impuestas como consecuencia de la misma, se agregan a ello, todas y cada una de las instituciones procesales que son necesarias para garantizar la corrección y necesidad de su imposición, como asimismo -y por primera vez en Chile- la vigencia de un sistema de control judicial de la ejecución de las medidas que se hayan impuesto.

Por todo ello, consideramos que la propuesta contenida en el presente proyecto de ley, constituye una herramienta eficaz para el trabajo preventivo y represivo de la llamada "delincuencia juvenil", resguardando en cada una de sus etapas el correcto respeto por los derechos esenciales de cada individuo, establecidos en la Constitución, y que naturalmente, le son aplicables en plenitud a los menores de edad.

De este sistema, esperamos recibir un tratamiento más justo, pero no por ello menos severo que, en base a un concepto de responsabilidad, permita una mejor solución de los conflictos penales cometidos por adolescentes. Ello constituirá un gran aporte a la gestación de mejores relaciones sociales, del todo más armónicas entre todos y cada uno de los miembros de la comunidad, al posibilitar con respeto y dentro del marco de un estado de derecho, la adecuada sanción de cada uno de los ilícitos que afecten a nuestra tranquilidad”.

 

II.- CON  CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO


Esta Convención se adoptó el 20 de noviembre de 1989; entró en vigor internacional el  13 de agosto de 1990 y, para Chile, el 12 de septiembre de 1990, publicándose en el Diario Oficial de 27 de septiembre de 1990.

 

Los Estados Partes en la Convención tuvieron presente, entre otros motivos, “la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.”

 

El artículo 1 dispone que “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

 

III.- LA EDAD DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES EN AMÉRICA LATINA

 

El Instituto Interamericano del Niño Organización de Estados Americanos, realizó un análisis comparativo de las principales legislaciones post Convención Internacional sobre derechos del Niño en América Latina respecto a las edades en que se fija la responsabilidad penal de adolescentes.

 

En la mayoría de Estados de América Latina se establece un sistema de responsabilidad penal con las siguientes características:

 

A.- Consideración a las personas menores de 18 años como inimputables penalmente. Se les coloca fuera del sistema penal de adultos, a excepción de Bolivia que la fija en 16 años.

 

B.- El margen de edad entre los 12 y 18 años, en algunas legislaciones expresamente denominados adolescentes, son sujetos a un sistema especial de responsabilidad penal. Nicaragua fija la edad mínima de responsabilidad en 13 años.

 

C.- En algunos Estados se establece un sistema en el cual se toma en cuenta la medida sancionatoria según la edad (Grupos etarios). Casos específicos como el de Nicaragua, Costa Rica y Venezuela entre otros.

 

D.- A la persona menor de 12 años, en algunas legislaciones expresamente considerados niños, a diferencia de los adolescentes, están eximidos de todo tipo de responsabilidad (en algunos casos se mantiene la responsabilidad civil), y sólo son sujetos de medidas de protección.

 

E.- La Medida Privativa de Libertad se aplica en algunos casos a ciertas edades, o bajo la comisión de ciertos delitos, considerándose en la mayoría de los casos como la última medida a aplicar.

 

F.- En conclusión, los márgenes de edad definidos en la mayoría de las legislaciones de América Latina son coincidentes y definen un sistema especial de responsabilidad penal para adolescentes entre los 12 y 18 años de edad, considerando inimputable a la persona menor de 18 años y sin deducción de ningún tipo de responsabilidad penal a los menores de 12 años de edad.

 

IV.- LEY SOBRE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL

 

 

La ley cuenta con un Título preliminar refiriéndose, en primer término, a las “Disposiciones generales”, que son las siguientes:

 

1ª.- Contenido de la ley

 

La ley regula las siguientes materias:

 

a) La responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan;

 

b) El procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad;

 

c) La determinación de las sanciones procedentes; y

 

d) La forma de ejecución de las sanciones.

 

En lo no previsto por la ley, son aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Código Penal y en las leyes penales especiales.

 

Tratándose de faltas, sólo serán responsables en conformidad con la presente ley los adolescentes mayores de 16 años y exclusivamente tratándose de las siguientes faltas:

 

a) Nº 1 del artículo 494 del C. Penal: el que asistiendo a un espectáculo público provocare algún desorden o tomare parte en él.

 

b) Nº 4 del artículo 494 del C. Penal: el que amenazare a otro con armas blancas o de fuego y el que riñendo con otro las sacare, como no sea con motivo justo.

 

c) Nº 5 del artículo 494 del C. Penal: el que causare lesiones leves, entendiéndose por tales las que, en concepto del tribunal, no se hallaren comprendidas en el artículo 399, atendidas la calidad de las personas y circunstancias del hecho.

 

d) Nº 19 del artículo 494 del C. Penal: el que ejecutare alguno de los hechos penados en los artículos 477 y 494 bis siempre que el delito se refiera a valores que no excedan de una unidad tributaria mensual.

 

El artículo 477 sanciona al incendiario de objetos no comprendidos en los artículos anteriores a él, cuando el daño causado a terceros excediere de 40 unidades tributarias mensuales; cuando el daño excediere de 4 unidades tributarias mensuales y no pasare de 40 unidades tributarias mensuales; y si el daño excediere de una 1 tributaria mensual y no pasare de 4 unidades tributarias mensuales.

 

El artículo 494 bis, sanciona a los autores de hurto cuando el valor de la cosa hurtada no pasare de media unidad tributaria mensual.

 

e) Nº 21 del artículo 495 del C. Penal: el que intencionalmente o con negligencia culpable cause daño que no exceda de una unidad tributaria mensual en bienes públicos o de propiedad particular.

 

f) Nº 5 del artículo 496 del C. Penal: el que ocultare su verdadero nombre y apellido a la autoridad o a persona que tenga derecho para exigir que los manifieste, o se negare a manifestarlos o diere domicilio falso.

 

g) Nº 26 del artículo 496 del C. Penal: el que tirare piedras u otros objetos arrojadizos en parajes públicos, con riesgo de los transeúntes, o lo hiciere a las casas o edificios, en perjuicio de los mismos o con peligro de las personas.

 

h) Faltas tipificadas en la ley Nº 20.000: esta Ley, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes, contempla dos grupos de faltas; a saber:

 

A.- Faltas comunes

 

a) Los que consumieren alguna de las drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas de que hace mención el artículo 1º, en lugares públicos o abiertos al público, tales como calles, caminos, plazas, teatros, cines, hoteles, cafés, restaurantes, bares, estadios, centros de baile o de música; o en establecimientos educacionales o de capacitación. (Art. 50)

 

b) Quienes tengan o porten en tales lugares las drogas o sustancias antes indicadas para su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. (Art. 50)

 

c) Quienes consuman dichas drogas en lugares o recintos privados, si se hubiesen concertado para tal propósito. (Art. 50)

 

B.- Faltas especiales

     

Si la falta de que hace mención el artículo anterior se cometiere en un lugar de detención, recinto militar o policial por personas ajenas a él o en un establecimiento educacional o de salud por quienes se desempeñen como docentes o trabajadores. (Art. 51)

 

En los demás casos, es decir, tratándose de otras faltas que las señaladas, se estará a lo dispuesto en la ley 19.968, que creó los Tribunales de Familia. (Art. 1º)

 

2ª.- Interés superior del adolescente

 

La ley dispone que en todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos.

 

En la aplicación de la ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. (Art. 2º)

 

3ª.- Límites de edad a la responsabilidad

 

La ley se aplica a quienes al momento en que se hubiere dado principio de ejecución del delito sean mayores de 14 y menores de 18 años, los que, para los efectos de esta ley, se consideran adolescentes.

 

En el caso que el delito tenga su inicio entre los 14 y los 18 años del imputado y su consumación se prolongue en el tiempo más allá de los 18 años de edad, la legislación aplicable será la que rija para los imputados mayores de edad.

 

La edad del imputado deberá ser determinada por el juez competente en cualquiera de las formas establecidas en el Título XVII del Libro I del Código Civil. (Art. 3º)

 

El Título XVII del Libro I del Código Civil, se refiere a las pruebas del estado civil disponiendo, su artículo 314, que “Cuando fuere necesario calificar la edad de un individuo, para la ejecución de actos o ejercicio de cargos que requieran cierta edad, y no fuere posible hacerlo por documentos o declaraciones que fijen la época de su nacimiento, se le atribuirá una edad media entre la mayor y la menor que parecieren compatibles con el desarrollo y aspecto físico del individuo.

 

El juez para establecer la edad oirá el dictamen de facultativos, o de otras personas idóneas”.

 

4ª.- Regla especial para delitos sexuales

 

La ley dispone que no podrá procederse penalmente respecto de los delitos previstos en los artículos 362, 365, 366 bis y 366 quater del Código Penal, cuando la conducta se hubiere realizado con una persona menor de 14 años y no concurra ninguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 ó 363 de dicho Código, según sea el caso, a menos que exista entre aquélla y el imputado una diferencia de, a lo menos, 2 años de edad, tratándose de la conducta descrita en el artículo 362, o de 3 años en los demás casos. (Art. 4º)

 

El artículo 362 castiga uno de los casos de la llamada violación impropia respecto del que accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona menor de catorce años, aunque no concurra circunstancia alguna de las enumeradas en el artículo anterior.

 

El artículo 365 se refiere al único caso subsistente respecto de la sodomía, sancionando al que accediere carnalmente a un menor de 18 años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro.

 

El artículo 366 bis castiga al que realizare una acción sexual distinta del acceso carnal con una persona menor de 14 años.

 

El artículo 366 quáter, por último, sanciona al que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce años, la hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter.

 

Sanciona, además, si, para el mismo fin de procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, determinare a una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro.

 

Y, por último, castiga a quien realice alguna de las conductas descritas en los incisos anteriores con una persona menor de edad pero mayor de 14 años, concurriendo cualquiera de las circunstancias del numerando 1º del artículo 361 o de las enumeradas en el artículo 363.

 

Las circunstancias del artículo 361 del Código Penal son:

 

Cuando se usa de fuerza o intimidación;

 

Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su incapacidad para oponer resistencia; y

 

Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima.

 

Las circunstancias del artículo 363, a su turno, son:

 

Cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental, aun transitoria, de la víctima, que por su menor entidad no sea constitutiva de enajenación o trastorno;

 

Cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación laboral;

 

Cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima; y

 

Cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual.

 

En consecuencia, la regla general consiste en que no puede procederse penalmente respecto de los delitos sexuales referidos, cuando la conducta se haya realizado con una persona menor de 14 años y no concurra ninguna de las circunstancias de la violación o del estupro, según sea el caso.

 

La excepción, es decir, se puede proceder penalmente, cuando entre la víctima y el imputado exista una diferencia de, a lo menos, 2 años de edad, tratándose de la violación (artículo 362) o de 3 años, respecto de los demás delitos sexuales mencionados.

 

5ª.- Prescripción

 

La ley contempla normas de prescripción de la acción penal y de la pena de carácter especial.

 

Dichas prescripciones son de 2 años, con excepción de las conductas constitutivas de crímenes, respecto de las cuales es de 5 años, y de las faltas, en que es de 6 meses. (Art. 5º)

 

CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL

 

El Título respectivo se estructura en cinco párrafos.

 

1º. De las sanciones en general

 

A.- Sanciones: en sustitución de las penas contempladas en el Código Penal y en las leyes complementarias, las sanciones que se aplican a los adolescentes son las de la siguiente Escala General:

Penas de delitos:

a) Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social;

b) Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social;

c) Libertad asistida especial;

d) Libertad asistida;

e) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad, y

f) Reparación del daño causado.

 

Penas de faltas:

a) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad;

b) Reparación del daño causado;

c) Multa, y

d) Amonestación.

 

Pena accesoria:

Prohibición de conducir vehículos motorizados. (Art. 6º)

 

B.- Sanción accesoria: el juez está facultado para establecer, como sanción accesoria a las referidas precedentemente, y siempre que sea necesario en atención a las circunstancias del adolescente, la obligación de someterlo a tratamientos de rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol. (Art. 7º)

 

2º.- De las sanciones no privativas de libertad

 

La ley señala una serie de sanciones no privativas de libertad y que son la amonestación, la multa, la reparación del daño, los servicios en beneficio de la comunidad, la prohibición de conducir vehículos motorizados, la libertad asistida y la libertad asistida especial.

 

A.- Amonestación: la amonestación consiste en la reprensión enérgica al adolescente hecha por el juez, en forma oral, clara y directa, en un acto único, dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, tanto para la víctima como para el propio adolescente, instándole a cambiar de comportamiento y formulándole recomendaciones para el futuro.

 

La aplicación de esta sanción, en todo caso, requerirá una previa declaración del adolescente asumiendo su responsabilidad en la infracción cometida.

 

Los padres o guardadores del adolescente serán notificados de la imposición de la sanción, en caso de no encontrarse presentes en la audiencia. (Art. 8º)

 

B.- Multa: el juez podrá imponer una multa a beneficio fiscal que no exceda de diez unidades tributarias mensuales.

 

Para la aplicación y la determinación del monto de la multa, el juez debe considerar la condición y las facultades económicas del infractor y de la persona a cuyo cuidado se encuentra y, además, los siguientes factores:

 

a) La gravedad del ilícito de que se trate;

 

b) La calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción;

 

c) La concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad criminal;

 

d) La edad del adolescente infractor;

 

e) La extensión del mal causado con la ejecución del delito, y

 

f) La idoneidad de la sanción para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos y libertades de las personas y sus necesidades de desarrollo e integración social.

 

El juez, a petición del adolescente o de su defensor, podrá autorizar el pago de la multa en cuotas.

 

La multa es conmutable, a solicitud del infractor, por la sanción de servicios en beneficio de la comunidad, a razón de 30 horas por cada tres unidades tributarias mensuales. (Art. 9)

 

C.-Reparación del daño: la reparación del daño consiste en la obligación de resarcir a la víctima el perjuicio causado con la infracción, sea mediante una prestación en dinero, la restitución o reposición de la cosa objeto de la infracción o un servicio no remunerado en su favor. En este último caso, la imposición de la sanción requerirá de la aceptación previa del condenado y de la víctima.

 

El cumplimiento de la sanción no obstará a que la víctima persiga la responsabilidad contemplada en el artículo 2320 del Código Civil, pero sólo en aquello en que la reparación sea declarada como insuficiente. (Art. 10)

 

D.- Servicios en beneficio de la comunidad: la sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad.

 

La prestación de servicios en beneficio de la comunidad no podrá exceder en ningún caso de cuatro horas diarias y deberá ser compatible con la actividad educacional o laboral que el adolescente realice. La sanción tendrá una extensión mínima de 30 horas y máxima de 120.

 

La imposición de esta sanción requerirá del acuerdo del condenado, debiendo, en su caso, ser sustituida por una sanción superior, no privativa de libertad. (Art. 11)

 

E.- Prohibición de conducir vehículos motorizados: la prohibición de conducir vehículos motorizados se puede imponer a un adolescente como sanción accesoria cuando la conducta en que se funda la infracción por la cual se le condena haya sido ejecutada mediante la conducción de dichos vehículos.

 

La sanción se hará efectiva desde el momento de dictación de la sentencia condenatoria y su duración podrá extenderse hasta el período que le faltare al adolescente para cumplir veinte años.

 

En caso de quebrantamiento, se estará a las normas señaladas en el artículo 52 de la ley relativas al quebrantamiento de la condena, a menos que a consecuencia de la conducción se hubiere afectado la vida, la integridad corporal o la salud de alguna persona, caso en el cual se remitirán los antecedentes al Ministerio Público para el ejercicio de las acciones que correspondan. (Art. 12)

 

F.- Libertad asistida: la libertad asistida consiste en la sujeción del adolescente al control de un delegado conforme a un plan de desarrollo personal basado en programas y servicios que favorezcan su integración social.

 

La función del delegado consistirá en la orientación, control y motivación del adolescente e incluirá la obligación de procurar por todos los medios a su alcance el acceso efectivo a los programas y servicios requeridos.

 

El control del delegado se ejercerá en base a las medidas de supervigilancia que sean aprobadas por el tribunal, que incluirán, en todo caso, la asistencia obligatoria del adolescente a encuentros periódicos previamente fijados con él mismo y a programas socioeducativos. Para ello, una vez designado, el delegado propondrá al tribunal un plan personalizado de cumplimiento de actividades periódicas en programas o servicios de carácter educativo, socio-educativo, de terapia, de promoción y protección de sus derechos y de participación. En él, deberá incluir la asistencia regular al sistema escolar o de enseñanza que corresponda.

 

Podrán incluirse en dicho plan medidas como la prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, de visitar determinados lugares o de aproximarse a la víctima, a sus familiares o a otras personas, u otras condiciones similares.

 

La duración de esta sanción no podrá exceder de tres años. (Art. 13)

 

G.- Libertad asistida especial: en esta modalidad de libertad asistida, debe asegurarse la asistencia del adolescente a un programa intensivo de actividades socioeducativas y de reinserción social en el ámbito comunitario que permita la participación en el proceso de educación formal, la capacitación laboral, la posibilidad de acceder a programas de tratamiento y rehabilitación de drogas en centros previamente acreditados por los organismos competentes y el fortalecimiento del vínculo con su familia o adulto responsable.

 

En la resolución que apruebe el plan, el tribunal debe fijar la frecuencia y duración de los encuentros obligatorios y las tareas de supervisión que ejercerá el delegado.

 

La duración de esta sanción no podrá exceder los tres años. (Art. 14)

 

3º.- De las sanciones privativas de libertad

 

A.- Sanciones privativas de libertad: las sanciones privativas de libertad consisten en la internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social y en la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.

 

Estos programas de reinserción social se realizarán, en lo posible, con la colaboración de la familia. (Art. 15)

 

B.- Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social: la sanción de privación de libertad bajo la modalidad de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social consiste en la residencia obligatoria del adolescente en un centro de privación de libertad, sujeto a un programa de reinserción social a ser desarrollado tanto al interior del recinto como en el medio libre.

 

Una vez impuesta la pena y determinada su duración, el director del centro que haya sido designado para su cumplimiento, propondrá al tribunal un régimen o programa personalizado de actividades, que considerará las siguientes prescripciones:

a) Las medidas a adoptar para la asistencia y cumplimiento del adolescente del proceso de educación formal o de reescolarización. El director del centro deberá velar por el cumplimiento de esta obligación y para dicho efecto mantendrá comunicación permanente con el respectivo establecimiento educacional;

 

b) El desarrollo periódico de actividades de formación, socioeducativas y de participación, especificando las que serán ejecutadas al interior del recinto y las que se desarrollarán en el medio libre, y

 

c) Las actividades a desarrollar en el medio libre contemplarán, a lo menos, ocho horas, no pudiendo llevarse a cabo entre las 22.00 y las 07.00 horas del día siguiente, a menos que excepcionalmente ello sea necesario para el cumplimiento de los fines señalados en las letras precedentes y en el artículo 20, que se refiere a la finalidad de las sanciones.

 

El programa debe ser aprobado judicialmente en la audiencia de lectura de la sentencia o en otra posterior, que debe realizarse dentro de los 15 días siguientes a aquélla.

 

El director del centro debe informar, periódicamente, al tribunal acerca del cumplimiento y evolución de las medidas a que se refiere la letra a). (Art. 16)

 

C.- Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social: la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social importa la privación de libertad en un centro especializado para adolescentes, bajo un régimen orientado al cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 20 de la ley relativo a la finalidad de las sanciones.

 

En virtud de ello, dicho régimen considerará necesariamente la plena garantía de la continuidad de sus estudios básicos, medios y especializados, incluyendo su reinserción escolar, en el caso de haber desertado del sistema escolar formal, y la participación en actividades de carácter socioeducativo, de formación, de preparación para la vida laboral y de desarrollo personal. Además, deberá asegurar el tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas para quienes lo requieran y accedan a ello. (Art. 17)

 

D.- Límite máximo de las penas privativas de libertad: las penas de internación en régimen cerrado y semicerrado, ambas con programa de reinserción social, que se impongan a los adolescentes no podrán exceder de 5 años si el infractor tuviere menos de 16 años, o de 10 años si tuviere más de esa edad. (Art. 18)

 

4º.- Sanciones mixtas

 

Sanciones mixtas: en los casos en que sea procedente la internación en régimen cerrado o semicerrado, ambas con programa de reinserción social, el tribunal podrá imponer complementariamente una sanción de libertad asistida en cualquiera de sus formas, por un máximo que no supere el tiempo de la condena principal. Esta última se cumplirá:

 

a) Con posterioridad a la ejecución de la pena privativa de libertad, siempre y cuando en total no se supere la duración máxima de ésta, o

 

b) En forma previa a su ejecución. En este caso la pena principal quedará en suspenso y en carácter condicional, para ejecutarse en caso de incumplimiento de la libertad asistida en cualquiera de sus formas, en el caso de las penas que se extienden hasta quinientos cuarenta días. (Art. 19)

 

5º.- De la determinación de las sanciones

 

A.- Finalidad de las sanciones y otras consecuencias: las sanciones y consecuencias que la ley establece tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social. (Art. 20)

 

B.- Pena asignada a los delitos: para los efectos de la ley, se entiende que la pena asignada al delito cometido por un adolescente es la inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el ilícito correspondiente. (Art. 21)

 

C.- Reglas de determinación de la extensión de las penas: para establecer la duración de la sanción que deba imponerse con arreglo a la ley, el tribunal debe aplicar, a partir de la pena señalada en la letra precedente, las reglas previstas en el Párrafo 4 del Título III del Libro I del Código Penal, con excepción de lo dispuesto en el artículo 69 de dicho Código, norma que preceptúa que dentro de los límites de cada grado el tribunal debe determinar la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.

 

Con todo, si la sanción calculada en la forma dispuesta precedentemente supera los límites máximos de 5 años si el infractor tiene menos de 16 años, o de 10 años si tiene más de esa edad, su extensión definitiva debe ajustarse a dichos límites. (Art. 22)

 

D.- Reglas de determinación de la naturaleza de la pena: la determinación de la naturaleza de la pena que deba imponerse a los adolescentes, se rige por las reglas siguientes:

 

1. Si la extensión de la sanción resulta equivalente a una pena de crimen, el tribunal debe aplicar la pena de internación en régimen cerrado o internación en régimen semicerrado, ambas con programa de reinserción social.

 

2. Si la sanción va de 3 años y 1 día a 5 años, el tribunal puede imponer las penas de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social o libertad asistida especial.

 

3. Si la sanción se extiende entre 541 y 3 años, el tribunal puede imponer las penas de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, libertad asistida en cualquiera de sus formas y prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

 

4. Si la sanción se ubica entre 61 y 540 días, el tribunal puede imponer las penas de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, libertad asistida en cualquiera de sus formas, prestación de servicios en beneficio de la comunidad o reparación del daño causado.

 

5. Si la sanción es igual o inferior a 60 días, el tribunal puede imponer las penas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, reparación del daño causado, multa o amonestación. (Art. 23)

 

E.- Criterios de determinación de la pena: para determinar la naturaleza de las sanciones, dentro de los márgenes antes establecidos, el tribunal debe atender, dejando constancia de ello en su fallo, a los siguientes criterios:

 

a) La gravedad del ilícito de que se trate;

 

b) La calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción;

 

c) La concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad criminal;

 

d) La edad del adolescente infractor;

 

e) La extensión del mal causado con la ejecución del delito, y

 

f) La idoneidad de la sanción para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos y libertades de las personas y sus necesidades de desarrollo e integración social. (Art. 24)

 

F.- Imposición conjunta de más de una pena: en las situaciones regladas en los numerales 3 y 4 del artículo 23, el tribunal puede imponer conjuntamente dos de las penas que las mismas reglas señalan, siempre que la naturaleza de éstas permita su cumplimiento simultáneo.

 

Los numerales referidos aluden a los casos en que la sanción se extiende entre 541 y 3 años, en que el tribunal puede imponer las penas de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, libertad asistida en cualquiera de sus formas y prestación de servicios en beneficio de la comunidad; y cuando la sanción se ubica entre 61 y 540 días, en que el tribunal puede imponer las penas de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, libertad asistida en cualquiera de sus formas, prestación de servicios en beneficio de la comunidad o reparación del daño causado.

 

Lo dispuesto precedentemente tiene lugar sólo cuando ello permita el mejor cumplimiento de las finalidades de las sanciones que establece la ley y así se consigne circunstanciadamente en resolución fundada. (Art. 25)

 

G.- Límites a la imposición de sanciones: la privación de libertad se utilizará sólo como medida de último recurso y, en ningún caso, se puede imponer una pena privativa de libertad si un adulto condenado por el mismo hecho no deba cumplir una sanción de dicha naturaleza. (Art. 26)

 

 

PROCEDIMIENTO APLICABLE

 

1º.- DISPOSICIONES GENERALES

 

A.- Reglas de procedimiento: la investigación y juzgamiento de la responsabilidad por infracciones a la ley penal por parte de adolescentes se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 20.084 y, supletoriamente, por las normas del Código Procesal Penal.

 

El conocimiento y fallo de las infracciones respecto de las cuales el Ministerio Público requiera una pena no privativa de libertad se sujeta a las reglas del procedimiento simplificado o monitorio, según sea el caso, regulados en el Título I del Libro IV del Código Procesal Penal. (Art. 27)

 

B.- Concurso de procedimientos: si a una misma persona se le imputa una infracción sancionada por la Ley 20.084 y un delito cometido siendo mayor de 18 años, la investigación y juzgamiento de estos hechos se regirá por las normas del Código Procesal Penal aplicable a los imputados mayores de edad.

 

Por su parte, si en un mismo procedimiento se investiga la participación punible de personas mayores y menores de edad, tiene lugar lo dispuesto en los artículos 185 (Agrupación y separación de investigaciones) y 274 (Unión y separación de acusaciones) del Código Procesal Penal. En todo caso, si se ha determinado la sustanciación conjunta de los procesos, se debe dar cumplimiento, respecto del menor, de las normas que conforme a esta ley son aplicables al juzgamiento de los adolescentes. (Art. 28)

 

2º.- SISTEMA DE JUSTICIA ESPECIALIZADA

 

A.- Especialización de la justicia penal para adolescentes: los jueces de garantía, los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, así como los fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en las causas de adolescentes, deben estar capacitados en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, en la Convención de los Derechos del Niño, en las características y especificidades de la etapa adolescente y en el sistema de ejecución de sanciones establecido en esta ley.

 

No obstante, todo fiscal, defensor o juez con competencia en materias criminales se encuentra habilitado para intervenir, en el marco de sus competencias, si, excepcionalmente, por circunstancias derivadas del sistema de distribución del trabajo, ello es necesario.

 

En virtud de lo dispuesto precedentemente, los comités de jueces de los tribunales de garantía y orales en lo penal considerarán, en el procedimiento objetivo y general de distribución de causas, la radicación e integración preferente de quienes cuenten con dicha capacitación.

 

Cada institución debe adoptar las medidas pertinentes para garantizar la especialización a que se refiere esta disposición. (Art. 29)

 

B.- Capacitación de las policías: las instituciones policiales deben incorporar, dentro de sus programas de formación y perfeccionamiento, los estudios necesarios para que los agentes policiales cuenten con los conocimientos relativos a los objetivos y contenidos de esta ley, a la Convención de los Derechos del Niño y a los fenómenos criminológicos asociados a la ocurrencia de estas infracciones. (Art. 30)

 

3º.- MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES

 

A.- Detención en caso de flagrancia: Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán poner a los menores de 18 años y mayores de 14 que se encuentren en las situaciones previstas en los artículos 129 (detención en caso flagrancia) y 131 (plazos de la detención) del Código Procesal Penal, a disposición del juez de garantía, de preferencia, de manera inmediata, no pudiendo en caso alguno exceder de un máximo de 12 horas.

 

El adolescente sólo puede declarar ante el fiscal en presencia de un defensor.

 

La detención se regulará, salvo en los aspectos previstos en esta letra, por el párrafo 3º del Título V, del Libro I del Código Procesal Penal, es decir, por las disposiciones que regulan la detención.

 

Si se diere lugar a la ampliación del plazo de la detención conforme al artículo 132 de dicho Código, ésta sólo podrá ser ejecutada en los centros de internación provisoria de que trata la Ley 20.084

 

El artículo 132 del Código Procesal Penal, dispone que, en la audiencia a que alude, el fiscal debe proceder directamente a formalizar la investigación y a solicitar las medidas cautelares que procedan, siempre que cuente con los antecedentes necesarios y que se encuentre presente el defensor del imputado. En el caso que no pueda procederse de la manera indicada, el fiscal puede solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por 3 días, con el fin de preparar su presentación y el juez, accederá a la ampliación del plazo de detención, cuando estime que los antecedentes justifican esa medida.

 

La detención de una persona visiblemente menor en un establecimiento distinto de los señalados en la Ley 20.084, constituye una infracción funcionaria grave y es sancionada con la medida disciplinaria que proceda de acuerdo al mérito de los antecedentes, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda haber incurrido el infractor.

 

En la ejecución de la detención e internación provisoria que sea decretada deberá darse cumplimiento a lo previsto en los artículos 17 de la ley Nº 16.618 y 37, letra c), de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. El menor privado de libertad siempre podrá ejercer los derechos consagrados en los artículos 93 (Derechos y garantías del imputado) y 94 (Derechos y garantías del imputado privado de libertad) del Código Procesal Penal y 37 y 40 de esa Convención, normas que establecen derechos y garantías similares al Código Procesal Penal.

 

Los encargados de dichos centros no pueden aceptar el ingreso de menores sino en virtud de órdenes impartidas por el juez de garantía competente.

 

El artículo 17 de la Ley 16.618, prohíbe a los jefes de establecimientos de detención mantener a los menores de 18 años en comunicación con mayores de esa edad y, la letra c) del artículo 18 de la Convención aludida, indica que todo niño privado de libertad debe ser tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad y, en particular, todo niño privado de libertad debe estar separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, teniendo derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales.


Si el hecho imputado al menor es  una falta o delitos que la ley no sancione con penas privativas ni restrictivas de libertad, Carabineros de Chile se limitará a citar al menor a la presencia del fiscal y lo dejará en libertad, previo señalamiento de domicilio en la forma prevista por el artículo 26 del mismo Código. (Art. 32)

 

B.- Medidas cautelares del procedimiento: la internación provisoria en un centro cerrado sólo será procedente tratándose de la imputación de crímenes, debiendo aplicarse cuando los objetivos de garantizar el éxito de las diligencias de investigación o la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia, no puedan ser alcanzados mediante la aplicación de alguna de las demás medidas cautelares personales. (Art. 32)

 

C.- Proporcionalidad de las medidas cautelares: en ningún caso el juez puede dar lugar a una medida que parezca desproporcionada en relación con la sanción que resulte probable de aplicar en caso de condena. (Art. 33)

 

D.- Permiso de salida diaria: tratándose de un adolescente imputado sujeto a una medida de internación provisoria, el juez puede, en casos calificados, concederle permiso para salir durante el día, siempre que ello no vulnere los objetivos de la medida. Al efecto, el juez puede adoptar las providencias que estime convenientes. (Art. 34)

 

E.- Principio de oportunidad: para el ejercicio del principio de oportunidad establecido en el artículo 170 del Código Procesal Penal, los fiscales tendrán en especial consideración la incidencia que su decisión podría tener en la vida futura del adolescente imputado.

 

De acuerdo al referido artículo 170, los fiscales del ministerio público pueden no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada cuando se trate de un hecho que no comprometa gravemente el interés público, a menos que la pena mínima asignada al delito exceda la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo (61 a 540 días) o que se trate de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

 

Asimismo, para la aplicación de dicha norma se tendrá como base la pena resultante de la aplicación del artículo 21 de la ley, es decir,  la inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el ilícito correspondiente. (Art. 35)

 

4º.- INICIO DE LA PERSECUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR LA INFRACCIÓN A LA LEY PENAL POR PARTE DE UN ADOLESCENTE

 

A.- Primera audiencia: de la realización de la primera audiencia a que deba comparecer el imputado debe notificarse a sus padres o a la persona que lo tenga bajo su cuidado y, si el juez lo considera necesario, permitirá la intervención de éstos, si están presentes en la audiencia. (Art. 36)

 

B.- Juicio Inmediato: las reglas del juicio inmediato establecidas en el artículo 235 del Código Procesal Penal serán plenamente aplicables cada vez que el fiscal lo solicite y especialmente cuando se trate de una infracción flagrante imputada a un adolescente.

 

El artículo 235 del Código Procesal Penal, se refiere al juicio inmediato y dispone que en la audiencia de formalización de la investigación, el fiscal  puede solicitar al juez que la causa pase directamente a juicio oral y, si el juez acoge dicha solicitud, en la misma audiencia el fiscal debe formular verbalmente su acusación y ofrecer prueba.

 

En la audiencia el querellante puede adherirse a la acusación del fiscal o acusar particularmente y debe indicar las pruebas de que piense valerse en el juicio y el imputado puede realizar las alegaciones que correspondan y ofrecer, a su turno, prueba.

 

Al término de la audiencia, el juez debe dictar el auto de apertura del juicio oral. No obstante, puede suspender la audiencia y postergar esta resolución, otorgando al imputado un plazo no menor de 15 ni mayor de 30 días, dependiendo de la naturaleza del delito, para plantear sus solicitudes de prueba.

 

Las resoluciones que el juez dicte no son susceptibles de recurso alguno.

 

Ahora bien, en estos casos, sólo por razones fundadas, que el fiscal debe señalar en su petición, el juez de garantía puede autorizar la realización de diligencias concretas y determinadas para la investigación de una infracción flagrante, las que no pueden exceder de 60 días, rigiendo, en lo demás, lo dispuesto en la letra siguiente. Igual derecho asiste a la defensa del imputado, en el mismo caso. (Art. 37)

 

C.- Plazo para declarar el cierre de la investigación: transcurrido el plazo máximo de 6 meses desde la fecha en que la investigación haya sido formalizada, el fiscal debe proceder a cerrarla, a menos que el juez le haya fijado un plazo inferior.

 

Antes de cumplirse cualquiera de estos plazos, el fiscal puede solicitar, fundadamente, su ampliación por un máximo de 2 meses. (Art. 38)

 

JUICIO ORAL Y SENTENCIA

 

A.- Audiencia del juicio oral: el juicio oral, en su caso, debe tener lugar no antes de los 15 ni después de los 30 días siguientes a la notificación del auto de apertura del juicio oral y, en ningún caso, el juicio puede suspenderse o interrumpirse por un término superior a 72 horas. (Art. 39)

 

B.- Audiencia de determinación de la pena: la audiencia a que se refiere el inciso final del artículo 343 del Código Procesal Penal debe llevarse a cabo en caso de dictarse sentencia condenatoria. En dicha audiencia, el tribunal puede requerir la opinión de peritos. (Art. 40)

 

Esa audiencia, es aquella en que se pronuncia la sentencia definitiva una vez terminada la deliberación.

 

C.- Suspensión de la imposición de condena: cuando haya mérito para aplicar sanciones privativas o restrictivas de libertad iguales o inferiores a 540 días, pero concurran antecedentes favorables que hagan desaconsejable su imposición, el juez puede dictar la sentencia y disponer en ella la suspensión de la pena y sus efectos por un plazo de 6 meses.

 

Transcurrido ese plazo sin que el imputado haya sido objeto de nuevo requerimiento o de una formalización de la investigación, el tribunal debe dejar sin efecto la sentencia y, en su reemplazo, decretar el sobreseimiento definitivo de la causa.

 

La suspensión no afecta la responsabilidad civil derivada del delito.

 

Lo dispuesto, es sin perjuicio de la posibilidad de decretar la suspensión condicional del procedimiento. (Art. 41)

 

El artículo 237 del Código Procesal Penal, dispone que la suspensión condicional del procedimiento puede decretarse si la pena que pueda imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no exceda de 3 años de privación de libertad y si el imputado no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

 

EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS

 

I.- ADMINISTRACIÓN

 

A.- Administración de las medidas no privativas de libertad: el Servicio Nacional de Menores asegurará la existencia en las distintas regiones del país de los programas necesarios para la ejecución y control de las medidas a que se refiere la ley, las que serán ejecutadas por los colaboradores acreditados que hayan celebrado los convenios respectivos con dicha institución.

 

Para tal efecto, debe llevar un registro actualizado de los programas existentes en cada comuna del país, el que estará a disposición de los tribunales competentes.

 

El Servicio revisará periódicamente la pertinencia e idoneidad de los distintos programas, aprobando su ejecución por parte de los colaboradores acreditados y fiscalizando el cumplimiento de sus objetivos.

 

En la modalidad de libertad asistida especial se asegurará la intervención de la red institucional y de protección del Estado, según se requiera y es responsabilidad del Servicio Nacional de Menores la coordinación con los respectivos servicios públicos.

 

El reglamento de la ley debe contener las normas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido. (Art. 42)

 

B.- Centros de privación de libertad: la administración de los Centros Cerrados de Privación de Libertad y de los recintos donde se cumpla la medida de internación provisoria, corresponderá siempre y en forma directa al Servicio Nacional de Menores.

 

Para dar cumplimiento a las sanciones privativas de libertad y a la medida de internación provisoria contenidas en la ley existirán tres tipos de centros:

 

a) Los Centros para la Internación en Régimen Semicerrado;

 

b) Los Centros Cerrados de Privación de Libertad; y

 

c) Los Centros de Internación Provisoria.

 

Para garantizar la seguridad y la permanencia de los infractores en los centros a que se refieren las letras b) y c) precedentes, se establecerá en ellos una guardia armada de carácter externo, a cargo de Gendarmería de Chile, la que permanecerá fuera del recinto, pero estará autorizada para ingresar en caso de motín o en otras situaciones de grave riesgo para los adolescentes y revisar sus dependencias con el solo objeto de evitarlas.

 

La organización y funcionamiento de los recintos aludidos se regula en un reglamento dictado por decreto supremo expedido por medio del Ministerio de Justicia. (Art. 43)

 

C.- Condiciones básicas de los centros de privación de libertad: la ejecución de las sanciones privativas de libertad estará dirigida a la reintegración del adolescente al medio libre y, en virtud de ello, deberán desarrollarse acciones tendientes al fortalecimiento del respeto por los derechos de las demás personas y al cumplimiento del proceso de educación formal y considerarse la participación en actividades socioeducativas, de formación y de desarrollo personal. (Art. 44)

 

D.- Normas de orden interno y seguridad en recintos de privación de libertad: los adolescentes estarán sometidos a las normas disciplinarias que dicte la autoridad para mantener la seguridad y el orden.

 

Las normas deben ser compatibles con los derechos reconocidos en la Constitución, en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes.

 

Dichas normas regularán el uso de la fuerza respecto de los adolescentes y contendrán, a lo menos, los siguientes aspectos:

 

a) El carácter excepcional y restrictivo del uso de la fuerza, lo que implica que deberá ser utilizada sólo cuando se hayan agotado todos los demás medios de control y por el menor tiempo posible, y

 

b) La prohibición de aplicar medidas disciplinarias que constituyan castigos corporales, encierro en celda obscura y penas de aislamiento o de celda solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental del adolescente o sea degradante, cruel o humillante. (Art. 45)

 

E.- Normas disciplinarias en recintos de privación de libertad: las medidas y procedimientos disciplinarios que se dispongan deberán encontrarse contemplados en la normativa del establecimiento y tendrán como fundamento principal contribuir a la seguridad y a la mantención de una vida comunitaria ordenada, debiendo, en todo caso, ser compatibles con el respeto de la dignidad del adolescente.

 

Para estos efectos, la normativa relativa a dichos procedimientos debe precisar, a lo menos, los siguientes aspectos:

 

a) Las conductas que constituyen una infracción a la disciplina;

 

b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden imponer, y

 

c) La autoridad competente para imponer esas sanciones y aquella que deberá resolver los recursos que se deduzcan en su contra. (Art. 46)

 

F.- Excepcionalidad de la privación de libertad: las sanciones privativas de libertad que contempla la ley son de carácter excepcional y sólo pueden aplicarse en los casos expresamente previstos en ella y siempre como último recurso. (Art. 47)

 

G.- Principio de separación: las personas que se encuentren privadas de libertad por la aplicación de alguna de las sanciones o medidas previstas en la ley, sea en forma transitoria o permanente, en un lugar determinado o en tránsito, deben permanecer siempre separadas de los adultos privados de libertad.

 

Las instituciones encargadas de practicar detenciones, de administrar los recintos en que se deban cumplir sanciones o medidas que implican la privación de libertad, los administradores de los tribunales y, en general, todos los organismos que intervengan en el proceso para determinar la responsabilidad que establece la ley, deben adoptar las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto precedentemente y, el incumplimiento de esta obligación, constituye una infracción grave a los deberes funcionarios. (Art. 48)

 

     II.- DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA EJECUCIÓN

 

Derechos en la ejecución de sanciones: durante la ejecución de las sanciones que regula la ley, el adolescente tendrá derecho a:

 

a) Ser tratado de una manera que fortalezca su respeto por los derechos y libertades de las demás personas, resguardando su desarrollo, dignidad e integración social;

 

b) Ser informado de sus derechos y deberes con relación a las personas e instituciones que lo tuvieren bajo su responsabilidad;

 

c) Conocer las normas que regulan el régimen interno de las instituciones y los programas a que se encuentre sometido, especialmente en lo relativo a las causales que puedan dar origen a sanciones disciplinarias en su contra o a que se declare el incumplimiento de la sanción;

 

d) Presentar peticiones ante cualquier autoridad competente de acuerdo a la naturaleza de la petición, obtener una respuesta pronta, solicitar la revisión de su sanción en conformidad a la ley y denunciar la amenaza o violación de alguno de sus derechos ante el juez, y

 

e) Contar con asesoría permanente de un abogado.

 

Tratándose de adolescentes sometidos a una medida privativa de libertad, éstos tendrán derecho a:

 

i) Recibir visitas periódicas, en forma directa y personal, al menos una vez a la semana;

 

ii) La integridad e intimidad personal;

 

iii) Acceder a servicios educativos, y

 

iv) La privacidad y regularidad de las comunicaciones, en especial con sus abogados. (Art. 49)

 

III.- DEL CONTROL DE EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES

 

A.- Competencia en el control de la ejecución: los conflictos de derecho que se susciten durante la ejecución de alguna de las sanciones que contempla la ley serán resueltos por el juez de garantía del lugar donde ésta deba cumplirse.

 

En virtud de ello y previa audiencia, el juez de garantía debe adoptar las medidas tendientes al respeto y cumplimiento de la legalidad de la ejecución y resolver, en su caso, lo que corresponda en caso de quebrantamiento. (Art. 50)

 

B.- Certificación de cumplimiento: la institución que ejecute la sanción, informará sobre el total cumplimiento de la misma a su término, por cualquier medio fidedigno, al juez de que trata la letra anterior, el que deberá certificar dicho cumplimiento.

 

Pensamos que aquí existe una impropiedad de la ley pues no son, precisamente, los jueces los que deben otorgar certificaciones, sino, los ministros de fe respectivos.

 

Asimismo, debe informar de cualquier incumplimiento cuando éste se produzca. (Art. 51)

 

C.- Quebrantamiento de condena: si el adolescente no da cumplimiento a alguna de las sanciones impuestas en virtud de la ley, el tribunal encargado del control de la ejecución debe proceder, previa audiencia y según la gravedad del incumplimiento, conforme a las reglas siguientes:

 

1.- Tratándose de la multa, aplicará en forma sustitutiva la sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad por un máximo de 30 horas. Si el adolescente no acepta la medida, aplicará la libertad asistida en cualquiera de sus formas por el tiempo señalado en el numeral 3.

 

2.- Idéntica regla debe seguirse en caso de infracción de la prohibición de conducir vehículos motorizados, sin perjuicio de la mantención de la prohibición por el tiempo restante.

 

3.- Tratándose del incumplimiento de las medidas de reparación del daño y prestación de servicios en beneficio de la comunidad, se debe aplicar, en forma sustitutiva, la libertad asistida en cualquiera de sus formas por un período de hasta 3 meses.

 

4.- El incumplimiento de la libertad asistida se sanciona con libertad asistida especial o con internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, con una duración máxima de 60 días, lo que se determina según la gravedad de los hechos que fundan la medida, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción originalmente impuesta.

 

En caso de incumplimiento reiterado de la libertad asistida, se aplica lo dispuesto en el siguiente numeral.

 

5.- El incumplimiento de la libertad asistida especial da lugar a la sustitución de la sanción por internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, por un período equivalente al número de días que faltaren por cumplir.

 

6.- El incumplimiento de la internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social puede sancionarse con la internación en un centro cerrado por un período no superior a los 90 días, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción originalmente impuesta por el tiempo restante.

 

En caso de reiteración de la misma conducta, puede aplicarse la sustitución, en forma definitiva, por un período a fijar prudencialmente por el tribunal, que en caso alguno será superior al tiempo de duración de la condena inicialmente impuesta.

 

7.- El incumplimiento del régimen de libertad asistida en cualquiera de sus formas al que fuera sometido el adolescente en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 (sanciones mixtas), faculta al juez para ordenar que se sustituya su cumplimiento por la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social por el tiempo que resta. (Art. 52)

 

D.- Sustitución de condena: el tribunal encargado del control de la ejecución de las sanciones previstas en la ley, de oficio o a petición del adolescente o su defensor, puede sustituirla por una menos gravosa, en tanto ello parezca más favorable para la integración social del infractor y se haya iniciado su cumplimiento.

 

Para estos efectos, el juez, en presencia del condenado, su abogado, el Ministerio Público y un representante de la institución encargada de la ejecución de la sanción, examinará los antecedentes, oirá a los presentes y resolverá. A esta audiencia pueden asistir los padres del adolescente o las personas que legalmente hayan ejercido la tuición antes de su privación de libertad, y la víctima o su representante.

 

La inasistencia de estos últimos no será nunca obstáculo para el desarrollo de la audiencia.

 

La resolución que se pronuncie sobre una solicitud de sustitución es apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva.

 

En caso alguno la internación en un régimen cerrado puede sustituirse por la prestación de servicios en beneficio de la comunidad o la reparación del daño causado. (Art. 53)

 

E.- Sustitución condicional de las medidas privativas de libertad: la sustitución de una sanción privativa de libertad puede disponerse de manera condicionada.

 

De esta forma, si se incumple la sanción sustitutiva, puede revocarse su cumplimiento ordenándose la continuación de la sanción originalmente impuesta por el tiempo que falte. (Art. 54)

 

F.- Remisión de condena: el tribunal puede remitir el cumplimiento del saldo de condena cuando, en base a antecedentes calificados, considere que se ha dado cumplimiento a los objetivos pretendidos con su imposición, para lo cual son aplicables las normas relativas a la sustitución de la condena previstas en los incisos segundo y tercero del artículo 53.

 

Para los efectos de resolver acerca de la remisión, el tribunal debe contar con un informe favorable del Servicio Nacional de Menores.

 

Tratándose de una sanción privativa de libertad, la facultad de remisión sólo puede ser ejercida si se ha cumplido más de la mitad del tiempo de duración de la sanción originalmente impuesta. (Art. 55)

 

IV.- DISPOSICIONES FINALES

 

A.- Cumplimiento de la mayoría de edad

 

a) En caso que el imputado o condenado por una infracción a la ley penal sea mayor de 18 años o los cumpla durante la ejecución de cualquiera de las sanciones contempladas en la ley o durante la tramitación del procedimiento: continuará sometido a las normas de esta ley hasta el término de éste.

 

b) Si al momento de alcanzar los 18 años restan por cumplir menos de 6 meses de la condena de internación en régimen cerrado: permanecerá en el centro de privación de libertad del Servicio Nacional de Menores.

 

c) Si al momento de alcanzar los 18 años le restan por cumplir más de 6 meses de la condena de internación en régimen cerrado: el Servicio Nacional de Menores evacuará un informe fundado al juez de control de ejecución en que solicite la permanencia en el centro cerrado de privación de libertad o sugiera su traslado a un recinto penitenciario administrado por Gendarmería de Chile.

 

Ese informe se debe enviar al tribunal con a lo menos 3 meses de anterioridad a la fecha de cumplimiento de la mayoría de edad y se referirá al proceso de reinserción del adolescente y a la conveniencia, para tal fin, de su permanencia en el centro cerrado de privación de libertad. El informe debe comunicarse a todas las partes involucradas en el proceso.

 

En caso de ordenar el tribunal su permanencia, se revisará su situación según se desarrolle el proceso de reinserción en apreciación de la administración del centro.

 

En caso de ordenar el tribunal su traslado a un recinto penitenciario, las modalidades de ejecución de dicha condena deberán seguir siendo ejecutadas conforme a las prescripciones de la ley.

 

Excepcionalmente, el Servicio Nacional de Menores puede solicitar al tribunal de control competente que autorice el cumplimiento de la internación en régimen cerrado en un recinto administrado por Gendarmería de Chile, cuando el condenado haya cumplido la mayoría de edad y sea declarado responsable de la comisión de un delito o incumpla de manera grave el reglamento del centro poniendo en riesgo la vida e integridad física de otras personas.

 

En todos los casos anteriores, el Servicio Nacional de Menores, Gendarmería de Chile y las autoridades que correspondan adoptarán las medidas necesarias para asegurar la separación de las personas sujetas a la ley menores de 18 años con los mayores de edad y de los adultos sujetos a la misma ley respecto de los condenados conforme a la ley penal de adultos. (Art. 56)

 

B.- Academia Judicial

 

Para los efectos de la capacitación a que alude el artículo 29, la Academia Judicial considerará la dictación de los cursos de especialización a que esa norma se refiere en el programa de perfeccionamiento destinado a los miembros de los escalafones primario, secundario y de empleados del Poder Judicial.

 

En todo caso, el requisito establecido en dicha disposición puede ser acreditado sobre la base de antecedentes que den cuenta del cumplimiento de cursos de formación especializada en la materia, impartidos por otras instituciones alternativas a la Academia Judicial. La certificación respectiva la emitirá dicha institución, en base a los antecedentes que proporcione el solicitante. (Art. 57)

 

C.- Restricción de libertad de menores de catorce años

 

Si se sorprende a un menor de 14 años en la ejecución flagrante de una conducta que, cometida por un adolescente constituiría delito, los agentes policiales ejercerán todas las facultades legales para restablecer el orden y la tranquilidad públicas y dar la debida protección a la víctima en amparo de sus derechos.

 

Una vez cumplidos dichos propósitos, la autoridad respectiva debe poner al niño a disposición del tribunal de familia a fin de que éste procure su adecuada protección. En todo caso, tratándose de infracciones de menor entidad puede entregar al niño inmediata y directamente a sus padres y personas que lo tengan a su cuidado y, de no ser ello posible, lo entregará a un adulto que se haga responsable de él, prefiriendo a aquellos con quienes tenga una relación de parentesco, informando en todo caso al tribunal de familia competente.

 

Para los efectos de que el fiscal pueda interrogar al menor en calidad de testigo, se estará a las normas generales que regulan la materia. (Art. 58)

 

D.- Modificaciones al Código Penal

 

Relacionado con esta materia, la Ley 20.084, modificó el Código Penal, que señalaba que el menor de 16 años estaba exento de responsabilidad penal.

 

La nueva norma prescribe que el menor de 18 años está exento de responsabilidad penal pues, la responsabilidad de los menores de esa edad, se regula por lo dispuesto en la Ley Nº 20.084, de responsabilidad penal juvenil.

 

La ley, también, elimina el numeral 3 del artículo 10 que decía que estaba exento de responsabilidad penal el mayor de 16 años y menor de 18, a no ser que constara que había obrado con discernimiento, trámite, en consecuencia, que no existe.

 

La Ley 20.084, además, suprimió el inciso primero del artículo 72 que decía que al menor de 18 años y mayor de 16, que no estuviera exento de responsabilidad por haber declarado el tribunal respectivo que había obrado con discernimiento, se le impondría la pena inferior en grado al mínimo de los señalados por la ley para el delito de que fuera responsable.

 

E.- Modificación a la Ley 18.287

 

Por otra parte, se deroga el artículo 26 de la Ley Nº 18.287, que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, y que se refería a la declaración del discernimiento.

 

F.- Modificaciones al Código de Justicia Militar

 

Se dispone que los menores de edad exentos de responsabilidad penal deben ser puestos a disposición del tribunal competente en asuntos de familia.

 

G.- Modificaciones al Código Orgánico de Tribunales

 

Entre otras modificaciones, la Ley 20.084, agrega, como nueva función de los tribunales de juicio oral en lo penal, la de conocer y resolver todas las cuestiones y asuntos que la ley de responsabilidad penal juvenil les encomienden.

 

Asimismo, inserta el artículo 47 C, nuevo, que señala que “Tratándose de los tribunales de juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones podrán ejercer las potestades señaladas en el artículo 47, ordenando que uno o más de los jueces del tribunal se aboquen en forma exclusiva al conocimiento de las infracciones de los adolescentes a la ley penal, en calidad de jueces de garantía, cuando el mejor servicio judicial así lo exigiere" y, sustituye el artículo 585 bis, por el siguiente: “Lo dispuesto en los artículos 567, 578, 580 y 581 será aplicable a los recintos en que se ejecuten las medidas de internación provisoria y de internación en régimen cerrado establecidas en la ley que regula la responsabilidad penal de los adolescentes”.

 

H.- Modificaciones a la ley Nº 19.968, de Tribunales de Familia

 

Entre otras modificaciones, se incorpora, a continuación del artículo 102, un Párrafo 4º, nuevo, que se refiere al Procedimiento Contravencional ante los Tribunales de Familia, párrafo que consta de los siguientes artículos:

 

Artículo 102 A.- Las faltas contenidas en la legislación vigente que sean cometidas por adolescentes, constituirán contravenciones de carácter administrativo para todos los efectos legales y su juzgamiento se sujetará al procedimiento regulado en este Párrafo.

 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior únicamente las faltas tipificadas en los artículos 494, Nºs. 1, 4, 5, y 19, este último en lo que dice relación con el artículo 477; en el artículo 494 bis y en el artículo 496, Nºs. 5 y 26, todos del Código Penal, y aquellas contempladas en la ley Nº 20.000 o en los cuerpos normativos que la sustituyan, cometidas por adolescentes mayores de 16 años, cuyo conocimiento estará sujeto a lo preceptuado por la ley que regula la responsabilidad penal de los adolescentes.


Artículo 102 B.- Será aplicable al proceso contravencional lo dispuesto en los Párrafos 1º, 2º y 3º del Título III de esta ley, en lo que no sea incompatible con lo dispuesto en el presente Título y con la naturaleza infraccional de las faltas a juzgar.


Artículo 102 C.- Será competente para el conocimiento de los asuntos a que se refiere el inciso primero del artículo 102 A el tribunal del lugar en que se hubiere ejecutado el hecho. Tratándose de los asuntos a que se refiere el numeral 10 del artículo 8º, será competente el tribunal del domicilio del menor, sin perjuicio de la potestad cautelar que pudiere corresponder al tribunal que inicialmente conozca del asunto en razón del lugar donde se cometió el hecho.


Artículo 102 D.- El procedimiento podrá iniciarse con el solo mérito del parte policial que dé cuenta de la denuncia interpuesta por un particular o de la falta flagrante en que se haya sorprendido a un adolescente. En ambos casos la policía procederá a citar al adolescente para que concurra a primera audiencia ante el tribunal, lo que deberá quedar consignado en el parte respectivo.

 

Los particulares también podrán formular la denuncia directamente al tribunal.


Artículo 102 E.- De la realización de la primera audiencia a que deba comparecer el imputado deberá notificarse también a sus padres o a la persona que lo tenga bajo su cuidado, y al denunciante o al afectado, según corresponda.

 

Todos quienes sean citados deberán concurrir a la audiencia con sus medios de prueba.


Artículo 102 F.- Si el adolescente no concurriere a la primera citación, el tribunal podrá ordenar que sea conducido a su presencia por medio de la fuerza pública. En este caso se procurará que la detención se practique en el tiempo más próximo posible al horario de audiencias del tribunal.


Artículo 102 G.- El adolescente tendrá derecho a guardar silencio.


Artículo 102 H.- Al inicio de la audiencia, el juez explicará al adolescente sus derechos y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, lo interrogará sobre la veracidad de los hechos imputados por el requerimiento. En caso de que el adolescente reconozca los hechos, el juez dictará sentencia de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno.

 

En la sentencia se podrá imponer la sanción de amonestación si ésta resulta proporcionada a la gravedad de los hechos y a la edad del adolescente para responsabilizarlo por la contravención, a menos que mediare reiteración, en cuyo caso deberá imponerse alguna de las restantes sanciones previstas en el artículo 102 J.


Artículo 102 I.- Si el adolescente negare los hechos o guardare silencio, se realizará el juzgamiento de inmediato, procediéndose a oír a los comparecientes y a recibir la prueba, tras lo cual se preguntará al adolescente si tiene algo que agregar. Con su declaración o sin ella, el juez pronunciará sentencia de absolución o condena.


Artículo 102 J.- El juez podrá imponer al adolescente únicamente alguna de las siguientes sanciones contravencionales:

 

a) Amonestación;

 

b) Reparación material del daño;

 

c) Petición de disculpas al ofendido o afectado;

 

d) Multa de hasta 2 Unidades Tributarias Mensuales;

 

e) Servicios en beneficio de la comunidad, de ejecución instantánea o por un máximo de tres horas, y

 

f) Prohibición temporal de asistir a determinados espectáculos, hasta por tres meses.

 

El tribunal podrá aplicar conjuntamente más de una de las sanciones contempladas en este artículo, lo que deberá fundamentarse en la sentencia.


Artículo 102 K.- Las sentencias definitivas dictadas en procesos por infracciones cometidas por adolescentes serán inapelables.


Artículo 102 L.- A solicitud de parte, el juez podrá sustituir una sanción por otra durante el cumplimiento de la misma.


Artículo 102 M.- En caso de incumplimiento de la sanción impuesta, el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.