Derecho Procesal

General

DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

Escrito por correalex 04-03-2006 en General. Comentarios (10)

Derecho penal del enemigo

Por Facundo J. Marín Fraga

1. Introducción.

 

La Política Criminal de los últimos años en los modernos Estados de Occidente, puede describirse como un fenómeno de cambio de orientación en la forma de concebir y aplicar el Derecho Penal.

 

Esta transformación que se advierte sobre el Derecho Penal actual ha sido caracterizada como un fenómeno de tipo expansivo [1], pero también como una modernización de la rama penal del Derecho, frente a los riesgos que se derivan de la Sociedad actual. [2] De un modo u otro, parece claro que el rumbo que ha tomado y mantiene el Derecho Penal de hoy es apreciable en diferentes normas del ordenamiento jurídico.

 

En los Códigos penales modernos se introducen nuevos contenidos, produciéndose reformas en sectores de regulación ya existentes siempre orientados a proteger más (más cantidad de conductas son las que se prohíben) y con mayor severidad (los montos de las penas tienden a aumentar). En este sentido los ordenamientos penales modernos tienden a conseguir una fórmula del tipo más por más (+ x +); es decir, más bienes son los que se protegen, lo que supone la creación de nuevos bienes jurídico penales y mayor rigurosidad en la sanción para las conductas ya previstas. Este nuevo rumbo que ha adoptado el legislador penal, surge como una reorientación que va desde un modelo minimalista, de Derecho Penal nuclear, dirigido principalmente a proteger los bienes jurídicos fundamentales (vida, integridad sexual y propiedad), hacia un derecho penal moderno preparado para responder a los riesgos derivados de la sociedad actual, que apunta a la protección de bienes jurídicos supraindividuales (como el medio ambiente o la economía. [3])

 

El debate actual, centrado en cuanto a si contra el fenómeno de expansión descrito, el Derecho Penal debe restringirse en su núcleo duro, [4] o bien expandirse para hacer frente a los riesgos derivados de la sociedad moderna, es un tema que trataré en otro lugar por evidentes cuestiones de espacio. [5]

 

 

 

2. El Derecho Penal del Enemigo, concepto.

 

Como adelantara, en esta ocasión solamente he de referirme a lo que ha dado en llamarse Derecho Penal del Enemigo, aunque esta terminología con que se identifica al tipo de regulaciones que le son características, admite crítica en sí misma. [6]

 

El Derecho Penal del Enemigo constituye solo una manifestación, del fenómeno más amplio de transformación que desde hace unos años viene sufriendo el Derecho Penal [7] y al que hiciera alusión precedentemente.

 

Este concepto fue introducido en el debate por Günther Jakobs [8], en dos etapas diferentes. En 1985 se produce la primera de ellas, bastante más amplia, en la que vincula el concepto de Derecho Penal del Enemigo hacia los delitos de puesta en riesgo y delitos cometidos dentro de la actividad económica. Mientras que a partir de 1999 surge una segunda fase orientada hacia delitos graves contra bienes jurídicos individuales, especialmente los delitos de terrorismo. [9]

 

El Derecho Penal del Enemigo presenta tres elementos que lo caracterizan.

 

El primero de ellos es que en las regulaciones que le son propias se verifica un marcado adelantamiento de la punibilidad. En este sentido corresponde destacar que en estas normas, el punto de referencia no es ya el hecho cometido, sino el hecho futuro. [10]

 

En segundo lugar, las penas previstas son elevadas de modo desproporcionado con relación al hecho cometido; que tal como advierto en el punto anterior, suele tratarse de conductas bien lejanas al resultado lesivo tal como tradicionalmente lo concebimos, incluso que ni siquiera implica la creación de un riesgo no permitido. [11]

 

Y en tercer lugar, existe una flexibilización de ciertas garantías del proceso penal que incluso pueden llegar a ser suprimidas. [12]

 

Por otra parte se formula la distinción entre un Derecho Penal del Ciudadano (Bürgerstrafrecht), que se caracteriza por el mantenimiento de la vigencia de la norma, [13] y un Derecho Penal para enemigos (Feindstrafrecht) que se orienta a combatir peligros. De todos modos, esto no debe entenderse como dos esferas aisladas del Derecho Penal, sino que se trata de dos tendencias opuestas en un solo contexto jurídico penal y que además suelen superponerse y entremezclarse. [14]

 

3. Argumentos filosóficos que permiten concebir la existencia de un enemigo.

 

La posición de ver en el delincuente a un enemigo, bien puede fundamentarse en argumentos de Derecho Natural de índole contractualista.

 

En este sentido, en la concepción de Rousseau todo delincuente sería enemigo ya que cualquier individuo que ataque el sistema social deja ya de ser miembro del Estado, porque se halla en guerra con este como pone de manifiesto la pena pronunciada contra él. [15]

 

Por otra parte hay posiciones que mantienen la condición de ciudadano para el delincuente, debido a que se trata de un status que no puede ser eliminado por él mismo; aquí el individuo es reconducido a un estado de naturaleza, es decir de no-persona, cuando el hecho cometido es de alta traición, puesto que cuando se trata de una rebelión, existe una rescisión del contrato de sumisión. [16] Quien representa una amenaza permanente para mi persona, también puede ser tratado como enemigo y en consecuencia obligado a alejarse; aunque también sería legítimo obligarlo a colocarse junto a mí, en un estado legal. [17]

 

En este sentido sería correcto dejar de tratar como persona a quienes suponen una amenaza permanente y no aceptan ingresar en el Estado ciudadano.

 

A partir de estos presupuestos filosóficos Jakobs realiza una elaboración que dota de contenido al derecho penal del enemigo, distinguiéndolo del derecho penal del ciudadano.

 

Aquel que por principio, o de manera permanente o sostenida, se comporta de modo desviado, en contra del ordenamiento jurídico, no ofrece garantía de conducirse como persona. [18] Por ello, no puede ser tratado como ciudadano, sino que debe ser combatido como enemigo. Ahora bien, en la sociedad actual el delito no surge como el fin o Apocalipsis de la comunidad en la que tiene lugar, sino tan solo como alteración de esta, cuyo orden resulta subsanable. Por esta razón es que el Estado moderno ve al autor de un delito no como un enemigo a destruir sino como ciudadano que ha lesionado o puesto en peligro el Bien Jurídico (o dañado la vigencia de la norma en la concepción de Jakobs, que es minoritaria). Hasta aquí todo va bien siempre y cuando el autor ofrezca a pesar de su hecho disvalioso, garantías de que se comportará como ciudadano que actúa fielmente en relación con el ordenamiento jurídico. [19]

 

El punto de inflexión radica en aquellos individuos que no ofrecen las garantías mencionadas por su abierto y quizás permanente enfrentamiento contra el orden existente. Así como la vigencia de la norma no puede mantenerse de forma completamente contra fáctica, lo mismo ocurre con la condición de persona que se atribuye al individuo en una comunidad. En este sentido, si se pretende que la norma determine la configuración de una sociedad, el comportamiento de acuerdo con ella debe ser realmente esperable. Las personas deben partir de que los demás integrantes de esa comunidad se conducirán de acuerdo con dicha norma, no infringiéndola. Por ello, no alcanza con saber que tengo el derecho de atravesar a pie cierto barrio de la ciudad sin ser atacado. La certeza en este derecho no me hará cruzarlo si no tengo una seria necesidad de hacerlo. Porque además del derecho es necesaria una seguridad cognitiva, esto es, una razonable expectativa de que ese derecho será respetado y no se convertirá en una promesa vacía. [20] Dicho de otro modo, cierto es que todos los ciudadanos tienen el derecho a recorrer a pie el denominado barrio de Fuerte Apache, pero aunque este derecho es por todos conocido y a nadie se le ocurriría ponerlo en cuestión, del mismo modo ningún sujeto irá allí de paseo sin una imperiosa necesidad de hacerlo. La expectativa de salir ileso por parte del no lugareño, es más bien poco esperable y las garantías de que nuestro paseo no sea alterado se esfuman. Este mismo razonamiento se emplea en la elaboración doctrinal del Derecho penal del enemigo, respecto a la personalidad del autor de un delito, a su condición de persona. Es decir, que su tratamiento como persona no se erige por sí mismo, sino que se trata de una expectativa normativa que debe ser corroborada de manera cognitiva, en el mundo real.

 

Cuando la expectativa de un comportamiento fiel al Derecho es defraudada de modo permanente, la disposición a tratar al delincuente como persona disminuye sensiblemente. Las medidas de seguridad constituyen un buen ejemplo, aunque en Derecho penal hay más muestras de ello. De esta forma es como el legislador actual tiende a confeccionar cuerpos normativos denominados de lucha; ello ocurre en materia de terrorismo, criminalidad organizada, tráfico ilegal de drogas o delitos sexuales,  por ejemplo. Así es como se pretende combatir a ciertos individuos que se han apartado de forma, probablemente duradera, del ordenamiento jurídico.

 

6. La propuesta de una 4ta. vía de Derecho Penal.

 

Esta tesis apunta a crear, para los casos de violaciones masivas de Derechos Humanos llevadas a cabo con prevalimiento estatal, una 4ta. vía de Derecho Penal que se caracteriza por tres elementos básicos. 1) El Derecho positivo debe ser flexible, es decir, no exacto. 2) La prohibición de aplicación retroactiva de la ley, debe quedar de lado cuando sea adecuado al fin perseguido. 3) Las decisiones pueden ser fundamentadas en consideraciones iusnaturalistas. [33]

 

En este sentido, corresponde advertir que en la Administración de Justicia diaria (me refiero a la atención de la criminalidad o delincuencia tradicional) no hay una rigurosidad total en el respeto de la ley; haciéndose uso probablemente no de manera explícita, de todos o alguno de los tres elementos apuntados recientemente. Esto transformaría en incongruente la postura de mantener los límites del puro Estado de Derecho para los delitos cometidos con prevalimiento estatal (como en el caso de violaciones masivas de derechos humanos), cuando respecto de la criminalidad convencional dichos principios se aplican de manera poco estricta. [34]

 

La coincidencia entre esta 4ta vía y la construcción de un derecho penal para enemigos, resulta elocuente. Ambas elaboraciones apuntan hacia una disminución de las garantías procesales y la ampliación de los límites respecto del derecho material; todo lo cual ocurre en los delitos de terrorismo, criminalidad económica, criminalidad organizada, tráfico ilegal de drogas y los delitos contra la integridad sexual. [35]

 

Por los motivos expuestos, de no aceptarse una flexibilización de los principios y garantías apuntados en materia de terrorismo de Estado, quedaría como resultante un tratamiento privilegiado de estas conductas, con relación por ejemplo a los delitos de terrorismo (el que no es practicado desde el aparato estatal). Ello sería así, debido a la flexibilización que en la práctica se produce respecto de estas últimas conductas, con relación a las mencionadas en primer término. [36]

 

7. Derecho Penal de la tercera velocidad.

 

También en España, la construcción de un derecho penal del enemigo ha suscitado la atención de la doctrina. La observación sobre los aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales ha llevado a considerar la existencia de un Derecho Penal de tres velocidades.

 

La primera caracterizada por aquel conjunto de normas que imponen sanciones privativas de la libertad; aquí corresponde mantener los principios, las garantías procesales y las reglas de imputación clásicas.

 

En segunda velocidad se encuentran las regulaciones que imponen penas privativas de derechos o pecuniarias, y debido a la  menor gravedad de la sanción, bien puede producirse una flexibilización proporcional de los principios y reglas de imputación tradicionales.

 

La tercera velocidad es la que aquí interesa en particular; en ella, se aglutinan las normas que imponen penas privativas de la libertad, a la vez que se produce la flexibilización mencionada en el punto anterior.

 

Esta tercera velocidad coincide en lo básico con el derecho penal del enemigo. [37]

 

Ahora bien, esta herramienta deberá ceñirse a lo estrictamente imprescindible para hacer frente a fenómenos de especial gravedad.

 

La aplicación de esta tercera velocidad, debería poder justificarse conforme al principio de proporcionalidad y evitando cualquier contaminación con el derecho penal de la normalidad.

 

En casos como los de criminalidad de Estado, terrorismo, o crimen organizado, aunque el derecho penal del enemigo sea un mal, cabría admitir que este pudiera constituir el mal menor. [38]

 

Ahora bien, esta admisión con reserva y ceñida a lo estrictamente imprescindible no es lo que sucede en la realidad actual del Derecho Penal. Inversamente, los Estados occidentales van incorporando en forma aparentemente cómoda, una lógica de emergencia permanente o perpetua. [39] Lo recién apuntado refuerza la idea de que esta tercera velocidad (o derecho penal del enemigo en la terminología de Jakobs), irá estabilizándose y ganará terreno. [40]

 

El Derecho penal del enemigo se ha puesto de manifiesto en España, sobre todo en lo que hace a la legislación antiterrorista consagrada en algunos tipos del Código Penal de 1995 y a raíz de la reforma introducida por la ley orgánica LO.7./2000. [41]

 

8. Crítica y deficiencia de las normas que conforman el Derecho penal de enemigo.

 

La crítica que cabe realizar a la construcción doctrinal en cuestión no es menor. Con relación a la identificación de quien infringe una norma, calificándolo como enemigo, corresponde advertir que lejos de señalarlo como fuente de peligros, como si fuera un fenómeno natural que se ha de neutralizar, se le está reconociendo por medio de dicho señalamiento una competencia normativa. Es decir que al señalarlo como enemigo se lo  demoniza, y es por esta operación que adquiere competencia normativa. [42]

 

A la par de ello, en estas llamadas legislaciones de lucha, se advierten elementos que sirven para caracterizar al autor como perteneciente a la categoría de enemigo; dichas normas presentan elementos que identifican a un determinado grupo de sujetos. Asimismo el mandato de determinación derivado del principio de legalidad ya no es esencial en la tipificación penal. [43]

 

A la más que dudosa constitucionalidad que una legislación de estas características implica, hay que sumar su falta de efectividad en tanto que no contribuye a la prevención de delitos. Hay que agregar a ello, respecto de la cuestión sobre si el derecho penal del enemigo sigue siendo Derecho, o bien si por el contrario es un no Derecho, [44] que el derecho penal del enemigo lejos de proteger bienes jurídicos (o estabilizar normas según la postura minoritaria), lo que hace es demonizar a determinados grupos de individuos, constituyendo como consecuencia un Derecho Penal de autor. [45]

 

Por ello la respuesta a la criminalidad no convencional, tendría que ser justamente de normalidad, negando su excepcionalidad; conforme a criterios de proporcionalidad e imputación que están en la base del sistema jurídico penal que se conoce como tradicional. [46]

 

La negación frontal por los enemigos, de los principios políticos o socio-económicos básicos del modelo de convivencia, [47] no sería suficiente para poner en jaque los parámetros fundamentales de la Sociedad. [48]

 

La aplicación de un Derecho Penal de la normalidad para los fenómenos de terrorismo, terrorismo de Estado o crimen  organizado, radica en la adopción de un concepto de persona como atribución que corresponde a todo individuo por su condición humana. [49]

 

En efecto, en un modelo de Estado Democrático de Derecho, que sea respetuoso con la dignidad humana, ni el enemigo ni nadie puede ser definido como no-persona. [50]

 

9. Conclusión.

 

Independientemente de las críticas que merece la construcción de un Derecho penal para enemigos, el consenso es mayoritario respecto al diagnóstico; esto es, en cuanto a la existencia real de cada vez más legislación concebida para luchar contra determinados grupos de individuos, en la que se aplica una sutil flexibilización del modelo de imputación clásico y de las garantías concebidas en el periodo de la Ilustración. Con lo cual, sin perjuicio de las diferentes posiciones que se advierten en la doctrina, existe coincidencia sobre la actual tendencia que imprime el legislador penal en este sentido. [51]

 

Sobre todo, ello es apreciable en Europa, especialmente en países como España y Alemania, dos de los que recibimos mayor influencia en materia penal.

 

Alemania ha consagrado en los últimos años varios cuerpos normativos denominados de lucha. [52]

 

En España ocurre algo similar, aunque se concentra principalmente en el Derecho penal antiterrorista, consagrado en pos de luchar contra la organización terrorista Vasca ETA. Por lo expuesto, queda fuera de duda la existencia de un derecho penal del enemigo, o bien de regulaciones que, bajo cierta apariencia de legitimidad constitucional, podrían ser reconducidas a esta categoría en virtud de que apuntan a perseguir a un grupo o grupos de autores especialmente determinados.

 

Ahora bien, es responsabilidad de la vieja Europa evitar caer en lo que fue el Derecho penal fascista, cuya concepción de Estado devoraba al Hombre; [53] también el derecho penal soviético y su código penal de 1926 implicaban una renuncia total a las garantías de derecho; nullum crimen sine lege y cogitationis poenan nemo patitur no regían en la Rusia Soviética. [54]

 

La situación europea es de cuidado, a punto tal que con respecto al deseo de Radbruch de que la evolución del Derecho penal trascendiera al derecho penal mismo, desembocando no en un derecho penal mejor sino en un derecho mejor que el derecho penal, [55] Naucke ha dicho que aquello distinto al derecho penal ya ha llegado, solo que es mucho peor que el derecho penal. [56]

 

En Argentina la situación es diferente. Aunque se advierten algunas normas que podrían aglutinarse dentro de la categoría del derecho penal del enemigo, [57] el legislador penal no viene (de momento) lanzado a confeccionar cuerpos normativos de lucha contra determinados individuos. [58]

 

De todos modos y puesto que la impronta continental europea es lo que nos caracteriza en materia penal, es preciso estar atentos a este tipo de construcciones.

 

El embelesamiento por el funcionalismo sistémico de Jakobs que mostraron algunos docentes latinos (y argentinos), ha llevado a Francisco Muñoz Conde, a afirmar, desafortunadamente, que el libro de texto de la Universidad de Buenos Aires, es el libro de Jakobs. [59]

 

Frente a ello corresponde señalar la necesidad de trabajar intensamente en la elaboración de un discurso jurídico penal propio, argentino, latinoamericano, acorde a las necesidades políticas, económicas, sociales y culturales del momento que vive nuestro país. [60]

 

En este sentido, en la violenta sociedad argentina de los años 70, el enemigo (ahora utilizo el término en sentido amplio) lo conformaba el fenómeno terrorista (ejercido desde el aparato del Estado y también desde sectores que operaban fuera de él). Actualmente las urgencias han cambiado; [61] Argentina es hoy un país eminentemente de pobres.

 

Por ello corresponde reclamar que la herramienta que tiene el Estado en el Derecho Penal (más allá de su cuestionada efectividad) sea orientada menos hacia los pequeños delitos contra la propiedad (hurtos y robos), al consumo y comercio de drogas a pequeña escala y más hacia la criminalidad económica que se realiza desde estructuras de empresa. [62] Este tipo de criminalidad a su vez contamina todo el sistema político, ya que se encuentra enraizada dentro del mismo, pervirtiéndolo (los affairs de las coimas en el senado y de la venta de armas son buen ejemplo de ello) e impide al mismo tiempo una justa distribución de la riqueza. [63]

 

En este terreno, el de la criminalidad económica en sentido amplio, la que se lleva a cabo bajo estructuras de relación complejas y de múltiples integrantes, la dogmática penal argentina tiene todo por hacer.

 

DISCURSO AÑO JUDICIAL 2005

Escrito por correalex 04-03-2006 en General. Comentarios (1)

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Don Marcos Libedinsky Tschorne, encabezó en la mañana de hoy (Martes 1° de marzo) la Ceremonia de Inauguración del Año Judicial 2005, que se realizó en el Salón de Honor de la Corte Suprema.

 
En la oportunidad, y de acuerdo con lo que dispone el artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales, el Presidente de la Corte Suprema debe dar cuenta del trabajo efectuado por la Corte Suprema y demás tribunales de la República, la apreciación que le merece la labor de los tribunales y las dudas y dificultades que hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes, en audiencia pública a la que concurren, además de los integrantes y fiscales de la Corte Suprema, los ministros y fiscales de la Corte de Apelaciones de Santiago y otras autoridades especialmente invitadas.

 

DISCURSO

PALABRAS PRELIMINARES

 

El artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales impone al Presidente de la Corte Suprema el deber de dar cuenta en esta Audiencia de diversos particulares acontecidos en el año judicial anterior en relación con la Administración de Justicia en el país. Interviene en la rendición de esta cuenta, exclusivamente, el Presidente de la Corte y no el Tribunal Pleno, su órgano máximo. Esto explica que no se encuentren en ella "votos en contra o disidencias" que sería difícil que no existieran si la Cuenta tuviera un carácter colectivo, como acontece con las sentencias u otras resoluciones del Pleno o de las Salas de la Corte. Por lo demás, estos “votos en contra o disidencias” contribuyen a demostrar la independencia de criterio con que cada uno de los Ministros de esta Corte resuelven los asuntos sometidos a su conocimiento y decisión. La disidencia es muestra de pluralismo.

 

Si tuviera que resumir en pocas palabras mi experiencia personal durante el año judicial anterior, primero de mi presidencia, lo denominaría como acertadamente se le calificó en el título de una entrevista: "El año que viví en peligro". Ese peligro se inició, precisamente, el día primero de Marzo del 2004 cuando, con ocasión del correspondiente "Discurso Inaugural", me referí a las "Relaciones entre Medios de Comunicación y Poder Judicial". Pues bien, y como creo que ya lo dije en oportunidades anteriores, nunca pude entender, por qué esa intervención fue considerada por gran parte de la prensa, como un feroz ataque a los medios de comunicación. Esto en circunstancias que en parte del discurso se contenían párrafos como el que a continuación transcribo:

 

"Ya hemos dicho que sin libertad de prensa y sin justicia no puede existir una sociedad democrática abierta y, en razón de ello creemos, firmemente, que jueces y periodistas, manteniéndonos en nuestros respectivos roles, y en un marco de independencia debemos dialogar. Desde ya queda lanzada la invitación a las diversas Asociaciones o agrupaciones de Prensa”.

 

Pues bien, con posterioridad al expresado discurso inaugural, la Federación de Medios de Comunicación de Chile, integrada por la Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación de Radiodifusores de Chile y la Asociación Nacional de Televisión, acogió el llamado a dialogar sobre temas de interés común, y al efecto se conformó una mesa de trabajo integrada por este Presidente de la Corte Suprema, su Director de Comunicaciones y representantes de las tres ramas de la Federación.

 

Durante el año, esta comisión ha avanzado en definir puntos de interés común del Poder Judicial y de los Medios, planteando cada uno de los problemas que han estimado debieran solucionarse y proponiendo recíprocamente acciones concretas para responder estos planteamientos.

 

Dentro de ese año "en que viví en peligro", se produjo, también, el problema vinculado al caso denominado "Mop-Gate", que no puedo soslayar en esta oportunidad, y que no dudo en calificar como la situación más dolorosa sufrida en mi vida judicial. Porque experimenté lo que podríamos denominar una "política de destrucción personal", en la que se entremezcló un error de mi parte que, hecho público, reconocí e inmediatamente puse en conocimiento del Pleno de la Corte Suprema, con los despiadados ataques de diversos medios de comunicación dando a conocer informaciones absolutamente alejadas de la realidad y tendenciosas que me hicieron pensar, incluso, en la posibilidad de renunciar a la Presidencia de la Corte. Si no lo hice fue, exclusivamente, por cuanto esa actitud podía ser considerada como  reconocimiento de una culpabilidad que, en rigor, nunca existió, que el propio Pleno de la Corte desestimó y cuya imputación todavía me resulta dolorosa de recordar y que tendré que incluir en el haber de mis experiencias más amargas.

 

Para comenzar esta Cuenta, después de la introducción que antecede, deseo retomar algunas de las palabras finales de mi informe del año anterior. Allí decía: “reiteremos, en último término, que fundamentalmente, la labor del Poder Judicial será todo lo eficaz que institucionalmente corresponde, y que la comunidad tiene derecho a exigir que lo sea, sólo en la medida en que los hombres y mujeres que lo integramos en sus distintas funciones y jerarquías, seamos plenamente conscientes de que la Administración de Justicia importa una labor de servicio público que debemos cumplir adecuada y eficazmente. Y que lo primordial en ello, es que coadyuvemos con vocación de servicio, a que la justicia llegue con la mayor celeridad posible a todos aquellos que acuden a sus estrados a reclamarla. De este modo contribuiremos, sin lugar a dudas, a desterrar la injusta imagen, a veces atribuida de un Poder Judicial remiso e indolente”.

 

En estas palabras se encontraba contenida, de modo implícito, la necesidad de que los juzgadores cuenten con la confianza de la ciudadanía. Debe existir el sentimiento ciudadano que los jueces imparten justicia de acuerdo con la ley. Confianza en que se juzga con neutralidad, tratando igual a las partes y no privilegiando al poderoso en desmedro del más débil. En esto se resume la importante característica, quizás la mayor, de la imparcialidad del juez. Sin la confianza pública las autoridades judiciales estarían impedidas de funcionar. Proviene de Honorato de Balzac la frase que dice: “la falta de confianza en los jueces es el principio del fin de la sociedad.”

 

La confianza demanda atención y dedicación. La confianza debe renovarse permanentemente, y nunca dejarla perecer.

 

La función de un juez, es juzgar actos concretos. La sociedad juzga y sentencia a los jueces. Confía o no confía en ellos. Esa es una verdad que no podemos cambiar.

 

Es muy fácil atacar y destruir instituciones. No debemos permitir nada que pueda atentar contra ellas, por supuesto, cuando esos atentados carecen de toda justificación, puesto que en tales situaciones no sólo no se ayudaría a solucionar posibles deficiencias sino que al contrario, a aquellas habría que sumar las que resulten como producto de esos ataques.

 

El año pasado, señales equívocas, derivadas de casos complejos, dieron lugar a que muchos se sintieran autorizados a criticar y desvalorizar nuestro sistema normativo y judicial, sin medir las consecuencias que un desprestigio de esa clase significa al sembrar en la ciudadanía desconfianza y dudas respecto de uno de los Poderes del Estado, cuya trayectoria ha demostrado largamente ser por si una garantía de probidad indiscutible y vital para la armónica convivencia nacional. Con razón se ha dicho que la sociedad se reforma con inteligencia, dinamismo y voluntad jurídica, y día a día requiere de una mayor confiabilidad en los órganos de Administración de Justicia.

Está demás aclarar que la necesidad de la confianza pública no implica que los jueces deben buscar la popularidad, sino que se traduce solamente en la conciencia generalizada y genuina de que las decisiones judiciales se dictan de acuerdo con la ley, de manera imparcial y objetiva y basada en la fuerza de los raciocinios y el fundamento de las peticiones.

 

En otras palabras, la balanza de la justicia debe calcular, exclusivamente, el peso de lo proporcionado por las partes, pues la introducción de cualquier otro factor, desequilibra la neutralidad de la función. Los jueces tenemos el deber de resolver los conflictos en conformidad a las leyes. Nuestra interpretación y aplicación al caso particular debe hacerse siempre dentro del marco de la ley, recogiendo la voluntad del legislador.

 

De lo anterior resulta que el juez debe reunir al mismo tiempo, entre otras características, las de ser justo y objetivo y esto debe extenderse a toda la gama de asuntos que le compete resolver. En esta Suprema Corte, puedo dar fe de ello, no se debaten opciones políticas. Se delibera sobre pretensiones jurídicas y es la razón jurídica, precisamente, el único instrumento utilizado para resolverlas.

 

En esta exposición, deseo hacer algunas otras referencias preliminares.

Con fecha 30 de abril de 2004, se incorporó como Ministro de este Tribunal don Jaime Rodríguez Espoz, a quien le reiteramos nuestra cordial bienvenida ya expresada en su oportunidad, en la vacante que dejara el Ministro  Mario Garrido Montt.

 

En julio de 2004 se acogió a jubilación la señora Ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción, doña Silvia Oneto Peirano.

 

Cesaron en sus funciones por el cumplimiento del límite máximo de edad, durante el curso del año pasado, las señoras Ministras Carmen Carvajal Maureira de la Corte de Apelaciones de  San Miguel y Eliana Ayala Orellana    de la Corte de Apelaciones de Iquique y los Ministros señores Sergio Valenzuela Patiño, Hernán Matus Valencia y don Alfredo Azancot Vallejo  de la Corte de Apelaciones de Santiago, San Miguel y La Serena respectivamente.

 

En marzo de 2004 falleció el señor Ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, don José Miguel Varela Muñoz y en diciembre último dejó de existir la Ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, doña Isabella Ancarola Privato.

 

Ambos de distinguida y dilatada actuación en el ámbito judicial. El Tribunal dejó constancia del pesar ocasionado por sus muertes.

 

Hace breves momentos, esta misma mañana, me enteré de otro fallecimiento que lamento profundamente, el de Leticia Contreras Squella, a quien tuve oportunidad de conocer personalmente en los comienzos de mi carrera judicial. Leticia inició su carrera judicial como Secretaria del Juzgado de Lautaro, el año 1947; fue Secretaria del Juzgado de Parral, el año 1949; Juez Letrado de Yungay y de Melipilla, durante los años ´50; Juez del Tercer Juzgado Civil de menor Cuantía de Santiago, el año 52; Relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, el año 1957 y, finalmente, Fiscal de la Corte de Apelaciones de esta misma ciudad, el año 1969. Sin duda alguna, ella fue una gran dama y modelo de corrección y eficiencia para todos los que integran el Poder Judicial.

 

Lamentamos profundamente su fallecimiento y nos duele dar a conocer que sus funerales se efectuaron esta misma mañana, con anterioridad a la presente audiencia.

 

A continuación, paso a referirme a la cuenta que debo rendir.

 

 

 

 

DATOS ESTADÍSTICOS GENERALES

 

En un cuadro estadístico, que se agrega como anexo al final de esta Cuenta, se señala el total nacional de ingreso de causas a primera instancia durante el año 2004 y comparativamente las ingresadas en el 2003.

Ahora me referiré sólo a este balance nacional.

El total nacional de causas ingresadas durante el año 2004, según los libros de los tribunales del país, sin incluir exhortos, experimentó un aumento porcentual del 2,87%, pues de 1.842.814 causas en el año 2003, subió a 1.895.773 en el 2004.

Desglosando este total nacional, aparece que las causas civiles ingresadas en el año 2004 en los juzgados del país, ascendieron a 994.266, cantidad mayor que la del año anterior, que alcanzó a 871.059. Hubo, entonces, un aumento de 14,14 % de éstas.

Las causas criminales, en total, experimentaron una disminución de un 12,21%: de 617.652 ingresos en el año 2003, a 542.236 ingresos para el año de la presente Cuenta.

De este total de causas criminales, las del sistema procesal antiguo disminuyeron un 33,06%, pues de 534.257 en el año 2003 bajaron a 357.645 en el 2004. Esta caída se explica por la entrada en vigencia de la cuarta etapa de la Reforma Procesal Penal en diciembre del año 2003.

A su vez, en el nuevo sistema se anotó un incremento de un 121,35 % en los Juzgados de Garantía y Tribunales Orales, debido principalmente al funcionamiento de los nuevos tribunales incorporados a la Reforma, en las Regiones V, VI, VIII y X.

Conviene aclarar que la disminución de un 12,21% en el total de causas criminales generadas en el año 2004, sólo se refiere a los procesos criminales que ingresaron a los órganos del Poder Judicial y no comprende a los casos que, según el nuevo procedimiento, son del conocimiento del Ministerio Público.

Por su parte, las causas de menores experimentaron un aumento de 3,20%, así de 179.072 en el año 2003 aumentaron a 184.801 causas en el 2004.

Por último, los ingresos laborales a nivel nacional presentaron una variación mínima de un 0,32%: de 175.031 causas para el año 2003 a 174.470 el 2004.

 

LABOR DE LA CORTE SUPREMA

 

            La labor de la Corte Suprema, se separará en tres grupos: función jurisdiccional, administrativa y normativa.

 

FUNCIÓN JURISDICCIONAL.

 

Es necesario recordar que el período que se consideró para la estadística sobre la labor de esta Corte, al igual que en años anteriores, corresponde al año calendario, o sea, abarca desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2004.

            De las cifras que proporciona el Cuadro Estadístico anexo, se concluye que el ingreso de recursos de casación en el año 2004 fue de 3.668 o sea, aumentó en 108 causas en relación con el año anterior, y se fallaron en total 3.060, es decir 83 más que el 2003. No obstante, a pesar del mayor número de fallos, la existencia de estos recursos aumentó en 716, lo que muestra un total pendiente de 2.844. De éstos, 90 se encuentran en acuerdo con Ministro redactor; 338 en tramitación, 234 en tabla y 2.182 en estado de figurar en ella o de dar cuenta. De las 234 en tabla, 144 son casaciones de fondo y 37 de forma, en lo civil, y, en lo criminal 42 de fondo y 11 de forma.

            El detalle de otras causas, también comprendidas en esta Cuenta, no será motivo de lectura en esta oportunidad por razones de tiempo, pero será publicado.

            En los recursos de queja, el ingreso se mantuvo en un nivel semejante, pues de 432 en el año 2003 aumentó a 464 en el 2004, o sea, sólo aumentó en 32 recursos. Fueron fallados en el año 2004, la cantidad total de 481, es decir, 57 más que en el 2003. La existencia pendiente de 80 en el año 2003 bajó a 71 en el 2004.

            En los recursos de protección apelados, el ingreso disminuyó de 1.012 en el año 2003 a 1.008 en el 2004, esto es, en 4 recursos. Fueron fallados el año 2004, la cantidad total de 1.047. De modo que la existencia pendiente de 226 causas el año 2003 aumentó a 227 en el 2004.

            La labor general de la Corte durante el año recién pasado, se puede resumir en lo siguiente: el ingreso total de recursos aumentó de 6.262 en el año 2003 a 6.720  en el 2004, es decir, en 458 recursos. En el año 2004 se dictaron 5.837  fallos. La existencia pendiente aumentó, de 3.000 a 3.882. Esta situación nos preocupa y buscaremos los medios para corregirla en el transcurso del presente año.

El detalle de causas de esta cuenta, aunque comprendido en ella, no será motivo de lectura en esta oportunidad por razones de tiempo, pero será publicado.

 

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA.

 

AUTOS ACORDADOS E INSTRUCCIONES.

 

            En ejercicio de la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales, que le asigna la Constitución Política de la República, el Tribunal Pleno, durante el año que comprende esta Cuenta, dictó trece autos acordados para la mejor aplicación de las leyes, Impartió, además,  dieciséis instrucciones de carácter general a fin de obtener un mejor rendimiento y control en el funcionamiento de los tribunales del país.

 

 VISITAS INSPECTIVAS A CORTES DE APELACIONES.

 

            De conformidad a lo dispuesto en los acuerdos de Pleno de 2 y 9 de agosto de 2002, se practicaron 19 visitas. Al término de cada una, los Ministros Visitadores informaron al Tribunal Pleno el que les prestó su aprobación a lo dado a conocer y que se tuvo presente en el respectivo proceso de calificación de fines del año pasado.

 

TRASLADOS Y PERMUTAS.

 

            El Tribunal Pleno se pronunció sobre 51 solicitudes de traslado: rechazó 46 y autorizó 5. Hubo, además, 4 solicitudes de permuta, pronunciándose favorablemente sólo respecto de 1.

 

OFICINA DEL PERSONAL.

 

             A esta oficina le corresponde cumplir principalmente la función administrativa que la ley encomienda directamente al Presidente de la Corte Suprema.

             Durante el 2004 la Presidencia dictó 1.840 resoluciones exentas y 71 afectas al trámite de Toma de Razón.

           En el año 2004 se otorgaron 7.230 comisiones de servicio, especialmente en el ámbito de la capacitación y perfeccionamiento de magistrados y funcionarios.

 

LABOR DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR

 

     Este Departamento se encuentra orientado a satisfacer integralmente las necesidades de los socios y su grupo familiar, desarrollando actividades tendientes a mejorar los beneficios que año a año se les otorgan.

Durante el período de esta Cuenta celebró múltiples Convenios vinculados al área de salud, educación, vivienda y recreación, permitiendo a los beneficiarios obtener cada vez mayores y mejores prestaciones.

Del informe emitido por el presidente de este Departamento, Ministro don Eleodoro Ortiz Sepúlveda, aparece que el ingreso total de fondos en el año 2004, alcanzó a $ 942.565.545. Por concepto de cuotas sociales, el ingreso fue de $ 615.457.482, el que aportaron un total de 5.480 socios.

            Expresamos nuestro reconocimiento al Ministro señor Ortiz por su dedicación en la dirección del Departamento de Bienestar, así como al Consejo de Administración y a todo el personal que allí labora.

 

LABOR NORMATIVA.

 

     En el proceso de formación de las leyes y por mandato del artículo 74 de la Constitución Política de la República, la Corte Suprema debe expresar su parecer al Senado o a la Cámara de Diputados. En cumplimiento de esa obligación, el Tribunal ha emitido 55 informes de diversos proyectos de ley. 26 de ellos fueron dirigidos al H. Senado y los restantes 29 a la H. Cámara de Diputados.

 

EXTRADICIONES.

 

En virtud de la modificación del artículo 53 del Código Orgánico de Tribunales, se distribuyeron entre los Ministros de esta Corte, conforme al turno establecido, 70 solicitudes de extradición pasiva, a las que se debe agregar las 78 que estaban pendientes del año anterior. De ellas, 13 fueron falladas y 135 están en tramitación.

 

SUPERINTENDENCIA DISCIPLINARIA DE LA CORTE SUPREMA.

 

            Durante el año pasado, este Tribunal tomó conocimiento y aplicó un total de 129 medidas disciplinarias; 30 corresponden al Escalafón Primario y son de la siguiente naturaleza: 6 suspensiones, 6 censuras por escrito y 18 amonestaciones privadas.

            A abogados, se les impuso un total de 8 medidas disciplinarias. Se desglosan en 6 de suspensión y 2 de amonestación privada.

            Conforme lo anterior, el Poder Judicial, en particular la Corte Suprema, ha sido y seguirá siendo estricta y rigurosa en sancionar los comportamientos irregulares de sus magistrados y funcionarios, velando por su adecuada conducta en las funciones que les son propias.

 

JURAMENTO DE NUEVOS ABOGADOS

 

            En el curso del año 2004, esta Corte invistió con el título de abogado a  1.436 Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales y, para este fin, se efectuaron por el Tribunal Pleno, 28 ceremonias de juramento. Se acordaron, además,  33 convalidaciones de estudios

            Actualmente existen 40 Universidades que imparten la carrera de Derecho, lo que justifica el creciente número de títulos que esta Corte debió otorgar. 

 

LABOR DE LAS CORTES DE APELACIONES

           

Durante el año 2004 ingresaron a las Cortes de Apelaciones del país un total de 157.990 causas, lo que significó una reducción de un 11% respecto de las causas ingresadas en el año 2003, que en dicho período ascendieron a 177.028.

Las causas ingresadas en la Corte Marcial y Corte Marcial de la Armada ascendieron a 2.274, lo que significó un aumento de un 24% respecto al ingreso total de estas Cortes durante el año 2003. La Corte Marcial, por su parte, presentó un aumento de un 28% en su ingreso y la Corte Marcial de la Armada registró una disminución de un 16%.

El ingreso total durante el año 2004, incluyendo Cortes de Apelaciones y Cortes Marciales alcanzó a 160.264 causas, experimentando una disminución de un 10% respecto al año anterior.

La disminución a que se ha hecho referencia se debió principalmente a la puesta en marcha de la cuarta Etapa de la Reforma Procesal Penal y a los efectos que aún tiene la promulgación de la ley Nº19.810 que introdujo modificaciones a la tramitación de la segunda instancia en materia penal.

Las causas falladas en las Cortes de Apelaciones en el período de análisis alcanzaron a 148.920, que en cifras equivale al 94% de las causas ingresadas.

En otro ámbito, mientras en el año 2003 las causas pendientes en las Cortes de Apelaciones alcanzaban la cifra de 90.810, en el 2004 dicha cifra llegó a 99.880 causas, e incluyendo las Cortes Marciales el total de causas pendientes alcanzó la cantidad de 101.348.

En particular, las Cortes de Apelaciones de Santiago y Valparaíso participan en esta cifra con 57.083 y 15.111 causas pendientes respectivamente, las que representan el 57% y 15% del total de causas pendientes a nivel nacional. No obstante lo anterior, la Corte de Valparaíso disminuyó sus causas pendientes en relación al año 2003, situación en que también se encuentran las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, San Miguel, Valdivia y  Punta Arenas.

 

LABOR EN LAS FISCALIAS JUDICIALES

 

            La labor de la Fiscalía Judicial de esta Corte Suprema y la de las Cortes de Apelaciones del país durante el año 2004, se refleja en un cuadro estadístico que se anexa a esta Cuenta. Este demuestra que se evacuaron un total de 26.383 informes, se practicaron un total de 27 visitas a lugares de detención; y 109 visitas a establecimientos especiales y carcelarios donde se encuentran internados enajenados mentales; asimismo, efectuaron 291 visitas inspectivas a diferentes juzgados.

            La Fiscalía de la Corte Suprema emitió el año pasado 700 dictámenes sobre diferentes materias.

            La Fiscal titular integró Salas en 11 ocasiones y el Pleno en 3 oportunidades.

 

ACADEMIA JUDICIAL

 

En el año 2004 se ha reunido quincenalmente, en la Presidencia de la Corte Suprema, el Consejo directivo de la Academia. Se realizaron 20 sesiones en el año.

Durante el año 2004, la Academia Judicial, inició, desarrolló y/o finalizó los programas de formación números 27 al 32.

Además, abrió la convocatoria a los Programas N°s. 33, 34 y 35 que se ejecutarán en el presente año.

Hasta la fecha han egresado 701 alumnos del Programa de Formación, de los cuales 461 (66%) se encuentran incorporados en cargos titulares del Poder Judicial. Del total de egresados que se han incorporado, 326 ha sido nombrado en vacantes fuera de la Región Metropolitana y 135 en esta Región.

 

COMISION ASESORA DE CONTROL ETICO Y FUNCIONARIO

 

Esta Comisión no ha caído en el olvido, como equivocadamente señalara un comentarista, sino que al igual que en años anteriores, durante 2004 desarrolló una extensa y reservada labor. Recibió 48 reclamos en total. De esta cifra, 31 fueron archivados, por no corresponder a la finalidad de la labor de la Comisión. Otros 9 fueron derivados al Ministro Visitador o a la Corte de Apelaciones respectiva. Finalmente, del total de los reclamos ingresados, 5 de ellos fueron remitidos al Tribunal Pleno para su pronunciamiento.

Existen en la actualidad 3 reclamos pendientes para ser conocidos por esta Comisión.

 

LABOR DE LA CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL.

 

            El Consejo Superior de la Corporación, presidido por quien habla e integrado por los Ministros señores Ricardo Gálvez Blanco, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas, Nibaldo Segura Peña y el Director de la Corporación Administrativa, señor Miguel Sánchez Brito, realizó 27 sesiones durante el año 2004. Como es habitual, éstas se efectuaron fuera del horario de la Corte Suprema a objeto de no comprometer el trabajo ordinario de este Tribunal.

 

            A continuación detallaré a grandes rasgos las principales actividades desarrolladas durante el año 2004 por  la  Corporación  Administrativa del Poder Judicial.

 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

 

Se desarrollaron proyectos de construcción, mantención, instalación y reparación de Tribunales a lo largo del país, por un monto ascendente a $6.399 millones de pesos.

En ese orden $4.522 millones de pesos que significan el 71% de las inversiones, corresponde a nueva infraestructura desarrollada en el marco del Reforma Procesal Penal, de los cuales $2.923 millones han sido aplicados en proyectos que se han terminado y $1.598 a proyectos que se han iniciado durante el año 2004.

El 29% restante equivalente, a $1.878 millones de pesos, es correspondiente a obras de Construcción, mantenimiento y reparación con cargo a recursos sectoriales del Poder Judicial.  De ellos, $795 millones de pesos,  equivalentes al 42%, se aplicó a obras de mejoramiento y mantención en edificios del Poder Judicial; y $1.082 millones de pesos, equivalentes al 58%, se invirtió en infraestructura desarrollada por la Corporación Administrativa en 19 localidades del país, con obras terminadas y en procesos de diseño y ejecución durante al año 2004.

En estas materias cabe destacar la entrega del nuevo edificio para la Corte de Apelaciones y los Juzgados de Letras y Menores de Talca, edificio emblemático y que ha conformado un importante punto de crecimiento urbano para la ciudad con sus 7 pisos de altura y 9.500 m2 de construcción.

En suma, esta área ha aportado con un crecimiento significativo en locales para el Poder Judicial, lo que se traduce en 40 nuevos edificios para la Reforma Procesal Penal terminados durante el año 2004, el inicio de la ejecución de 27 nuevos edificios, la construcción de nueva infraestructura en 5 localidades y el inicio de 14 obras de arquitectura en diversas regiones del país.

Asimismo, se ha dado inicio a las gestiones necesarias para la habilitación de locales transitorios en el marco de la reforma de Juzgados de Familia. En este contexto, se han arrendado los locales para la habilitación de los 60 nuevos juzgados de familia que deberán entrar en funciones durante octubre del presente año 2005.

 

Reforma Procesal Penal

 

Como se sabe, el Poder Judicial ha sido parte central de la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, que desde el año 2000 se encuentra parcialmente vigente en nuestro país.

A las labores ya desarrolladas en las regiones de las tres primeras etapas, se sumaron con gran fuerza la V, VI ,VIII y X regiones, correspondientes a la cuarta etapa,  las que durante el año 2004 conocieron un total de 88.983 causas, que representan un 48,21 % del total nacional de ingresos de la Reforma. Queda de manifiesto que por primera vez la Reforma Procesal Penal se aplicó en regiones de más de un millón de habitantes, obteniendo positivos resultados hasta la fecha.

Correspondió a la Corte Suprema, de acuerdo con la Ley N° 19.861, proponer al Ejecutivo el adelantamiento en la designación de jueces orales en las regiones de la Cuarta Etapa donde la carga de trabajo así lo exigió,  asunto que se materializó con pleno éxito bien.

En relación con la implementación de la Reforma en la Región Metropolitana, cabe señalar que hasta la  fecha se han nombrado un total de 53  Jueces de Garantía. En cuanto a los jueces del tribunal oral en lo penal, éstos serán designados siguiendo la gradualidad establecida en la ley 19.861.  Asimismo, se está nombrando al personal administrativo que trabajará junto a los jueces en los diferentes Tribunales de la Reforma en la Región Metropolitana. Todos ellos estarán cabalmente adiestrados para asumir sus nuevas funciones y así empezar desde el 16 de junio de este año, con la última fase de este histórico proceso.

El Poder Judicial, en consecuencia, se encuentra plenamente preparado para implementar la Reforma en la Región Metropolitana en la fecha prevista, esto es, el 16 de junio de 2005. Resta únicamente la entrega de los edificios correspondientes a la Fase I del Centro de Justicia de Santiago, los que de acuerdo con la información proporcionada por el M. O. P. a la Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal, debieran estar completamente terminados y en condiciones de ser utilizados para sus fines propios, el 16 de mayo del presente año. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° transitorio de la ley N° 19.665.

 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

 

Durante los meses de Abril y Septiembre de 2004, se realizaron  los Encuentros de Administradores Zonales de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Se abordaron temas como la Infraestructura para Tribunales de Familia, la Evaluación de Gestión año 2004 y proyecciones futuras, mecanismos de optimización de labores generales de las Oficinas Zonales, los nuevos desafíos que conlleva la implementación de la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana y los Tribunales de Familia.

En el mes de Noviembre de 2004, se efectuó el “Encuentro de Administradores de Tribunal 2004”. En este evento se trataron temas de contingencia de los Tribunales de la Reforma Procesal Penal, con el objeto de unificar criterios y consolidar medidas efectivas para una mejor gestión.

En el mes de Septiembre se elaboró un “Manual de Examen de Traspaso para Juzgados de Familia”, cuya finalidad fue entregar una herramienta de apoyo y estudio a todos los funcionarios que debían rendir el Examen habilitante para ser traspasados desde los actuales Juzgados de Menores a los futuros Tribunales de Familia.

Entre los meses de Septiembre y Noviembre, se desarrollaron 17 “Cursos Preparatorios para los Exámenes de Traspaso” de los Tribunales de Familia, al cual asistieron 837 funcionarios de todo el país.

En este mismo contexto, en el mes de diciembre se tomaron a lo largo de Chile 837 exámenes habilitantes a los funcionarios de los Juzgados de Menores para posteriormente ser traspasados al nuevo sistema.

Los Departamentos de Recursos Humanos y de Informática y Computación de la Corporación Administrativa, han venido desarrollando e implantando el Sistema Integrado de Recursos Humanos (S.I.R.H.), destinado a registrar, almacenar, administrar y procesar información relativa al personal, tribunales y unidades del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa. La información registrada se encuentra implementada en línea en todas las Administraciones Zonales de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y en las Oficinas de Personal de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel. Con ello se facilita la descentralización y optimización de tareas y la consulta y acceso oportuno a la información para apoyar las labores de estudio, auditoría y estadísticas de dotación, reclutamiento y selección, registro de nombramientos, movimientos funcionarios y hojas de vida, personal, remuneraciones, calificaciones, capacitación, prevención de riesgos y bienestar.

En este contexto, durante el año 2004, se llevaron a cabo diversos talleres de capacitación, teóricos y prácticos, destinados a preparar a los usuarios en el uso eficiente de la aplicación y sus funcionalidades, como, asimismo, para enfrentar el importante cambio que implica la transición de una operación manual a un sistema informático, dotándolos de equipamiento y manuales de usuario, reforzando las políticas y procedimientos, y estableciendo, además, una mesa de ayuda, soporte técnico y control de calidad para resolver sus inquietudes.

Por último, los Departamentos de Recursos Humanos e Informática y Computación, desarrollaron el Sistema de Ingresos de Postulaciones, destinada a registrar, almacenar, administrar y procesar información relativa a postulantes al Poder Judicial.

 

 ÁREA INFORMÁTICA

 

Las principales acciones realizadas en esta área durante este periodo fueron entre otras las siguientes:

Desarrollo y operación de la Intranet del Poder Judicial, a través de la cual se entrega información de su interés a los funcionarios de los tribunales y de la Corporación Administrativa.

El Rediseño del Sistema de Apoyo a la Gestión Judicial de la Reforma Procesal Penal  fue implantado en todas las regiones en las cuales ésta opera, efectuándose la respectiva capacitación al personal de los Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal.

Se implementó un Sistema de Actualización de Contratos, destinado al  registro y control de los mismos.

Se desarrolló el proyecto informático “Publicación de estadísticas en la Intranet del Poder Judicial” cuyo objetivo es dar a conocer información estadística tanto de las Cortes de Apelaciones como de los Tribunales de primera instancia, facilitando el acceso de los usuarios a dichos datos

Se efectuó la implantación y mejoramiento del Sistema Integrado de Recursos Humanos.

Se desarrolló un plan piloto de interconexión con el Ministerio Público, que abarcó Juzgados y Fiscalías de diversas ciudades del país, que permitió el traspaso de información de los casos judicializados por el Ministerio Público y de las resoluciones emanadas de los Juzgados.

Se desarrolló un Manual de Procedimientos para los Juzgados de Garantía.

            Se realizó la habilitación de computadores, enlaces y otro equipamiento computacional, con el objeto de mejorar el funcionamiento de los tribunales del país.

 

ÁREA FINANCIERA

 

Siguiendo con los lineamientos trazados en los últimos años, el Poder Judicial ha continuado con las actividades tendientes a materializar el anhelo histórico  de contar con  autonomía financiera, acorde con su rol de Poder del Estado.  En este sentido, se debe destacar la nueva y tercera revalidación del Convenio de Desempeño suscrito con el Ministerio de Hacienda, herramienta que ha permitido un mejoramiento sustantivo y sostenido en la gestión financiera del Poder Judicial.

Con el ánimo de generar un mayor grado de autonomía en la gestión presupuestaria y el manejo de los recursos por parte de las Cortes de Apelaciones, se ha incrementado la  descentralización efectiva de las decisiones de este ámbito, fortaleciendo y priorizando los objetivos locales.

Algo más diremos sobre esta área financiera al referirnos, más adelante, a los Proyectos de ley elaborados por la mesa de trabajo constituida por el Gobierno y el Poder Judicial.

Mi   reconocimiento  a  los  Ministros  Consejeros  de   la  Corporación Administrativa y al personal de la misma. Sin los esfuerzos realizados por todos ellos no habría sido posible desarrollar la ardua labor de que se da cuenta en el presente informe.

 

LEYES RELATIVAS AL PODER JUDICIAL

 

            Durante el período que comprende esta Cuenta, se dictaron numerosas leyes relativas al Poder Judicial. De ellas me referiré a las siguientes:

 

  a)       Ley N° 19.947, publicada en el Diario Oficial de 17 de mayo de 2004, que establece la nueva Ley de Matrimonio Civil.

 

Inspirada en la protección del interés superior de los hijos y del cónyuge más débil, esta ley regula lo concerniente a los requisitos para contraer matrimonio, a la forma como éste debe celebrarse, a los derechos y deberes que de él se derivan, a la separación de los cónyuges y a la forma de término del mismo; contemplando, asimismo, los medios para paliar los efectos de las rupturas matrimoniales.       

Esta normativa permite que los contrayentes celebren un matrimonio religioso, con anterioridad al civil, el que -dentro del término previsto- debe ser inscrito ante el Oficial de Registro Civil para que produzca efectos civiles.

Por otro lado, este nuevo cuerpo legal contempla una separación de hecho y otra de carácter judicial; establece, del mismo modo, que el término del matrimonio está dado por la muerte natural o presunta de uno de los cónyuges, por sentencia firme de nulidad y por sentencia firme de divorcio.

Éste último, en tanto, podrá ser invocado si existe incumplimiento grave de los deberes y obligaciones respecto del matrimonio y los hijos; mutuo acuerdo de las partes; o voluntad unilateral de uno de los cónyuges.

Entre los aspectos más notables de esta ley destaca el establecimiento de una compensación económica para el cónyuge más débil, en caso de producirse nulidad o divorcio, la que podrá ser convenida por los cónyuges o, en su defecto, definida por el juez, y que podrá ser denegada -o disminuida prudencialmente- respecto de aquél por cuya culpa se hubiere decretado el divorcio.

Además, se establecen mecanismos de conciliación y mediación, contemplándose la gratuidad de esta última para las personas que no posean los recursos necesarios.

 

b) Ley N° 19.968, publicada en el Diario Oficial de 30 de agosto de 2004, que crea los Tribunales de Familia.   

Mediante esta ley se establecen los Tribunales de Familia, con competencia en todas las materias vinculadas y derivadas del conflicto familiar.

En cuanto a lo sustantivo, sus objetivos y principios inspiradores, así como el procedimiento previsto, son -en la práctica- los mismos tenidos en consideración al momento de diseñar la reforma procesal penal; Así las cosas, la nueva estructura para hacer frente al conflicto familiar consta de tribunales unipersonales de composición múltiple, es decir, con un número variable de jueces, dependiendo de la carga de trabajo estimada, pero en el que cada uno de ellos ejercerá separadamente la potestad jurisdiccional plena.

Estos tribunales estarán apoyados por un Consejo Técnico, por el Administrador del Tribunal, en los mismos términos establecidos para la reforma procesal penal, y por el personal de secretaría.

Del mismo modo, se establece el Comité de Jueces, que constituye el nivel superior de decisión dentro del tribunal, y el Juez Presidente, que es elegido de entre los miembros del Comité de Jueces y permanece dos años en el cargo, pudiendo ser reelegido hasta por un nuevo período.

 

c)    Ley N° 20.000, publicada en el Diario Oficial de 16 de febrero de 2005, que sustituye la Ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

 

En lo que es directamente atinente al Poder Judicial, a través de su artículo 75 se introducen importantes modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, en el sentido de establecer una nueva causal de inhabilidad para el cargo de juez, de imponer una exigencia formal para la asunción de dicho cargo por parte de los miembros del Escalafón Primario, de regular los efectos de una inhabilidad sobreviniente y, en fin, de asignar a la Corte Suprema la elaboración de un Auto Acordado en la materia.

1.- Causal de Inhabilidad:

Se intercala en el Código Orgánico de Tribunales un nuevo artículo 251, conforme al cual no puede ser juez la persona que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales.

2.- Exigencia formal para la asunción de cargos:

Por otra parte, la Ley N° 20.000 incorpora un artículo 323 bis al Código Orgánico de Tribunales. De acuerdo con éste, todos los miembros del Escalafón Primario, antes de asumir sus cargos, deberán prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentran afectos a la causal de inhabilidad antes referida.

3.- Inhabilidad Sobreviviente:

A través del señalado artículo 323 bis del Código Orgánico de Tribunales se impone a los funcionarios judiciales la obligación de admitir ante el superior jerárquico la inhabilidad sobreviviente y la de someterse a un programa de tratamiento y rehabilitación en la institución respectiva, al cabo del cual deberán “aprobar” un control de consumo toxicológico y clínico.

El incumplimiento de esta norma da lugar al juicio de amovilidad, a menos que la Corte Suprema acuerde la remoción y, todo ello, sin perjuicio de la eventual declaración de vacancia del cargo, por salud incompatible o irrecuperable.

4.- Auto Acordado de la Corte Suprema:

            Con arreglo a lo previsto en el artículo 75 de la citada Ley N° 20.000, la Corte Suprema debe dictar un Auto Acordado que, entre otras materias, ha de contener normas para la prevención del consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, por parte de los funcionarios judiciales y la determinación de un procedimiento de control de consumo, aplicable a los miembros del Escalafón Primario.

Acerca de esto último, se especifica en la ley que tal procedimiento de control debe comprender a “todos los integrantes de un grupo o sector de funcionarios que se determinará en forma aleatoria”. Este ha de aplicarse en forma reservada y con los debidos resguardos a la dignidad e intimidad de tales personas.

d)         Ley N° 19.976, publicada en Diario Oficial del 23 de octubre 2004, que modifica el procedimiento de confección de ternas de jueces de garantía y de tribunales del juicio oral en lo penal.  

 

En virtud de esta ley se introduce una modificación al Código Orgánico de Tribunales, por la vía de incorporar una norma transitoria, tendiente a  solucionar el inconveniente derivado de la falta de postulantes que cumplan los requisitos para formar las ternas para proveer los cargos que demanda la reforma procesal penal. También, según expresa el Legislador, se aplica a los otros procesos de transformación de los sistemas de enjuiciamiento que requieran proveer nuevos cargos de jueces, entiéndase, justicia de familia y del trabajo.

 

e)         Ley N° 19.990, publicada en el Diario Oficial de fecha 24 de diciembre de 2004, que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la Ley N° 18.776, incorporando las comunas de  Alto Hospicio, Hualpén, Alto Biobío, Cholchol, San Pedro de la Paz y Chiguayante a los territorios jurisdiccionales de los tribunales que indica.

 

Esta ley permitió incorporar a los territorios jurisdiccionales de determinados Juzgados de Letras, Juzgados de Garantía, Tribunales del Juicio Oral en lo Penal, Juzgados del Trabajo y Tribunales de Menores que correspondiere las nuevas comunas creadas en el territorio nacional.

f)          Ley N° 19.991, publicada en el Diario Oficial del 24 de diciembre de 2004, que modifica el sistema de turnos en Cortes de Apelaciones durante el feriado judicial.

 

Esta ley introduce una modificación al Código Orgánico de Tribunales en virtud de la cual se faculta al pleno de cada Corte de Apelaciones para autorizar, por razones de buen servicio, el funcionamiento de salas de verano adicionales a las previstas en el citado código.

 

g) Ley N° 19.966, publicada en el Diario Oficial de fecha 3 de septiembre de 2004.

 

Si bien esta ley no se refiere concretamente al Poder Judicial he estimado conveniente incluirla en esta nómina porque guarda relación con ciertos aspectos vinculados a la Administración de Justicia.

En efecto, la citada ley establece un Régimen de Garantías en Salud que considera, en el caso de los daños ocasionados por los "prestadores institucionales públicos de Salud" o sus funcionarios, un procedimiento de mediación prejudicial, obligatorio y gratuito, ante el Consejo de Defensa del Estado, el que comenzará a regir a partir del viernes 4 de marzo de 2005. A contar de esa fecha, ninguna acción contra prestadores institucionales públicos de Salud o sus funcionarios por daños ocurridos con motivo del otorgamiento de prestaciones de carácter asistencial, podrá tramitarse por un tribunal si es que el demandante no acredita haber recurrido previamente al procedimiento de mediación ante el Consejo de Defensa del Estado. Un sistema similar, pero ante la Superintendencia de Salud, operará en el caso de los prestadores privados de Salud.

La mediación en Salud, en ambos casos, constituye un procedimiento que intenta resolver el conflicto a través de una comunicación directa entre las partes. Ellas son las llamadas a resolver su conflicto, con la cooperación de un mediador.

Este procedimiento tiende a favorecer la oportunidad en la solución de los conflictos y, además, contribuye a la desjudicialización de los mismos, creando accesos directos, rápidos y flexibles para la tutela de los propios derechos, disminuyendo desigualdades entre distintos estratos socioeconómicos en todo el territorio nacional. Lo anterior, profundiza la democracia.

Es interesante también destacar que la ley que se comenta, en el inciso final de su artículo 43, contiene un concepto de la mediación al señalar que ella es “un procedimiento no adversarial y tiene por objetivo propender a que, mediante la comunicación directa entre las partes y con intervención de un mediador, ellas lleguen a una solución extrajudicial de la controversia”.

 

DUDAS EN LA INTELIGENCIA Y APLICACIÓN DE LAS LEYES.

 

De acuerdo con el N° 4 del artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales y 5° del Código Civil, corresponde dar cuenta de las dudas y dificultades que se han presentado a esta Corte y a las Cortes de Apelaciones en la inteligencia y aplicación de las leyes, así como de los vacíos que se noten en ellas.

            Se pidieron a las Cortes de Apelaciones del país los informes pertinentes que serán incluidos en anexo a esta Cuenta y se remitirán al Sr. Presidente de la República, para su consideración. A continuación se da a conocer sólo un índice de las materias que esos informes comprenden.

 

A. Normas de Procedimiento: Código Procesal Penal

1. Amparo  

2.Revisión periódica de las medidas cautelares

3. Plazo para remitir el auto de apertura del juicio oral

4.Procedimiento Simplificado

4.1. Necesidad de una audiencia adicional

4.2. Procedimiento Simplificado y reconocimiento por parte del imputado en el manejo en estado de ebriedad

5. Alcance de la causal contenida en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal. (Recurso de Nulidad)

6. Plazo para la realización de un nuevo juicio

7. Tramitación en las Cortes de Apelaciones

7.1. Orden de no innovar

7.2. Procedencia de la prueba en Alzada

7.3. Plazo para dictar la sentencia de segunda instancia en los recursos de apelación deducidos en contra de la sentencia definitiva recaída en el procedimiento abreviado

7.4. Plazo dentro del cual debe interponerse el Recurso de Hecho

7.5. Vista del Recurso de Hecho

8. Actuación del Fiscal tras el cierre de la investigación

9. Reapertura de la investigación en virtud de nuevos antecedentes

10. Delito de giro doloso de cheque

11. Detención

11.1 Facultad para decretar verbalmente la detención

11.2. Plazo que tiene el Ministerio Público para solicitar audiencia de control de detención. Artículo 131, inciso 2º del Código Procesal Penal

12. Posibilidad de hacer extensivo al delito falta de lesiones leves los acuerdos reparatorios establecidos en el artículo 241 del Código Procesal Penal

13.  Plazo para redactar la sentencia definitiva

14. Suspensión Condicional del Procedimiento

15. Notificaciones en segunda instancia

16. Adhesión a la Apelación 

17. Protección de los perjudicados con la comisión de un hecho punible

18. Suspensión de la vista de la causa

19. Prueba en el juicio oral

20. Comparecencia en segunda instancia en procedimiento abreviado

21. Comunicación de cierre de la investigación por el Fiscal

22. Sentido del concepto “pena de prisión” establecido en el artículo 395 inciso segundo del Código Procesal Penal

23. Prueba en la audiencia de determinación de pena

24. Principio de Congruencia

25. Plazo para formalizar la investigación

26. Apelación respecto de la resolución que excluye pruebas

B. Materia Penal Sustantiva: Código Penal

1. Media prescripción

2.  Procedencia de Agravante de Reincidencia

3. Tentativa y frustración de falta.

4. Delito de porte de armas cortantes o punzantes

5. Presunción de inocencia

C. Materia Civil Procesal: Código  de Procedimiento Civil

1. Incidentes de previo y especial pronunciamiento

2. Posibilidad de declarar desierto un Recurso de Apelación por el tribunal de primer grado cuando ha sido concedido en ambos efectos

D. Código Orgánico de Tribunales

1. Subrogación de jueces

2. Sentencias dictadas por Secretarios Subrogantes

3. Ternas para cargo de Notario, Archivero y Conservador

4. Atribuciones de Receptores en materia de exhortos

5.Amonestación privada

6. Subrogación e integración en el tribunal de juicio oral en lo penal

7. Dificultad en la aplicación de normas de subrogación e integración previstas en el Título VIII del Código Orgánico de Tribunales

8. Necesidad de crear cargo de Juez Alterno

9. Existencia de Juez de Cumplimiento de Sentencias

10. Archivo Judicial

E. Materia de Menores

1. Discernimiento

1.1. Falta de definición legal para la tramitación de los discernimientos en segunda instancia

1.2. Impulso procesal para solicitar el trámite del discernimiento

1.3. Discernimiento declarado por Juez de Garantía

2. Exigencia de hacerse parte en segunda instancia

3. Visitas en Adopción

4. Asignación Familiar

5. Tuición

F. Leyes Especiales:

1. Ley de Matrimonio Civil

2. Ley N° 18.755 del Servicio Agrícola y Ganadero

3. Tramitación y fallo de las causas a que da lugar la aplicación de la Ley de Pesca

4. Violencia Intrafamiliar: Ley N° 19.325

5. D.L. 3500: Preferencia en pago de cotizaciones

6. Ley Orgánica Constitucional N° 18.556 sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral

7. Decreto Supremo N°3386 del Ministerio de Justicia de 1937.

8. Ley N° 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas

8.1. Procedimiento para tramitar causas del delito de manejo en estado de ebriedad

8.2.Tribunal competente para conocer del manejo bajo influencia del alcohol cuando no se ocasionan lesiones ni daño

G. Laboral

1. Recurso de Queja en reclamo

2. Ley Bustos

3. Facultad del juez laboral para acoger excepciones dilatorias. (Artículo 440 del Código del Trabajo)

 

LABOR DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

 

Durante el año 2004 aumentaron las consultas y solicitudes de asesoría y entrega de informaciones por parte de jueces, periodistas y del público a través de Internet. Para satisfacer esas consultas, además, se publicaron múltiples informaciones en la página Web e Intranet del Poder Judicial  y desde el año 2005 la Dirección de Comunicaciones estará a cargo de las secciones informativas de esta red.

Se mantuvo contacto permanente con la Asociación de Magistrados, Federación de Medios de Comunicación y Colegio de Periodistas, realizándose encuentros de los periodistas de tribunales con el Presidente de la Corte Suprema. Estos profesionales efectuaron una visita a Valparaíso para conocer en terreno el funcionamiento de la Reforma Procesal Penal.

La Dirección de Comunicaciones ha prestado su apoyo en el desarrollo de diversas ceremonias en los Tribunales de Justicia, tanto de Santiago como de regiones y en todas aquellas funciones de carácter protocolar-administrativo en que se encuentren involucradas autoridades del Poder Judicial.

Colaboró en la organización y ejecución de las múltiples visitas a regiones programadas por el Presidente de la Corte Suprema, especialmente para apreciar en terreno el desarrollo de la reforma procesal penal, en Arica, Iquique, Antofagasta, Talca, Concepción, Valdivia y Punta Arenas.

Finalmente, esta Dirección participó en el proceso de selección de una empresa externa para asesoría en Comunicaciones convocada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a fin de perfeccionar y profundizar el desarrollo comunicacional del Poder Judicial.

 

 

LABOR DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIO

 

Durante el año 2004, esta Dirección continuó desarrollando sus actividades orientadas a diversas materias de interés para la función judicial.

Elaboró 45 informes relativos a variadas materias jurídico-institucionales, entre los cuales cabe destacar los referidos a diversos proyectos de ley sometidos a la consideración de la Corte Suprema; recopilación y análisis de artículos de opinión relativos al Poder Judicial; análisis de normas jurídicas sobre organización y funcionamiento de los tribunales y su consiguiente propuesta de modificación; estudio de la labor judicial y temas relativos a la reforma procesal penal, entre otros.

Se continúa efectuando una importante labor en el ámbito académico, materializándose la suscripción de dos nuevos convenios con las facultades de Derecho de la Universidad de Antofagasta  y la  Universidad Arturo Prat respectivamente.

Fruto de los convenios suscritos durante 2003 y 2004 se realizaron algunas publicaciones relativas al análisis de jurisprudencia, se concluyeron monografías que abordaron temas de interés a la función judicial, y se recibieron interesantes propuestas de trabajo para el año que se inicia.

            Finalmente, en cuanto a las actividades de extensión, se asistió a 17 seminarios en los que se abordaron variadas materias vinculadas al  área judicial como por ejemplo: temas de Derecho Constitucional, Independencia del Poder Judicial, Reforma Procesal Penal, Justicia Civil, etc., organizados o patrocinados por distintas Universidades, Embajadas, Fundaciones, Institutos de Estudios Superiores,  etc.

AMBITO INTERNACIONAL

 

DECLARACIÓN COPÁN-SALVADOR

 

Los días 21 y 22 de Junio del 2004 y 24 y 25 del mismo mes y año, se celebraron en forma conjunta y sucesiva, respectivamente, con asistencia de quien les habla, en la ciudad de Copán Ruinas y en la ciudad de San Salvador el IV Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura y la VIII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, actividades en que, como saben los Señores Ministros de esta Corte, hemos participado activamente. En estas oportunidades se acordó refundir las nombradas estructuras en una misma y única conferencia internacional que se denominará "Cumbre Judicial Iberoamericana", en la que se respete la identidad y representación propia de cada organización judicial, las que sustentarán la actuación futura de concertación y cooperación en el ámbito de sus respectivas competencias, sobre la base del diálogo, la solidaridad y la adopción de proyectos y acciones concertadas Todo ésto con la convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del necesario respeto a la diferencia, contribuye al fortalecimiento del sistema judicial y, por extensión, del sistema democrático, mediante la reafirmación de postulados compartidos que aseguren una administración de justicia independiente e imparcial, previsible, accesible al ciudadano, eficaz, pronta y equitativa, que garantice los derechos humanos y el respeto a la seguridad jurídica.

Estimo oportuno recordar que en una reunión anterior, destinada a fijar las áreas temáticas, para la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos, uno de los Presidentes asistentes expresó las siguientes palabras: “Los países Iberoamericanos guardan entre sí una gran identidad, no solamente en cuanto a su lengua y cultura, sino también por sus instituciones jurídicas, que cada vez hermana más a nuestras comunidades y las unifican –como una gran confederación de Naciones-” y rememora, a continuación, pensamientos expresados por Simón Bolívar en el año 1815: “Yo no quiero –decía Bolívar- que América sea como los árboles que hunden sus raíces en un solo lugar, sino como el viento, como el agua, como el sol, como todas las cosas que sin cesar avanzan y caminan”.

Terminó diciendo el Presidente: “que los acuerdos de esta reunión preparatoria no se queden, como las raíces de los árboles, en un solo lugar, sino que nazcan libres como el viento, como el agua, como el sol y como todas las cosas, que sin cesar avancen y caminen para bien de nuestros pueblos.”

 

DERECHOS HUMANOS

 

            En el discurso inaugural del año judicial 2004 dediqué un acápite a esta materia expresando que era necesario resaltar la relevancia que la Corte Suprema, en su actual composición, ha prestado a las normas referentes a los derechos humanos, demostrando particular atención en ella y comprendiendo la preocupación y sensibilidad social que conllevan. Hice notar, asimismo, que en la época en que ocurrieron los hechos constitutivos de violaciones a estos derechos, resultaba imposible pesquisarlos a fondo desde el momento en que involucraban, como se ha esclarecido posteriormente, a organismos de seguridad, a sus jefes e integrantes y que su efectiva investigación sólo fue posible a partir del retorno de la democracia a nuestro país. Agregué que no puede desconocerse que la justicia, al igual que la libertad, sólo son viables en democracia. La verdad de este aserto ha venido a quedar corroborada últimamente por el hecho de que diversos Ministros de Cortes de Apelaciones, trabajando en forma seria, silenciosa y abnegada, han finalizado la tramitación y dictado sentencias definitivas en causas de difícil sustanciación.

            No puede desconocerse tampoco que en la época en que se cometieron las aludidas violaciones a los derechos humanos existieron intentos de hacer justicia a pesar de las condiciones imperantes pero, con todo, esos intentos resultaron fallidos. Al efecto, deseo darles a conocer una experiencia personal.

 

El 31 de Enero de 1977, formando Sala con el ex ministro Adolfo Bañados Cuadra, acogimos un recurso de amparo interpuesto a favor de Carlos Humberto Contreras Maluje y, en consecuencia, declaramos "que el señor Ministro del Interior, a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del amparado, deberá disponer su inmediata libertad".

En un libro escrito por dos periodistas que se refiere a este caso se dice: "La resolución de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, sorprendió a todos. "Aceptaron un recurso de amparo", se decían unos a otros los abogados al comentar lo que parecía un milagro, después de las reiteradas negativas de la justicia para todos los habeas corpus presentados después del golpe militar".

 

"Esa calurosa tarde del 31 de enero de 1977, una familia chilena lloró de alegría. Y empezaron a contar los minutos para estrechar entre sus brazos a Carlos Humberto Contreras Maluje, 30 años, de profesión químico-farmacéutico, casado y con dos pequeños hijos..."

 

"Ese día, 31 de Enero, la familia Contreras Maluje volvió a sonreír. Imaginaron que podrían ver a Carlos en las próximas horas. Pero la pesadilla no había terminado. Y las sonrisas desaparecieron con el correr de los días".

 

El 4 de febrero, en un oficio timbrado "urgente-reservado" el Ministro del Interior subrogante, se dirigió al presidente de la Corte de Apelaciones. En la conclusión de su oficio decía "Como US. Iltma. podrá fácilmente comprender, el Ministro que suscribe debe hacer plena fe de lo que otros organismos del Estado le informan, especialmente si su dependencia es en forma directa del Presidente de la República y, en consecuencia, debe dar por establecido que el tantas veces citado Carlos Humberto Contreras Maluje no está ni ha estado detenido o arrestado por algún servicio u órgano de seguridad o dependiente del Poder Ejecutivo.... En consecuencia, lo resuelto por esa I. Corte, en orden a disponer la libertad de la mencionada persona, es imposible de cumplir por el momento, toda vez que como se ha expresado se ignora su actual paradero. Sin perjuicio de lo anterior esta Secretaría de Estado está llana a dar curso a dicha resolución una vez que sea habida la persona de que se trata o se indique por US. Iltma. el lugar preciso en que ella se encontraría".      

 

Tengo entendido que, actualmente, todavía se tramita un proceso en el que se investigaría el homicidio o secuestro de Carlos Contreras Maluje. En definitiva este asunto, en lo personal, me dejó, por una parte, sentimientos de profunda amargura y, por otra, dos satisfacciones. La amargura, es la de haber contribuido a despertar, por un breve lapso, las esperanzas de la familia de Contreras Maluje en el sentido de que éste recobraría su libertad. Las satisfacciones: son que María Adriana Pablos de Contreras Maluje dijo, en su oportunidad, "reconozco que guardo especial cariño para dos jueces, Adolfo Bañados y Marcos Libedinsky, que no tuvieron temor y acogieron el recurso de amparo de Carlos. Ellos no tienen la culpa de que su sentencia haya quedado sin cumplirse".

 

La segunda satisfacción es la de que Luis Egidio Contreras Aburto, padre de Carlos Contreras Maluje, y abogado que alegó en su oportunidad el recurso de amparo que fuere acogido en resolución no cumplida, concurrió bastante tiempo después, el año 1982, a mi despacho en la Corte de Apelaciones a obsequiarme un libro que yo ya tenía pero, sin decirle nada, lo acepté conmovido y orgulloso. ¡Era la obra de Piero Calamandrei "El elogio de los jueces escrito por un abogado".!

 

En esta materia de procesos vinculados a la violación de los derechos humanos la Corte Suprema dictó, con fecha 25 de enero último, instrucciones mediante las cuales se ordenaba que en estas causas, que se encuentran aún en estado de sumario, los Ministros y jueces a su cargo debían declarar cerrados los respectivos sumarios, dentro del plazo máximo de seis meses contados desde la señalada fecha, sin perjuicio del derecho que asiste a las partes en orden a proponer la verificación de las diligencias que estimen indispensables, con arreglo a la facultad que les confiere el artículo 401 del Código de Procedimiento Penal.

 

Como fundamentos de esta decisión se señalaron, entre otros, "que el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, impone al legislador la obligación de establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos", y "que existen diversos instrumentos internacionales que concretan esta necesidad de la existencia de un plazo razonable para los efectos de un juzgamiento. Entre otros, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, todos los cuales, en términos más o menos similares, establecen, con el carácter de derechos fundamentales de las personas acusadas en causas penales, el de ser juzgadas dentro de plazos razonables y sin dilaciones indebidas".

 

A lo ya dicho por la Corte en su citada resolución, puede añadirse que, como lo señalara un autor, "para criticar las largas duraciones de los procesos no se requiere hacer uso de la presunción de inocencia determinada en el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Basta con imaginarse la situación psíquica y física de aquellos que a través de varios años fueron expuestos a la sospecha de haber cometido un hecho punible. Es fácil introducir una sospecha que tenga como consecuencia la iniciación del procedimiento de instrucción. Erradicarla lleva, por experiencia, bastante más tiempo. Mientras la maquinaria de la justicia -casi siempre lenta, raramente rápida y por períodos inmóvil- realiza su proceso, sufren familias, se quiebran emocionalmente personas ante la exigencia impuesta, se pierden vidas. La incertidumbre acerca de cuando culminará un proceso penal es una circunstancia de la cual emerge un efecto de "semipenalización. Un proceso penal que se extienda en el tiempo es percibido frecuentemente por la persona afectada como una carga más grave que la pena misma que se impone finalmente." (Daniel R. Pastor. "El Plazo razonable en el proceso del Estado de Derecho. Konrad Adenauer-­Stiftung. Ad-Hoc. Pg.90. Nota 55.

 

Enfrentada a estas situaciones de estancamiento o prolongación procesal de numerosas causas lo que repercute negativamente, en forma indudable, sobre toda la administración de justicia, la Corte debió recurrir al mecanismo de ordenar el cierre de las etapas sumariales dentro del lapso de seis meses a fin de resguardar los legítimos derechos tanto de querellantes como de procesados o inculpados para obtener la final realización de la justicia.

 

La decisión de la Corte ha sido criticada sosteniéndose que constituiría "un punto final" a los procesos afectados por ella. Nunca he podido conocer el fundamento de esta apreciación y la estimo profundamente equivocada. En efecto, si en los procesos cuyos cierres de sumarios se han ordenado existen reos, se podrán elevar las causas a plenario respecto de ellos para que sigan su tramitación y terminen por sentencias absolutorias o condenatorias. Si en esos procesos no existen reos y se estima por los querellantes que existen diligencias pendientes cuya práctica podría conducir a un eventual procesamiento, podrán invocar el artículo 401 del Código de Procedimiento Penal, que les permite pedir que se deje sin efecto el cierre del sumario y se practiquen las diligencias que se consideren omitidas, las que deberán mencionar concretamente.¿Dónde se encuentra el pretendido "punto final"? No lo diviso. Lo que sí se impone es una carga, sea para el querellante o para el reo que pretenden dejar sin efecto el cierre del sumario, en el sentido de señalar concretamente las diligencias omitidas a fin de que el juez de la causa decida si debe o no reabrirse el sumario y proseguir, en el primer supuesto, con su sustanciación.

 

Se ha cuestionado, asimismo, este instructivo de la Corte de 25 de enero último, sosteniéndose que atentaría contra la "independencia interna de los jueces". Lo cierto es que dentro de nuestra antigua práctica tribunalicia jamás se ha objetado el hecho frecuente que, por ejemplo, las Cortes de Apelaciones conociendo de un proceso determinado, cuando advierten negligencias u omisiones durante la sustanciación de un sumario, "de oficio" ordenen a los jueces a quo la práctica de determinadas diligencia probatorias o bien, según fuere el caso, dispongan que el juez deberá declarar cerrada la etapa sumarial, sin que por eso se estime afectada la "independencia interna” de que goza todo tribunal.

 

Lo único que podría objetársele a la resolución de la Corte que se viene comentando es su alcance limitado –se refiere sólo a procesos por violación de derechos humanos- en circunstancias que la necesidad de un plazo razonable para la sustanciación de los procesos seguidos en un Estado de Derecho debe aplicarse a todo tipo de causas penales, pero lo cierto es que una extensión en este último aspecto excedería las atribuciones de esta Corte. En todo caso, se ha tomado conocimiento que el Poder Ejecutivo –en su carácter de organismo colegislador- estaría preparando un anteproyecto de ley, denominado de “empalme” destinado, entre otros aspectos, a aproximar los tiempos de resolución de los conflictos penales del sistema nuevo –de próxima aplicación en la Región Metropolitana- con los del sistema antiguo, poniendo término de este modo a una injustificada diferenciación que afecta a derechos fundamentales de las personas.

 

POSIBILIDAD DE FACULTAR A LA CORTE SUPREMA PARA INICIAR LEYES.

 

El Presidente que habla es de opinión que nuestro actual sistema de oír previamente a la Corte Suprema en las modificaciones legales que digan relación con la organización y atribuciones de los tribunales, contemplado en el artículo 74 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, debería ser sustituido o, en todo caso, complementado por uno que otorgue a la Corte la facultad de formular o tener la iniciativa en proyectos de ley que versen sobre las señaladas materias -organización y atribuciones de tribunales- y otras relacionadas con la administración de justicia.

 

No existen, en nuestro concepto, razones jurídicas ni doctrinarias de ninguna clase para desconocer al organismo máximo del Poder Judicial esta facultad. Al contrario, puede estimarse como favorable y conveniente que este Tribunal tenga esa potestad en materias en que, precisamente, sus miembros pueden tener mayor expedición y experiencia por su constante aplicación. Obviamente cualquier iniciativa de ley emanada de la Corte podrá ser modificada o rechazada en el Congreso de acuerdo con las reglas ordinarias.

 

El actual sistema debe estimarse inadecuado. Las opiniones de la Corte no son preceptivas, y en pocas oportunidades son seguidas por los legisladores, quienes siquiera están obligados a explicar los motivos por los cuales las desestiman, y, además, en muchas ocasiones errores cometidos durante la tramitación de proyectos en que la Corte tendría que ser oída pueden dar origen a vicios de inconstitucionalidad formal.

                                                                                            

PROYECTOS DE LEY ELABORADOS POR LA MESA DE TRABAJO CONSTITUIDA POR EL GOBIERNO Y EL PODER JUDICIAL.

 

Con fecha 13 de Enero último, a través de Mensajes signados con los Números 274-352; 275-352; 276-352; 277-352 y 278-352, Su Excelencia el Presidente de la República tuvo a bien remitir al Congreso Nacional diversos proyectos de ley, producto de un trabajo conjunto del Ministerio de Justicia, del Presidente y algunos Ministros de esta Corte y representantes del mundo académico, que abarcan materias tales como la regulación del Ministerio Público Judicial; Régimen disciplinario del Poder Judicial; Recurso de queja; Regulación de Abogados integrantes; Modificación al sistema de nombramientos y calificaciones de los Ministros, Jueces, Auxiliares de la Administración de Justicia y Empleados del Poder Judicial, otras Reformas Orgánicas y Procedimentales y, finalmente, Flexibilización del Manejo de los fondos asignados al Poder Judicial en la Ley de Presupuesto de la Nación.

 

En esta oportunidad estimo conveniente dar a conocer, por razones de tiempo y espacio, sólo algunos aspectos contenidos en este último Proyecto,  y con la salvedad que, en todo caso, los Proyectos deberán ser informados en su oportunidad por el Pleno de esta Corte de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 74 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que recién citábamos.

 

La iniciativa que corresponde a lo que hemos denominado "autonomía financiera", vendrá a perfeccionar la independencia institucional y funcional del Poder Judicial establecida en la Constitución Política.

No se trata de una autonomía absoluta, ya que ésta no existe en el sistema institucional chileno, en que los Poderes del Estado están relacionados y se fiscalizan unos a otros.

 

Se reconocen facultades más amplias al Poder Judicial en el manejo de los recursos financieros, que se ejecuta por la Corporación Administrativa bajo la tuición superior de la Corte Suprema.

 

Se invierte el proceso de asignación de recursos al Poder Judicial y que principalmente provienen de Ley Anual de Presupuestos que presenta el Gobierno y aprueba el Congreso. En vez de atenerse a la suma global que le señala el Ministerio de Hacienda, será la Corte Suprema la que comunicará al Ejecutivo la estimación de sus gastos. La Corte regulará la manera como las Cortes de Apelaciones y la Academia Judicial le informarán de sus necesidades en la materia.

 

Los traspasos de fondos asignados al Poder Judicial entre capítulos y subtítulos, los hará la Corporación en lugar de autorizarse por decreto supremo de Hacienda.

 

Las identificaciones presupuestarias de proyectos de inversión se harán por la Corporación Administrativa y la Academia Judicial, sin pasar por el Ministerio de Planificación, pero siguiendo la nomenclatura técnica aprobada por esta Secretaría de Estado.

 

Los saldos finales de caja pasarán al presupuesto siguiente del Poder Judicial, mediante acuerdos de la Corporación y de la Academia, que señalarán como se distribuirán esos recursos.

 

Los proyectos de ley del Ejecutivo que asignen mayores funciones a los tribunales, deberán contar con el informe previo de la Corporación Administrativa sobre los gastos que originen.

 

Se regulariza la situación patrimonial de los inmuebles fiscales en que funcionan tribunales y sus dependencias o en que existen viviendas judiciales.

 

Como contrapartida, ya que la mayor independencia impone mayores responsabilidad y transparencia, se establece que:

 

Los estados contables del Poder Judicial se revisarán por las entidades externas que se contratarán mediante licitación pública para efectuar auditorías financieras y operacionales de la Corporación y la Academia Judicial.

Se hará un informe anual de la ejecución presupuestaria y una cuenta del resultado de la gestión operativa y de inversiones, que se enviarán a la Dirección de Presupuestos en mayo del año siguiente.

Los estados contables y los informes de auditoría serán públicos, estarán disponibles en medios electrónicos y se incluirán en las memorias de  la Corporación y Academia Judicial.

Se refuerza la Contraloría Interna de la Corporación Administrativa, que dependerá del Consejo de la Corporación.

Este proyecto de ley, y los demás que fueron despachados al Congreso Nacional para su discusión, son un paso significativo para el logro de nuestras aspiraciones de modernizar en diversos aspectos el Poder Judicial y ciertamente valoramos el interés demostrado por el Presidente de la República, sus Ministros de  Justicia, de Hacienda, el Director del Presupuesto y distintos personeros del Parlamento en esta importante materia.

Los mencionados Proyectos representan, sin embargo, solamente una etapa en una empresa que, por su misma naturaleza y alcance para el bienestar de todos quienes habitamos en este país y formamos nuestra comunidad nacional, no puede sino seguir desarrollándose y proyectándose indefinidamente hacia el futuro, pues nunca podrá agotarse. Recordemos las palabras ya citadas de Bolívar, deberá ser “como el viento, como el agua, como el sol, como todas las cosas que sin cesar avanzan y caminan”. Se trata de perfeccionar la forma como debe organizarse y funcionar la administración de la justicia en su rol irreemplazable de garante de la paz social y que es una tarea que requiere la participación de todos y, especialmente, de quienes debemos intervenir en su ejecución.

 

ACUERDOS ADOPTADOS POR ESTA CORTE SUPREMA, EN EL MES DE OCTUBRE ÚLTIMO, EN JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE MODERNIZACIÓN INTERNA DEL PODER JUDICIAL.

 

En razón de lo dicho, en el presente año, esperamos abocarnos a otros asuntos vinculados con esta meta permanente, tomando como base los acuerdos adoptados en las jornadas de estudios que llevó a efecto la Corte Suprema en octubre del año pasado y que paso a reseñar:

1) Efectuar una planificación estratégica diferenciada de mediano plazo, que permita un cabal cumplimiento de la misión del Poder Judicial, distinguiendo para ello las funciones jurisdiccionales propiamente tales, de las de gobierno y administración, lo cual presupone una visión común y predeterminada de la Institución.

 

2)       Estudiar, en el ámbito estructural, el posible perfeccionamiento del escalafón judicial, distinguiendo entre los funcionarios que realizan actividades jurisdiccionales, de aquellos que realizan labores de apoyo a dicha función.

 

3)       Revisar la situación actual de diversos cometidos de apoyo a la función jurisdiccional, en especial la labor futura de los fiscales judiciales, que debe ser definida a la brevedad. Del mismo modo, a objeto de mejorar el servicio a la comunidad, se plantea la necesidad de analizar las relaciones con los colaboradores externos de la administración de justicia, tales como Gendarmería, peritos judiciales, policías, Servicio Médico Legal, etc.

 

4)       Identificar y distinguir las labores de los organismos auxiliares de la gestión de gobierno y de la administración judicial, a fin de propender a una mayor coordinación entre ellos y con los tribunales en sus diversos niveles, así como la ampliación de sus funciones y estructuras, priorizando la utilización de los sistemas informáticos y otras técnicas de gestión.

 

5)       Analizar, en el área de los recursos humanos, y en forma más pormenorizada, la asignación de labores para los distintos niveles de funcionarios y empleados, con un mayor grado de autonomía, iniciativa y flexibilidad para modificar plantas y descripciones de cargos, de acuerdo a las realidades de cada unidad de trabajo.

 

6)       Definir convenientemente el nivel de exigencias para el reclutamiento y selección de los diversos cargos, y desarrollar programas de capacitación a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en aquellas áreas no cubiertas por la Academia Judicial.

 

7)       Promover, en las relaciones institucionales, acciones conjuntas con entidades estatales, académicas y privadas, tendientes a reforzar la apertura del Poder Judicial hacia la comunidad.

 

8)       Desarrollar acciones, tanto internas como externas, que permitan mejorar la percepción ciudadana acerca de la administración de justicia.

 

Pedimos, desde ya, al Congreso Nacional que considere los recién aludidos Proyectos de ley, y las modificaciones que puedan surgir durante su tramitación, como una cuestión de Estado inaplazable, ajena a cualquier interés partidista y buscando sólo el interés general, como no dudamos que lo hará. Es hora de hacer política de verdad, es decir, de entender que una sociedad puede convivir sin determinados servicios, pero que sería imposible la más mínima convivencia sin el ejercicio de la justicia. Justicia y Libertad, son los valores supremos de la convivencia social y del derecho.

Cabe reiterar que en una sociedad democrática, el derecho a una administración correcta de la justicia es tarea de todos.

 

INCONVENIENCIA DEL SISTEMA DE NOMBRAMIENTO DE MINISTROS Y JUECES, CONTEMPLADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.

 

Por mi parte deseo representar, en este punto de la exposición, la inconveniencia del sistema de nombramiento de ministros y jueces, previsto en el inciso penúltimo del artículo 75 de la Constitución Política de la República que dice: “La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en su caso, formarán las quinas o las ternas en pleno especialmente convocado al efecto, en una misma y única votación, donde cada uno de sus integrantes tendrá derecho a votar por tres o dos personas, respectivamente. Resultarán elegidos quienes obtengan las cinco o las tres primeras mayorías, según corresponda. El empate se resolverá mediante sorteo”.

 

La eliminación de la necesidad de contar con mayoría absoluta para ser incluido en quina o en terna; la disminución del número de votos que se asigna a quienes deben formar las nóminas; el establecer una única votación; y resolver el empate mediante sorteo –modificaciones introducidas todas en nuestro sistema de nombramientos por el artículo único, N° 3, letra b), de la ley de Reforma Constitucional N° 19.541, de 22 de diciembre de 1997- ha demostrado ser totalmente inadecuada al permitir la inclusión en quina o en terna con un número tan bajo de votos que, evidentemente, no representa una opinión relevante y compartida acerca de los méritos del candidato incluido en la nómina por parte de quienes la formaron.

 

En efecto, la revisión de las ternas conformadas por esta Corte,  entre los años 2002 y 2004, para llenar las vacantes en los cargos de Ministro de las Cortes de Apelaciones del país, permite apreciar –a modo de ejemplo– la existencia de 5 casos extremos acerca de la situación antes referida, a saber:

            a.- El de la terna para proveer un cargo de Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, ocasión en que el primer lugar de la nómina lo ocupó un oponente que obtuvo 13 votos, el segundo lugar otro que obtuvo 5 y, el tercer lugar, un concursante que logró solamente 3 votos y que fue incorporado en la nómina por sorteo, al haber obtenido otros 3 oponentes idéntico número de votos.

            b.- El de la terna para llenar una vacante del cargo de Ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, caso en el que el primer lugar de la votación logró 11 preferencias, el segundo 4 y, el tercero, únicamente 3 votos, dándose igualmente la situación especial del sorteo, en razón de que otro postulante obtuvo también 3 votos.

            c.- El de la terna para la provisión de un cargo de Ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, oportunidad en que el primer lugar alcanzó 14 preferencias, el segundo 7 y, el tercero, sólo 3 votos.

            d.- El de la terna para llenar un cargo de Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. En este caso, el primer lugar de la nómina logró 9 votos, el segundo 6 y, el tercer lugar, únicamente 2 votos, con la particularidad de que esta última persona resultó incluida en terna por sorteo, al haber otros 3 candidatos con igual número de votos.

            e.- El de la terna para proveer un cargo de Ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, ocasión en que el primer lugar fue ocupado por un concursante con 9 votos, el segundo con 7 y, el tercero, con solamente 3 preferencias.   

            En mi parecer, los ejemplos señalados son de suyo elocuentes para evidenciar las deficiencias del sistema de nombramientos de Ministros y Jueces contemplado en el ya transcrito inciso penúltimo del artículo 75 de la Constitución Política de la República. No se puede aplicar, en materia de formación de quinas o ternas para la designación de cargos judiciales, el principio de “representación de las minorías” propio de un régimen político democrático.

Obviamente, los ejemplos ante señalados no implican una crítica o un menoscabo para quienes puedan haber resultado favorecidos por el sistema de nombramientos que se cuestiona. Lo que se critica es, precisamente, el sistema que al no permitir más que una única votación, impide al mismo beneficiado, a veces por el azar, obtener una mayoría más significativa en una segunda o tercera votación si ellas fueren necesarias para conseguir una mayoría absoluta.

 

PALABRAS FINALES.

 

En estas palabras finales quiero reproducir algunos conceptos que di a conocer, hace algún tiempo, en el acto de juramento de 32 jueces de Garantía de Santiago y que ahora hago extensivos a todos los jueces de la Región Metropolitana, en atención a la inminente vigencia de la última etapa de implantación de la Reforma Procesal Penal y, también, en general, a todos los jueces del país.

                  

En breve ustedes se convertirán en los protagonistas de una página difícil en nuestra historia judicial. Estamos ciertos que lo harán poniendo todo su empeño y dando lo mejor de cada uno y que, asimismo, tendrán como meta la superación continua de su papel. Nuestro país está pendiente de los resultados de la implantación del nuevo sistema Procesal Penal y debe tener fe que se ha hecho todo lo posible para prepararnos de la mejor manera para llevarlo adelante.

               

Se ha tropezado con muchas dificultades, pero también ha existido un espíritu muy positivo para superarlas y una colaboración altamente eficaz de todos los Poderes Públicos y diversas entidades públicas y privadas para poder implantar este nuevo sistema en el que tantas esperanzas se han depositado.

                

He dicho, en anteriores oportunidades, que la justicia no sólo debe realizarse, sino que también debe ser vista como realizada. Sabemos mejor que nadie que la falta de credibilidad de la gente en el sistema de justicia debilita  la confianza en el régimen democrático y que cuando esto sucede sostenidamente es señal que ha llegado el momento de afrontar la solución de todo lo que provoque el descreimiento social en la Justicia.

                    

He señalado, asimismo, que estamos plenamente convencidos de que se requiere de cambios trascendentales, con el fin de agilizar la administración de justicia. Sabemos que realizar cambios profundos no es fácil, con frecuencia encontramos resistencia, a veces por falta de voluntad, por desconocimiento o, simplemente por temor al cambio. Debemos construir una base sólida en la que el sistema de justicia funcione con independencia, profesionalismo, imparcialidad, espíritu de servicio, rectitud, sobriedad, acuciosidad y respeto a la institucionalidad. Estos son los valores a vivir, mostrar y destacar por el Poder Judicial. Estos son los valores con los que Uds. deberán encarar el ejercicio de las funciones que les corresponderá desempeñar en los cargos para los cuales habéis sido designados.

                   

Para concluir, debo recordarles que una de las creencias más perniciosas al mejoramiento concreto del servicio de justicia, consiste en fomentar las expectativas que todo cambia al día siguiente de entrar en vigencia un Código nuevo. La realidad es que los cambios beneficiosos, por supuesto, que puedan producirse con el nuevo sistema procesal penal, que Uds. deberán poner en práctica, sólo en parte se deberán al nuevo Código, pero en lo sustancial, en lo más importante, dependerán de la interpretación y aplicación que Uds, realicen de la nueva normativa. Se ha dicho repetidamente  que el buen funcionamiento de la justicia depende de los hombres y no de las leyes.

                 

Nuestro país espera muchísimo de Uds., pero sabemos que se han preparado y continuarán haciéndolo de la mejor manera posible y que van a asumir sus funciones en la plena convicción de que los Jueces deben ser, no sólo los funcionarios más confiables de un país, sino además la esperanza de que el valor Justicia pueda lograrse satisfactoriamente en la tierra.

               

Por último, les deseo que desempeñen sus funciones en una forma tal que nos haga seguir sintiéndonos orgullosos de los jueces que forman nuestro Poder Judicial.

 

Con estas palabras doy por inaugurado el Año Judicial 2005.

 

Muchas gracias por su atención,

 

Marcos Libedinsky Tschorne

                 Presidente

Santiago, 1º de marzo de 2005.-

 

 

 

JUSTICIA COMUNAL ÁGIL, EFICAZ Y OPORTUNA

Escrito por correalex 04-03-2006 en General. Comentarios (3)

 

 

HACIA UNA JUSTICIA COMUNAL ÁGIL, IMPARCIAL Y OPORTUNA

 

 

 

I.- INTRODUCCIÓN

 

El objeto que se pretende con este trabajo es, en primer lugar, llamar la atención de las autoridades, especialmente de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, acerca de un fenómeno de consecuencias insospechadas, cual es, el pésimo funcionamiento de la Justicia Comunal o de Policía Local lo que, más temprano que tarde, causará un caos de proporciones en este sector.

 

En segundo término, pretendemos que estas ideas constituyan una pauta inicial de trabajo planteada por nuestra Universidad, con la finalidad de obtener, lo más pronto posible, una Reforma radical a la Justicia de Policía Local.

 

En el ambiente de Tribunales es un secreto a voces que esta justicia, o no funciona, o lo hace malamente y, ello, en virtud de diversos factores.

 

La Justicia de Policía Local ha alcanzado, en la actualidad, dimensiones insospechadas pues los jueces que la integran conocen de un sinnúmero de materias muy ajenas a aquellas que antaño eran de su competencia.

 

Sin lugar a dudas que si lo que se pretende es acercar la justicia a los ciudadanos y hacer que éstos vean satisfechas sus pretensiones, debe, necesariamente, efectuarse una reforma integral, tanto desde el punto de vista orgánico, como del funcional.

 

En el Mensaje con que el entonces Presidente de la República don Eduardo Frei Ruiz- Tagle remitió al Congreso Nacional el Proyecto de Ley destinado a establecer un nuevo Código de Procedimiento Penal, puede leerse que La modernización del sistema de administración de justicia, constituye un esfuerzo de crecimiento institucional que, cercano ya el fin de siglo, es ineludible, para el desarrollo y consolidación de nuestro sistema constitucional y democrático. Existe en el país un amplio consenso sobre la falta de adecuación del sistema vigente a los requerimientos de los tiempos actuales, siendo ésta percibida como un obstáculo a las metas de desarrollo que el país se ha trazado para los años venideros”.

 

Se agrega que “La modernización del sector justicia en Chile ha sido definida, por el Gobierno que tengo el honor de presidir, como una política que tiende a adecuar el conjunto de las instituciones que participan de la administración de justicia a los procesos de desarrollo político y económico que ha experimentado Chile en las dos últimas décadas. Mientras el sistema de administración de justicia en Chile fue diseñado y constituido, en lo fundamental, hacia mediados del siglo XIX, permaneciendo desde entonces sin cambio alguno, la sociedad chilena se ha transformado en un sentido económico y político”.

 

“En materia económica el cambio fundamental ha consistido en la privatización de la actividad productiva, donde el Estado ha adquirido un rol regulador tendiendo, mediante la privatización, a abandonar su rol productivo inmediato. El padrón estatal del desarrollo ha quedado atrás. De una economía proteccionista, fundada en la sustitución de importaciones, la sociedad chilena ha transitado hacia un modelo de economía de mercado, abierta a la internacionalización y centrada en el fomento a las exportaciones. De un sistema productivo cuyo principal agente era el Estado, la sociedad chilena ha dado paso a un modelo que supone un Estado descentralizado que enfatiza y fomenta el esfuerzo y la iniciativa privada”.

 

“El cambio político más importante en Chile ha sido, a su turno, la consolidación del modelo democrático, el que a su vez exige el respeto a los derechos humanos como un principio fundamental de legitimidad”.

 

El ex Presidente precisaba: “Ambos fenómenos plantean crecientes exigencias al sistema de administración de justicia, que hacen necesaria su modernización, sobre lo cual se ha decantado un importante consenso en el país.” “En efecto, el desarrollo económico ha supuesto y supondrá en el futuro un creciente número y variedad de los litigios, que exigen, a la vez, rapidez y eficiencia en su resolución” y sostenía que los “cambios políticos, a su turno, exigen una justicia accesible, imparcial, igualitaria y que maximice las garantías”.

 

Estas palabras que, entre otras, reflejaban un descarnado análisis del sistema de justicia penal, son plenamente válidas si se consideran otros ámbitos del sector justicia, como es, el de la Justicia Vecinal o Local.

 

“La reforma al sistema penal constituye una labor que se extiende más allá de la reforma al proceso penal”, se lee en las palabras del ex Presidente.

 

Es nuestra aspiración que este texto sirva de base para el comienzo del estudio en serio de este tema.

 

II.- DIAGNÓSTICO

 

Con el objetivo de demostrar la situación existente en materia de Policía Local, partiremos citando algunos documentos que nos ilustraran sobre el tema.

 

1.- En el “Programa Ministerio de Justicia. Los desafíos del sexenio”, se anota, como un tema a encarar, la reforma a la Justicia Local.

 

En este Programa se habla de lograr una “Justicia Comunal ágil, imparcial y oportuna” pues éste, es “el ámbito de la Justicia más cercano a los ciudadanos”, advirtiéndose que “Esta reforma se tramitará una vez creados los Tribunales de Familia e implementada la Reforma Procesal Penal”.

 

Entre otros tópicos se habla de “ampliar el número de Tribunales existentes. Al menos uno por comuna y dos en comunas de mayor población y mayor número de causas”.

 

También, se prevé un nuevo procedimiento en que el proceso sea oral, concentrado e inmediato y se pretende crear un sistema de “Mediación Vecinal” creando “Sistemas de Resolución Alternativa de Conflictos”.

 

2.- El 7 de agosto de 2001, aparece como noticia destacada, el ingreso a la H. Cámara de Diputados de un Proyecto que crea 95 nuevos Juzgados de Policía Local.

 

La iniciativa legal disponía que 72 comunas tendrían, por primera vez, un tribunal de justicia local, donde hasta el día de hoy no existía un juez letrado y esa función debía ser asumida por el alcalde, lo que, dada la baja cuantía de los asuntos que éste podía conocer, implicaba el traslado de los habitantes de estas comuna a ciudades vecinas. En tanto, en otras 23 comunas se creará un juzgado adicional.

 

En la crónica se anota que las “autoridades dijeron que para la creación de un nuevo juzgado de Policía Local (72) se tomó como criterio el número de habitantes de cada comuna dándole prioridad, de acuerdo al Censo 1992, a las con más de 10.000 habitantes” y, para el caso de los “Juzgados adicionales que se crean (23 en total) se estableció el criterio de, además de existir una petición expresa del municipio al respecto, que ingresen a sus tribunales más de 10.000 causas al año (2 JPL) o una cifra superior a las 20.000 (3 JPL), dándose el caso especial de Santiago, en que se crea un quinto JPL atendido al alto volumen de causas tramitadas”.

 

El entonces Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, dijo que “la justicia local resulta fundamental para asegurar el efectivo acceso de los ciudadanos al sistema judicial, ya que se trata de la justicia más cercana a los conflictos cotidianos de las personas”.

 

3.- En el “Informe final sobre reformas al sistema judicial chileno”, elaborado por una Comisión presidida por el jurista don Eugenio Valenzuela Somarriva, se lee que según “comenta don Manuel Ballesteros en su gran obra sobre la organización de los tribunales, ya en 1811 don Juan Egaña propuso el establecimiento de jueces de paz, eligiendo para ello "individuos sobresalientes en luces y probidad y elegidos en la misma forma que los cabildantes".

 

En el Informe se dice que la Ley de 1875 “hacía mención a los alcaldes junto a los jueces de letras, a los que entregaba la función de éstos cuando desempeñaban el Juzgado de Policía Local, creado en la Ley de Municipalidades de 12 de septiembre de 1887, en los departamentos donde no había juez de letras. Sus funciones eran las de un mero tramitador o juez de instrucción, quedando obligado el juez de letras a abocarse al conocimiento de cualquiera causa que se hallare pendiente o que hubiere de promoverse ante el alcalde en el departamento sujeto a su jurisdicción”.

 

“A partir de 1888, cesaron en estas funciones, conservando las propias de juez de policía local, esto es, las relativas al conocimiento de las faltas y por infracciones a los reglamentos municipales. Sucesivas normas reglamentaron estas funciones, señalando que en las comunas de Santiago, Valparaíso, Iquique, Antofagasta, Talca, Chillan, Concepción, Temuco y Valdivia y en las que tuvieren una entrada superior a 200.000 pesos, la administración de justicia de policía local sería realizada por funcionarios especiales denominados Jueces de Policía Local”. (Decreto N° 1.642 de 18 de abril de 1934, Ley N° l 1.860 y Ley N° 15.231)

 

También en el Informe se indica que “una de las razones que han motivado el desprestigio del sistema judicial chileno ha sido el no contar con una instancia jurisdiccional comunal con aptitud para resolver, en forma justa y oportuna, los conflictos que rompen la armonía vecinal y aquellos de carácter patrimonial de menor cuantía”, carencia que “ha contribuido al debilitamiento de la cultura de la justicia, puesto que al no contarse con una institución que resuelva pacífica y eficientemente los citados conflictos, éstos son solucionados ya sea por órganos que no fueron creados con tal finalidad o directamente por los afectados a través de vías de hecho o autocomposición”.

 

“Desde esa perspectiva, la adecuación de la administración de la justicia es una de las tareas primordiales que debe enfrentarse. Para tales efectos, es necesario dotar a la población de juzgados a nivel comunal a los que se sometan dichas desavenencias, y es responsabilidad del sector político asignar al Poder Judicial los medios y recursos necesarios para hacer realidad esa labor.”

 

4.- En el "Informe anual sobre Derechos Humanos en Chile 2004", elaborado por el Programa de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, sobre hechos de 2003, en lo tocante a la justicia de policía local, se indica que “Los Juzgados de policía local ahora deben ver además materias complejas: contravención a normas de protección a los consumidores, discriminación contra portadores de VIH o discapacitados”, etc.

 

En conclusión, la opinión es una sola: la Justicia de Policía Local se encuentra en crisis y es urgente su reforma.

 

Caos en los nombramientos de jueces y de funcionarios que sirven a los tribunales, arbitrariedad e irracionalidad en la fijación de días y horas de audiencias, pésimos procedimientos, jueces sin dedicación exclusiva, plantas municipales mal elaboradas, etc., constituyen algunas de las deficiencias que en materia de Policía Local se puede encontrar.

 

En efecto, por citar algunos ejemplos, nos encontramos con jueces que, ignorándose la razón, no concurren diariamente a sus despachos; con horarios de atención diferentes; con juzgados que no cuentan con secretarios letrados, etc.

 

III.- COMPETENCIA

 

Como lo dejara sentado el ex Presidente don Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el Mensaje que más arriba citamos, en “materia económica el cambio fundamental ha consistido en la privatización de la actividad productiva, donde el Estado ha adquirido un rol regulador tendiendo, mediante la privatización, a abandonar su rol productivo inmediato. El padrón estatal del desarrollo ha quedado atrás. De una economía proteccionista, fundada en la sustitución de importaciones, la sociedad chilena ha transitado hacia un modelo de economía de mercado, abierta a la internacionalización y centrada en el fomento a las exportaciones. De un sistema productivo cuyo principal agente era el Estado, la sociedad chilena ha dado paso a un modelo que supone un Estado descentralizado que enfatiza y fomenta el esfuerzo y la iniciativa privada”.

 

Este cambio en lo económico, ha traído la proliferación de múltiples normas jurídicas que pretenden proteger al ciudadano común y que, las más de las veces, contemplan procedimientos de los que conocen  los jueces de policía local.

 

Un somero análisis de la competencia de los Juzgados de Policía Local nos permite apreciar que ellos conocen, entre otras, de las siguientes materias:

 

a) Aquellas que detalla la Ley 15.213;

 

b) Ley N° 4.061 de 1929, sobre Caza, modificado por el Decreto Ley N° 2.319 de 1978;

 

c) Decreto con Fuerza de Ley N° 34 de 1931, que contiene la Ley de Pesca, modificada por la Ley N° 18.129 de 1982;

 

d) Decreto Ley N° 4.363 de 1931, sobre Ley de Bosques;

 

e) Decreto Ley N° 539 de 1974, que establece normas sobre reajustabilidad y pago de dividendos de deudas habitacionales, modifica y complementa la Ley N° 17.663;

 

f) Decreto Ley N° 701 de 1974, modificado por el Decreto Ley N° 2.565 de 1979, sobre Fomento Forestal; Decreto Ley N° 2.314 de 1978, que deroga el Decreto Ley N° 264 de 1974, y condona multas que indica;

 

g) Decreto con Fuerza de Ley N° l de 1979, que deroga Decreto N° 20 de 1964 y lo reemplaza por las disposiciones que indica, sobre combustible;

 

h) Decreto Supremo N° 132 de 1979, que contiene normas técnicas y de calidad y procedimiento de control aplicables al petróleo crudo, a los combustibles derivados de éste y a cualquier otra clase de combustibles;

 

i) Decreto Ley N° 2.974 de 1979, que establece normas sobre créditos que se otorguen a pequeños empresarios agrícolas y relativos a prenda agraria;

 

j) Decreto Ley N° 3.516 de 1980, que contiene normas sobre división de predios rústicos;

 

k) Decreto Ley N° 3.607, de 1981, que deroga el Decreto Ley N° 194 de 1973, y

establece nuevas normas sobre funcionamiento de Vigilantes Privados;

 

l) Ley N° 18.119 de 1982, sobre conexiones o empalmes clandestinos a matrices o arranques agua potable o alcantarillado;

 

m) Decreto Supremo N° 226 de 1982, sobre requisitos de seguridad para instalaciones y locales de almacenamiento de combustible;

 

n) Decreto con Fuerza de Ley N° 5 de 1983, que fija texto refundido coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 34 de 1931, que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados;

 

ñ) Ley N° 18.278 de 1984, que modifica el Decreto Ley N° 206/60, sobre Ley de Caminos;

 

o) Ley N° 18.348 de 1984, que crea la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables;

 

p) Ley N° 18.362 de 1984, que crea un sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado;

 

q) Ley N° 18.450 de 1985, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje.

 

 r) Ley Consumidores;

 

s) Ley Copropiedad, etc

 

De esta enumeración, no completa, surge una inquietud: ¿Protegen los Juzgados de Policía Local en la forma debida y, al menos, suficiente los derechos de los ciudadanos en todas estas materias?.

 

No nos cabe ninguna duda que la respuesta es, absolutamente negativa, pues estos tribunales, en la práctica, se han convertido en “meras cajas recaudadoras de fondos” de las Municipalidades y, aún así, no alcanzan a cumplir sus funciones. Piénsese, solamente, en los problemas que han causado las autopistas concesionadas.

 

IV.- BASES PARA UNA REFORMA

 

En las Conclusiones de las Jornadas de Estudio efectuadas por la Corte Suprema entre los días 9,10 y 11 de mayo de 2003, se señala que “Entre las garantías a los derechos esenciales que asegura la Constitución Política de la República, conforme al N° 3 de su artículo 19, se encuentra el acceso de todas las personas a la justicia, la que está a cargo de los tribunales que deben contar con la independencia que les reconoce el artículo 73 del mismo cuerpo constitucional”.

 

A su vez, en la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada el año 2002 en Cancún, México, se aprobó una Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el ámbito iberoamericano, para lo cual se tuvieron en vista las siguientes consideraciones:

 

a) "Que es un derecho fundamental de la población tener acceso a una justicia independiente, imparcial, transparente, responsable, eficiente, eficaz y equitativa”;

 

b) “Que todas las personas tienen derecho a recibir una protección adecuada de los órganos jurisdiccionales a objeto de asegurar que comprenden el significado y trascendencia jurídica de las actuaciones procesales en las que intervengan por cualquier causa”; y

 

c) “Que la dignidad de las personas y los derechos que le son inalienables demandan la institucionalización de los principios básicos que protejan a las personas cuando demanden justicia".

 

Estas ideas tienen plena y absoluta aplicación cuando de la Justicia de Policía Local, Vecinal o Comunal se trata y, en atención a las mismas, estimamos que deben considerarse como bases para una reforma, a las que se indicará.

 

1.- ASPECTOS ORGÁNICOS

 

En lo orgánico, los Juzgados de Policía Local deberían estar dotados de un juez, un administrador y el personal.

 

A.- El juez

 

a) Nombramiento: la ley deberá contemplar un sistema objetivo de nombramiento de los jueces basado en su capacidad e idoneidad.

 

b) Deber de asistencia: los jueces deben estar obligados a asistir todos los días a la sala de su despacho, y a permanecer en ella desempeñando sus funciones.

 

En la actualidad, para nadie es un misterio que existen tribunales, a pesar de la importancia de las materias sometidas a su conocimiento, que no asisten todos los días a sus funciones.

 

c) Horario: la ley debe señalar un horario uniforme para todos los juzgados de policía local del país, terminando con el caos que sobre la materia rige en la actualidad.

 

Estos jueces deben tener la obligación de asistir a su despacho por 44 horas semanales, sin perjuicio que la atención de público se realice en determinadas horas.

 

El dominado feriado de vacaciones durante el mes de febrero, tampoco debe regir respecto de los jueces y funcionarios de estos tribunales, quienes harán uso de las mismas en conformidad a las reglas generales.

 

d) Prohibición de ejercer la abogacía: los jueces de estos juzgados deben tener prohibición de ejercer la abogacía y sólo podrán defender causas personales o de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos o pupilos. Igualmente, les debe ser prohibido representar en juicio a otras personas que las mencionadas.

 

Esta prohibición es absolutamente indispensable en atención al buen funcionamiento del tribunal.

 

Ninguna explicación encuentra que los jueces ordinarios tengan esta prohibición y no la tengan los jueces de policía local.

 

Además del mal funcionamiento del tribunal, el permitir ejercer la abogacía motiva la dedicación del juez a atender asuntos personales en horas de funcionamiento del tribunal y, en mayor o menor medida, a un uso de influencias ante los demás órganos jurisdiccionales.

 

e) Prohibición de aceptar compromisos: a estos jueces les debe estar vedado, también, aceptar compromisos, excepto cuando el nombrado tuviere con alguna de las partes originariamente interesadas en el litigio, algún vínculo de parentesco que autorice su implicancia o recusación.

 

f) Dependencia: los jueces deben depender directamente de la Corte de Apelaciones respectiva quien, asimismo, debe proceder a calificarlos, sin perjuicio de recibir su remuneración de parte de la Municipalidad respectiva.

 

En la actualidad, y por razones presupuestarias, no resulta conveniente que estos jueces integren el Poder Judicial, sino que, deben mantener su calidad de jueces especiales regidos por una ley especial y, en subsidio, por el Código Orgánico de Tribunales.

 

B.- El administrador

 

La ley debe contemplar la existencia, en cada planta municipal, de un administrador del tribunal encargado de organizar y controlar la gestión administrativa del mismo.


Para ser administrador del tribunal se debe requerir la posesión de un título profesional relacionado con las áreas de administración y gestión, otorgado por una universidad o por un instituto profesional, de una carrera de ocho semestres de duración a lo menos y, excepcionalmente, la Corte de Apelaciones respectiva podrá autorizar el nombramiento de un administrador con un título técnico de nivel superior o título profesional de las mismas áreas, de una carrera con una duración menor a la señalada.

 

El administrador deberá ser nombrado por el Alcalde respectivo, previo concurso público y tendrá la calidad de funcionario municipal pero, solamente, podrá ocupar el cargo de administrador para el que ha sido designado.


El mismo administrador o quien lo reemplace, deberá autorizar el mandato judicial y efectuar las certificaciones que la ley señale expresamente.

 

C.- Personal

 

Cada juzgado debe tener el personal que señale la ley, designado por el Alcalde, quien no podrá trasladarlos de sus funciones, al menos durante 4 años, y con acuerdo del juez y del administrador del tribunal.

 

Esta proposición resulta conveniente pues, en la actualidad, los funcionarios de los Juzgados de Policía Local son asignados al tribunal y trasladados de los mismos, en forma arbitraria por cada Alcalde, desaprovechándose la experiencia de cada persona, o buscando un castigo, y la mayor de las veces, un premio, en atención al reducido horario de funcionamiento del tribunal.

 

2.- ASPECTOS FUNCIONALES

 

En este ámbito, una reforma a la justicia comunal se debe basar en los siguientes pilares:

 

1.- Desjudialización de determinadas materias

 

En este aspecto, se deben suprimir muchas actuaciones de naturaleza netamente administrativa o de otra índole de que deben conocer los Juzgados de Policía Local como, asimismo, la eliminación del rol actual de estos juzgados de “cobradores” de las Municipalidades.

 

A título ejemplar, y como ya se ha propuesto en otros estudios sobre la materia, resulta conveniente que estos tribunales conozcan de la aplicación de multas por infracciones reglamentarias sólo en el evento que el afectado desee reclamar ante el tribunal.  En los demás, la multa se paga, sin necesidad de conocimiento previo del asunto por un tribunal.

 

En el evento de reclamarse ante el tribunal, también debería ser citado a una audiencia el funcionario denunciante. Resulta aberrante, que por la vía de otorgar a determinadas personas la calidad de ministros de fe, sea el ciudadano quien deba desvirtuar los cargos. Se debe, necesariamente, garantizar la existencia de un debido proceso legal.

 

2. Principio de la Oralidad

 

Todas las actuaciones procesales deben ser orales, salvo determinadas situaciones muy excepcionales, llevándose un sistema de registro de las actuaciones orales, al igual como sucede en materia de procedimiento penal.

     

3.- Principio de la Concentración

 

El procedimiento se debe verificar en audiencias continuas y no a través de las extensas y engorrosas tramitaciones que existen en la actualidad.

 

4.- Principio de la Inmediación

 

Las audiencias y las diligencias de prueba se deben realizar siempre con la presencia del juez, quedando prohibida, bajo sanción de nulidad, la delegación de funciones, como ocurre ahora, en que cualquier ciudadano sabe que tomar contacto con cualquier autoridad es de mayor facilidad que hacerlo con los jueces de estos tribunales.

 

5.- Principio Dispositivo

 

El juez debería adoptar, de oficio, todas las medidas necesarias para llevar a término el asunto con la mayor celeridad y no limitarse a esperar el impulso procesal de las partes.

     

6.- Promoción de Negociación

 

Se debe procurar y permitir, durante la tramitación del procedimiento, la búsqueda de vías alternativas de solución entre las partes privilegiando las soluciones acordadas por ellas.

 

7.- Sistema recursivo limitado

 

Debe impedirse que impida que un gran número de resoluciones puedan ser objeto de apelaciones las más de las veces dilatorias reservando este recurso para aquellos casos de absoluta utilidad jurídica.

 

ICHEM. ESTUDIO JUSTICIA LOCAL

Escrito por correalex 04-03-2006 en General. Comentarios (0)

Noticias publicada el 06-02-2006 a las 10:42 hrs. Volver


Ichem propone cambios profundos en Juzgados de Policía local

 

El Instituto de Estudios Municipales de la U. Autónoma de Chile, propone cambios profundos a la normativa que rige a los Juzgados de Policía Local con el objeto de agilizar así la justicia comunal, tras detectar una serie problemas que han llevado al virtual colapso de los mismos en el país.


 En la actualidad los juzgados de policía local conocen  de casi medio centenar de materias diversas, entre las que se cuentan las infracciones a la ley que protege los derechos del consumidor, a la ley de copropiedad inmobiliaria la ley sobre fomento forestal, sobre discriminación a discapacitados, sobre pescar deportiva, e incluso  las infracciones a la ley que crea la comisión de Energía Nuclear.


 Revela el estudio que el colapso que enfrentan los juzgados a raíz de los miles de infracciones que deben tramitar por quienes transitan sin tag en las autopistas urbanas,  ha dejado en evidencia los problemas  que enfrenta el sistema de justicia comunal

 

Esa es la principal conclusión del estudio “Hacia una justicia comunal ágil, imparcial y oportuna” efectuado por el abogado del Ichem, Jorge Correa, que plantea la urgencia de una reforma radical al funcionamiento de la justicia de policía local.


“Nosotros proponemos  una serie de reformas en lo orgánico y en lo funcional, pilares que consideramos básicos, sobre qué tienen hacer los jueces y cómo tienen que funcionar los tribunales”. “Los juzgados se han transformado en cajas recaudadoras de multas”, sostiene Jorge Correa.

 

La idea del Ichem es presentar las conclusiones del estudio en marzo próximo a los distintos sectores de la ciudadanía y conseguir el apoyo parlamentario, con el fin de impulsar un proyecto de ley que modifique el sistema.

El documento plantea la necesidad que los juzgados  estén dotados de un juez, un administrador y personal altamente capacitado que permanezca en sus cargos por lo menos por cuatro años, independiente de la administración del municipio.

 
 

Envíe sus comentarios a: Hernán Saavedra 
 

 

JUSTICIA DE POLICÍA LOCAL

Escrito por correalex 04-03-2006 en General. Comentarios (2)

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO

Comisión de Estudios del Sistema Judicial Chileno

Eugenio Valenzuela Somarriva

Coordinador

Integrantes: Enrique Barros Bourie, José Luis Cea Egaña,

Hernán Correa de la Cerda, Juan Ignacio Correa Amunátegui,

Nancy de la Fuente Hernández, Juan Carlos Dörr Zegers,

Manuel Guzmán Vial, Marcos Libedinsky Tschorne,

Carlos Peña González, Guillermo Pumpin Belloni,

Pablo Ruiz-Tagle Vial, Mario Verdugo Marinkovic,

Felipe Vial Claro (Secretario)

 

I. INTRODUCCIÓN

 

Desde hace bastante tiempo se viene hablando de que la justicia chilena está en crisis y que es necesaria una modernización del sistema judicial. Este es un hecho que, con mayor o menor convicción, lo reconocen casi unánimemente todos los sectores del país.

 

Las universidades, centros de estudios, magistrados, políticos y juristas han realizado grandes esfuerzos para buscar una solución integral al problema de la justicia. Sin embargo, por diversas razones, no es mucho lo que se ha logrado. Talvez debido a la fuerza de las circunstancias, nos hemos quedado en discusiones generales y abstractas y hemos descuidado el análisis concreto de las deficiencias que se observan, lo que nos ha impedido proponer soluciones precisas para mejorar sustancial y definitivamente la

organización y funcionamiento de nuestros tribunales de justicia.

Nuestro país ha vuelto a la democracia y, mientras caminamos por

un sendero que en lo medular, en cuanto a la organización de los Poderes

Ejecutivo y Legislativo, a todos satisface, surge con mucho vigor e intensidad

el lógico anhelo de que el Poder Judicial se incorpore a este proceso

de cambios y así logremos realmente una verdadera y completa democracia.

Para colaborar en esta tarea, el Centro de Estudios Públicos organizó

durante 1990 esta Comisión de Estudios, bajo la coordinación de don

Eugenio Valenzuela Somarriva e integrada por don Enrique Barros Bourie,

don José Luis Cea Egaña, don Hernán Correa de la Cerda, don Juan Ignacio Correa Amunátegui, doña Nancy de la Fuente Hernández, don Juan Carlos Dörr Zegers, don Manuel Guzmán Vial, don Marcos Libedinsky Tschorne, don Carlos Peña González, don Guillermo Pumpin Belloni, don Pablo Ruiz-Tagle Vial, don Mario Verdugo Marinkovic y don Felipe Vial Claro como secretario.

Se fijó como objetivo analizar en profundidad los temas más relevantes

relacionados con el Poder Judicial, determinar sus virtudes y defectos,

y, en definitiva, proponer, para superar estos últimos, soluciones concretas,

realistas, propias, acordes con nuestra idiosincrasia y con absoluta

prescindencia de cualquier criterio político partidista. En esta labor nos ha

inspirado el deber moral de efectuar un aporte serio y profundo para superar

los problemas que aquejan al Poder Judicial, sin otro ánimo que el de contribuir

en alguna medida, superando nuestras diferencias, al gran proyecto de

adecuar la organización y funcionamiento de nuestros tribunales de justicia

a las exigencias que nos imponen los nuevos tiempos que nos toca vivir.

La Comisión comenzó sus actividades el 24 de abril de 1990 y se

fijó un programa de sesiones quincenales, en cada una de las cuales se

abordaría un tema específico relativo a la organización de nuestro sistema

judicial. Entre las materias a tratar se incluyeron, básicamente, las

siguientes: (i) Corte Suprema, su función histórica, fundamentación de sus

sentencias, ámbito de su competencia en la práctica y funciones de sus

ministros en otros organismos; (ii) Designación de miembros de los

tribunales superiores de justicia, análisis del actual sistema de designación

de magistrados, regímenes de nombramiento en el derecho comparado y

abogados integrantes; (iii) El acceso a la justicia, juzgados comunales y

redistribución de competencia. Evaluación de la situación actual y estudio

de los diversos proyectos sobre juzgados comunales; (iv) Análisis crítico de

usos y prácticas judiciales, y proposiciones para mejorar la eficiencia del

Poder Judicial; y (v) Consejo Nacional de la Magistratura, composición y

facultades en el derecho comparado; análisis de sus resultados en los países

en que funciona; ventajas e inconvenientes de su establecimiento en Chile.

La Comisión encargó la relación de los temas a tratar en cada sesión

a determinados integrantes, y, sobre esa base, se organizó su discusión. La

relación y comentarios de cada sesión fueron recogidos en actas.

Además, la Comisión encomendó seis trabajos de investigación, los

que incluyeron los siguientes temas: (i) Labor jurisdiccional de la Corte

Suprema; (ii) Contenido de la ley orgánica Constitucional del Poder

Judicial; (iii) Selección, nombramiento, calificación y ascensos de jueces;

(iv) Proposiciones para una Escuela Judicial en Chile; (v) El Consejo de la

Magistratura en el derecho comparado; y (vi) Encuesta entre abogados sobre

el funcionamiento del Poder Judicial.

La Comisión concluyó sus actividades en una sesión final, en la que

se aprobó un conjunto de proposiciones para la solución de las deficiencias

e inconvenientes más notorios de nuestro sistema judicial y asimismo

emitió un pronunciamiento sobre cuestiones fundamentales que afectan a la

organización y funcionamiento de nuestros tribunales de justicia.

En el presente informe se exponen estas proposiciones y junto a

ellas se estimó conveniente incluir también parte de los antecedentes que la

Comisión tuvo en consideración, con el objeto de facilitar la adecuada

comprensión de dichas proposiciones y sus fundamentos.

Las diversas materias tratadas en el informe se encuentran organizadas

en Capítulos, cada uno de los cuales contiene una síntesis de la

exposición hecha por el integrante a cargo de la relación del tema, hace luego

referencia a los comentarios formulados al respecto, y termina con las

proposiciones aprobadas por la Comisión en la materia.

Aprovechamos esta ocasión para agradecer muy sinceramente al

Centro de Estudios Públicos, cuya valiosa asistencia y colaboración

contribuyeron, en buena parte, al éxito de esta labor.

Para terminar, hemos querido llamar la atención de quienes están

interesados en la búsqueda de una solución a los problemas de la justicia en

Chile con una reflexión final. Es necesario incorporar al Poder Judicial a

individuos de excelencia. El perfeccionamiento de la organización y funcionamiento

del sistema judicial por sí solo no atraerán a gente capaz, si es

que las remuneraciones de nuestros magistrados no están acordes con las

responsabilidades y roles institucionales entregados al Poder Judicial y con

la remuneración de ocupaciones alternativas de nuestra sociedad. Es preciso

adquirir conciencia a este respecto y, junto con atender las deficiencias

orgánicas de nuestro Poder Judicial, promover un mejoramiento de las

condiciones económicas de nuestros jueces.

174 ESTUDIOS PÚBLICOS

II. CORTE SUPREMA*

A. Función e integración histórica de la Corte Suprema

1. Antecedentes históricos

En los años que siguieron a la Declaración de Independencia, existían

en la línea de la justicia ordinaria jueces de menor cuantía, jueces de conciliación,

jueces de letras y una Corte de Apelaciones con sede en Santiago.

Junto a los anteriores, subsistieron en el período republicano diversas

jurisdicciones especiales del derecho indiano. Es el caso del Tribunal del

Consulado, para materias de comercio, regulado por uno de los últimos

decretos de O'Higgins, de diciembre de 1822; el de los juzgados de minas,

de abastos, de hacienda, de aduana, de presas, de teatros y las jurisdicciones

especiales de carácter personal para militares y eclesiásticos.

La especialización de la justicia de primera instancia se reflejó también

en la Corte de Apelaciones, la que contaba con ministros ordinarios y

especiales. Estos últimos integraban el tribunal cuando conocía asuntos de

hacienda, comercio, militares, minería y presas. Los ministros especiales

fueron suprimidos en 1866.

La Corte de Apelaciones fue durante los primeros decenios de la

República el tribunal superior de justicia. Esta Corte fue la sucesora de la

Real Audiencia, tribunal que durante la colonia funcionó como tribunal de

apelación y constituía la máxima autoridad judicial de la Gobernación

General. No es extraño entonces que la Corte de Apelaciones haya permanecido

como el tribunal superior después de producida la revolución. Hasta

el año 1845, en que se crearon las Cortes de La Serena y Concepción, la

Corte de Apelaciones de Santiago fue la única del país.

Las primeras referencias a un Tribunal Supremo las encontramos en

el Reglamento Provisional de Justicia de 1811. Este reglamento precisa las

ventajas de que los recursos puedan ser vistos "en la propia patria, por

magistrados de sus mismos conciudadanos". Las Constituciones de 1818,

1822 y 1823 también contienen referencias expresas al tribunal supremo.

En la Constitución de 1823 aparecen como las principales atribuciones del

Tribunal Supremo, las de "proteger, hacer cumplir, reclamar a los otros

poderes por las garantías individuales y judiciales" y "conocer de las nulidades

contra sentencias de la Corte de Apelaciones" (art.146, números 1 y

Segunda y tercera sesiones: 15 y 29 de mayo de 1990. *

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 175

2). El Reglamento de Administración de Justicia de 1824 se refiere también

a ella, aunque de un modo indirecto, ya que sólo regula en detalle las

facultades de la Corte de Apelaciones, única Corte existente hasta entonces

en el país y que funcionaba en Santiago.

La Corte Suprema fue en su origen una institución más bien atípica

dentro del sistema judicial. Tanto es así, que una vez instalada la Corte

Suprema, ante la falta de trabajo de este tribunal y el recargo de la Corte de

Apelaciones, una ley de 1835 encargó a la Corte Suprema el conocimiento

en segunda instancia de materias criminales y de hacienda, asumiendo de esa

forma el papel de Corte de Apelaciones. Estas funciones le fueron asignadas

mientras se dictaba la Ley de Organización de los Tribunales, y esta ley,

promulgada en 1875, mantuvo en un artículo transitorio a la Corte

Suprema como tribunal de apelación mientras no se dictara el Código de

Enjuiciamiento que introduciría el recurso de casación, lo que no ocurrió

sino hasta 1902. La Constitución de 1833 no estableció reglas concretas

sobre organización de los tribunales, ni consagró la Corte Suprema como

cabeza del Poder Judicial.

En suma, la creación de una Corte Suprema en Chile respondió más

a una emulación que a una necesidad práctica. Talvez fue inspirada en el

hecho de que la Corte de Apelaciones ocupó el lugar de la Real Audiencia,

tribunal que en el derecho indiano tenía como superiores jerárquicos a los

tribunales metropolitanos en España. Desde temprano se debe haber despertado

el sentimiento de que estos últimos debían ser sustituidos a la larga

por un tribunal supremo nacional, como se expresa en el Reglamento

Provisional de Justicia de 1811.

La circunstancia de que la Corte Suprema no haya satisfecho en sus

orígenes necesidad práctica alguna hizo de ella, preferentemente, un tribunal

de apelación, una especie de sala independiente de la Corte de Apelaciones,

especializada en materias criminales y de comercio.

Sólo en la Ley de Organización de los Tribunales de 1875 se vino a

concebir verdaderamente a la Corte Suprema como un tribunal de casación,

con competencia para revisar por esa vía las sentencias de las Cortes de

Apelaciones. El legislador estimó que esa era su función jurisdiccional por

excelencia, según se desprende de los comentarios al artículo 107, recogidos

en la obra de don Manuel Ballesteros. Sin embargo, dicha competencia

quedó en suspenso hasta la dictación del Código de Procedimiento Civil.

Así, con la dictación del Código de Procedimiento Civil en 1902, se

concluyó la transformación de la Corte Suprema en un tribunal de casación.

Sólo con su entrada en vigencia, la Corte dejó de ser el tribunal de apelación

especializado, función que cumplía desde 1835. Con el mismo objetivo y para garantizar su función uniformadora de la jurisprudencia, se

estableció que para conocer de los recursos de casación la Corte funcionaría

con 7 de los 10 miembros que tenía en la época y que, por consiguiente, no

actuaría en tales ocasiones dividida en salas.

Paralelamente, la Corte Suprema dispuso de facultades correccionales,

disciplinarias y económicas sobre todos los tribunales, y se estableció

que podría, "siempre que lo juzgare conveniente a la buena administración

de justicia, corregir por sí las faltas y abusos que cualesquiera jueces

o funcionarios del orden judicial cometieren en el desempeño de su

ministerio" (artículo 109). Con todo, el mensaje de la ley muestra la

reticencia del legislador respecto del ejercicio de dichas facultades, al advertir

que su ejercicio, necesariamente discrecional, conlleva "el peligro de lo

arbitrario". Esta contingencia se quizo evitar, señalando "la suma y la

extensión de semejante poder, así como los medios únicos de ejercerlo".

Por último, en la Constitución de 1823 se consagraron las facultades

conservadoras de la Corte Suprema en relación a los demás poderes, lo que

hizo de esta Corte un tribunal de garantía de los derechos de los individuos

frente a los abusos cometidos en su contra.

Las consideraciones anteriores permiten concluir que: (i) la consolidación

de la Corte Suprema como el máximo tribunal de la República

coincide con la dictación del Código de Procedimiento Civil, que estatuye la

casación; y (ii) el legislador consideró en su tiempo los inconvenientes de

una jurisdicción superior casuística y arbitraria ejercida con ocasión del

ejercicio de facultades disciplinarias y ya, en 1875, intentó poner término al

ejercicio abusivo de tales facultades.

2. Algunos juicios críticos acerca de la forma como la

Corte Suprema ejerce su función jurisdiccional

La Corte Suprema ha definido su rol, en la actualidad, como un tribunal

que se presume de equidad, que juzga los hechos y el derecho desde la

perspectiva del caso particular en los recursos de queja. Ello se traduce en

que la Corte no está ejerciendo su función de seguridad jurídica de garantizar

la uniformidad de la jurisprudencia.

La decadencia de la casación es consecuencia de la renuncia del tribunal

a su responsabilidad de declarar el derecho vigente en Chile sobre la

base de una interpretación comprensiva, y no formalista, de las instituciones legales.

 

Las prácticas de la relación secreta, de las audiencias privadas y otras análogas, como fallar en cuenta recursos de queja contra resoluciones antecedidas de un proceso de lato conocimiento, hacen que aumente crecientemente la desconfianza profesional en su actuación como tribunal imparcial y de derecho.

 

Desde el punto de vista del método jurídico, la Corte se mueve entre

dos extremos igualmente dañinos: cuando conoce recursos de queja es un

tribunal carente de orientaciones permanentes que, de preferencia, atiende a las circunstancias del caso; cuando conoce de casaciones, por el contrario, es un tribunal altamente formalista, descuidado del trasfondo valórico y finalista de las instituciones, lo que evita el progreso efectivo y la consolidación judicial del derecho.

A lo anterior se suma el descrédito en que han caído las designaciones

de miembros de la Corte Suprema. El evidente deterioro profesional

de la Corte y la expansión de prácticas que favorecen influencias completan

un severo cuadro de desconfianza en su proceder.

3. Derecho comparado

Es de especial interés la organización de los tribunales franceses y,

especialmente, la de su Corte de Casación, atendido a que se trata de un

sistema jurídico que presenta enormes analogías históricas con nuestro

sistema judicial.

Los puntos más pertinentes para ser revisados como proposiciones

de reordenación de la Corte Suprema son:

a) La jurisdicción constitucional y administrativa están separadas de la

jurisdicción ordinaria, civil y penal.

b) La Corte de Casación funciona dividida en salas especializadas por

materias: una criminal, tres civiles, una comercial y otra laboral. Si

una sala adopta una decisión contraria a la de otra sala, el asunto

puede ser llevado a una sala mixta más amplia. Si la cuestión afecta

a una materia calificada de principio, el asunto es resuelto por la

asamblea plenaria.

c) La casación opera como nulidad fundada estrictamente en derecho. La

Corte, al dejar sin efecto o casar una sentencia, se limita a dar las

razones de derecho de su decisión, usualmente en una breve

178 ESTUDIOS PÚBLICOS

fundamentación, y remite luego los antecedentes a otro tribunal del

mismo grado del que dictó el fallo casado para que dicte nueva

sentencia. Si la Corte estima que constan todos los antecedentes de

hecho para la dictación del fallo de reemplazo, excepcionalmente, ella

misma dicta esa sentencia de reemplazo.

d) Las facultades disciplinarias no son ejercibles por una vía que afecte

los fallos dictados. Para ello existen los recursos ordinarios y el de

casación.

e) La Corte entiende que su función es establecer el derecho, lo cual

supone someterse a la ley. La Corte, sin embargo, ha abandonado el

método exegético centrado en la voluntad del legislador, dominante

en el siglo XIX y, en materias claves, ha desarrollado una consistente

jurisprudencia que ha permitido la evolución jurisprudencial de

las instituciones. El desarrollo jurisprudencial del derecho francés de

la responsabilidad civil y de los contratos, por ejemplo, en poco

difiere en sus resultados de las jurisdicciones del common law. Esta

forma de interpretar el derecho es, por lo demás, del todo análoga a la

prevaleciente en otros países europeos como España o Alemania. La

Corte entiende que esta evolución es progresiva, por lo que, establecida

por ella una doctrina, ésta se mantiene normalmente por largo

tiempo, de modo de dar seguridad y evitar la multiplicación de los

juicios.

Las analogías con el funcionamiento del Tribunal Supremo en Alemania

y España son un indicio de que las experiencias del derecho comparado

pueden ser muy fértiles para emprender con prudencia las reformas

indispensables en Chile.

B. Corte Suprema: análisis práctico de su competencia

En este párrafo se hace referencia a los aspectos más relevantes de

este tema, contenidos en el trabajo publicado en el número 139, de

septiembre de 1990, de la serie Documentos de Trabajo, del Centro de

Estudios Públicos.

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 179

1. Funciones jurisdiccionales

Las principales funciones jurisdiccionales de la Corte Suprema

pueden reunirse en cuatro grupos:

a) Ejercer la jurisdicción correccional, disciplinaria y económica sobre

todos los tribunales de la nación.

b) Velar por el respeto a la libertad personal y a la seguridad individual,

y proteger a las personas en el legítimo ejercicio de determinados

derechos y garantías precisados en el artículo 20 de la Constitución.

c) Velar por la observancia de la Constitución Política del Estado,

declarando inaplicables aquellos preceptos legales que sean contrarios

a la Carta Fundamental.

d) Velar por la debida y uniforme aplicación de las leyes.

De estas cuatro funciones, se hace referencia más adelante a las dos

últimas.

2. El Recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad

La función de velar por la observancia de la Constitución, señalada

en la letra c) anterior, es ejercida mediante el recurso de inaplicabilidad por

inconstitucionalidad.

La Constitución de 1980 amplió las situaciones en las que es

posible ejercer esta atribución, en términos que la Corte Suprema puede

proceder, a petición de parte o de oficio, en las materias que conozca o que

le fueren sometidas en recurso interpuesto en cualquier gestión que se siga

ante otro tribunal.

Es necesario tener presente, además, que el control preventivo de la

inconstitucionalidad de los preceptos legales lo ejerce el Tribunal

Constitucional.

La investigación sobre la aplicación práctica de este recurso se refiere

a un período de diez años, desde 1980 a 1989, y de ella se puede concluir

que dicho recurso ha tenido una escasa importancia en el lapso analizado.

El Cuadro Nº l muestra los resultados de la investigación, en los que llama la atención que sólo se han acogido 17 recursos en los diez años.

 

CUADRO Nº 1

Total de causas falladas

y de recursos de inaplicabilidad terminados

(1980 - 1989)

Año Total fallos Recursos de inaplicabilidad terminados y sus motivos

Total Acogidos Rechazados Inadmisibles Desistidos Archivados

 (*) Se deja constancia que en las estadísticas de la Corte Suprema

correspondientes a los años 1983 y 1984 se incluyeron en una misma glosa los

recursos de inaplicabilidad, las "reclamaciones y otros asuntos", razón por la

cual las cifras que aparecen en esos años no corresponden sólo a recursos de

inaplicabilidad.

La escasa relevancia del recurso obedece fundamentalmente a las

siguientes causas:

a) A la sostenida tendencia que muestra la Corte a no ejercer con la

amplitud concedida por el constituyente sus facultades contraloras de

constitucionalidad. Gran cantidad de recursos se han rechazado por

motivos puramente formales, sin haberse hecho uso de la

inaplicabilidad de oficio frente a aquellas deficiencias.

b) A una muy discutible comprensión por la Corte del principio de

separación de poderes, establecida como un sistema de control recíproco

del poder. Para la Corte —según el profesor Mario Verdugo—

la separación de funciones se encuentra establecida en el ordenamiento

constitucional en resguardo de la autonomía funcional de los

órganos y no como un medio de control del ejercicio del poder.

 

c) A los problemas que plantea la inaplicabilidad por inconstitucionalidad

de forma y la inconstitucionalidad de normas legales anteriores

a la Constitución en vigencia, los cuales se analizan a continuación

con mayor detalle.

3. Inconstitucionalidad de forma

La inconstitucionalidad de forma, en sentido estricto, existe en aquellos

casos en que se infringe la Constitución en el procedimiento seguido

para la formación de una ley.

De acuerdo con la Constitución de 1980, existen distintas categorías

de leyes, que exigen quorum o trámites distintos para aprobación, como por

ejemplo la declaración previa de constitucionalidad por parte del Tribunal

Constitucional. Contribuye además a que aumente la posibilidad de este

tipo de inconstitucionalidad la amplitud e imprecisión con que la

Constitución determina los asuntos propios de leyes orgánicas constitucionales.

Sin embargo, de acuerdo a la investigación reseñada, la Corte

Suprema ha adoptado como criterio, frente a las inconstitucionalidades por

defectos en la formación de la ley, el considerar que en tal caso debe resolver

el tribunal inferior ("tribunal de la instancia") en el cual se está conociendo

el asunto. Es decir, que cualquier tribunal de primera instancia puede

resolver, por ejemplo, no aplicar determinado precepto legal porque a su

juicio se incurrió en un vicio de inconstitucionalidad durante la formación

de esa ley. Esta doctrina ha sido mantenida por la Corte a lo largo del

tiempo, no obstante que en algunas ocasiones se han emitido votos disidentes

que la han rebatido en forma fundada.

Parte importante de la doctrina actual se inclina por la tesis contraria,

sosteniendo la precedencia del recurso.

Para ello se aduce, en primer término, que el artículo 80 de la Constitución

faculta a la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad de

todo precepto legal contrario a ella, sin que se distinga de manera alguna

entre vicios de fondo y de forma. Siendo éste un importante mecanismo de

"contrapeso de poderes", no puede dejarse en manos de cualquier juez la

apreciación de la inconstitucionalidad de forma.

Resulta, además, inconsecuente sostener que la Corte Suprema no

puede conocer el recurso porque esto significaría "interferir en la acción

propia de los otros poderes del Estado", y al mismo tiempo señalar que el

182 ESTUDIOS PÚBLICOS

asunto debe ser resuelto por los jueces de fondo, ya que todos forman parte

del mismo Poder Judicial.

4. Inconstitucionalidad sobrevenida

Otro punto analizado es el que dice relación con los preceptos legales

anteriores a la Constitución de 1980, que infrinjan o vulneren las

disposiciones de esta Carta Fundamental. El problema, a juicio de Eugenio

Valenzuela, puede tener dos respuestas: a) cualquiera norma anterior que esté

en pugna con alguna de la Constitución de 1980 se entiende derogada por

ésta, y simplemente se puede prescindir de ella; b) se trata de una

inconstitucionalidad sobrevenida, que debe ser declarada por la Corte

Suprema, tesis a la cual adhiere.

La Corte Suprema se ha inclinado hasta hace poco por la primera

tesis, señalando que se trata de un simple problema de derogación de leyes,

que corresponde estudiar a los jueces sentenciadores. Sin embargo, en

sentencias de junio y agosto de 1990, resolvió que era procedente el recurso

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de leyes anteriores a la

Constitución de 1980, acogiendo así la segunda tesis.

La posición que señala que es la Corte Suprema la que debe

pronunciarse en el caso de inconstitucionalidad sobrevenida se funda en las

siguientes razones:

a) En el claro sentido del artículo 80 de la Constitución, que entrega a

la Corte Suprema la facultad de declarar la inaplicabilidad de preceptos

legales contrarios a la Constitución, sin hacer distinción

alguna.

b) No hay en este caso un simple problema de derogación de una norma

por otra, ya que es necesario previamente constatar la contradicción

entre un precepto legal y la Constitución, y la derogación o nulidad

de dicho precepto es una consecuencia de la ilegitimidad constitucional

que, por supuesto, corresponde hacerla a la Corte Suprema.

c) Por lo demás, es principio general de derecho que la norma de superior

jerarquía no deroga a otra anterior de menor jerarquía, sino que

simplemente prevalece sobre ella, por lo que no pueden los jueces de

la instancia declarar tal derogación.

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 183

d) Por último, si se persiste en la tesis contraria, se crearía una grave

inseguridad jurídica sobre todo el ordenamiento jurídico legal precedente,

por la automática multiplicación de los centros de decisión,

constituidos en esta hipótesis no sólo por la Corte Suprema y por

todos los tribunales de la República, sino además por cualquier

autoridad pública o administrativa. La sola enunciación de las

consecuencias de esta teoría son suficientes para desecharla.

5. Inconstitucionalidad de leyes orgánicas constitucionales

No han existido pronunciamientos específicos de la Corte Suprema

respecto de la procedencia del recurso de inaplicabilidad, en el caso de inconstitucionalidad

de preceptos contenidos en leyes orgánicas constitucionales.

Sin embargo, se pueden extraer conclusiones de dos fallos que

aplican el artículo 83 de la Constitución, que es la norma que regula la

procedencia de la revisión por la Corte Suprema, de preceptos que hayan

sido declarados constitucionales por el Tribunal Constitucional.

La Corte fijó el sentido y alcance de dicho artículo, al señalar que el

recurso es procedente, respecto de normas de una ley cuando el Tribunal

Constitucional se ha limitado a declararlo conforme a la Constitución en

términos generales. No lo sería, en cambio, respecto de un precepto específico

sobre el cual se haya pronunciado expresamente dicho Tribunal.

Aunque sí podría darse el caso de una posible revisión de dicho precepto

específico, si el vicio que se alega es distinto de aquel sobre el cual se

pronunció el Tribunal Constitucional.

De manera que aplicando estos criterios, y aunque no se refieren

específicamente al punto, es procedente el recurso de inaplicabilidad por

inconstitucionalidad de una Ley Orgánica Constitucional, con la excepción

mencionada.

6. Casación en el fondo y recurso de queja

El recurso de casación en el fondo persigue invalidar una sentencia,

por haber sido pronunciada con infracción a la ley, siempre que dicha

infracción haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Es un

recurso de derecho, ya que no pueden volver a discutirse los hechos de la

causa. Su fundamento es la igualdad ante la ley, ya que persigue una

interpretación constante y uniforme del derecho objetivo por parte del Poder

184 ESTUDIOS PÚBLICOS

Judicial, y contribuye, además, a una de las finalidades fundamentales del

derecho: la certeza jurídica.

Su importancia va más allá del juicio en que se ejerce, puesto que

tiende a uniformar la correcta aplicación de la ley. Contribuye, junto al

recurso de inaplicabilidad, al desarrollo del derecho, y a dar unidad y uniformidad

al sistema legal positivo.

El siguiente gráfico muestra lo que ha ocurrido con los recursos de

casación en el fondo en la Corte Suprema, entre los años 1969 y 1989.

GRÁFICO Nº 1

Casaciones en el fondo terminadas en

relación al total de causas falladas

1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989

De estas cifras resulta una conclusión evidente: el porcentaje de

casaciones en relación al total de fallos de la Corte Suprema no ha superado

nunca el 18 por ciento, disminuyendo hasta llegar actualmente a menos del

9 por ciento.

%

18

16

14

12

10

8

6

4

2

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 185

Un segundo gráfico permite visualizar la diferencia entre el número

de recursos de casación acogidos y aquellos que ha sido declarados

inadmisibles.

GRÁFICO N° 2

Porcentaje de casaciones acogidas y

declaradas inadmisibles

Inadmisibles

Acogidas

1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989

Nota: No se dispone de datos de los años 1972 y 1976, por lo que

los indicadores marcan cero.

Este gráfico muestra en forma bastante elocuente el bajo porcentaje

de recursos de casación en el fondo acogidos por la Corte.

La reforma de 1977 del Código de Procedimiento Civil, que agregó

un nuevo inciso al artículo 785, estableció la facultad de invalidar de oficio

la sentencia recurrida, en los casos que se desechare la casación en el fondo

por defectos en su formalización, lo que hacía pensar que la situación cambiaría.

Sin embargo, el porcentaje de recursos acogidos subió levemente en

1980 y 1981, para luego caer abruptamente a porcentajes aun inferiores a

%

60

50

40

30

20

10

O

186 ESTUDIOS PÚBLICOS

aquellos de antes de la reforma. Mientras, por otra parte, las casaciones

declaradas inadmisibles aumentan hasta llegar en 1989 al récord de 56,6%.

El Cuadro Nº 2 muestra la cantidad de recursos de queja fallados por

la Corte Suprema en los últimos 21 años, desglosados por materias civiles,

criminales y del trabajo.

CUADRO Nº 2

Recursos de queja fallados por la Corte Suprema

La conclusión de los cuadros y gráficos precedentes es que el recurso

de casación en el fondo ha ido perdiendo gradualmente su importancia, y ya no cumple con las finalidades que se tuvieron en vista al instaurarlo, de tal manera que poco o nada ha contribuido a uniformar el sentido del la ley y a enriquecer el derecho.

Entre las causas de este deterioro podemos citar:

a) El excesivo rigor con que la Corte Suprema evalúa el cumplimiento

de los requisitos formales en la interposición del recurso;

b) La compleja posición de la Corte respecto de determinar cuál es la

norma legal que debe darse por infringida, lo que ha llevado a

algunos analistas a pensar que es una forma de eludir el pronunciamiento

de fondo;

c) El empleo casi nulo de la facultad de casar en el fondo de oficio;

d) El funcionamiento de la Corte Suprema en cuatro salas, sin un

mecanismo que permita uniformar los criterios y evitar fallos

contradictorios.

e) El alcance tan amplio e injustificado que se ha dado al recurso de

queja, que ha distorsionado totalmente el sistema;

f) El uso restringido de los elementos de interpretación de la ley y el

"marcado positivismo formalista" que muestra la Corte Suprema en

su concepción del derecho.

7. Funciones de los Ministros de la Corte Suprema en

Otros Organismos

El estudio reseñado señala que los miembros de la Corte Suprema,

además de sus funciones como ministros, deben integrar los siguientes

organismos:

a) El Tribunal Constitucional (tres ministros).

b) El Tribunal Calificador de Elecciones (tres ministros o ex

ministros).

188 ESTUDIOS PÚBLICOS

c) El Presidente de la Corte Suprema integra el Consejo de Seguridad

Nacional.

d) La Comisión Resolutiva establecida en el D.L. 211 de 1973, que fija

normas de defensa de la libre competencia (un ministro).

e) El Consejo de la Editorial Jurídica de Chile o Editorial Andrés Bello

(un ministro).

f) El Presidente de la Corte Suprema y cuatro ministros integran el

Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder

Judicial.

C. Comentarios

Respecto de estas relaciones, se hicieron presentes las siguientes observaciones:

1. Los juicios morales respecto de los magistrados no son suficientes

para explicar la actual situación del Poder Judicial. Los deterioros morales

normalmente se atribuyen a factores idiosincrásicos, a los caracteres de los

individuos que conforman una institución; en este sentido, la Corte

Suprema cambiaría si se reemplazan sus miembros. Sin embargo, ellos

pueden deberse también a factores estructurales y organizacionales. Debe

tenerse presente que en el Poder Judicial en este momento no hay sistemas

de evaluación, hay subjetividad en las calificaciones, con lo cual la

compulsividad de los roles desaparece y con ella la institucionalidad.

El análisis de los cuadros estadísticos expuestos permite establecer

una relación entre el aumento de trabajo de la Corte Suprema y la disminución

de recursos materiales, y las deficiencias en el fallo del recurso de

casación y el exacerbado desarrollo del recurso de queja. Es evidente que

existe un factor orgánico en el deterioro de las funciones de la Corte

Suprema.

Asimismo, mecanismos transparentes y objetivos de designación y

control público de la judicatura son requisitos tan importantes como el

principio de independencia judicial a efectos de lograr una justicia eficiente

y equitativa.

Los aspectos organizativos de los tribunales son decisivos en la

conducta de los jueces.

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 189

En relación a las facultades disciplinarias, llama la atención que la

calificación de los magistrados no sea fundamentada. En la actualidad, se

desconoce cuál es la opinión individual de cada ministro y sabernos que la

responsabilidad colectiva tiene efectos funestos. Es necesario un esfuerzo

serio en orden a la adecuada calificación y preparación de los magistrados, a

fin de rescatar como valor cívico el respeto por el juez en atención a sus

cualidades morales y profesionales.

2. La condición de tribunal de equidad que ha asumido la Corte Suprema

no es efecto de una concepción articulada sobre ésta, sino que se ha

generado por un sentimiento de libertad para fallar discrecionalmente. El

recurso de queja ha sido el instrumento al efecto y en definitiva ha

desplazado al de casación. El fallo de los recursos de queja no exige mayor

fundamentación, lo que permite a los ministros resolver sin necesidad de

justificar su decisión en un análisis técnico interpretativo de las disposiciones

que rigen la materia y que debería preceder a su fallo. Esta situación

se ha producido, entre otras razones, porque se tiene la sensación de

que sus resoluciones no están sujetas al control de una crítica pública. La

Corte Suprema no está cumpliendo su función de ser guía de los demás

tribunales. El recurso de queja debe ser objeto de reforma, sea por la vía de

eliminarlo, sea por la vía de que acarree necesariamente una medida disciplinaria

en caso de acogerse, sea sancionando con multas e incluso con la

suspensión a los abogados que abusan de su ejercicio. En cuanto a la

modificación de las resoluciones de tribunales inferiores, sólo debería quedar

entregada a las vías procesales ordinarias previstas por el Código de

Procedimiento Civil (apelación y casación). De ese modo, la vía de la queja

recuperaría su carácter estrictamente disciplinario.

3. Existe una evidente carencia en la técnica decisoria, que se hace

manifiesta al analizar los fallos recaídos en recursos de casación. La técnica

de interpretación utilizada en la dictación de los fallos de la Corte Suprema

es inadecuada. No hay interpretación de contexto, sólo se atiende al tenor

literal y no al sentido de la ley. La Corte Suprema se ha resistido a trabajar

en la interpretación del derecho. Sobre este punto es conveniente tomar

como ejemplo el trabajo de interpretación desarrollado en los fallos del

Tribunal Constitucional con anterioridad al plebiscito de 1988.

En este mismo sentido, es preciso adoptar nuevos mecanismos que

hagan más simple el recurso de casación, esto es, menos formal en su formulación

y más directo y sencillo en su fallo. Este es un camino para

restringir el conocimiento de la Corte Suprema estrictamente a cuestiones

190 ESTUDIOS PÚBLICOS

de derecho, entendiendo por tales las que afecten a la aplicación de la ley y

las que involucren principios de derecho que los demás tribunales deban

respetar.

Actualmente los recursos de casación se rechazan por causales meramente

formales. El uso creciente del recurso de queja es, en cierta medida,

un desahogo de los abogados que ven rechazados sus recursos de casación

por meros formalismos. Al tribunal de casación no le corresponde analizar

hechos, tarea que es competencia de los tribunales de la instancia. El

tribunal de casación debe vigilar que los jueces no fallen a su amaño, contrariando

los dictados del legislador, y, además, uniformar la jurisprudencia

para tal efecto.

El culto obsesivo a la forma y al texto constituye un obstáculo a que

la justicia sirva de criterio regulador y a que la jurisprudencia a través de sus

fallos dé forma razonable al orden jurídico.

Es del caso señalar, además, que la fundamentación de las sentencias

en forma deficiente, conduce inevitablemente a una "positivización" del

derecho y deificación de la ley como único elemento seguro al que aferrarse.

4. A la Corte Suprema están ingresando aproximadamente 4.000 causas

al año, las que resultan imposibles de resolver, más aún si ellas se refieren

a muy diversas materias. Un nivel de causas tan elevado, naturalmente, hace

que se resienta el trabajo. Esto lleva a concluir que la puerta de entrada a la

Corte Suprema es muy ancha, el acceso muy abierto y fácil. En el derecho

comparado existe la experiencia de las salas especializadas, a las que permanentemente

están adscritos sus ministros. Es perfectamente posible en

Chile una distribución de trabajo dividida en áreas: civil, criminal, laboral y

social, constitucional y administrativa. Si a eso se agrega el traspaso del

recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional

y la eliminación del recurso de queja, la Corte podría desempeñar más

eficientemente y con menos recargo una jurisdicción de derecho que hoy no

satisface.

5. Es conveniente la fijación de una edad tope a los magistrados,

destinada a renovar permanentemente el Poder Judicial y con ello producir

una evolución en la interpretación de las leyes.

6. Las facultades conservadoras de la Corte Suprema se encuentran

expresamente consagradas desde la dictación de la Constitución de 1823, lo

que hace de dicha Corte un tribunal de garantía de los derechos de los

individuos frente a los abusos cometidos en su contra. Sobre este particular,

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 191

se comentan diversas sentencias dictadas durante el gobierno de don

Domingo Santa María. Es importante que la Corte Suprema esté revestida

de estas facultades conservadoras, sin limitaciones excepcionales.

La historia muestra una reticencia de la Corte Suprema para resolver

cuestiones de derecho público, defecto que tiene su origen, entre otras

causas, en la formación de sus integrantes en Escuelas de Derecho

enmarcadas en una muy fuerte tradición del derecho privado.

7. Es conveniente seguir la experiencia comparada que establece jurisdicciones

diferentes en materia constitucional y común, atendido a que la

legitimidad de base de ambas jurisdicciones es diferente. La jurisdicción

constitucional debe tener una fuerte legitimación política, que es diferente a

la de los tribunales de competencia común. Ello porque la lógica del

procedimiento constitucional es diferente a la del procedimiento común:

mientras el primero atiende a las definiciones fundamentales que determinan

los límites entre el derecho y la política, el segundo se refiere a lo que

ocurre propiamente en la sociedad civil y debiera estar regido por una

estructura organizativa más técnico-profesional. Por otra parte, no hay en el

mundo una Constitución política con tan poca jurisprudencia como en

Chile. La Corte Suprema, según lo demuestran las estadísticas, abandonó

su función de tribunal constitucional. Es un error el concebir la independencia

de los poderes públicos como separación de funciones y no en su

aspecto de control recíproco. Esta evidencia confirma la necesidad de separar

la jurisdicción constitucional y dotar al Tribunal Constitucional de las

atribuciones necesarias para que conozca de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad

de las leyes.

8. No puede omitirse una referencia al modo inusual en que fue

integrada la actual Corte Suprema. De los 17 ministros que la componen

actualmente, 14 fueron designados por un solo gobierno y, de éstos, 12

fueron designados entre los años 1985 y 1989 con la intervención de un

mismo Ministro de Justicia. El resultado, además de que no siempre han

llegado los mejores, es el cuestionamiento de la independencia y legitimidad

del Poder Judicial. La forma en que se efectuaron los últimos nombramientos

de ministros de la Corte Suprema no fue acertada. En estas circunstancias

no es de extrañar que se haya propuesto la creación de un Consejo

Nacional de la Judicatura.

9. La solución de la crisis que actualmente afecta al Poder Judicial tiene

un componente transitorio consistente en la necesidad de renovar la actual

192 ESTUDIOS PÚBLICOS

Corte Suprema. El tema es complejo, pues es sensible a consideraciones

políticas. Cualquiera sea el modo de abordar este tema, debe precaverse no

crear un precedente como el instituido en países vecinos, donde los miembros

de la Corte Suprema se renuevan junto con cada cambio de gobierno.

Es necesaria la formulación de un acuerdo de carácter pluralista, un gran

esfuerzo para que la Corte Suprema quede integrada por personas de indiscutida

ascendencia moral, idoneidad técnica y respetabilidad, lo cual exige

la renuncia a cuotas de poder y apreciaciones políticas. Para esto debe

buscarse el concurso del Gobierno, del Congreso y del Poder Judicial.

D. Proposiciones

1. Para que las reformas que se proponen produzcan los efectos

deseados, es necesario buscar un gran acuerdo nacional, a fin que una nueva

Corte Suprema presida las reformas al Poder Judicial.

Para estos efectos, se sugiere que la Corte Suprema aumente sus

miembros a un Presidente y 30 ministros, de los cuales un tercio deberá

provenir de los actuales ministros de dicha Corte.

2. Se postula la modificación del sistema de Justicia Constitucional en

los siguientes términos:

a) Traspaso de la competencia para conocer del recurso de inaplicabilidad

por inconstitucionalidad de las leyes al Tribunal Constitucional,

organismo que, en consecuencia, pasaría a ejercer el

control preventivo de constitucionalidad en los términos que actualmente

lo hace y, además, el control represivo de constitucionalidad

de todas las leyes con motivo de cualquier gestión que se siga ante

los tribunales de justicia;

b) Se sugiere, asimismo, que la declaración de inconstitucionalidad de

una ley, en principio, sólo tenga efecto en el caso particular en el

que se consulta, pero que después de tres fallos uniformes sobre la

misma materia dicha declaración tenga efectos generales;

c) En consideración a lo anterior, se propone una nueva composición de

dicho tribunal, según se señala más adelante.

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 193

d) La primera instancia de los recursos de protección permanece en las

Cortes de Apelaciones, las que tendrán salas especializadas para conocer

de los mismos;

e) La Corte Suprema conserva sus actuales facultades para conocer de la

apelación en contra de las sentencias dictadas por las Cortes de

Apelaciones sobre recursos de protección, a través de una sala

especializada de la Corte denominada "constitucional-administrativa".

3. Se propone que la Corte Suprema, además de su actual competencia,

se informe de los asuntos conocidos en primera instancia por tribunales

especiales, respecto de cuyas resoluciones no existiere recurso ante las

Cortes de Apelaciones;

4. En cuanto a las facultades disciplinarias de la Corte Suprema y de los

demás tribunales, se propone: (véase Capítulo V, letra B, núm. 1)

a) Eliminar el recurso de queja como mecanismo modificatorio de

resoluciones;

b) Que sólo en el caso de que, por la vía de la queja disciplinaria, se

resuelva aplicar al magistrado la sanción de suspensión de sus

funciones, la Corte podrá dejar sin efecto la resolución que la motiva,

a petición de parte, si ella irrogare un perjuicio reparable sólo

mediante esta declaración;

5. Se postula que la Corte Suprema funcione dividida en seis salas

especializadas: tres civiles, una de las cuales conocerá además de materias

tributarias; una sala penal; una constitucional-administrativa, y una laboralsocial.

A cada una de ellas se adscribirán permanentemente cinco ministros.

Con el objeto de mantener una equitativa distribución en el trabajo

de la Corte, en caso de recargo de una de las salas, el Pleno podrá, al inicio

de cada año judicial, asignar las causas de dicha sala a una cualesquiera de

las otras durante el período anual.

194 ESTUDIOS PÚBLICOS

6. Se sugiere crear un procedimiento de plenarios para salvar las

diferencias de interpretación en una misma materia entre dos salas de la

Corte Suprema y para modificar una doctrina establecida con anterioridad.

7. Se propone simplificar la interposición y fallo del recurso de casación

en el fondo, en los siguientes términos:

a) Restringir la facultad de declararlo inadmisible únicamente en caso de

incumplimiento de elementos objetivos y no de contenido, como la

falta de patrocinio o la omisión de la consignación, y

b) Establecer que la Corte Suprema deberá pronunciarse directamente

sobre el punto controvertido, en sentencias breves y formalmente

simples, y sin necesidad de sentencia de reemplazo.

8. Se propone eliminar las destinaciones de los ministros de la Corte

Suprema a otros tribunales y organismos, con la sola excepción del

Consejo de Seguridad Nacional. Además, deberá establecerse un estricto

sistema de incompatibilidades.

III. DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y ABOGADOS

INTEGRANTES*

A. Síntesis sobre regímenes de nombramiento de

magistrados de tribunales superiores en el derecho comparado

1. Alcance de esta relación

Es importante tener presente que en muchos de los países, cuya

legislación básica se analiza, las normas sobre la materia han tenido

notables modificaciones en las últimas décadas. Los sistemas tradicionales

de designación han sido alterados en Francia, Alemania, Japón y España

durante la última generación. Una constante ha sido en todos estos países,

aumentar la influencia de los órganos con responsabilidad política en las

designaciones.

Cuarta y quinta sesiones: 12 de junio y 10 de julio. *

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 195

Un caso que merece ser analizado por su propio mérito es el de los

Estados Unidos de América. Originariamente, las colonias norteamericanas

consideraron que uno de los derechos políticos fundamentales era la facultad

del pueblo de designar sus jueces. Muchos Estados conservan aún ese

procedimiento. Sin embargo, la creciente masificación de la sociedad

contemporánea no hace posible que se cumpla el antiguo ideal de que el

pueblo designara a sus personalidades más veneradas como los jueces. De

hecho, el sistema de designación ha quedado entregado a los partidos

políticos. Aunque en algunos lugares se ha logrado mantener estándares

profesionales significativos —por ejemplo en Philadelphia— la opinión

generalizada es que debe irse a procedimientos de selección mediante

órganos ad hoc. En el caso de la justicia federal, los jueces son designados

por órganos políticos: el Presidente de la República con acuerdo del Senado.

En la misma forma se designan, como es conocido, los 9 miembros de la

Corte Suprema.

El análisis de los sistemas de selección de jueces superiores que son

comparados toma como base las normas constitucionales y, en la medida

que se han tenido disponibles, las principales normas legales. Han sido

consideradas, asimismo, cuando se ha dispuesto de información, las prácticas

no formalizadas legislativamente.

2. Derecho alemán

La justicia alemana tiene una estructura estatal y otra federal. A nivel

federal está altamente especializada. Existe un Tribunal Constitucional y un

Tribunal Federal Supremo con competencia común, en materias civil y

penal. Pero existen, además, ramas especializadas de la administración de

justicia, cada una de las cuales tiene su Tribunal Supremo, en materia de

derecho administrativo, financiero, del trabajo y social. Cada uno actúa

como Corte Suprema en sus respectivas áreas de competencia. De este

modo, existen en Alemania, además del Tribunal Constitucional, cinco

tribunales supremos ubicados en una misma jerarquía, sin perjuicio que el

Tribunal Federal Supremo de competencia común tenga entre estos últimos

un mayor valor relativo por tener esa competencia común y supletoria.

La estructura organizativa de la justicia alemana proviene en lo

sustancial de la legislación dictada bajo la Constitución de Bonn. De hecho,

tanto el Tribunal Constitucional como la forma de organización y

generación de los tribunales superiores no tienen antecedentes en la historia

alemana.

196 ESTUDIOS PÚBLICOS

a) Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional es una importantísima creación de la

Constitución de Bonn. Bajo la República de Weimar, entre 1918 y 1933,

no hubo tribunales con jurisdicción constitucional, lo que se tradujo en la

completa soberanía del Parlamento y luego del Primer Ministro, en

ejercicio de las facultades que se le otorgaban durante los estados de

excepción. Así se produjo la toma legal del poder total por Hitler, una vez

que fue designado Primer Ministro en 1933. La experiencia de la

Constitución de Weimar hizo aconsejable la creación de un Tribunal

Constitucional fuerte.

El Tribunal Constitucional tiene una amplia competencia para

resolver sobre materias constitucionales y de competencia entre los órganos

estatales y federales. Existe una atribución general para que el Tribunal

conozca de los recursos entablados por cualquiera persona que estime

lesionados sus derechos constitucionales, en la medida que no haya

disponible otro medio legal. Hay que tener presente que buena parte de las

materias que se conocen en Chile por vía de protección, están cubiertas en

Alemania por los recursos de derecho administrativo. Con todo, el tribunal

ha integrado extensivamente su competencia, de modo que, de hecho, como

señala M. Wolf en Gerichtsverfassungsrecht aller Verfahrenszweige todo

ataque a la esfera de protección jurídica de las personas es controlable desde

el punto de vista constitucional.

Las decisiones del Tribunal Constitucional que declaran normas

legales contrarias a la Constitución producen efecto derogatorio general. El

tribunal ha sido muy cuidadoso de evitar inmiscuirse en materias que

suponen control político de conveniencia. El tribunal entiende su función

en términos de fijar los límites mínimos que debe respetar todo órgano

público alemán.

Hay que tener presente que el control constitucional en Alemania,

como en el resto de los países del Mercado Común, es completado con la

jurisdicción de la Corte Europea y por el Tribunal Europeo de Derechos

Humanos.

El Tribunal Constitucional está compuesto por dos salas que comprenden

8 miembros cada una. Los miembros del Tribunal Constitucional

no están sujetos a control por parte de ningún órgano jurisdiccional. Las

diferencias de criterio entre las salas son resueltas por el pleno.

Los miembros son designados por mitades por el Senado y por la

Cámara de Diputados. Para efectos de las designaciones, la Cámara de

Diputados designa, de entre sus miembros, un comité de elección comINFORME

FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 197

puesto por 12 diputados, elegidos con voto proporcional. Toda designación

debe contar, a lo menos, con 8 votos, esto es, dos tercios de los miembros

del Comité de Designación.

A diferencia de la Cámara de Diputados, las designaciones que efectúa

el Senado son directas. La elección se efectúa por los dos tercios.

La ley establece que 6 de los 16 miembros del tribunal —tres en cada

sala— deben provenir del Tribunal Federal Supremo.

Los ministros duran 12 años en funciones y no pueden ser

reelegidos. Cesa en sus funciones el ministro que haya cumplido 68 años de

edad.

b) Tribunal Federal Supremo y tribunales federales especializados:

administrativo, financiero, laboral y social.

En la estructura federal alemana cada Tribunal Federal Supremo tiene

competencia nacional. Los jueces de instancia, por el contrario, están insertos

en una estructura estatal. El conjunto de los Tribunales Federales

Supremos comprendía 428 ministros en enero de 1985.

El Tribunal Federal Supremo de competencia común funciona

dividido en 10 salas civiles, 5 penales y numerosas salas especializadas en

materias específicas: libre competencia, asuntos notariales y registrales y

patentes. La ley establece el funcionamiento de salas conjuntas para salvar

las diferencias de interpretación.

Los miembros de los Tribunales Federales Supremos son designados

por el Presidente de la República, a proposición conjunta del Ministro

Federal competente según la materia y del Consejo de Selección de Jueces,

compuesto por los 10 ministros de los estados federados competentes en las

respectivas áreas y por 10 miembros de la Cámara de Diputados, designados

por ésta última mediante voto proporcional.

Antes de procederse a la designación, se debe oír la opinión del

Consejo Judicial del Tribunal ante el cual habrá de desempeñarse el nuevo

ministro. El Consejo está compuesto por el Presidente y por 5 ministros

elegidos por el respectivo tribunal. El Consejo debe pronunciarse acerca de

la calidad personal y profesional de las personas propuestas, dentro de 30

días. La opinión del Consejo tiene sólo valor consultivo.

El sistema de designación no contiene reglas acerca de la proveniencia

de los ministros, en orden a establecer un mínimo de origen en la

propia judicatura.

Han surgido juicios críticos respecto del procedimiento de selección,

en el sentido que da fuerte influencia al Ministro de Justicia, cuya opinión

198 ESTUDIOS PÚBLICOS

tiene, de hecho, como hace notar Teubner, en Die Bestellung zum

Berufsrichter in Bund und Länder, carácter decisorio. Una fórmula discutida

es aumentar el quorum de designación a dos tercios del Consejo. Con todo,

es por completo excepcional que en Alemania se discuta públicamente

acerca del profesionalismo e imparcialidad de los jueces. Hay una opinión

general positiva acerca de las ventajas del Consejo de Selección de Jueces.

Un autor especializado en derecho judicial ha escrito al respecto que la

independencia de los jueces se ve garantizada por estar formado este Consejo

por personas que representan diferentes orientaciones políticas e intereses,

de modo que, como señala M. Wolf, en Gerichtsverfassungsrecht aller

Verfahrenszweige, el juez ve en el Consejo un órgano colegiado de diferente

composición, cuyas preferencias concretas son apenas determinables, de

modo que careciendo de otras orientaciones confiables para una carrera

exitosa sólo le queda entregarse a sus tareas propiamente judiciales.

3. Derecho francés

En Francia existen tres jurisdicciones independientes: la justicia

constitucional, representada por el Consejo Constitucional; la justicia ordinaria,

que tiene a la cabeza la Corte de Casación, y la justicia administrativa,

cuya cúspide es el Consejo de Estado.

Las tres ramas de la justicia tienen historia y tradición por completo

diferentes. El Consejo Constitucional, por ejemplo, es una creación de la

Constitución de 1958. El sistema de designación de los jueces ordinarios a

través del Consejo Superior de la Magistratura es, también, una creación de

esa Constitución. La estructura y funciones de la Corte de Casación y del

Consejo de Estado, por su parte, se remontan al período post-revolucionario.

a) Consejo Constitucional

La tradición jurídica francesa fue tradicionalmente reticente a la justicia

constitucional. Los derechos fundamentales no han formado parte de

las constituciones francesas: ellos sólo han sido enunciados en el

Preámbulo, donde se declara, textualmente, que el pueblo francés proclama

solamente su vinculación a los Derechos del Hombre y a los principios de

la soberanía nacional del modo que son definidos por la Declaración de

1789, confirmados y complementados por el Preámbulo de la Constitución

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 199

de 1946. El orden constitucional da simplemente por supuesta la parte

normativa y se limita a regular las materias orgánicas.

De hecho, señalan M. Prélot y J. Boulouis, en Institutions Politiques

et Droit Constitutionnel, el Consejo ha asumido la función de

guardián de los derechos y libertades ciudadanos, abarcando un rol muy

extenso que lo ha transformado en una institución similar, en este aspecto,

a la Corte Suprema norteamericana. Con todo, el Consejo Constitucional

no es accesible al público en general: sólo pueden promover el conocimiento

de asuntos otros poderes del Estado. La protección del ciudadano

frente a la administración es materia de la jurisdicción administrativa con el

Consejo de Estado a la cabeza.

La Constitución fija como funciones del Consejo Constitucional

velar por la regularidad de elecciones y plebiscitos, revisar preventivamente

todas las leyes orgánicas y, a petición del Presidente de la República, el

Primer Ministro, los Presidentes de las Cámaras o 60 diputados o senadores,

las leyes ordinarias, y resolver acerca de los conflictos de competencia

entre órganos. Se puede observar el origen de las normas sobre la materia

contenidas en la Constitución de 1980.

El Consejo se compone de 9 miembros, que se renuevan por tercios

cada 3 años. Las designaciones no pueden ser renovadas. Tres miembros

son designados por el Presidente de la República, tres por el Presidente de la

Asamblea —Cámara de Diputados— y tres por el Senado. El Presidente del

Consejo es designado por el Presidente de la República y tiene voto

decisorio.

b) Corte de Casación

La Corte de Casación francesa tiene una composición compleja:

1 Presidente; 6 presidentes de salas —tres civiles, una penal, una comercial

y financiera y una social— 84 ministros, 36 consejeros referendarios y un

procurador general.

Las salas de la Corte funcionan en formación ordinaria, con 15

ministros, o reducida, con 3 ministros, según la naturaleza de los asuntos.

Está prevista la formación de salas ampliadas para resolver las

discordancias de interpretación.

Los nombramientos en la Corte de Casación y de Presidentes de

Cortes de Apelaciones se producen a proposición del Consejo Superior de la

Magistratura al Presidente de la República, según prescribe el artículo 22 de

la Ley Orgánica del Consejo. Otras designaciones son efectuadas por el

Ministro de Justicia, previo informe del Consejo.

200 ESTUDIOS PÚBLICOS

El Consejo Superior de la Magistratura tiene rango constitucional.

Técnicamente asiste al Presidente de la República en su función de garante

de la independencia del Poder Judicial.

El Presidente de la República es el Presidente del Consejo, y el

Ministro de Justicia su Vicepresidente. El Consejo se compone, además, de

9 miembros elegidos del siguiente modo: 3 miembros de la Corte de

Casación designados por el Presidente de la República a propuesta de la

Corte de Casación en un número equivalente al triple de los miembros que

deben ser designados; 3 magistrados de otros tribunales, designados en

la misma forma; 1 magistrado del Consejo de Estado designado por el

Presidente de la República de una lista de 3 candidatos propuesta por el

propio Consejo, y 2 personalidades no ligadas a la magistratura designadas

por el Presidente de la República.

El Consejo ejerce funciones, además de las materias referidas a designaciones,

disciplinarias y consultivas, en materia de indulto.

Se ha discutido en Francia la conveniencia de que el Consejo tenga

una composición menos ligada al Poder Ejecutivo, dando facultad al

Parlamento para designar algunos de sus miembros (véanse a M. Prélot y J.

Boulouis, en Institutions Politiques et Droit Constitutionnel). Con todo, la

institución del Consejo Superior de la Magistratura, desde su creación en la

Constitución de 1946, no ha sido seriamente impugnada.

c) Consejo de Estado

La justicia administrativa en Francia está integrada a la administración

pública, de la cual se deriva. Con todo, se ha afirmado que,

paradojalmente, este origen ha contribuido fuertemente a asegurar su

autoridad vis a vis la administración; históricamente, según señala J.

Vincent, G. Montagnier y A. Varinard, en La Justicia et ses Institutions, la

administración ha tenido el sentimiento —fundado jurídicamente— de que

al someterse a las decisiones de sus jueces, ella se obedece a sí misma.

Las relaciones del Consejo de Estado con la administración pública

son orgánicas, en tanto una parte de sus miembros proviene de la administración,

y funcionales, en tanto los miembros del Consejo pueden participar

en actividades administrativas y, especialmente, pueden estar encargados de

funciones en los gabinetes ministeriales.

El Consejo actúa dividido en: (i) secciones consultivas, propiamente

administrativas, de asesoría jurídica por especialidades: interior, finanzas,

trabajos públicos, asuntos sociales; además tiene una sección de estudios,

en que toma la iniciativa acerca de reformas legislativas estimadas

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 201

convenientes; y (ii) secciones contenciosas, que cumplen una función propiamente

jurisdiccional única, que ejerce en unas diez subsecciones. La

sección contenciosa del Consejo tiene 170 miembros.

La selección de miembros del Consejo de Estado se produce por dos

vías: el reclutamiento normal y el lateral.

El reclutamiento normal se produce a partir de la Escuela Nacional de

Administración, a la que se puede, a su vez, acceder por dos vías diferentes:

concurso externo, abierto a licenciados, y concurso interno, abierto a

funcionarios de la administración del Estado con cierta antigüedad. Los

mejores egresados de la Escuela Nacional de Administración tienen la

posibilidad de hacer carrera en el Consejo de Estado. De este modo, el

Consejo es una institución por completo de élite: sólo jóvenes muy

calificados pueden acceder a la Escuela Nacional de Administración y los

mejores egresados tienen acceso a cargos en el Consejo.

El reclutamiento lateral se produce sin necesidad de carrera

administrativo-académica. Las designaciones son efectuadas por el gobierno.

Los consejeros de Estado propiamente tales son reclutados,

finalmente, en dos tercios entre los funcionarios de carrera —de entre los

maitres de requetes— y el otro tercio de fuera de la institución, con el

requisito de tener más de 45 años.

4. Otros países

Los regímenes de nombramiento vigentes en Holanda, España,

Bélgica, Japón y otros países tienen características comunes a los

regímenes expuestos precedentemente.

B. Análisis del sistema de designación de magistrados de los

tribunales superiores de justicia y régimen de abogados

integrantes en Chile

1. Designaciones de miembros de los Tribunales Superiores de Justicia

El tema de los nombramientos judiciales ha sido muy debatido en la

historia legislativa y judicial de Chile. Véanse las Constituciones de 1818

y 1822, artículos 103 y 162; de 1823, artículo 149; de 1828, artículo 48;

de 1925, artículo 83; y de 1980, artículo 75.

202 ESTUDIOS PÚBLICOS

Los argumentos en contra de la intervención estimada excesiva del

Presidente de la República o de la Corte Suprema se vienen repitiendo desde

hace más de un siglo.

En general, se ha buscado la coparticipación en dichos nombramientos

de dos o de los tres poderes del Estado, y muchas veces se ha

concedido un trato distinto a los nombramientos de los ministros y fiscal de

la Corte Suprema.

En el tomo I de la obra de don Manuel Ballesteros sobre la Ley de

Organización y Atribuciones de los Tribunales de Chile, se han recogido

muchas de esas iniciativas y opiniones.

Actualmente, al igual como lo establecía la Constitución de 1925,

en las designaciones sólo participan el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Se entrega a la Corte Suprema la facultad de presentar las quinas y ternas al

Presidente de la República, para llenar los cargos de ministros y fiscales de

la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, pudiendo éste elegir

discrecionalmente al ciudadano que estime más idóneo para el cargo

respectivo. Los demás jueces también son nominados por éste, pero esta

vez elegidos de una terna presentada al efecto por la Corte de Apelaciones de

la que depende el tribunal en cuestión.

En la quina requerida para la designación de un ministro o fiscal de la

Corte Suprema forma parte de la misma, por derecho propio, el ministro de

la Corte de Apelaciones más antiguo que figure en la lista de mérito. Las

restantes plazas son integradas por ministros o fiscales de las Cortes de

Apelaciones o por "personas extrañas a la administración de justicia".

No existe ningún procedimiento objetivo que regule las postulaciones

a los cargos de ministro o fiscal de la Corte Suprema. No hay una

obligación legal de llamar a concurso para la provisión de tales cargos, la

que sí existe para la confección de la terna necesaria para llenar los demás

cargos del escalafón primario definido en los artículos 265 y 267 del

Código Orgánico de Tribunales, siempre y cuando el nombramiento se

efectúe en propiedad. En esos casos se dispone que debe abrirse un concurso

por un plazo no inferior a diez días corridos. Este se comunica telegráficamente

a las Cortes de Apelaciones, las que deben ponerlo en conocimiento

de los tribunales de su competencia, sin que el incumplimiento de

esta obligación anule el concurso. No existen pautas de calificación, salvo

una alusión general, en el artículo 279 del citado código, que expresa "que

los interesados deberán hacer valer los antecedentes justificativos de sus

méritos".

En las ternas para proveer el cargo de Ministro de Cortes de Apelaciones

tiene derecho a ser incluido el juez letrado, civil o criminal, más

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 203

antiguo de asiento de Corte o el mismo juez más antiguo del cargo inmediatamente

inferior al que se trata de proveer que figure en la lista de méritos

y que exprese su interés en el cargo.

En las ternas figuran los funcionarios judiciales por estricto orden de

antigüedad, indicándose la lista de calificación en que se encuentran

encasillados.

Los "abogados extraños a la administración de justicia" no pueden

formar parte, según lo disponen los artículos 284 y 286 del Código

Orgánico de Tribunales, de las temas preparadas para proveer los cargos de

jueces letrados de capital de provincia y asiento de corte, a menos que se

trate de jueces menores.

2. Juicio crítico

Es de destacar que en las quinas para la Corte Suprema se debe estar

en lista uno al momento de confeccionarse dicha proposición.

En la terna para ministro o fiscal de las Cortes de Apelaciones, debe

estar el más antiguo de los jueces civiles o del crimen de asiento de Corte

en lista uno. Los otros dos funcionarios judiciales pueden figurar en lista

dos o tres, en las condiciones precisadas en el artículo 281 del Código

Orgánico de Tribunales.

También hay que recordar que la carrera judicial la puede abordar el

abogado idóneo en los cargos de ministro o fiscal de la Corte Suprema,

ministros y fiscales de las Cortes de Apelaciones, relatores, jueces de

menores y secretarios, bastando figurar en la lista de abogados postulantes a

que se refiere el artículo 291 del Código Orgánico de Tribunales y cumplir

las demás exigencias legales.

Las críticas que merecen estas normas se derivan básicamente de la

aplicación práctica que de ellas han hecho tanto el Poder Ejecutivo como el

Judicial. Es preciso cuidar que las disposiciones legales faciliten y aseguren

una buena administración interna del Poder Judicial.

La consideración de lo anterior permite concluir lo siguiente:

a) La formación de quinas o ternas está condicionada por la calificación

funcionaria

Desde un punto de vista teórico este condicionamiento es justificable

y válido. Sin embargo, las calificaciones tienen serios reparos que es

preciso revisar brevemente.

204 ESTUDIOS PÚBLICOS

Es de recordar que para figurar en quina para ministro o fiscal de la

Corte Suprema, el postulante debe estar en lista de mérito (o lista uno). A

esta exigencia se refieren el Decreto Ley N°1.188, de 13 de octubre de 1975,

y el Decreto Ley N° 1.682, de 25 de enero de 1979. El último deroga la

exigencia a los candidatos a la Corte Suprema de haber estado siempre

incluido en la lista uno.

Para ser incluido en terna para ministro o fiscal de una Corte de

Apelaciones, el funcionario no puede estar en la lista tres, salvo que no

existieren interesados de las listas uno y dos. Un oponente de los que

figuran en la lista uno, debe ser incluido en la terna.

El sistema de calificaciones merece ciertos reparos:

(i) Las calificaciones funcionarias las realiza la Corte Suprema sin

fundamentarlas y en votaciones secretas. Véase el artículo 276 del

Código Orgánico de Tribunales.

Este sistema calificatorio debiera cambiar en los puntos indicados.

Los calificados en listas dos y tres deben conocer los fundamentos

para mejorar su desempeño. Con mayor razón el calificado en lista

cuatro, al cual se le remueve de su cargo. Por otra parte, la votación

secreta favorece la irresponsabilidad. El Presidente de la Corte

Suprema, en su discurso del pasado 1° de marzo, se detuvo en lo

expresado, concluyendo: "No veo la razón para negar a un magistrado

de la República el derecho que tiene a imponerse de quiénes y porqué

le han incluido entre funcionarios de bajo rendimiento".

(ii) La Corte Suprema, y también la Corte de Apelaciones, al revisar las

resoluciones sometidas a su conocimiento, debieran llenar un breve

formulario para consignar la calidad de las mismas, deteniéndose en

su redactor, sin que se deje noticia de lo anterior en el expediente.

(iii) El fiscal de la Corte Suprema debiera participar con derecho a voto

en las calificaciones de los fiscales, ya que a él se le designa jefe del

servicio, de conformidad al artículo 350 del Código Orgánico de

Tribunales. En la actualidad sólo informa por escrito, según se

desprende de los artículos 273 y 275 del Código Orgánico de

Tribunales.

(iv) En general, y para no alargar en demasía esta digresión, se puede

anotar que para objetivar el proceso calificatorio se ha pensado por

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 205

los estudiosos seguir las pautas del Estatuto Administrativo

contenido en la Ley N° 18.834; volver a oír a los Consejos del

Colegio de Abogados si recuperan estos su carácter de institución de

derecho público, ya que son los abogados los usuarios directos del

sistema; también considerar la asistencia y aprobación de cursos de

perfeccionamiento, becas, publicaciones, y, finalmente, establecer

una hoja de vida funcionaria donde se anoten no sólo nombramientos,

vacaciones y otros detalles administrativos como hasta

ahora, sino méritos y deméritos recogidos, entre otros, de los formularios

aludidos en el número (ii) precedente.

b) Asimismo, debiera derogarse en los artículos 253 y 284, inciso 2°, del

Código Orgánico de Tribunales, la posibilidad de acceder a ministro o

fiscal de Corte de Apelaciones a los abogados extraños a la

administración de justicia.

No se objeta el artículo 254 del Código Orgánico de Tribunales en

cuanto permite tal incorporación a la Corte Suprema, por haber resultado

positiva la experiencia de otros países, en especial la española.

Las razones que apoyan la consideración de cerrar la carrera a nivel de

Cortes de Apelaciones no sólo están en la protección de dicha carrera, lo que

es legítimo y conveniente, sino también en que las labores judiciales de los

miembros de una Corte de Apelaciones comprenden materias que exigen

larga experiencia para abordarlas con éxito. Basta pensar en lo incómodo

que estaría un magnífico profesor universitario o un brillante abogado del

foro, al recibir sorpresivamente un proceso de gran trascendencia nacional o

internacional para que lo tramite como Ministro en Visita extraordinaria.

Por otra parte, el criterio de imparcialidad, característica esencial de

los jueces, es producto natural de una experiencia en el reparto de la

justicia.

Es de destacar a este respecto que los abogados extraños al Poder

Judicial actualmente no pueden formar parte de las ternas para jueces de

capital de provincia o de asiento de Corte, salvo jueces de menores según lo

admite el artículo 23 de la Ley N° 16.618. Lo mismo sucede en las ternas

para secretario de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones. Todos

los demás cargos del Escalafón Primario están abiertos para ellos.

Una de las más elocuentes defensas de la carrera judicial se encuentra

en un voto del Presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción de

1889, don Carlos Risopatrón. Para fundamentar su opinión contraria a la

confección por las Cortes de Apelaciones de listas de abogados para cargos

206 ESTUDIOS PÚBLICOS

judiciales desde la Corte Suprema a los juzgados, señala que debían limitarse

dichas listas a los actuales jueces. Don Manuel E. Ballesteros, en su

obra La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de Chile,

(tomo I, Imprenta Nacional, año 1890, pág 622), lo cita, expresando: "La

inclusión limitada a los actuales jueces asegura a éstos un ascenso gradual

en la carrera judicial a que están consagrados; los pone a cubierto de postergaciones

inmotivadas, impidiendo el desaliento que trae consigo la falta

de estímulo, es obra de justicia para con los buenos servidores y permite

formar hombres especiales adoctrinados por prolongados estudios y experiencia.

Estos motivos se relacionan con otro: evitar cierta especie de agravio

que cree inferírsele a todo juez que se ve excluido de entre sus compañeros

de tarea, algo como una mala calificación de sus servicios, o como

especie de castigo que se mira como infundado y gratuito".

c) Se ha observado que funcionarios meritorios son incluidos en sucesivas

y numerosas ternas y no son nombrados ministros o fiscales de una

Corte de Apelaciones

El trasfondo político innegable a estas situaciones debiera compatibilizarse

con la justicia, amparando al funcionario postergado. Después de

figurar en cinco ternas debiera ser nombrado.

d) Debe tenerse presente que la Constitución Política que nos rige, en su

artículo 75, no concede derecho a los jueces de menores y del trabajo

para figurar en las ternas por antigüedad.

No parece suficientemente fundada esta discriminación, sobre todo si

se proyectan salas especializadas en la Corte Suprema.

e) En un futuro a mediano plazo, para ser nombrado ministro o fiscal de

alguna Corte de Apelaciones debiera exigirse la aprobación de un curso

especialmente organizado para el efecto por la eventual Escuela Judicial

o el Instituto de Estudios Judiciales o alguna entidad académica.

El precedente podría encontrarse en los nombramientos de los jueces

de menores, reglamentados en el Decreto de Justicia N° 725 de 17 de junio

de 1974, de acuerdo al cual se exige para tal efecto aprobar exámenes de

psicología.

Por último, es conveniente a nuestros propósitos traer y poner en

discusión el nombramiento de ministros y fiscales de la Corte Suprema.

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 207

Hay varias interrogantes que merecen ser analizadas a este respecto:

la confección de una quina y no de una terna ¿es suficiente para equilibrar

los poderes de la propia Corte Suprema y del Presidente de la República?

¿Sería conveniente hacer participar al Poder Legislativo? Tal vez podría

disponerse que el Senado ratifique o no el nombramiento presidencial, como

sucedía con los embajadores en la Constitución Política del año 1925. Por

último: ¿sería conveniente hacer intervenir a algún Consejo integrado por

abogados elegidos por universidades o colegios profesionales en la

elaboración de listas de jueces, para que de ellas la Corte Suprema, por

votación, forme la quina?

3. Designación de abogados integrantes

Los abogados integrantes de las Cortes en Chile tienen una larga

historia.

El artículo 169 de la Constitución de 1822, firmada por don Bernardo

O'Higgins, disponía que el Tribunal Supremo de Justicia debía integrarse

por abogados nombrados por los ministros no implicados, prefiriendo a los

ministros de la Corte de Apelaciones.

En el artículo 76 del Reglamento de Administración de Justicia de

1824, se les llama a integrar las Cortes de Apelaciones, existiendo una lista

anual confeccionada por la Suprema Corte de Justicia. Eran cuatro abogados

integrantes.

Esta norma fue derogada en 1837 y fueron reemplazados estos abogados

por ministros jubilados de los tribunales superiores, jueces de letras

de la capital por turnos "y a falta de éstos a uno de los relatores más provectos

del mismo tribunal o a un abogado de notoria probidad y literatura".

Actualmente, los abogados integrantes son designados por el

Presidente de la República, de conformidad al artículo 219 del Código

Orgánico de Tribunales. Duran en la Corte Suprema tres años y un año en

las Cortes de Apelaciones.

Las ternas las hace la Corte Suprema, y las Cortes de Apelaciones

confeccionan, en diciembre de cada año, una lista previa para los integrantes

de dichas Cortes.

En la Corte Suprema, el Presidente de la República designa 12

abogados, eligiendo de las temas que el mismo tribunal confecciona, de una

lista previa de 45 nombres de abogados con residencia en Santiago que

prepara la misma Corte.

208 ESTUDIOS PÚBLICOS

La situación en las Cortes de Apelaciones es la siguiente: en

Santiago se nombran 15 de una lista de 75; en Valparaíso se nombran 8 de

una lista de 40; en San Miguel y Concepción se nombran 7 de una lista de

35; en Talca, Temuco y Valdivia se nombran 5 de una lista de 25; y en las

demás Cortes se nombran 3 de una lista de 15 abogados.

A los abogados integrantes no se les aplica el límite de edad de

setenta y cinco años.

4. Juicio crítico

La composición de las Cortes con abogados integrantes ha sido muy

discutida en los últimos años. Se les considera muy dependientes del Poder

Ejecutivo que los nombra periódicamente, y con una situación privilegiada

respecto los colegas contendores cuando se enfrentan a ellos en los tribunales.

Los jueces de asiento de Corte, por su parte, ven en ellos a personas

que ocupan plazas que podrían teóricamente pertenecerles.

En la sola perspectiva de lo concerniente a la administración de

justicia, quizás sea positivo mantenerlos aunque con algunas correcciones

que se insinuarán a continuación.

a) El Colegio de Abogados debiera intervenir, siempre que recupere su

condición de institución de derecho público.

La proposición de listas de abogados tendrían origen en los Consejos

del Colegio y las Cortes respectivas confeccionarían las ternas. La

Corte Suprema sólo intervendría en las ternas de sus propios

abogados integrantes. No se puede creer que la Corte Suprema pueda

conocer mejor a los abogados que la Corte donde ellos residen.

b) En todo caso, en las causas en que el gobierno tenga interés por su

carácter político, debieran estar inhabilitados los abogados integrantes.

c) La duración de los nombramientos de los abogados integrantes en las

Cortes de Apelaciones debiera exceder de dos años, para reforzar

objetivamente su independencia frente al Poder Ejecutivo.

d) Debiera prohibírseles el ejercicio de la profesión ante el tribunal del

cual forman parte.

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 209

e) La limitación de los setenta y cinco años de edad que la Constitución

Política ha puesto a los ministros de la Corte Suprema y de las

Cortes de Apelaciones debiera alcanzar también a los abogados

integrantes, ya que no hay motivo para excluirlos.

C. Comentarios

En cuanto a esta exposición, se formularon las observaciones

siguientes:

1. La definición de un sistema adecuado de nombramiento de magistrados

exige delimitar la conjunción de objetivos perseguidos: un tribunal

independiente, uno técnico, uno político o legitimado, o un tribunal compuesto

en algún porcentaje con miembros ajenos a la carrera judicial. Un

solo ejemplo pone de relieve la importancia de considerar previamente esta

materia: si se acoge la proposición de separar de la jurisdicción de la Corte

Suprema las materias constitucionales, tendrá mayor relevancia la calidad

técnica o profesional de sus integrantes.

Se critica el actual sistema de nombramiento vigente en Chile a través

de quinas elaboradas por el Poder Judicial, porque estimula la

autogeneración y el nepotismo judicial. En verdad, no encuentra símil

alguno en los países analizados, los que conforman un universo representativo

del actual estado del derecho contemporáneo. Y se señala, además, que

el Presidente de la República en Chile es muy poderoso; siempre conseguirá

que en la quina vaya un candidato de su confianza. Así ha sido la

práctica usual en Chile y pretender otra cosa parece no ajustarse a la

realidad.

Es necesario sustituir el actual sistema de nombramiento a nivel de

ministros de Corte Suprema, y mantenerlo, renovado con criterios profesionales,

en el caso de las Cortes de Apelaciones.

En la composición de la Corte Suprema debe haber un componente

técnico y uno político; este último ha estado siempre presente, pero sin un

reconocimiento explícito de su existencia. La Corte Suprema debiera tener

una composición amplia, no corporativa, lo cual exige considerar un

amplio universo de candidatos. No hay razón para que los miembros de la

Corte Suprema deban provenir necesariamente de la carrera judicial.

En la selección y designación de los candidatos no debe tener poder

decisorio final la institución cuyos miembros se quiere proveer. Al respecto,

se recuerda que las conductas oligárquicas formuladas en la famosa "ley

210 ESTUDIOS PÚBLICOS

de hierro de las instituciones" de Ostrogorsky y Michels, constituyen una

tendencia inherente a todo tipo de organizaciones humanas. Por consiguiente,

se estima que la búsqueda y selección de los futuros magistrados

no puede estar entregada al propio órgano al cual se integrará el candidato

elegido. La selección de los candidatos debe estar a cargo de órganos creados

especialmente para el efecto en cada caso, cuyos miembros tengan carácter

temporal, como por ejemplo una comisión integrada por parlamentarios.

Existe una clara tendencia en el derecho comparado en este sentido. Esto se

puede lograr a través de la creación de un comité de búsqueda, a cuyo cargo

se encuentre la selección de los candidatos a ministros —la preparación de

las quinas—. Este comité se puede componer, por ejemplo, por 4 jueces y

6 políticos o alguna otra característica de este tipo. Hay una constante clara

y precisa en los regímenes de nombramiento del derecho comparado: la

Corte Suprema tiene un poder ilimitado en lo jurisdiccional, pero no

interviene decisoriamente en el nombramiento de los magistrados. Es

necesario que en esta etapa prevalezcan condiciones de publicidad y

transparencia del sistema de selección de candidatos.

En cuanto a los órganos que deben participar en la designación de los

magistrados de la Corte Suprema, se considera que deben concurrir el

Presidente de la República, miembros del Congreso y el Poder Judicial, a

través de los ministros de la Corte Suprema y de los presidentes de las

Cortes de Apelaciones. Para la designación debe exigirse un quorum que

refleje un amplio acuerdo sobre la idoneidad moral y profesional de los

nominados.

Las Cortes de Apelaciones deben ser tribunales profesionales, para lo

cual es indispensable la existencia de un sistema de calificaciones público,

objetivo y fundado. Pero a la vez, la configuración de una carrera judicial de

carácter profesional es muy importante para que el poder político no ejerza

excesiva influencia en el nombramiento de magistrados. Hay, además, un

problema básico que afecta a todo Poder Judicial a este respecto: se trata del

secreto. Cualquier hecho que afecte la publicidad de actos internos del Poder

Judicial causa recelo a sus miembros. La falta de transparencia en los

procesos de calificación erosiona el principio de inamovilidad que es base

del debido proceso.

En esta ocasión se adelantó por parte de algunos miembros, su

preferencia en orden a que en la designación de magistrados participe un

Consejo Nacional de la Judicatura, alternativa que se trata más adelante.

2. En relación a la carrera judicial, la Corte Suprema debe recibir la

excelencia de nuestros hombres de derecho. Tribunales como las Cortes de

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 211

Apelaciones debieran recibir también, al menos, una proporción de miembros

externos del orden de un quinto de sus integrantes. Hay abundantes

antecedentes en el derecho comparado. Su integración puede ser proporcional,

considerando a los miembros del Poder Judicial, así como a destacados

juristas, según la naturaleza de la jurisdicción que se les asigne.

3. Los abogados integrantes no han cumplido la función para la que

fueron creados, y hoy en día se cuestiona fuertemente su independencia.

Debería eliminarse la institución, disponiendo que en la Corte Suprema, a

falta de ministros, integren ministros de Cortes de Apelaciones; y en las

Cortes de Apelaciones, se establezcan ministros numerarios, en número

variable según la corte, que suplan la ausencia de ministros, integrando

salas, sirviendo las funciones de ministros visitadores, con idéntico rango al

de un ministro, y rotándolos en sus funciones con los restantes ministros

de la respectiva Corte.

La vinculación de los abogados integrantes al ejercicio de la profesión,

necesariamente, les resta independencia y crea suspicacias en cuanto

al ejercicio de influencias. Ambas situaciones no pueden tolerarse en un

sistema judicial y, considerando las experiencias vividas en nuestro país, es

deseable evitarlas. No parece conveniente que un abogado pueda estar

integrando una Corte y luego alegando ante la misma. Tampoco es posible

prohibirles el ejercicio de la profesión, atendidas las condiciones económicas

en las que prestan actualmente sus servicios. Además, aunque se

prohiba al abogado integrante ejercer la profesión ante la misma Corte, no

puede extenderse esta prohibición a los abogados que trabajan en un mismo

estudio, y la experiencia nos dice que el grado de influencia de estos últimos

es notable. Y si acaso se sugiere mejorar sus condiciones de remuneración,

mejor es que sea derechamente ministro.

Si bien los abogados integrantes aportan a las cortes una perspectiva

profesional, no parece una razón que tenga la fuerza suficiente para justificar

una institución que merece tantas objeciones. Y este aporte es un beneficio

que también puede obtenerse mediante el llamado a concursos públicos y

abiertos para la selección y nominación de magistrados.

4. La eliminación de los abogados integrantes hace evidente la necesidad

de aumentar el número de ministros y de promover, a la vez, su especialización,

para una eficaz administración de justicia. Se hace presente que

los tribunales superiores de otros países tienen un enorme número de

ministros, y que en Chile, comparativamente, son pocos.

212 ESTUDIOS PÚBLICOS

D. Proposiciones

1. Tribunal Constitucional

Se propone que el Tribunal Constitucional esté integrado por nueve

miembros letrados, designados en la siguiente forma:

a) tres por el Presidente de la República, con acuerdo de los tres quintos

de los senadores en ejercicio;

b) tres por una comisión compuesta por cuatro senadores elegidos por

el Senado y cuatro diputados elegidos por la Cámara de Diputados,

una y otra elección en una sola votación, y

c) tres por la Corte Suprema, también en una sola votación.

Si alguno de los nombramientos recayere en un ministro de la Corte

Suprema, éste cesaría en su cargo en dicha Corte.

Los miembros del Tribunal Constitucional serían elegidos por un

período de nueve años, debiendo ser renovados parcialmente.

2. Corte Suprema

Se propone establecer un sistema de nombramiento de los ministros

y fiscales de la Corte Suprema por una Comisión de Designación

compuesta por 9 miembros, designados cada dos años, por las siguientes

autoridades: (i) tres por el Presidente de la República, con acuerdo del

Senado; (ii) tres por la Cámara de Diputados, elegidos en votación única; y

(iii) tres por la Corte Suprema y los presidentes de las Cortes de

Apelaciones, en una única votación.

Los nombramientos de los magistrados se efectuarían por los tres

quintos de los miembros de la citada Comisión de Designación.

Un tercio de los ministros de la Corte Suprema debería provenir de

fuera del escalafón judicial.

Los ministros de la Corte Suprema cesarían en sus cargos a los

setenta años de edad.

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 213

3. Cortes de Apelaciones

Se propone mantener el actual sistema de designación de los

ministros y fiscales de las Cortes de Apelaciones, con las siguientes

modificaciones y alcances:

a) En consideración a que la formación de las ternas está condicionada

por la calificación funcionaria y que ésta merece serios reparos, ella

debe ser modificada en los siguientes aspectos.

Las calificaciones en lista 2 a 4 deben ser fundamentadas, y debe

eliminarse el voto secreto. Para facilitar el sistema calificatorio, la

Corte Suprema mantendrá una hoja de vida, en la que se consignarán

la capacidad y conocimientos de los magistrados en función de la

calidad de sus resoluciones. Asimismo, deben establecerse en la ley

pautas generales y objetivas de evaluación de los magistrados. Por

último, el Fiscal de la Corte Suprema debiera participar con derecho

a voto en las calificaciones de todos los fiscales, en su calidad de jefe

del servicio.

b) En la formación de las ternas deben considerarse la asistencia y

aprobación a cursos de perfeccionamiento, becas, publicaciones y los

méritos y deméritos recogidos en la hoja de vida a que se alude

precedentemente;

c) Las ternas deberán confeccionarse por medio de concurso público de

méritos y antecedentes. Un quinto de los nombramientos debe

provenir de un concurso al que accedan juristas de reconocido

renombre, con más de 10 años de ejercicio profesional.

En relación a los jueces de primera instancia, se dejó constancia que

podrían observarse normas similares a las ya expresadas, en especial en

cuanto a la calificación y concursos de selección.

4. Sistema de integración de tribunales superiores. Abogados

integrantes

214 ESTUDIOS PÚBLICOS

a) Se propone suprimir a los abogados integrantes y establecer el

sistema de integración de los tribunales superiores que a

continuación se señala.

b) Se postula crear "ministros numerarios" en todas las Cortes de

Apelaciones, de acuerdo con sus respectivas necesidades.

Los ministros numerarios tendrían el mismo rango, jerarquía y

prerrogativas de los demás ministros de las respectivas Cortes de

Apelaciones. Esta función sería rotativa entre los ministros de la

Corte a que pertenecieren.

Los ministros numerarios cumplirían, básicamente, dos funciones:

(i) Actuar como ministros visitadores en los casos a que se refieren

los artículos 559 y 560 del Código Orgánico de

Tribunales, y

(ii) Integrar aquellas salas de sus respectivas Cortes de Apelaciones

en que faltare un ministro o más para su normal

funcionamiento.

c) En el caso de falta o inhabilidad de alguno de los ministros de Corte

de Apelaciones, la sala se integraría:

(i) Con otros ministros no inhabilitados de este Tribunal;

(ii) Con los ministros numerarios de la respectiva Corte. Dichos

ministros serían llamados a integrar, según lo determine el

presidente de la respectiva Corte, tomando en consideración

los procesos en visita de que conociere cada uno de ellos, y

(iii) Fiscales de las Cortes.

d) La Corte Suprema se integraría en caso de falta o inhabilidad de

alguno de sus miembros:

(i) Con otros miembros no inhabilitados del propio tribunal;

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 215

(ii) Con el fiscal de la Corte, y

(iii) Con un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago de

una lista de 5 ministros que la propia Corte Suprema, en el

mes de marzo de cada año, confeccionaría al efecto. Los

ministros serían llamados según el orden de sus designación

en la lista de nombramiento.

 

IV. JUZGADOS COMUNALES, JUZGADOS DE PAZ Y REDISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIA*

 

Las siguientes relaciones tratan del acceso de la justicia en Chile; la actual distribución de competencia y proposiciones concretas sobre la base de los diversos proyectos formulados en materia de juzgados comunales.

 

A. El acceso de la justicia en Chile

 

1. Asistencia legal a personas de escasos recursos

 

Uno de los problemas más graves del sistema judicial chileno es la dificultad que las personas menos aventajadas de nuestra sociedad tienen para acceder a la justicia. En las líneas que siguen se exploran algunas ideas al respecto y se proponen medidas tendientes a aminorar esta deficiencia. A continuación se analizan algunas teorías que explican por qué se ha intensificado esta situación, como, asimismo, ciertas formas de justificación del llamado derecho a la justicia y las principales instituciones que intentan hacer realidad este derecho en nuestro país.

 

a) Teorías y justificación

 

Existen diversas teorías que intentan explicar las dificultades que los sectores menos aventajados de la sociedad chilena tienen para acceder a la justicia. Una de las explicaciones más interesantes es la que desarrolla E. Fuenzalida en su trabajo sobre las fluctuaciones en la demanda por 1990.

 

Sexta sesión y sesión complementaria: 24 de julio y 7 de agosto de

*

Este plantea la hipótesis de la complejidad creciente que se produce en las relaciones interpersonales, cuando existe una mayor concentración urbana. A partir de evidencias empíricas, concluye que existe una correlación entre los cambios sociales derivados de los fenómenos de migración del campo a la ciudad y el aumento de la demanda por justicia. Fuenzalida detectó, asimismo, que el aumento de la demanda por justicia en la década del sesenta tendía a estabilizarse e incluso a disminuir en todo lo relativo a procedimientos judiciales de orden declarativo. Mientras en dicho período se mantuvo una importante demanda por justicia en todo lo relativo a procedimientos judiciales que involucraban el uso de la fuerza pública, disminuía la demanda por procesos declarativos. Este autor relacionó esta disminución en los procedimientos declarativos, con la desviación del público que demanda justicia hacia otras agencias gubernamentales que están en condiciones de satisfacer esas necesidades de certeza jurídica. Esta explicación nos puede dar algunas pistas del uso que la mayoría de la población está haciendo hoy en día de los tribunales de justicia y la pérdida de importancia relativa que éstos han sufrido. Comparados con otras instituciones o agencias públicas, los tribunales aparecen como menos accesibles. Todo esto influye en el acceso a la justicia de los grupos menos aventajados, porque la atención del público en el sistema judicial se deteriora.

 

Si se complementa la explicación sociológica de Fuenzalida con los trabajos de análisis económico que recientemente ha publicado Hernando De Soto en relación con la marginalidad y la economía informal en el Perú, se puede tener una visión más completa de los problemas de acceso a la justicia en nuestro país.

 

De Soto centra su explicación sobre la creciente informalidad en Perú, en el modo de producción del derecho y en el costo de hacer efectivas las normas jurídicas en ese país. Según explica el autor, el derecho en el Perú se produce en más de un 90 por ciento para satisfacer intereses particulares de minorías poderosas. Esta producción interesada del derecho, que De Soto denomina "mercantilismo", favorece el aumento de la informalidad legal, porque los ciudadanos comunes perciben el derecho como algo ininteligible y ajeno, que dificulta la satisfacción de sus necesidades cotidianas. De Soto también sostiene que, debido a esta situación, el sistema jurídico y la organización judicial se empantanan y se hace muy costoso cumplir las normas jurídicas más elementales. El costo en tiempo y dinero necesario para la formación de una persona jurídica, la consolidación de un derecho de propiedad, el reconocimiento de un contrato o el respeto de una regla de responsabilidad es tan alto, que los ciudadanos comunes prefieren asumir el costo de incerteza que implica vivir en la informalidad jurídica. Estas explicaciones parecen aplicables a la realidad jurídica chilena. La preeminencia de intereses particulares poderosos en la producción del derecho se aprecia en el Diario Oficial, cuando se observa la importancia de la producción legal del Ejecutivo y el que esa producción jurídica está generalmente comprometida con intereses particulares poderosos.

 

Asimismo, los tribunales chilenos, según se ha comprobado en diversas muestras parciales, están dedicados en una cifra superior al 50 por ciento a resolver problemas de grandes empresas, corporaciones o instituciones financieras. Esto conduce a una clara deficiencia en la atención de las demandas de los ciudadanos comunes, especialmente de aquellas que provienen de los grupos menos aventajados.

 

La realidad que se refleja en estos y otros análisis ha llevado a plantearse la necesidad de reconocer el acceso igualitario a la justicia como un derecho y, por la misma razón, existen una serie de instrumentos internacionales que reconocen este derecho. Esta idea también fue considerada en la reforma constitucional de 1971 a la Constitución de 1925, así como en el texto constitucional de 1980, al reconocer e incorporar la idea del debido proceso. Una de las más completas formulaciones doctrinarias de estas ideas la ha planteado el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago don Carlos Cerda, cuando ha argumentado que el concepto del debido proceso comprende el derecho de acceder al tribunal, el derecho de audiencia, el derecho a la igualdad o bilateralidad procesal y el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Todos estos elementos que conforman la idea del debido proceso se ven afectados por el desigual acceso a la justicia de los sectores menos aventajados de nuestra sociedad y, por eso, es importante tomar medidas que puedan corregir esta situación.

 

Sin embargo, al momento de plantear reformas conviene tener presente la forma como funciona la distribución de costos y beneficios en el proceso chileno, comparando nuestro sistema de juicios con otros sistemas judiciales. Para eso viene al caso hacer un breve análisis de la forma como se distribuye el costo de litigar en los sistemas judiciales continentales y anglosajón, basados en las explicaciones de M. Damaska.

 

Damaska sostiene que, para determinar el costo de iniciar un litigio en los países de derecho continental como Chile, se deben tener en cuenta y hacer una sumatoria de los siguientes elementos: (i) el valor de la cosa que se litiga; (ii) más/menos la probabilidad de ganar el asunto; (iii) más/menos las costas procesales y personales propias; (iv) más/menos las costas procesales y personales de la otra parte. Si la suma de todos estos elementos implica para la parte que desea iniciar un litigio un beneficio sustancial, entonces y sólo entonces, conviene iniciar un litigio. Este sistema según Damaska es tan costoso, que hace necesario que la parte que lo inicia tenga una gran certeza que obtendrá algo valioso en la litis.

 

Cuando se compara el esquema de distribución de los costos del proceso continental con el que existe en los sistemas judiciales del common law, se aprecia como gran diferencia que en estos últimos es posible pactar cuota litis (contingent fee) y cada parte por regla general paga sus costas. Los elementos que hay que tomar en cuenta son entonces fundamentalmente los siguientes: (i) el valor de la cosa que se litiga; (ii) más/menos la probabilidad de ganar el asunto; (iii) más/menos las costas procesales y personales propias. De ahí que podamos decir que el sistema continental se hace más costoso, por la necesidad de pagar las costas de la parte ganadora y por la prohibición ética que existe en muchos casos de pactar cuota litis.

 

En todo caso, estas dos situaciones están cambiando en los países continentales, porque no sólo es posible hoy día pactar cuota litis con más facilidad, sino también, la fijación judicial de las costas tiende a hacer que éstas no sean tan onerosas para la parte perdedora. En la comparación de sistemas, además, es bueno tener en cuenta que el proceso continental generalmente es más costoso porque se tramita en más instancias que el proceso del common law. Sin embargo comparado con el proceso típico del common law, la tramitación en el proceso continental la realiza en su mayor parte el tribunal y por eso los costos reales que deben asumir los abogados son menores. Damaska termina planteando que existe una tensión entre los sistemas de asistencia legal, cualesquiera que sean, y la organización adversaria y reactiva de la función judicial. Si en cambio la función judicial es inquisitorial y activa, la asistencia legal a sectores menos aventajados puede organizarse más fácilmente.

 

La conclusión que se extrae de esta explicación comparada acerca de la distribución de costos en nuestro sistema judicial es que para paliar el problema del acceso a la justicia es mejor tener un sistema centralizado de asistencia judicial, donde se proporcione asistencia judicial especializada a los grupos menos aventajados. El grado de certeza que es necesario tener en nuestro sistema judicial de que se obtendrá algo muy valioso al terminar el juicio, hace necesario que al momento de iniciar los casos sea muy importante contar con asistencia legal especializada en la atención de casos de menores recursos.

 

También es recomendable que este análisis inicial sea ojalá de carácter interdisciplinario, esto es, no sólo jurídico, sino también económico, sociológico y de asistencia social. Por eso, en nuestro país no parece conveniente implementar el sistema de voucher que se utiliza en Inglaterra para proporcionar asistencia legal, sino que hay buenos argumentos para mantener los organismos centralizados y especializados de asistencia legal a personas de escasos recursos que ya existen.

 

b) Instituciones vinculadas a la atención legal de personas de escasos recursos.

 

En el año 1932, el Colegio de Abogados creó en Santiago el primer

Servicio de Asistencia Judicial en materia civil y criminal. En 1934, se

estableció la institución del privilegio de pobreza. Quizás la crisis

económica del año 30 en nuestro país llevó a adoptar estas medidas de

asistencia legal a los sectores menos aventajados.

El privilegio de pobreza merece un análisis especial, porque su

efectividad puede ser puesta seriamente en duda en aspectos importantes.

Por ejemplo, hoy en día en Chile, un oficio de un tribunal o una notificación

por receptor de un patrocinado con privilegio de pobreza puede demorar

sustancialmente más cuando ésta es cancelada por un patrocinado con

recursos. El problema es que el costo del privilegio de pobreza recae sobre

abogados y funcionarios judiciales sobre los que no existe un control claro.

Por eso no es aventurado decir que en verdad el costo del privilegio de

pobreza recae fundamentalmente sobre el propio patrocinado que lo obtiene,

porque su caso "privilegiado" tiene una mayor demora y una deficiente

atención.

En todo caso, en nuestro país fueron la asistencia legal del Colegio

de Abogados y el privilegio de pobreza las dos instituciones legales que

formaron las bases del sistema de asistencia judicial a personas de escasos

recursos hasta el año 1981. En este año se dictó la Ley N° 17.995 que

transformó las consultorías gratuitas del Colegio de Abogados en

corporaciones de asistencia legal. Surgieron de esta reorganización legal tres

corporaciones, una en Concepción, otra en Valparaíso y otra en la Región

Metropolitana. Se creó también una corporación para la región norte, que

depende de la Corporación de Valparaíso. Cada una de estas corporaciones

tiene personalidad jurídica propia, patrimonio propio, y opera como una

institución sin fines de lucro, con fondos que proporciona el Ministerio de

Justicia y otros fondos que obtiene fundamentalmente de los convenios que

suscribe con las municipalidades.

 

2. La Corporación de Asistencia de la Región Metropolitana como modelo

 

Entre las referidas corporaciones destaca la Corporación de Asistencia

Judicial de la Región Metropolitana que, con cerca de 260 funcionarios de

planta y un poco más de 80 consultorios, desde el año 1983 a la fecha

atiende un promedio de 130.000 casos al año. Si bien es cierto existen otras

instituciones que proporcionan atención legal en nuestro país, como por

ejemplo clínicas jurídicas universitarias, organizaciones de Iglesia y otros

grupos no gubernamentales, sumados todos ellos no llegan ni siquiera a

atender en promedio el 1 por ciento de los casos que toma cada año la

corporación metropolitana. Por otra parte, la Corporación de la Región del

Bío-Bío atiende más o menos la mitad de los casos que atiende cada año la

Corporación Metropolitana y la Corporación de Valparaíso más o menos

una cuarta parte de los mismos.

La Corporación Metropolitana funciona con cerca de 135 abogados

de planta, 30 asistentes sociales y cerca de 95 secretarias y funcionarios

administrativos. A éstos se suman los postulantes que llegan a poco más de

151 cada año. Entre todos ellos atienden 130.000 casos cada año y su eficacia

es reconocida por todos los sectores. Por ejemplo, respecto del problema

del privilegio de pobreza comentado anteriormente, este tipo de organización

está mejor preparada para defender a los patrocinados de escasos

recursos, porque tienen mejor información sobre cómo reducir esta injusta

demora que se produce en los casos "privilegiados" y porque su capacidad de

reacción organizada frente a los excesos en esta materia es mayor.

Asimismo, a diferencia de las Corporaciones de Bío-Bío y Valparaíso

en la Corporación Metropolitana hay un porcentaje mayor de postulantes

por abogado cada año, el que es de más de 50 por ciento en la Corporación

Metropolitana; en cambio en Bío-Bío es poco más de 18 por ciento y en

Valparaíso sobrepasa el 34 por ciento. Esto puede explicar la mayor

eficiencia de la Corporación Metropolitana.

Es del caso mencionar, por otra parte, que los sueldos de los abogados

contratados por la Corporación están bajo lo que se ofrece en el

mercado, lo cual permite deducir que la eficiencia profesional de éstos no es

la óptima. La consideración anterior permite asumir que en general no serán

los mejores profesionales los que ingresen a la Corporación y que, una vez

incorporados, éstos atenderán otros asuntos para compensar sus bajos

sueldos. En cambio, podemos suponer que los postulantes representan un

grupo que trabajará con más ahínco, porque sólo terminando este período

pueden obtener su título, lo que para ellos hace una gran diferencia.

 

De todo esto puede surgir como recomendación a las autoridades el

otorgar viáticos de subsistencia a los postulantes de la Región Metropolitana

que viajen a las provincias a cumplir su período de práctica y así

mejorar la atención legal en todo el país.

Asimismo, sería bueno establecer un estándar nacional de asistencia

legal que fuese de alguna manera controlado por el Ministerio de Justicia en

todo el país. Con ello podrían morigerarse las consecuencias negativas que

se derivan para la asistencia legal gratuita, de la precaria situación que

implica la necesidad de renovar anualmente los convenios entre las corporaciones

y cada una de las respectivas municipalidades. El acceso a la justicia

no puede quedar entregado al capricho de un alcalde o de un funcionario

regional de una corporación de asistencia judicial, sino que debe existir un

estándar nacional y criterios generales de largo plazo que aseguren un

esfuerzo estable en este campo.

 

3. Juzgados de Policía Local como Juzgados Vecinales

 

Según comenta don Manuel Ballesteros en su gran obra sobre la organización de los tribunales, ya en 1811 don Juan Egaña propuso el establecimiento de jueces de paz, eligiendo para ello "individuos sobresalientes en luces y probidad y elegidos en la misma forma que los cabildantes".

 

Según Ballesteros, estos tribunales "debían dirimir prudencialmente los pleitos civiles y criminales que admitieran transacción, sin perjuicio de la causa pública; y todo litigante era obligado a concurrir a su ministerio antes de presentarse a los tribunales ordinarios". El sistema de Egaña no llegó siquiera a ensayarse y por eso Ballesteros propuso retomar esta idea de la justicia de paz, utilizando como jueces de paz a los Oficiales del Registro Civil. Ballesteros estaba consciente que quizás el recargo de trabajo de los oficiales del Registro Civil sería muy grande para asumir estas tareas judiciales. Quizás debido a esta consideración la propuesta de Ballesteros no se concretó, pero la proposición de crear jueces de paz es una idea recurrente a la cual se han referido más recientemente, entre otros, los magistrados don Rubén Galecio y don Carlos Cerda.

 

El problema de crear esta institución es, por una parte, de recursos económicos, siempre escasos en el área judicial. Pero también es un problema la inserción de la justicia de paz en el escalafón judicial ordinario.

 

Por ejemplo, los juzgados de paz podrían transformarse en una tercera instancia, y hacer más costoso todavía el acceso a la justicia. También hay un problema de control y responsabilidad de estos juzgados de paz.

 

Pensemos a este respecto lo difícil que es el ejercicio del control en la jerarquía judicial ordinaria actual y en la ausencia de control de los jueces de policía local.

 

Por todos estos motivos, razones económicas y de responsabilidad pública, es que parece muy interesante la propuesta de transformar los actuales juzgados de policía local en juzgados vecinales o de paz. Los jueces de policía local están situados en una comuna, donde a través de la respectiva municipalidad tienen fácil acceso a información técnica de la comuna que les permita resolver los conflictos con mayor facilidad y expedición. Para hacer esta transformación es necesario ampliar su competencia actual, comprometer a los jueces de policía local en una dedicación exclusiva y reinsertarlos adecuadamente en el escalafón judicial.

 

Respecto de la ampliación de su competencia es bueno tener presente la idea de Ballesteros sobre su labor eminentemente "transaccional". De acuerdo con esa idea y la de no aumentar los costos del proceso mediante la creación de una tercera instancia, debían limitarse los recursos para reclamar de las resoluciones que dictaren los jueces de paz. Además, puede pensarse que hagan las veces de jueces instructores en las primeras diligencias de los procesos criminales como, según Ballesteros, sucede en Francia.

 

Asimismo, al momento de ampliar su competencia, es bueno revisar los antecedentes que constan en la memoria anual de las corporaciones de asistencia judicial. En estas memorias constan dos situaciones que son muy importantes de tener en cuenta a la hora de determinar cambios en la competencia. Estas situaciones son las siguientes: (i) que los asuntos de menores, del trabajo, los delitos contra la propiedad y los asuntos voluntarios suman más del 70 por ciento de los casos por los cuales recurre el público de escasos recursos a la asistencia legal gratuita y (ii) que más del 50 por ciento de estos casos terminan por avenimiento, abandono, desistimiento o cancelación del caso en cuestión.

 

4. Reorganización judicial desde abajo

 

La propuesta de reformar el Poder Judicial debe contemplar una reorganización judicial en la primera instancia, que es donde se resuelven la gran mayoría de los problemas de los ciudadanos comunes. Asimismo, desde la perspectiva de un ciudadano común, la especialización judicial puede significar problemas de información, pérdida de tiempo en conflictos de competencia y desconfianza por la labor judicial, por lo tecnificada que ésta puede parecer. Por otro lado, la especialización requiere reglas de control más sofisticadas, tendientes a establecer claramente la responsabilidad de la judicatura. Por todo esto, la especialización parece más razonable proponerla en nuestro país para los tribunales superiores.

 

Ahora bien, en toda reorganización judicial, especialmente si se

aboga por una mayor especialización, deberemos plantearnos el carácter

necesariamente residual que deben cumplir los tribunales ordinarios de

primera instancia. En nuestros días, los tribunales ordinarios de primera

instancia están sobrecargados de trabajo por el uso que las grandes corporaciones

y las instituciones financieras hacen del sistema judicial. Según

antecedentes recopilados a través de una muestra de algunos juzgados de

Santiago, se pudo comprobar que más del 70 por ciento de los juicios

ejecutivos que se tramitaban en esos juzgados civiles se referían a

instituciones financieras o grandes corporaciones.

Además, es importante conciliar la nueva organización judicial que

se proponga, con la descentralización y regionalización del país. Es bueno

distinguir a este respecto entre deslocalización (simple cambio de lugar),

desconcentración (delegación de poder con facultad de revocar) y descentralización

(transferencia efectiva de competencia). Por ejemplo, la creación de

una Corte de Apelaciones en cada región (caso de deslocalización y desconcentración,

no de descentralización), implicó una dispersión enorme de

recursos y también hizo aumentar el número de casos ingresados en la

Corte Suprema. Por eso, la creación de nuevos tribunales debe hacerse de

acuerdo a un criterio claro y planificado, el que debe ser coherente con la

regionalización y descentralización.

Finalmente, de los antecedentes que se han podido reunir, llama la

atención lo parcial que es la información en materias judiciales en Chile.

No existe un plano con los territorios jurisdiccionales de todos los juzgados

chilenos al alcance del público ciudadano. Tampoco están claros los

criterios que se han usado para crear tribunales. Supuestamente ha sido la

concentración de población, pero esta creencia ha quedado desmentida en el

trabajo de R. Moreno, el que muestra cómo en Talagante existe un tribunal

por 130.279 habitantes, en Quilpué un tribunal por 85.837 personas, en

Angol un tribunal por 70.291 personas, en Buin un tribunal por 69.811

personas, en Illapel un tribunal por 69.761 personas y así sucesivamente.

Estos datos muestran que no hay patrón de creación de tribunales, porque

entre Talagante, Quilpué, Angol, Buin e Illapel no podemos hablar de

concentración urbana en los términos de Fuenzalida, ni de ningún otro

patrón coherente de creación de tribunales. Asimismo, los datos de Moreno

muestran que no hay coherencia en la creación de tribunales. Comparado el

número de tribunales con las oficinas del Registro Electoral que existen en

cada comuna, se ve que no hay ninguna correspondencia entre estas

instituciones, y de ahí se desprende que el criterio de crear tribunales por

población no se ha aplicado en forma coherente.

 

B. Análisis del estado actual de la competencia

1. Introducción

Los tribunales son, en muchos aspectos, la fachada de los sistemas

jurídicos. Cuando la gente piensa en el derecho, suele representarse como

imagen de éste a los tribunales. Esta es una realidad de la vida diaria, a pesar

de la escasa familiaridad que tiene el hombre común con la estructura y

funcionamiento de los tribunales.

Su contacto con los tribunales se produce normalmente por problemas

del tránsito público, testimonios prestados en procesos civiles o criminales

y tramitación de gestiones voluntarias derivadas del derecho sucesorio.

Muy pocos han tomado parte activa, como inculpados en materias

criminales y menos aún en procesos civiles y, en estos pocos casos, generalmente

representados por abogados. En cuanto a los tribunales superiores,

puede decirse que sólo los abogados y jueces tienen un real acceso.

Paradojalmente, los tribunales y los procesos son algo familiar y del

todo incorporados a la cultura popular por el cine y la televisión, con una

gran influencia del sistema oral anglosajón, con juicio ante jurados. Así

esta cara o fachada de la justicia viene a ser un sistema impenetrable e

incomprensible para el que acude en busca de la solución jurisdiccional.

No podemos decir seriamente que nuestro sistema tenga la complejidad

del sistema norteamericano o de otros países federales. Por el contrario,

el nuestro es orgánicamente de una gran simplicidad. Los problemas

que hoy nos aquejan, en alguna medida, se han ido produciendo por la

eliminación que continuas reformas han hecho de los primeros peldaños del

aparato jurisdiccional —juzgados de mínima y menor cuantía, de distrito y

de subdelegación— tal vez razonablemente desde un punto de vista de su

eficacia y de la escasez de recursos del sector, alejando cada vez más el

sistema de los justiciables. Como decía el decano Roscoe Pound, en su

famoso discurso sobre "Las Causas del Descontento Popular con la

Administración de Justicia", el público está disconforme no por las

complejidades de la jurisdicción, la proliferación de los recursos o la

estrictez de las normas procesales que casi no entienden, sino cuando los

tribunales operan de manera deficiente, por lo que en definitiva la necesidad

de una estructura orgánica eficiente viene dada por los factores antes señalados. Resulta hoy tristemente rescatable la irónica sentencia de Alfred

Menger, de finales del siglo pasado, en su obra El Derecho Civil y los

Pobres: hemos perfeccionado de un modo tal la administración de la justicia

civil, que resulta imposible para la mayoría de la nación. Si bien, por una

parte, nuestro lenguaje, procedimientos y en general todo el sistema

funcional se nos muestra como complicado e inaccesible para aquellos a

quienes debe servir, por otra, el aparato orgánico, pese a su simpleza

estructural, resulta ser arcaico y anquilosado si lo miramos desde un punto

de vista de operatividad y eficacia.

Del balance público hecho por personeros del régimen militar

durante la pasada campaña presidencial, ha quedado en claro que una de las

tareas pendientes fue la modernización de la justicia. Las aceleradas reformas

funcionales hechas en el último año y el aparente símbolo de modernidad

constituido por el edificio Manuel Montt y su incipiente sistema

computacional, poco significa ante la cruda realidad del resto del país y la

reconocida ineficacia del sistema. El último discurso del Presidente de la

Corte Suprema reconoce claramente que ningún cambio substancial

tendiente al mejoramiento de la administración de justicia se ha producido

en los últimos tiempos. El profesor Schwartz de la Universidad de Nueva

York decía, en una conferencia en la Universidad de Calcuta en 1985, al

analizar el aporte que como administrador hizo al sistema norteamericano el

Presidente de la Corte de New Jersey, Arthur Vanderbilt: "El negocio

judicial permaneció demasiado tiempo inadvertido de que la era de

Gutemberg había sido sustituida por la era de Mc Luhan".

Para un país como el nuestro, en vías de desarrollo, en el que no

existe un acabado concepto de la justicia como parte del prioritario sector

social tradicionalmente compuesto por salud, vivienda y educación, resulta

difícil pensar en grandes y costosas reformas al sistema orgánico. Por esta

razón, para quienes vemos con temor la amenaza que significa para el estado

de derecho la falta de soluciones jurisdiccionales a los conflictos sociales, el

aumento de las vías autotutelares y autocompositivas, la falta de respuesta

y de confianza en el sistema y, a la vez, creemos que una de las garantías de

la jurisdicción es su accesibilidad, resulta un desafío a la imaginación idear

fórmulas viables de reformas.

 

2. Antecedentes históricos

 

La legislación española otorgaba gran cantidad de fueros personales y por la materia, que fueron mantenidos por la naciente República de Chile hasta la dictación en el año 1875 de la Ley de Organización y Atribuciones

de los Tribunales, que sigue un criterio unitario y territorial, con el ánimo

de sistematizar los tribunales y terminar con los fueros. Así, el artículo

quinto de esta ley deja entregado el conocimiento de la casi totalidad de los

asuntos a los tribunales ordinarios, con las escasas excepciones que la

norma consagraba.

Esta ley se adecuó casi totalmente en esta materia a la división

política o administrativa del país. En la división política denominada

inspección o distrito, colocó a un juez de distrito. En la subdelegación, a un

juez de subdelegación. En los departamentos de más de 30.000 habitantes, a

un juez letrado de mayor cuantía y, a partir de 1880, en cada departamento.

Al no poder establecer una Corte de Apelaciones en cada provincia, se

formaron agrupaciones de provincias al efecto. Por último, se situó la

Corte Suprema en la cúspide de la pirámide jurisdiccional.

Esta primera organización de tribunales fue sufriendo modificaciones

a lo largo del devenir republicano. Así, ya en la década de los sesenta

resultaba difícil señalar con exactitud el territorio jurisdiccional de cada

tribunal, puesto que varios juzgados de distrito tenían competencia sólo

sobre una parte de un distrito, sucediendo igual cosa con algunos juzgados

de subdelegación y de letras que comprendían a veces tan sólo una comuna

o agrupación de comunas. Las Cortes de Apelaciones han tenido también

históricamente un territorio jurisdiccional variable. Por regla general, ha

sido una agrupación de provincias, pero por excepción algunas tenían

competencia territorial sobre departamentos segregados de la competencia de

otras Cortes de Apelaciones.

En este estado llegamos al año 1974, en que se dicta el Decreto Ley

N° 573, que fija un nuevo estatuto del gobierno y administración interior del

Estado, iniciando el proceso de regionalización del país y dividiéndolo en

regiones, provincias y comunas y, en casos especiales, estableciendo áreas

metropolitanas, pero cuyo artículo primero transitorio mantiene la

organización y competencia territorial de los tribunales de justicia, en tanto

no se dicten las leyes pertinentes. Luego, el Decreto Ley N° 1.365 de 1976,

en su artículo cuarto, dispuso que mientras no se dictaran las normas

legales concretas para la adecuación de la organización judicial al proceso de

regionalización del país, el establecimiento de las nuevas divisiones

territoriales que emanaran de él no produciría efectos respecto de la jerarquía,

dependencia, territorio jurisdiccional y competencia de los tribunales de

justicia.

Como se ve, la regionalización del país no alteró la estructura

orgánica del Poder Judicial por bastante tiempo, dictándose recién el 18 de

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 227

enero de 1989, casi quince años después, la Ley N° 18.776, que dispuso la

adecuación del Poder Judicial a la regionalización del país, fijando territorios

jurisdiccionales y modificando los Códigos Orgánico de Tribunales, de

Procedimientos Civil y Penal, del Trabajo y Código Civil, en una reforma

más formal que de fondo, puesto que básicamente dispone que las referencias

hechas en la legislación a departamento como territorio jurisdiccional

de un tribunal o de los auxiliares de la administración de justicia, se

entenderán hechas a la comuna o agrupación de comunas que constituyan el

respectivo territorio jurisdiccional, y redistribuye la competencia territorial

de las Cortes de Apelaciones, siguiendo el criterio variable ya señalado.

La normativa contenida en la Ley N° 18.776 eliminó, asimismo, los

juzgados de distrito y subdelegación y, como en el intertanto se había dictado

el Decreto Ley N° 2.416 de 1976, que eliminó las categorías de jueces

de menor y mayor cuantía, quedamos con una primera instancia reducida a

los juzgados de letras.

En materia de fueros, entendiendo por ellos el privilegio de que

gozan ciertas personas o materias de ser juzgadas por tribunales especiales,

como se dijo anteriormente, existieron profusamente en la legislación

española y desaparecieron casi totalmente con la dictación, en 1875, de la

Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, la que sólo reconoce

aquellos más indispensables, como el militar, en su afán de unificar la

jurisdicción para dar mayor igualdad ante la ley. Sin embargo, como ya se

dijo, el desarrollo de los pueblos y de la ciencia jurídica ha introducido

paulatinamente la especialización en razón de la materia dentro de la estructura

jerárquica con la creación de diversos tribunales especiales, algunos de

los cuales cumplen sus funciones en determinados períodos de nuestra

historia y luego desaparecen, otros por el contrario se mantienen y perfeccionan

en el tiempo, y algunos desaparecen y reaparecen, como ocurrió con

los juzgados laborales.

 

En adelante se hace una breve reseña de algunos tribunales especiales, atingentes al tema que nos preocupa.

 

a) Tribunales de Abastos: la Ley N° 5.611, de 19 de febrero de 1931, organiza los Juzgados de Abastos, para resolver dificultades, reclamos o cuestiones contenciosas que se susciten en el funcionamiento de mercados y mataderos. Conocían también de las denuncias por violaciones de tarifas.

 

Sus fallos definitivos eran apelables ante el juzgado de letras de mayor cuantía correspondiente.

 

b) Juzgados de Policía Local: la aludida Ley de 1875 hacía mención a los alcaldes junto a los jueces de letras, a los que entregaba la función de éstos cuando desempeñaban el Juzgado de Policía Local, creado en la Ley de Municipalidades de 12 de septiembre de 1887, en los departamentos donde no había juez de letras. Sus funciones eran las de un mero tramitador o juez de instrucción, quedando obligado el juez de letras a abocarse al conocimiento de cualquiera causa que se hallare pendiente o que hubiere de promoverse ante el alcalde en el departamento sujeto a su jurisdicción.

 

A partir de 1888, cesaron en estas funciones, conservando las propias de juez de policía local, esto es, las relativas al conocimiento de las faltas y por infracciones a los reglamentos municipales. Sucesivas normas reglamentaron estas funciones, señalando que en las comunas de Santiago, Valparaíso, Iquique, Antofagasta, Talca, Chillan, Concepción, Temuco y Valdivia y en las que tuvieren una entrada superior a 200.000 pesos, la administración de justicia de policía local sería realizada por funcionarios especiales denominados Jueces de Policía Local. Véanse Decreto N° 1.642 de 18 de abril de 1934, Ley N° l 1.860 y Ley N° 15.231.

 

c) Juzgados de Indios: la Ley N° 14.511 de 1961 establece cinco juzgados

de indios, para los efectos de dividir las comunidades de indígenas que

tenían título de merced otorgado de conformidad a las leyes de 4 de diciembre

de 1866 y posteriores, con competencia también sobre cuestiones de

estado civil, derechos hereditarios y otros posesorios. Formaban parte del

Poder Judicial y fueron suprimidos por la Ley N° 17.729 de 1972.

d) Tribunales del Trabajo: fueron creados por el Código del Trabajo,

D.F.L. N° 178 de 13 de mayo de 1931, ley orgánica que les dio competencia

propia en razón de la materia. La Ley N° 5.158, de 5 de abril de 1933,

dispuso que formaban parte del Poder Judicial, quedando bajo la tuición de

la Corte Suprema. Estaban estructurados en juzgados y cortes del trabajo,

con competencia de segunda instancia. La Ley N° 17.992 suprimió los

tribunales del trabajo, entregando la competencia de los asuntos laborales a

los juzgados de letras. Fueron restablecidos en la primera instancia por la

Ley N° 18.510, que hoy contempla el actual artículo 348 del Código del

Trabajo.

e) Juzgados de Menores: se crean por la Ley N° 4.447 como jueces especiales,

que conocen en razón de la materia de una serie de procesos que

dicen relación con los menores de edad. En un principio existían sólo en

Santiago, pero los presidentes de la República, en uso de la facultad de

crearlos que les entrega la ley orgánica, han ido paulatinamente aumentando

su número.

3. Estructura orgánica actual

El artículo 74 de la Constitución Política dispone que una ley

orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los

tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de

justicia en todo el territorio de la República. Esta ley orgánica constitucional

no ha sido dictada y ella deberá ajustarse a los principios

inspiradores de la Constitución, una justicia igual y accesible para todos los

habitantes del territorio nacional.

La situación actual responde a la histórica ya señalada, es decir, los

tribunales se organizan por materias y territorios, sin que exista una

política ni una planificación al respecto. Basta recordar el caso de los

Juzgados Laborales, y los continuos traspasos de competencia entre los

Juzgados del Crimen de Santiago y algunos de Policía Local de la Región

Metropolitana: véase artículo 45, letra e), del Código Orgánico de

Tribunales.

A partir de la dictación de la Ley N° 18.969 de 10 de marzo de 1990,

nuestra organización jurisdiccional tiene como base territorial la comuna,

disponiéndose en el actual artículo 27 del Código Orgánico de Tribunales

que en cada una de ellas habrá, a lo menos, un juzgado de letras.

La meta del legislador es, entonces, que en cada comuna del territorio

nacional funcione un juzgado de letras, pero ello aún resulta muy alejado de

la realidad, si consideramos que hay aproximadamente 100 comunas del país

que no cuentan con un juzgado de letras.

La competencia de los juzgados de letras se encuentra definida en los

artículos 45, 46 y 48 del Código Orgánico de Tribunales y dependerá de su

clasificación en juzgados civiles, del crimen y de competencia común y de

la existencia de juzgados del trabajo y de menores en cada territorio

jurisdiccional.

En cuanto a las Cortes de Apelaciones, el artículo 54 del Código

Orgánico de Tribunales dispone que habrá en el país 17 Cortes de

Apelaciones, con asiento en las comunas que se indican y cuyo territorio

jurisdiccional, fijado en el artículo 55, varía entre una región, parte de ella,

dos o más provincias y, en algunos casos, comunas de otras regiones.

 

4. Tribunales especiales

 

Los tribunales de letras comparten la competencia de primera instancia con los juzgados de policía local, de menores, del trabajo y militares, los que se excluyen de este trabajo atendida su particular naturaleza y los graves problemas de competencia que se han suscitado en la última década y que ameritan un estudio separado.

 

a) Juzgados de Policía Local

 

Su ley orgánica y competencia están contenidos en la Ley sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, N° 15.231, y en leyes especiales que les han ido dando competencia sobre diversas materias según se señalará.

 

Además de las materias que se detallan en los artículos 12, 13 y 14 de la ley, son de competencia de los Juzgados de Policía local, las consignadas en los siguientes cuerpos legales: Ley N° 4.061 de 1929, sobre Caza, modificado por el Decreto Ley N° 2.319 de 1978; Decreto con Fuerza de Ley N° 34 de 1931, que contiene la Ley de Pesca, modificada por la Ley N° 18.129 de 1982; Decreto Ley N° 4.363 de 1931, sobre Ley de Bosques; Decreto Ley N° 539 de 1974, que establece normas sobre reajustabilidad y pago de dividendos de deudas habitacionales, modifica y complementa la Ley N° 17.663; Decreto Ley N° 701 de 1974, modificado por el Decreto Ley N° 2.565 de 1979, sobre Fomento Forestal; Decreto Ley N° 2.314 de 1978, que deroga el Decreto Ley N° 264 de 1974, y condona multas que indica; Decreto con Fuerza de Ley N° l de 1979, que deroga Decreto N° 20 de 1964 y lo reemplaza por las disposiciones que indica, sobre combustible; Decreto Supremo N° 132 de 1979, que contiene normas técnicas y de calidad y procedimiento de control aplicables al petróleo crudo, a los combustibles derivados de éste y a cualquier otra clase de combustibles; Decreto Ley N° 2.974 de 1979, que establece normas sobre créditos que se otorguen a pequeños empresarios agrícolas y relativos a prenda agraria; Decreto Ley N° 3.516 de 1980, que contiene normas sobre división de predios rústicos; Decreto Ley N° 3.607, de 1981, que deroga el Decreto Ley N° 194 de 1973, y establece nuevas normas sobre funcionamiento de Vigilantes Privados; Ley N° 18.119 de 1982, sobre conexiones o empalmes clandestinos a matrices o arranques agua potable o alcantarillado; Decreto Supremo N° 226 de 1982, sobre requisitos de seguridad para instalaciones y locales de almacenamiento de combustible; Decreto con Fuerza de Ley N° 5 de 1983, que fija texto refundido coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 34 de 1931, que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados; Ley N° 18.278 de 1984, que modifica el Decreto Ley N° 206/60, sobre Ley de Caminos; Ley N° 18.348 de 1984, que crea la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables; Ley N° 18.362 de 1984, que crea un sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado; y Ley N° 18.450 de 1985, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje.

 

b) Juzgados de Menores

El artículo 19 de la Ley N° 16.618 establece la existencia de juzgados

de letras de menores en los lugares que indica y el artículo 20 faculta al

Presidente de la República para crear uno o más de ellos a medida que los

recursos fiscales lo permitan, en las comunas, agrupaciones de comunas,

departamentos y agrupaciones de departamentos que, por el número de

habitantes, las dificultades de comunicación o el movimiento de causas

relacionadas con menores, haga encomendar a funcionarios especiales la

administración de justicia en lo relativo a menores.

El artículo 10 de la Ley N° 18.776 del 18 de enero de 1989 estableció

los territorios jurisdiccionales de los juzgados de menores, los que son 42

en el país actualmente.

Los requisitos y nombramientos de los jueces de menores están

establecidos en los artículos 22 y siguientes de la misma ley, forman parte

del Poder Judicial y se rigen por las disposiciones relativas a los jueces de

letras establecidas en el Código Orgánico de Tribunales, en lo que no se

oponga a las disposiciones de esta Ley N° 16.618 y de la Ley N° 14.908

sobre abandono de familia.

Su competencia está fijada en los artículos 26 y siguientes de la Ley

de Menores y en el artículo tercero de la Ley N° 14.908.

c) Juzgados Laborales

Están establecidos en el Capítulo Primero del Libro Quinto del

Código del Trabajo, artículo 383 y siguientes y son 13 actualmente en el

país.

Son tribunales especiales integrantes del Poder Judicial, considerados

de asiento de Corte de Apelaciones para todos los efectos legales, y sus

magistrados tienen la categoría de jueces de letras, siéndoles aplicables las

normas del Código Orgánico de Tribunales en todo lo que no esté previsto

en el título respectivo.

232 ESTUDIOS PÚBLICOS

Su competencia está reglamentada en los artículos 390 y siguientes

del Código del Trabajo.

Cabe señalar que en los departamentos en que no existan juzgados de

letras del trabajo, vale decir, en todo el país, a excepción de Iquique,

Antofagasta, Valparaíso, Rancagua, Concepción, Magallanes, San Miguel

y Santiago, conocerán de las materias laborales los Juzgados de Letras en lo

Civil.

 

C. Juzgados de Paz Vecinal y redistribución de competencia

 

1. Introducción

 

Como se dijera anteriormente, una de las razones que han motivado el desprestigio del sistema judicial chileno ha sido el no contar con una instancia jurisdiccional comunal con aptitud para resolver, en forma justa y oportuna, los conflictos que rompen la armonía vecinal y aquellos de carácter patrimonial de menor cuantía.

 

Esta carencia ha contribuido al debilitamiento de la cultura de la justicia, puesto que al no contarse con una institución que resuelva pacífica y eficientemente los citados conflictos, éstos son solucionados ya sea por órganos que no fueron creados con tal finalidad o directamente por los afectados a través de vías de hecho o autocomposición.

 

Desde esa perspectiva, la adecuación de la administración de la justicia es una de las tareas primordiales que debe enfrentarse.

 

Para tales efectos, es necesario dotar a la población de juzgados a nivel comunal a los que se sometan dichas desavenencias, y es responsabilidad del sector político asignar al Poder Judicial los medios y recursos necesarios para hacer realidad esa labor.

 

En adelante se exponen los aspectos esenciales de los tribunales comunales que se propone instalar, para concluir con una referencia a lo que podría ser una redistribución de la actual competencia de los Juzgados de Policía Local y de los Juzgados de Letras.

 

2. Directrices generales sobre la organización y funcionamiento de los Juzgados de Paz Vecinal

 

Se propone crear tribunales comunales letrados denominados Juzgados de Paz Vecinal, con competencia para conocer de asuntos locales y poblacionales, los que se instalarían en cada comuna del país donde exista un municipio. De esta manera, los individuos contarían con una instancia jurisdiccional que tendría su sede en el propio lugar donde se ha suscitado el desacuerdo. Esta última situación contrasta con la actual, caracterizada porque los tribunales existentes no siempre tienen su asiento en los propios lugares donde residen las personas perjudicadas, lo que menoscaba el conocimiento directo por parte del juez de los conflictos vecinales. El número de tribunales sería variable en las distintas comunas, atendida la población de cada una de ellas.

 

Los actuales Juzgados de Policía Local, que se sustituyen, serían la base de los Juzgados de Paz Vecinal, que se establecerían, con lo cual se daría cumplimiento al artículo 27 del Código Orgánico de Tribunales, agregado por la Ley N° 18.969, que previene que en cada comuna habrá, a lo menos, un juzgado de letras.

 

Se reestructuraría la competencia de los Juzgados de Letras, en lo civil y en lo criminal, definiéndosela por exclusión de la competencia vecinal, que se crearía.

 

En lo que respecta a la designación de los jueces vecinales, se postula que ellos sean nombrados mediante un concurso público de antecedentes y oposición, para que el procedimiento de elección sea lo más transparente y competitivo posible.

 

Para tales efectos se ha seguido el mecanismo, exigido constitucionalmente, que reserva su designación al Presidente de la República, quien debe elegir entre postulantes seleccionados por la Corte de Apelaciones respectiva y propuestos en terna; pero se ha optado por reformar el actual concurso que se abre para seleccionar y confeccionar la señalada tema.

 

No obstante, se estima que el sistema de nombramiento de jueces fijado en la Constitución de 1980 debe ser objeto de una revisión global del mismo, en especial en lo referente a la selección de los postulantes y al órgano que decide la designación.

 

El citado concurso pasaría a ser de antecedentes y oposición para calificar el mérito de todos los candidatos, salvo que el juez más antiguo ejerza su derecho constitucional para integrar la terna, en cuyo caso el concurso se limitaría para seleccionar los dos restantes lugares de la terna.

Este concurso público debería, como mínimo, regirse por las siguientes pautas: a) Su convocatoria se realizaría mediante avisos publicados en forma destacada: Uno en el Diario Oficial y los restantes en un diario de la capital de la provincia en que tenga su asiento el juzgado o de la capital de la región, si en aquélla no lo hubiere. b) El aviso en el Diario Oficial y el primero de los siguientes debería ser publicado con 25 días de anticipación a la fecha de cierre del período para postular. c) Concluido el citado período, se deberían publicar los nombres de los postulantes, para que por un período de 10 días se pudiera objetar la inclusión en la terna respectiva del aspirante, fundado en que el concursante no cumple con los requisitos de profesionalismo y probidad exigidos. d) Las oposiciones serían públicas.

 

e) El resultado del concurso debería ser publicado en los mismos términos que la referida convocatoria.

 

Se requeriría, tanto para ser incluido en la terna como para ser designado, cumplir con los siguientes requisitos: a) Tener el título de abogado, y b) Poseer condiciones reconocidas de profesionalismo y probidad.

 

Además de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la actualidad en el Código Orgánico de Tribunales, se agregarían como tales, que no puedan ser jueces de paz vecinal aquellas personas que tengan parientes consanguíneos o afines en línea directa que se hallen dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad con personas que desempeñen cualquier cargo judicial; y respecto de los colaterales, que se encuentren dentro del tercer grado de consanguinidad o afinidad. Igualmente, se incluiría como inhabilidad, en lo que alude a cargos administrativos de carácter comunales, la misma especificada en el párrafo precedente, pero limitada a que las personas que la provocan presten sus servicios en la municipalidad de la comuna en la cual tenga su asiento el Juzgado de Paz Vecinal que se trata de proveer.

 

Estos jueces serían independientes de toda autoridad municipal, regional o estatal en el ejercicio de su cargo, permaneciendo en el mismo por el período para el cual fueron designados, mientras mantengan su buen comportamiento.

 

El plazo de duración de su respectiva judicatura sería de cuatro años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, previo concurso público de antecedentes y oposición.

 

Sin embargo, el juez comunal que figure por dos años consecutivos en la lista número tres y aquellos que hayan sido objeto de medidas disciplinarias de suspensión de sus funciones, no podrían ser reelegidos para el cargo al concluir su período.

 

A fin de restablecer la participación ciudadana en el proceso de calificación de los jueces, que antes se le reconocía al Colegio de Abogados, por intermedio de su Consejo General y Consejos Provinciales —véase antiguo inciso 7° del artículo 273 del Código Orgánico de Tribunales, suprimido por Decreto Ley N° 3.637 de 1981— para la calificación de los jueces letrados vecinales y demás funcionarios de su dependencia, las directivas de las respectivas asociaciones gremiales existentes podrían informar, por escrito y fundadamente, respecto de los jueces y funcionarios que les merezcan observaciones en su desempeño ministerial.

 

Igual derecho tendrían los alcaldes de la respectiva comuna —véanse incisos 4° y 5° del artículo 8 de la Ley N° 15.231, sobre Juzgados de Policía Local— y las directivas de las Juntas de Vecinos de la comuna que se trata.

 

Los Juzgados de Paz Vecinal responderían al principio de la unidad de la administración de justicia. Por consiguiente, la Corte Suprema ejercería sobre ellos la supervigilancia directiva, correccional y económica, pero su tribunal superior jerárquico sería la Corte de Apelaciones respectiva y a ella correspondería su calificación anual.

 

Cada municipio debería financiar los Juzgados de Paz Vecinal y remunerar a su personal acorde a su dignidad y servicio público encomendado, situación que hoy sucede con los Juzgados de Policía Local —véanse artículos 5 y 56 de la Ley N° 15.231, sobre Juzgados de Policía Local— ya que la calidad de los candidatos potenciales dependerá, de algún modo, del nivel de rentas.

 

3. En atención a que esta Comisión hizo suyas las sugerencias del relator sobre las materias de redistribución de competencia, traspaso a la autoridad administrativa de tareas esencialmente burocráticas, competencia vecinal y procedimiento, la restante parte de esta relación debe ser complementada con los párrafos 2 y 3 de la letra E de este capítulo.

 

D. Comentarios

 

1. Los Juzgados Vecinales deben formar parte del Poder Judicial, sometido a un régimen orgánico similar al de los juzgados comunes.

 

2. Es conveniente aprovechar la infraestructura de los Juzgados de Policía Local para instalar los Juzgados Vecinales, y satisfacer de ese modo una imperiosa necesidad de justicia. Debe aprovecharse la estructura, organización y fondos de los Juzgados de Policía Local para dotar a nuestra población de una adecuada atención en materia de justicia. La situación actual permite que cada municipalidad financie adecuadamente su juzgado y en general se preocupe de la atención judicial en su comuna.

 

3. No existe inconveniente en establecer un sistema mixto de vinculación del juez vecinal, tanto a la autoridad del Poder Judicial como a la autoridad municipal. Este no debiera ser un problema. Parece aconsejable que la municipalidad tenga una preocupación por la atención judicial en su comuna, lo cual permite también cierta flexibilidad en cuanto al establecimiento de sedes y juzgados circulantes. Parece apropiado que la municipalidad se encuentre obligada a proporcionar al Juzgado Vecinal un local apropiado, pero el juez debe estar incorporado a la estructura del Poder Judicial en razón de su dignidad y sus expectativas.

 

4. Merece dudas la limitación a cuatro años del período de duración del juez en sus funciones, en cuanto pueda afectar su inamovilidad y, en consecuencia, su independencia.

 

5. Es particularmente importante descargar a los actuales Juzgados de Policía Local, que se propone transformar en Juzgados Vecinales, de conocimiento de cuestiones de índole meramente administrativas, como es la aplicación de multas por infracciones reglamentarias. Se hace ver que está de acuerdo con la experiencia comparada: las multas se cursan y se despachan por correo y sólo en el evento que el afectado desee reclamar concurre a un tribunal. En los demás casos simplemente se paga, sin necesidad de conocimiento previo del asunto por un tribunal. La situación en materia de impuestos internos, por lo demás, obedece al mismo principio: descargar a los tribunales de tareas administrativas. Este es uno de los motivos por los cuales los Juzgados de Policía Local muchas veces no están en condiciones de prestar una buena atención.

 

6. Se estima que al considerarse la posibilidad de recurrir ante el Juzgado de Paz Vecinal para reclamar de la aplicación de la multa, esta sugerencia pasa a ser compatible con el principio constitucional del debido proceso.

 

7. La creación de Juzgados Vecinales a partir de los Juzgados de Policía Local contribuye a la racionalización de las competencias, pues al relacionarse el juzgado con una municipalidad se contribuye a que el Juzgado Vecinal tenga como territorio la comuna. También debe destacarse que no parece recomendable que coexistan juzgados de policía local y de paz vecinal, ya que con ello se produciría una confusión en la población en materia de competencia y funciones.

 

E. Proposiciones

 

1. Directrices generales sobre la organización y funcionamiento de los Juzgados de Paz Vecinal

 

a) Se propone crear tribunales comunales letrados denominados Juzgados de Paz Vecinal, con competencia para conocer de asuntos locales y poblacionales, los que se instalarían en cada comuna del país donde exista un municipio.

 

El número de tribunales sería variable en las distintas comunas, atendida la población de cada una de ellas.

 

b) Los Juzgados de Policía Local se eliminarían y toda su infraestructura sería la base de los Juzgados de Paz Vecinal.

 

c) Los actuales Juzgados de Letras en lo civil y en lo criminal se mantendrían, modificándose solamente su competencia, la que se determinaría por exclusión de la competencia vecinal que se les otorga a los Juzgados de Paz Vecinal y de la que se les confiere a las autoridades administrativas, según se explicará.

 

d) Los Juzgados de Paz Vecinal responderían al principio de la unidad de la Administración de Justicia. Por consiguiente, la Corte Suprema ejercería sobre ellos la supervigilancia directiva, correccional y económica; pero su tribunal superior jerárquico sería la Corte de Apelaciones respectiva y a ella correspondería su calificación anual.

 

e) Los Jueces de Paz Vecinal serían designados por el Presidente de la República a proposición en terna de la Corte de Apelaciones respectiva.

 

Para los nombramientos se establecería un procedimiento lo más transparente y competitivo posible sobre la base de un concurso de antecedentes y de oposición.

 

f) Estos jueces serían inamovibles e independientes de toda autoridad municipal, regional o estatal en el ejercicio de su cargos, permaneciendo en los mismos mientras mantengan su buen comportamiento.

 

Sin embargo, el juez comunal que figure por dos años consecutivos  en la lista número tres y aquellos que hayan sido objeto de medidas disciplinarias de suspensión de sus funciones cesarían en su cargo.

 

g) A fin de establecer la participación ciudadana en el proceso de calificación de los jueces letrados vecinales y demás funcionarios de su dependencia, las directivas de las respectivas asociaciones gremiales existentes podrían informar, por escrito y fundadamente, respecto de los jueces y funcionarios que les merezcan observaciones en su desempeño ministerial.

 

Igual derecho tendrían los alcaldes de la respectiva comuna —véanse incisos 4 y 5 del artículo 8 de la Ley Nº 15.231, sobre Juzgados de Policía Local— y las directivas de las Juntas de Vecinos de la comuna que se trata.

 

h) Los fondos asignados actualmente a las municipalidades para el financiamiento de la justicia de policía local pasarían al fondo asignado al Poder Judicial. Sin perjuicio de lo anterior, cada municipalidad debería proporcionar el local de funcionamiento de los Juzgados de Paz Vecinal.

 

i) Respecto de la incorporación de los Juzgados de Paz Vecinal al Poder Judicial, no se descarta evaluar la alternativa de aplicar a los jueces de paz vecinal el sistema estatutario que rige hoy para los jueces de Policía Local.

 

2. Traspaso y redistribución de competencia

 

a) Consideraciones generales.

 

La nueva organización de los tribunales que se propone exige fijar la competencia de los Juzgados de Paz Vecinal; redistribuir la competencia de los Juzgados de Policía Local que se eliminan, y modificar la competencia de los actuales Juzgados de Letras.

 

El citado objetivo se obtiene: a) traspasando a las autoridades pertinentes el cumplimiento de tareas meramente administrativas que hoy están radicadas en los tribunales, en especial en los Juzgados de Policía Local; y b) fijando la competencia de los Juzgados de Paz Vecinal. La competencia residual no asignada correspondería a los actuales Juzgados de Letras.

 

b) Traspaso a la autoridad administrativa del conocimiento de asuntos que no son propiamente jurisdiccionales.

 

Los actuales Juzgados de Policía Local se encuentran recargados de funciones burocráticas, meramente mecánicas, que les absorben un tiempo importante. Se trata en realidad de tareas administrativas, como la aplicación de multas por infracciones objetivas a leyes y reglamentos.

 

Con la finalidad de descongestionar a los tribunales de estas funciones y, asimismo, con el fin de racionalizar la observancia en el cumplimiento de determinadas normas, se entregaría a los organismos públicos encargados de fiscalizar dichas infracciones la facultad para aplicar directamente las multas establecidas para esas violaciones dentro de una escala prefijada por la ley.

 

El infractor frente a la multa impuesta podría adoptar dos posiciones:

 

(i) allanarse a ella y pagarla, sin más trámites, y sin necesidad de comparecencias especiales, en las Tesorerías Comunales respectivas, incluso por correo certificado o depósito bancario; (ii) apelar de su aplicación. Este recurso debería interponerse por escrito fundado ante el Juzgado de Paz Vecinal que corresponda. Al interponerse el recurso, se debería acompañar boleta de consignación por el equivalente al diez por ciento del monto total de la multa, no pudiendo exceder esta consignación de 2 unidades tributarias mensuales. La apelación se resolvería con la sola comparecencia del apelante, salvo que el juez por motivos fundados requiera el cumplimiento de determinadas diligencias que decretará de oficio y en la misma audiencia.

 

En el evento que el Juez de Paz Vecinal, conociendo de estas apelaciones, observare que la multa ha sido aplicada de manera injustificadamente errónea o arbitraria, así lo declararía y ordenaría al organismo público  respectivo la instrucción de un sumario administrativo en contra del funcionario que impuso la multa. El organismo público debería dar cuenta al Juzgado de Paz Vecinal del resultado del sumario dentro del plazo de sesenta días contados desde la fecha de recepción del oficio que ordena su instrucción.

 

c) Competencia vecinal de los Juzgados de Paz Vecinal

 

Como consecuencia de la redistribución de la actual competencia de los Juzgados de Policía Local y de los Jueces de Letras, surgiría como nuevo concepto el de competencia vecinal, que quedaría radicada en los Juzgados de Paz Vecinal.

 

Sin perjuicio de lo anterior, esta redistribución de competencia nacería, además, en consideración a que se entregaría a los Juzgados de Paz Vecinal el conocimiento de determinados asuntos de jurisdicción no contenciosa.

 

c.1. Competencia contenciosa vecinal.

 

Los Juzgados de Paz Vecinal conocerían de los siguientes asuntos:

 

(i) las denuncias respecto a hechos que alteren la paz o tranquilidad en la comuna y la normal convivencia entre vecinos, siempre y cuando los hechos en que se fundan no constituyan delito;

 

(ii) de las fallas tipificadas en el Libro III del Código Penal, que se cometan en el territorio de su jurisdicción;

 

(iii) de las causas civiles y de comercio cuya cuantía no exceda de 30 unidades tributarias mensuales; de las relativas a los contratos de arrendamiento cuando su renta no sea superior a 5 unidades tributarias mensuales; y, en las que se ventilen casos de precario de inmuebles que estén exentos del pago del Impuesto Territorial;

 

(iv) de las acciones posesorias a que se refiere el Título XVII del Libro II del Código Civil, cuando el inmueble esté exento del pago de Impuesto Territorial;

 

(v) de las acciones posesorias especiales a que se refieren los artículos 941, 942 y 943 del Código Civil, esto es, impedir depósitos o corrientes de aguas o materias húmedas o plantaciones, exigir corte de las ramas o raíces al árbol ajeno, e ingresar a terreno extraño para coger los frutos de las ramas tendidas sobre él;

 

(vi) de las acciones a que den lugar las servidumbres legales relativas a la utilidad de los particulares, a que se refiere el artículo 841 del Código Civil, denominadas de demarcación, cerramiento, tránsito, medianería, acueducto, luz y vista;

 

(vii) de las acciones civiles entre particulares a que dé lugar la aplicación de los artículos 607, 608, 609, 610, 617, 618, 619, 620, 621, 623 a 628 ambos inclusive, todos del Código Civil, relativas a los conflictos suscitados por la ocupación, en especial, por la caza y pesca;

 

(viii) de las faltas e indemnizaciones regidas por la Ley Nº 18.223, sobre protección al consumidor;

 

(ix) de la realización de las garantías de que trata el artículo 7 del Decreto Ley Nº 2.974, de 1979, sobre créditos agrícolas a pequeños empresarios;

 

(x) en las comunas que estén fuera de la ciudad sede de un juzgado de letras, los jueces de paz vecinal deberían, en conformidad al artículo 6 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley N° 18.857, de oficio a petición de parte, practicar las primeras diligencias de instrucción del sumario, para la averiguación y castigo de los delitos que se cometan dentro de su territorio jurisdiccional, sin perjuicio de dar inmediato aviso al tribunal al que por la ley corresponda el conocimiento del asunto;

 

(xi) de las apelaciones que deduzcan en contra de las multas administrativas que apliquen las autoridades competentes, sobre hechos acaecidos en la respectiva comuna;

 

(xii) en las comunas o provincias en que no existan Juzgados de Letras del Trabajo, conocerán de las materias propias de dichos juzgados, de acuerdo al procedimiento que establecen las leyes especiales respectivas, y

 

(xiii) en las comunas o provincias en que no existan Juzgados de Letras de Menores, conocerán de las materias propias de dichos juzgados, de acuerdo al procedimiento que establecen las leyes especiales respectivas.

 

De esta forma, la plenitud de la jurisdicción contenciosa vecinal se entrega al conocimiento y resolución de los Juzgados de Paz Vecinal, salvo de los casos indicados en los numerales (xii) y (xiii), de cuyas materias conocerían por excepción.

 

c.2. Competencia voluntaria vecinal.

 

Los Juzgados de Paz Vecinal conocerían, además, de las siguientes materias:

 

(i) de las posesiones efectivas de herencias que no exceden de 50 unidades tributarias anuales a que se refieren los artículos 33 al 37 de la Ley Nº 16.271, y de la insinuación de donaciones que no excedan de 30 unidades tributarias mensuales;

 

(ii) de las informaciones para perpetua memoria;

 

(iii) de la habilitación para comparecer en juicios sometidos a su conocimiento;

 

(iv) de las gestiones sobre facción de inventarios y nombramiento de curadores especiales en los casos de los artículos 111 y 124 del Código Civil;

 

d) Competencia de los Juzgados de Letras.

 

Los Juzgados de Letras Civiles y del Crimen conservarían su actual competencia con dos modificaciones: a) se agregaría a ellas la competencia de los Juzgados de Policía Local que no se traspase a los Juzgados de Paz  Vecinal; y b) se excluiría de su actual competencia toda aquella que pasa a formar parte de la competencia vecinal o de cuyo conocimiento corresponda conocer a las autoridades administrativas.

 

3. Procedimiento ante los Juzgados de Paz Vecinal

 

Si la materia dice relación con hechos que alteran la paz vecinal o la

tranquilidad en la comuna sin ser delitos, o se trata de hechos que constituyen

faltas según el Código Penal —véase número 2, letra (c) precedente—

se establecería un procedimiento oral, rápido, flexible y bajo la conducción

directa y activa del juez, ya que quienes concurrirían a estos juzgados tienen

conflictos que, por su naturaleza, son ajenos a nociones jurídicas abstractas

y que no requieren de procedimientos excesivamente formalistas para su

resolución.

El objetivo perseguido con este procedimiento es entregar una rápida

protección a los individuos, disminuir la preponderancia de la calidad de los

abogados de las partes y eliminar la relevancia que pueda tener la estrategia

judicial.

Por consiguiente, el procedimiento ideado se regularía por las siguientes

normas mínimas:

a) el tribunal podría constituirse en cualquier lugar dentro de su respectiva

comuna;

b) las partes podrían comparecer personalmente, sin necesidad de

patrocinio y representación de abogado;

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 243

c) podrían decretarse diligencias para cumplirse fuera del territorio

jurisdiccional, sin necesidad de exhorto;

d) los plazos de días se suspenderían durante los feriados;

e) la primera citación y la sentencia se notificarán por medio de

cualquier funcionario del tribunal, receptor o notario público las

demás resoluciones; por carta certificada;

O sería hábil para efectos de notificar la primera citación cualquier lugar

en que se encuentre su destinatario. En el caso de jueces, no podrían

ser notificados en el local donde éstos desempeñan sus funciones;

g) de toda actuación se dejaría constancia sumaria y resumida en el

expediente;

h) se llevaría a efecto una sola audiencia de carácter verbal, de contestación

y prueba, con las partes que asistan;

i) el juez podría decretar medidas para mejor resolver, apreciaría los

hechos en conciencia y fallaría en derecho dentro del plazo de dos días

desde que la causa quede en estado de fallo, y

j) en contra de los fallos sólo procedería el recurso de apelación ante el

juez de letras, o el juez de letras de turno en su caso, de la jurisdicción.

Por su parte, si el asunto dice relación con las demás materias que

constituyen la jurisdicción contenciosa vecinal, solamente subsistirían, de

la infinidad de procedimientos existentes en los códigos comunes, uno

declarativo —su sentencia reconoce un derecho— y otro ejecutivo —su

sentencia permite obtener compulsivamente el pago de una obligación—.

El procedimiento declarativo pasaría a ser el actual sumario, sin poder sustituirse

por el ordinario, lo que significaría reducir sustantivamente la duración

de los juicios. En cuanto al procedimiento ejecutivo, se estaría a las

normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil, debidamente simplificadas.

En lo que respecta al procedimiento voluntario vecinal, se mantendrían

los existentes para cada una de esas materias, verificándose la posibilidad

de simplificarlo.

244 ESTUDIOS PÚBLICOS

V. ANÁLISIS CRITICO DE USOS Y PRACTICAS

JUDICIALES Y EFICIENCIA DEL PODER JUDICIAL*

A. Conductas anómalas en el Poder Judicial

Se ha desarrollado un conjunto de prácticas que, no obstante

apartarse del espíritu de las normas vigentes, son ejecutadas cotidianamente

por quienes participan en el sistema judicial. Ellas obedecen a deficiencias

del aparato judicial, el que no está en situación de satisfacer las demandas

crecientes de una sociedad cada vez más diversificada y más compleja.

El sistema de administración de justicia no resulta equivalente al

conjunto de acciones y valores definidos y previstos en las leyes, sino que

aparece como un sistema social paralelo, configurado por procedimientos

formales e informales de actuación y comportamiento. Ello explica que el

ciudadano común se confunda frente a los tribunales, a los que ve como una

organización poderosa cuyas reglas y funcionamiento no alcanza a comprender.

Esas prácticas y procedimientos informales que es posible advertir en

el trabajo forense pueden ser objeto de dos tipos de juicios: (i) prescripciones,

esto es, un discurso de orden moral; o (ii) descripciones, que pretenden

explicarlas, describirlas y en definitiva proponer su transformación.

Desde el punto de las políticas públicas, este último tipo de juicios resulta

más pertinente, razón por la cual en adelante se abordará un conjunto de

criterios que permiten explicar esas prácticas, dejando pendiente la cuestión

relativa a su enjuiciamiento ético.

1. El sistema judicial

La tarea judicial, esto es, la faena de resolver conflictos mediante

decisiones heterónomas y coercibles, se realiza al interior de una organización

formal: el tribunal.

Al tratarse de un organización, el tribunal se constituye como un

conjunto de roles o funciones formalizadas, cuya ejecución se encauza hacia

fines que son diversos y distintos a los fines subjetivos o particulares de

aquellos que en él se desempeñan. Desde ese punto de vista, el problema

básico de toda organización es el de atenuar la subjetividad de los actores,

para que las acciones particulares se encaminen a los fines organizacionalmente

previstos. Para lograr lo anterior, toda organización hace explícitos

Séptima y décima sesiones: 7 de agosto y 25 de septiembre de 1990.

*

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 245

ciertos fines y al mismo tiempo establece los medios materiales o

inmateriales para lograr los mismos.

Una organización es óptima desde un punto de vista funcional cuando

alcanza de un modo eficiente sus fines a través del conjunto de sus

medios. Posee disfunciones cuando no alcanza sus fines, o cuando lo hace

en forma tardía o con alto costo, o cuando alcanzándolos de modo eficiente

lo hace por medios diversos a los prescritos institucionalmente.

Estas conductas disfuncionales, que no entrelazan debidamente

medios y fines, se manifiestan de los siguientes modos:

a) Innovación con respecto a los medios;

b) Ritualismo, es decir, una pura aceptación de medios con olvido de

las metas;

c) Retraimiento respecto de metas y medios;

d) Rebelión, es decir, tendencia al cambio de las metas y los medios

organizacionales.

Cada una de estas formas de adaptación no son puramente idiosincrásicas,

sino con frecuencia generadas por la propia organización.

Si se aceptan las observaciones precedentes y considerando que la

tarea judicial se desarrolla al interior de una organización, es posible concluir

que el conjunto de prácticas informales en la tarea forense puede equivaler

a alguna o todas las conductas disfuncionales que antes se describieron

y que ellas con frecuencia pueden ser resultado de la propia organización,

sea porque esta última las promueva, como al tener defectos de gratificación

para sus actores o escasez de recursos que impiden la utilización de los medios

prescritos, sea porque sin promoverlos los permite al no sancionarlas.

Las funciones y roles que se desempeñan al interior de la organización

judicial, por otra parte, se encuentran sometidas a un conjunto de

expectativas y presiones por parte de quienes entran en interacción cotidiana

y frecuente con el tribunal.

Esas expectativas y presiones cotidianas a las que se encuentra sometida

la tarea judicial no siempre resultan congruentes con las metas y

medios definidos como legítimos para la organización. Un caso paradigmático,

a este respecto, es el de los abogados. La lealtad de los abogados es

más fuerte respecto de la clientela que con la institución judicial y de esa

manera con frecuencia dirigen expectativas y ejecutan comportamientos que

son incongruentes con los formalmente definidos para el tribunal.

Lo anterior deja en claro que las prácticas informales son resultado de

un conjunto de expectativas y tensiones, provenientes algunas de las organización

del trabajo judicial, y otras de quienes cotidianamente interactúan

246 ESTUDIOS PÚBLICOS

con el tribunal y que no cabe imputarlas a defectos puramente idiosincrásicos

de los actores jurídicos.

2. Registro de defectos y disfunciones más frecuentes en la práctica

forense

Existe una serie de prácticas frecuentes en el tráfico forense, que

como se dijo no cabe imputar sólo a defectos de previsión legislativa, sino

más que eso a deficiencias organizacionales comúnmente desatendidas.

a) Es frecuente en el ámbito judicial el formalismo excesivo, que pierde

de vista la función puramente instrumental de ciertas tareas o exigencias.

Ocurre aquí un cierto desplazamiento de metas, a través del cual un valor

instrumental se convierte en un valor final. Ese ritualismo tiene su origen

en las siguientes causas:

(i) Una cierta incapacidad adiestrada por parte del personal judicial. La

incapacidad adiestrada se refiere al estado de cosas en que los talentos

o modos de acción definidos para una persona funcionan como

insuficiencias o puntos ciegos. Modos de actuar y destrezas que

fueron aplicados con éxito en el pasado pueden resultar reacciones

inadecuadas en circunstancias nuevas.

(ii) Un problema de recursos. A veces, buena parte de las tareas menores

de un tribunal se ejecutan por medios abiertamente ineficaces y

dilatorios. De esa manera, se crea una escasez adicional del tiempo,

que permite, previa la oferta de abreviarlo, la captación de remuneraciones

informales.

b) Es frecuente, también, la conducta innovadora. Un buen ejemplo de

ello es el recurso de queja. El uso que se hace de este recurso es un buen

ejemplo de una estructura de trabajo en la que se han institucionalizado

violaciones pautadas, disimuladas e informales del proceso legal. La lectura

de las estadísticas indica que existe correlación entre el aumento del uso y

conocimiento de los recursos de queja con la disminución del empleo y

conocimiento de la casación. Lo anterior coincide a su vez con una disminución

proporcional de los recursos de personal, los que se mantienen

constantes frente a exigencias de trabajo crecientes. Así, el uso del recurso

de queja de un modo indiscriminado aparece como una conducta organizacionalmente

requerida: es el modo de producir la mayor cantidad de decisiones

con el menor costo para la organización judicial. Por tales motivos,

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 247

aparece como cosa urgente el diseño de formas más racionales de división

del trabajo y el establecimiento de exigencias que disminuyan el ingreso

indiscriminado de asuntos a la Corte, vía el recurso de queja.

c) A lo anterior hay que agregar que la organización judicial se configura,

la más de las veces, como un ámbito con múltiples centros de decisión

e influencia. Los tribunales aparecen como una institución que ha

exagerado aquello que Carl Schmitt llamaba los "pasillos del poder", esto

es, como una institución que ha exacerbado esa inevitable antesala de influencias

e informaciones indirectas con las que el poderoso adopta sus

decisiones. El principio de inmediación, al no ser observado, expande la

posibilidad de que la decisión jurisdiccional dependa, más que del juez, de

aquellos que manejan la antesala y el pasillo. Es del caso considerar a este

respecto que la diferenciación y complejidad de los asuntos que debe atender

un juez lo induce a delegar el manejo de un volumen considerable de

información. Lo anterior impone al juez la responsabilidad de controlar el

manejo de esas tareas, cuestión que en definitiva resulta más gerencial y

administrativa que jurisdiccional. En nuestro medio, sin embargo, con frecuencia

se tiende a subvalorar, si no a olvidar, esa importante función que

al juez compete. Talvez sea ésta una de las tareas pendientes de la

capacitación judicial. Para ser un buen juez no basta estar dotado de buen

sentido y de la preceptiva dogmática usual, es necesario ser también un

buen administrador o gerente.

d) Los efectos de las deficiencias señaladas se acrecientan, al faltar mecanismos

eficaces, objetivos, universalistas y afectivamente neutros para la

evaluación y reclutamiento del personal judicial. Constituye un lugar común

el que los sujetos en una organización tiendan a comportarse de una

manera congruente con el modo en que prevén serán evaluados. Al no

existir procedimientos públicos, objetivos y congruentes de evaluación y

ascenso, el comportamiento idiosincrásico se acentúa y las lealtades personales

—no las institucionales— se convierten en un activo importante de la

carrera judicial.

Las observaciones precedentes permiten concluir que, al tiempo de

encarar el examen de la administración de justicia y en particular de las

prácticas que en ella se pueden advertir, debe evitarse el puro reproche ético

a quienes desempeñan la función jurisdiccional. Y debe evitarse también el

hacerse demasiadas ilusiones respecto de una pura modificación legislativa

para corregir esas prácticas, si no se promueve al mismo tiempo una reforma

orgánica del despacho judicial.

248 ESTUDIOS PÚBLICOS

B. Las malas prácticas en la administración de justicia

Los problemas que presenta la administración de justicia exceden de

un simple inventario de malas prácticas de abogados y jueces, que por cierto

las hay. Es un hecho que los procedimientos no son lo que la ley ha querido

que sean, en razón, por una parte, del abuso que en el ejercicio de sus derechos

hacen los abogados frente a un rol exageradamente pasivo del juez y,

por otra, al sistema judicial mismo que ha permitido que a veces los procedimientos

se desnaturalicen, sin que se hayan tomado las medidas necesarias

con la energía suficiente para corregirlos. Así, muchas de estas malas

prácticas forman parte de la crisis más global que afecta al Poder Judicial.

Por ello, el presente análisis toca extremos ya en cierta forma abordados

en anteriores presentaciones. Sin embargo, se pretende dar un paso

más concreto en su solución.

Abordaremos este tema proponiendo problemas que nos parecen centrales,

enunciándolos, analizándolos y procurando, en lo posible, modificaciones

concretas de ley: (1) desnaturalización del recurso de queja; (2) formalismo

excesivo del recurso de casación en el fondo; (3) órdenes de no

innovar; (4) incidentes y pasividad del tribunal; (5) costas y multas; (6)

medidas precautorias; (7) sistema de alegatos; (8) problemas de organización

y funcionales; (9) designación de síndicos de quiebra, y (10) sistema

arbitral.

1. Desnaturalización del recurso de queja

Las estadísticas que se han analizado demuestran en forma dramática

la desnaturalización del recurso de queja, el que se ha transformado, en el

hecho, en la tercera instancia; y no sólo respecto de sentencias definitivas o

interlocutorias, sino, incluso, respecto de simples autos o decretos inapelables.

Existen tres formas de abordar la solución del problema del recurso

de queja:

a) Limitar en la ley las resoluciones respecto de las cuales sería procedente

el recurso de queja. Estas podrían ser: (i) resoluciones dictadas con

falta o abuso por tribunales especiales, incluyendo los arbitrales; (ii) resoluciones

dictadas con falta o abuso que concedan, deroguen o modifiquen

medidas precautorias o prejudiciales precautorias; (iii) resoluciones, en el

mismo supuesto, que nieguen lugar a medidas probatorias solicitadas dentro

del término probatorio cuando de ello pueda seguirse indefensión; (iv)

resoluciones dictadas con falta o abuso que sean inapelables y que alteren

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 249

sustancialmente la ritualidad del proceso; (v) resoluciones recaídas en

procesos penales.

b) No introducir limitaciones en cuanto a la naturaleza de la resolución

susceptible de recurso de queja, pero regular el recurso en términos de desincentivar

su interposición en casos injustificados. En este sentido, sería

útil establecer las siguientes regulaciones: (i) de todo recurso de queja

interpuesto ante el tribunal ad quem, debe dejarse constancia en el tribunal a

quo, a fin de hacer posible su conocimiento oportuno por la contraparte; (ii)

toda resolución que acoja un recurso de queja deberá necesariamente aplicar

medidas disciplinarias al juez o tribunal que dictó la resolución abusiva;

(iii) toda resolución que deniegue un recurso de queja condenará en costas en

forma solidaria a la parte y su patrocinante. Además, aplicará una multa a

beneficio fiscal de envergadura, v.gr.: entre 1 y 50 unidades tributarias

mensuales dependiendo del recurso. Además, dejará a salvo el derecho del

Juez recurrido para perseguir las responsabilidades por imputación calumniosa;

(iv) en el expediente original no se concederá recurso alguno a la

parte perdidosa, entretanto, no acredite el entero de la multa en arcas fiscales;

y (v) el fallo del recurso será siempre fundado.

c) La primera más alguna o todas las medidas indicadas en la letra (b)

2. Formalismo excesivo del recurso de casación en el fondo

La desnaturalización del recurso de queja ha producido la casi desaparición

del recurso de casación en el fondo, como se ha visto anteriormente.

Su excesivo formalismo ha contribuido a su abandono privilegiando

la queja. Ello, con la complacencia de la Corte Suprema.

Dos modificaciones legales pueden contribuir a solucionar este

problema:

a) Aclarar el artículo 781 del Código de Procedimiento Civil para dejar

consignado que el tribunal de casación sólo podrá declarar inadmisible el

recurso si no cumple con los requisitos del inciso 1° del artículo 778, no

procediendo tal declaración, ni en cuenta ni al conocer el recurso en el

fondo, por no haberse citado determinadamente la o las leyes infringidas, la

forma de la infracción y su influencia en lo dispositivo del fallo;

b) Modificar el inciso 1° del artículo 785 que obliga a dictar sentencia

de reemplazo. El propio fallo de casación debiera anular con su mérito la

250 ESTUDIOS PÚBLICOS

parte resolutiva de la sentencia casada, resolviendo el asunto conforme a

derecho.

3. Ordenes de no Innovar

Conforme al texto modificado del artículo 192 del Código de Procedimiento

Civil, concedido el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo,

el tribunal de alzada puede dictar orden de no innovar por resolución

fundada.

Es útil consignar este mismo principio de fundamentación de la orden

de no innovar en forma expresa, para el caso de los recursos de hecho y

de queja.

En todo caso, tratándose del recurso de apelación, debieran restringirse

los casos en que tal orden proceda. En efecto, no tiene sentido la

orden de no innovar cuando la apelación recae en un auto o decreto. Se

evitaría así el subterfugio de apelar de cualquier resolución respecto de la

cual proceda la apelación en el solo efecto devolutivo o se trate de

resoluciones inapelables y obtener una orden de no innovar paralizándose el

proceso.

4. Incidentes y pasividad del tribunal

Debiera agregarse un inciso al artículo 83 del Código de Procedimiento

Civil en el sentido de que el juez, además, rechazará de plano todo

incidente que no aparezca revestido de fundamentos plausibles o aquellos

para cuya resolución aparezcan del propio proceso antecedentes para

rechazarlo. Ello, sin perjuicio del recurso de apelación, procedente en el

solo efecto devolutivo.

Debe tenerse presente que son los incidentes sucesivos, a cualquier

pretexto, los que más dilatan la tramitación de los juicios.

Además, debiera aumentarse el máximo del depósito previo exigible

al que intente un nuevo incidente después de haber perdido dos, de 1 a 50

unidades tributarias mensuales.

5. Costas y multas

Con la supresión de la vigencia del arancel de Colegio de Abogados,

los tribunales han quedado con amplia libertad para fijar las costas

personales, lo que en el hecho ha derivado en que la institución de las costas

sea prácticamente inútil en la generalidad de los casos.

Debiera establecerse un sistema de general aplicación en la materia,

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 251

considerando la necesidad de utilizar este mecanismo para evitar las

demandas infundadas o los incidentes o recursos dilatorios.

Al tal efecto, de tiempo en tiempo, la Corte Suprema, previa

audiencia de la Asociación Gremial de Abogados de Santiago que cuente con

el mayor número de adherentes, debiera fijar un arancel de costas personales

para los efectos indicados.

Además, el rechazo de todo incidente o recurso debiera originar la

aplicación de una multa a beneficio fiscal, de la cual sean solidariamente

responsables la parte y su abogado patrocinante.

6. Medidas precautorias

Se ha ido haciendo una práctica común que las partes soliciten y el

juez decrete medidas precautorias de exagerada amplitud. Así, en demasiados

casos las medidas precautorias son la finalidad buscada por los demandantes,

antes que la resolución del asunto.

Es vital modificar al efecto el artículo 298 del Código de Procedimiento

Civil, estableciendo con claridad que las medidas precautorias, sean

o no las autorizadas por el Código, originarán responsabilidad para el que la

solicita en cuanto a la indemnización de todos los perjuicios causados para

el caso de negarse lugar a la demanda o alzarse las medidas con anterioridad

a la sentencia.

Las medidas precautorias decretadas deberían quedar sin efecto de inmediato

en los siguientes casos:

a) Si el que obtuvo las medidas dejare transcurrir más de 30 días sin

instar a la prosecución del pleito:

b) Si el que las obtuvo perdiese un segundo incidente o recurso

dilatorio;

c) Obtenida que sean, en primera instancia, sentencia que rechace la

demanda. En estos casos, en segunda instancia podrían renovarse

concediéndola el tribunal de alzada por resolución fundada

7. Sistema de alegatos

Es fundamental darles a los alegatos la transparencia que merece una

de las actuaciones más importantes en la vista de la causa y, asimismo,

proteger la dignidad de los abogados como auxiliares en la administración de

justicia.

252 ESTUDIOS PÚBLICOS

La vista de la causa debería ser en un solo acto que se inicie con la

relación, obligatoriamente pública, salvo las excepciones del secreto del

sumario; continuar con las aclaraciones que requieren los ministros y

terminar con los alegatos que deberían seguir de inmediato.

Dicha vista de la causa con su relación y alegatos deberían realizarse

en un día y hora determinados previamente, evitándose todas las

circunstancias que puedan interferir en ella, suspenderla o postergarla.

En caso que por la duración de la relación o los alegatos ello no fuere

posible, la vista debería continuar en los días hábiles inmediatamente

siguientes, fuera de las horas normales de audiencia. La relación pública se

llevaría a cabo en presencia de los abogados que han anunciado alegato o

que se presenten a la vista, salvo que la causa se encuentre en etapa de

sumario, del cual alguna de las partes representadas por alguno de los

abogados anunciados no tenga conocimiento, en cuyo caso la relación sería

necesariamente privada. Después de la relación o durante ella, los ministros

podrán hacer las consultas y solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes,

a cuyo efecto tendrían la facultad de solicitar el retiro de la Sala de

Audiencias de los abogados presentes. Terminada la relación, se iniciarían

los alegatos. Los abogados, durante sus alegatos, podrían rectificar o hacer

alcances o aclaraciones a la relación efectuada.

Dentro del plazo de tres días de ingresada una causa a la Corte

Suprema o a la Corte de Apelaciones, los abogados deberían manifestar su

propósito de alegarla. Si no lo hicieren dentro de ese plazo, se entenderá que

desisten de alegar.

A las causas se les asignaría la sala respectiva, por sorteo, en la que

deberían verse definitivamente, quedando desde ya radicadas en ella.

Antes de señalarse la audiencia para la vista de la causa, la sala

examinará los autos a fin de establecer si debe completarse algún trámite,

ordenando lo que corresponda.

La sala fijaría el día y hora de la vista de la causa que será alegada,

para lo cual el Presidente de la sala consultará previamente a los abogados

de las partes en una audiencia para la cual serían citados y que se realizará

con el que asista. En caso de desacuerdo, la sala fijará el día y hora de las

causas que serán alegadas, en una resolución dictada con una antelación no

inferior a los 15 días corridos, la que deberá ser notificada por el estado

diario.

Fijada la hora y el día no podrá ser suspendida la audiencia.

La vista de la causa se iniciará exactamente a la hora señalada, sin

que pueda invocarse razón o motivo alguno para su postergación.

Si la sala se cerciorase en la vista de la causa que existe, con todo,

INFORME FINAL SOBRE REFORMAS AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO 253

algún trámite pendiente, dictará las medidas para mejor resolver que

correspondan, sin suspender la vista.

La causa deberá quedar fallada dentro de los plazos que fija la ley.

Las Cortes fijarán, desde el primer día del año judicial, y para todo el

año, una o más salas, que conocerán rotativamente cada semana de las

causas que deban agregarse extr